CAMBIOS EN EL MERCADO DE TRABAJO »
El País. FRANCESCO MANETTO Madrid 601
Las manifestaciones de ayer no hacen mella en el Ejecutivo. UGT cree que la presión obligará a suavizar la norma
Cospedal: "En España hay que trabajar más horas"
El Gobierno contesta a la carta de los sindicatos 10 días después
Los ministros de Finanzas de la Eurozona advierten de que el déficit debe ser del 5,3% y no del 5,8% como quería Rajoy
Implica realizar un recorte total en un año de más de 35.000 millones, 5.000 millones más de lo que trazó el Ejecutivo
El País. CLAUDI PÉREZ Bruselas 13 MAR 2012 - 01:16 CET369
El presidente del Eurogrupo Jean-Claude Juncker / OLIVIER HOSLET (EFE)
Revés inesperado para España, que tendrá que recortar más de lo previsto. El Eurogrupo tumbó la noche del lunes parte de las aspiraciones del Gobierno de Rajoy, que busca flexibilizar los objetivos de déficit para no agravar todavía más la recesión que viene. Habrá margen, pero inferior al esperado:(leer más)
Los retos de la sostenibilidad del Estado social
Por Vicenç Navarro, Consejo Científico de ATTAC España
Este artículo es un capítulo en el libro “Los retos de las políticas públicas en una democracia avanzada” publicado por Ararteko en octubre de 2011
Qué es el estado del bienestar y cómo se mide
Permítanme que comience el artículo con la definición de que es el estado del bienestar. Incluyo como tal aquellas intervenciones del Estado (sean del nivel central, autonómico o local) que tienen mayor impacto en configurar el bienestar y calidad de vida de la ciudadanía.
Tales intervenciones pueden dividirse en cinco tipos. Una son las transferencias sociales como, por ejemplo, las pensiones y las ayudas a las familias. Otra son los servicios públicos como son, por ejemplo, la sanidad, la educación, los servicios de ayuda a las familias, los servicios sociales y la vivienda social, entre otros. Otra son las intervenciones normativas y sancionadoras para proteger al trabajador, al consumidor y al residente (a través de protección del ambiente). Otra incluye la creación de buen empleo, proveyendo las bases para que el sector privado lo cree y en muchos países se considera también una responsabilidad del estado la de crear buen empleo en momentos de recesión como ahora. Y otra es la reducción de las desigualdades sociales.
La pregunta que nos tenemos que hacer es como se mide el grado de desarrollo de un estado del Bienestar. Tres son los indiciadores más importantes. Uno es el gasto público social como porcentaje del Producto Interior Bruto. Otro es el gasto público social por habitante (en unidades de poder de compra, es decir, euros estandarizados, para homologar su capacidad adquisitiva en países de distinto nivel de vida). Y un tercero es el porcentaje de población adulta que trabaja en los servicios del Estado del Bienestar.
La situación de España
Veamos cómo está entonces España. Comenzando por el último indicador. El porcentaje de población adulta (15-64 años) que trabaja en los servicios del Estado del Bienestar para el año 2007 (último año que Eurostat ha publicado tales datos) en España fue de un 10,26%, en la UE-15 de un 15,01% y en Suecia de un 23,75%. España es el país de la UE-15 que tiene un porcentaje menor de la población adulta trabajando en los servicios sociales del Estado del Bienestar.
Si analizamos el gasto público en protección social (gastos en transferencias públicas y en servicios públicos del estado del bienestar) como porcentaje del PIB vemos que en el año 2007, España fue un 21%, UE-15 un 27% y Suecia un 30%. España es el país de la UE-15 que tiene un gasto público en protección social como porcentaje del PIB más bajo (después de Irlanda, 16.5%).
Si analizamos el gasto público por habitante en protección social (medido en unidades de poder de compra o euros estandarizados) vemos que en el año 2007, España fueron 5.526, UE-15 7.464 y Suecia 9.028. España tiene el gasto público por habitante en protección social más bajo de la UE-15 (después de Portugal).
La conclusión de todos estos datos es que España se gasta muy poco en su estado del Bienestar, pero lo que incluso es más grave es que se gasta en su Estado del Bienestar menos de lo que le corresponde por su nivel de riqueza económica. España tiene un PIB por habitante en el año 2007 que es el 93% del PIB por habitante promedio de la UE-15. Sin embargo, su gasto público social por habitante (2007) es sólo un 74% del promedio del UE-15. Si fuera un 93%, en lugar de un 74%, habría alrededor de 70.000 millones de euros más en su gasto público social. Este es su déficit social.
Veamos por cierto que incluso Euskadi –país en el que estoy dando esta conferencia- se gasta menos en su Estado del Bienestar que lo que le corresponde por su nivel de riqueza. Así, mientras el PIB per cápita de Euskadi es el 122% del promedio del PIB per cápita de la Unión Europea de los Quince el gasto público social por cápita es sólo el 73%, lo cual quiere decir que deberían gastarse 3.678 euros estandarizados por persona más de lo que se gasta en su estado del bienestar.
Veamos ahora los distintos componentes del Estado del Bienestar.
Sanidad
El gasto público sanitario en España como porcentaje del PIB era en el año 2007 de un 5,7% mientras que la UE-15 era un 7,8%. Era el gasto público sanitario más bajo de la UE-15. Pero la situación es incluso peor puesto que el 22,45% del gasto público sanitario en España es en el capítulo Farmacia. Sustrayendo este capítulo, resulta que el gasto público sanitario no farmacéutico en España es solo 4,5% del PIB que es, con mucho, el más bajo de la UE-15.
Si analizamos el gasto público sanitario por habitante para el 2007 vemos que en España es 1.572 euros estandarizados, más bajo que el promedio de la UE-15 que es de 2.031 euros estandarizados. Es en realidad el más bajo de la UE-15 después de Grecia y Portugal.
Esta situación, por cierto, se repite en el País Vasco donde a pesar de que el PIB per cápita es un 122% del promedio de la UE-15, el gasto público sanitario de Euskadi es solo el 70% del promedio de la UE-15. El País Vasco debería gastarse 1046 euros estandarizados más por habitante de lo que se gasta en su sanidad pública.
Educación
El gasto público en educación España fue en 2007 un 4.4% del PIB, el de la UE-15 es el 5,1% del PIB y el de Suecia es 6,8%. Si en lugar de este indicador escogemos el gasto público educativo por alumno, vemos que España se gasta 4.806 euros estandarizados en la escuela primaria y 6.316 euros estandarizados por alumno en la secundaria, cifras que son más bajas que las del promedio de la UE-15 que son 6.254 y 7.272 respectivamente.
De nuevo, podemos ver que el País Vasco también se gasta menos en educación de lo que le corresponde por su nivel de riqueza. Mientras que el PIB per cápita es el 122% del PIB de la UE-15 el gasto en educación pública per cápita es solo el 75% de la UE-15.
Las consecuencias de este bajo gasto público en España son considerables. Una de ellas es que España tiene 559 horas lectivas al año en la escuela secundaria que es una cifra menor que en la UE-15 que son 678 horas lectivas. Sumando el déficit horario durante todo el periodo de estudio de la secundaria, resulta que el estudiante que termina la secundaria en España va a la escuela un año menos que el promedio de la UE-15 (dos años menos que Alemania, Bélgica, Escocia y Holanda). De ahí que, según el informe PISA, los conocimientos en matemáticas, lengua y comprensión de lectura de un joven de 14 años en España es el de un joven europeo de 13 años.
Una segunda consecuencia de este bajo gasto es la polarización educativa en España. El 30% de la población, de renta superior, utiliza la escuela privada (la mayoría concertada con la Iglesia Católica) y el 70% restante de la población utiliza la escuela pública. Se crea así una polarización educativa que crea dos tipos de ciudadanos. Ciudadanos de primera (escuela privada) y ciudadanos de segunda (escuela pública). Por cierto, el fracaso escolar en España, 34%, es de los más elevados de la UE-15 (en comparación con Suecia que es solo el 7%).
Servicios de ayuda a las familias
Pero donde el Estado del Bienestar está menos desarrollado es en aquellos componentes que afectan a las familias, concretamente a las escuelas de infancia públicas y a los servicios domiciliarios a personas con dependencia (y ello responde al escaso poder que tiene la mujer en España). En España solo el 10% de niños de 0 a 2 años va a escuelas de infancia públicas, comparado con el 28% de la UE-15 y 58% en Suecia. Una situación igualmente deficitaria se da en los servicios domiciliarios donde solo el 2% de las personas en dependencia recibían en el año 2004 los servicios domiciliarios comparado con el 18% de la UE-15 y el 23% en Suecia. Esta situación ha ido mejorando notablemente en España como consecuencia de la aprobación de la ley de dependencia y de su desarrollo.
Por qué el subdesarrollo de la España Social
Una causa muy importante es nuestra propia historia. La dictadura franquista (1939-1978) se caracterizó por ser una dictadura muy represiva con escasa sensibilidad social. Cuando el dictador murió, el gasto en protección social representaba sólo el 14% del PIB. El promedio de los países que constituyeron luego la UE-15 era ya de un 22% del PIB. Este déficit fue corrigiéndose durante la democracia pasando de ser un 14% en 1975 a un 23,7% en 1993. El promedio de la UE-15 pasó del 22 al 27,5% durante el mismo periodo de tiempo.
Pero el déficit de gasto público en protección social de España con el promedio de la UE-15 ha vuelto a aumentar desde 1993. El gasto público social de España, pasó de ser el 23,7% en 1993 año 20,9% en 2006 (el más bajo de la UE-15 después de Irlanda y Luxemburgo) mientras que en el promedio de la UE-15 se mantuvo el mismo porcentaje, 27,5%.
Cuando analizamos el gasto público social por habitante vemos que el crecimiento en España ha sido mucho más lento que en el promedio de la UE-15. Así, mientras que en España pasó de ser 3.039 euros estandarizados en 1993 a 5.162 en 2006, en el promedio de la UE-15 pasó de 4.677 a 7.277. En realidad el déficit del gasto público social de España en relación con la UE-15 pasó de ser 1.638 euros per cápita en 1993 a 2.115 en el año 2006, un crecimiento del déficit de 59%, sin precedentes en la UE-15. Ello se debió a que los sucesivos gobiernos españoles a partir de 1993 intentaron reducir el déficit del estado a fin de alcanzar los criterios de Maastrich, a base de reducir el gasto público social per cápita, reduciendo su tasa de crecimiento con una intensidad mucho mayor que no en la UE-15. Este gasto aumentó a partir del 2004 como consecuencia de la elección de un gobierno, más sensible al gasto social, que los anteriores. Esta situación cambió sin embargo a partir del 2007 cuando la crisis se inició, que ha afectado el gasto público social de una forma muy marcada, como consecuencia de la disminución de los ingresos al estado resultado de la recesión, así como los intentos de reducción del déficit público. Como consecuencia, treinta y dos años con democracia y la España social continúa a la cola de la UE-15.
Casi seis mil científicos firman una carta abierta contra los recortes
12.03.12 - EFE | MADRID, en El Comercio.
En apenas 48 horas, 5.668 científicos han firmado una carta abierta «por la ciencia en España» promovida por la Confederación de Sociedades Científicas de España, la Federación de Jóvenes Investigadores, la Plataforma de Investigación Digna y CC OO con el objetivo de evitar una nueva reducción de la inversión en I+D+i y una fuga de cerebros multigeneracional.
La misiva, que se colgó el viernes 9 por la mañana en la página de la Cosce (Confederación de Sociedades Científicas de España) -www.cosce.org-, será entregada, junto con los nombres de los firmantes, al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a los miembros del Congreso de los Diputados y del Senado.
En la misma explican que en las próximas semanas, y a pesar de la recomendación de la Comisión Europea de que los recortes para controlar el déficit público no afecten a la inversión en I+D+i, el Gobierno y las Cortes podrían aprobar unos Presupuestos Generales del Estado «que dañarían a corto y largo plazo al ya muy debilitado sistema».
De la dación en pago, a la indignación por el engaño
Por Joan Coscubiela, Diputado IU-EUiA en el Congreso de los Diputados
nuevatribuna.es
Me temía que el Gobierno del PP hubiera de nuevo aplicado con la dación en pago su estrategia de manipulación comunicativa. Y desgraciadamente se ha confirmado.
Cada semana hace lo mismo. El jueves filtra su versión interesada de lo que serán los acuerdos del Consejo de Ministros, con lo que intenta marcar la agenda comunicativa del viernes, día de los Consejos de Ministros y condicionar a los profesionales. El viernes en la rueda posterior al Consejo de Ministros explica su versión de los acuerdos, sin facilitar a los medios de comunicación el contenido integro de las disposiciones aprobadas, con lo que consigue marcar agenda y titulares. Y aunque el sábado el BOE desmienta la información que el Gobierno ha ido colando durante dos días, el trabajo ya está hecho y su objetivo conseguido.
El Gobierno ya ha conseguido vender su política y aunque después se intente informar de lo contrario, en comunicación quien golpea primero, golpea mil veces. Y esto es lo que por enésima vez ha hecho con el Real Decreto Ley 6/2012 mal llamado de “Medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos”.
Las movilizaciones sociales de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas y la interpelación y subsiguiente moción presentada por el Grupo de la Izquierda Plural (IU,ICV-EUIA,CHA) han obligado al Gobierno a mover pieza y a aprobar una norma con la que pretende hacer ver que está ofreciendo soluciones.
Por eso, el Gobierno del PP desarrolla toda una ofensiva para hacer creer a la ciudadanía que estaba encarando el drama de las familias desahuciadas. De la lectura detallada de la norma se desprende que de nuevo el Gobierno utiliza el engaño como forma de relacionarse con la ciudadanía. Veamos que dice el RDL 6/2012.
De entrada vale la pena dejar constancia que nada de lo que ha regulado el Gobierno afecta a las personas que ya han sufrido un proceso hipotecario y han terminado siendo deshauciadas.
En relación a su contenido podemos comenzar por aquello que aparentemente es positivo.
El RD Ley 6/2012 supone cambios en lo que se refiere a la ejecución extrajudicial de las hipotecas, la que hasta ahora era objeto de más abusos e injusticias para las personas hipotecadas, en la medida en que no existía un mínimo, un suelo por el que el acreedor o un tercero se pudieran adjudicar la vivienda, dejando toda la mochila del resto del crédito a la familia embargada.
El cambio más significativo es que se establecen mecanismos por el que el mínimo de adjudicación en subasta de ejecución extrajudicial de una hipoteca no podrá ser inferir a una cantidad que oscila en función del procedimiento entre el 50% y el 60% del valor de tasación. Más allá de la barbaridad que supone que el banco acreedor se pueda adjudicar una vivienda por el 60% del valor de la tasación que ellos mismos realizaron, dejando a la familia sin vivienda y con una deuda por el importe restante, más intereses, más gastos. Más allá de eso, digo, el Gobierno se da un plazo de 6 meses para desarrollar reglamentariamente estos cambios normativos. Cuanta prisa se da el Gobierno para algunas cosas, como la Reforma Laboral y que poca prisa para otras.
Un segundo aspecto, aparentemente positivo, es el de las modificaciones fiscales para reducir el impacto fiscal que los procesos de reestructuración de la deuda hipotecaria o la dación tienen hoy en las familias afectadas. Positivo si no fuera porque son cambios que solo afectaran a los que se puedan beneficiar de este procedimiento que, como explicaré a continuación, serán muy pocas familias.
En relación al tronco del Real Decreto Ley 6/2012 se confirma que todo gira alrededor de un Código de Buenas Prácticas que deberán suscribir voluntariamente las entidades financieras. El Gobierno ha dicho que una vez firmado por los Bancos es de cumplimiento obligado durante dos años, olvidándose de explicar que el cumplimiento concreto de las obligaciones quedan en manos de los Bancos en relación a las propuestas concretas de reestructuración de la deuda y que en las otras dos modalidades, la quita en el volumen de la deuda son de aceptación absolutamente discrecional y voluntaria por parte de los bancos.
En resumen todo continúa en manos de la voluntad de los Bancos. Eso sí, habrá una Comisión de Control formada por un representante de la Asociación Hipotecaria Española, Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores y Secretaria de Estado de Economía. O sea, todos los responsables de éste y muchos otros desaguisados, los responsables de la connivencia con la impunidad de bancos, van a ser los que controlen el cumplimiento del Código de Buenas Prácticas. A eso la sabiduría popular le ha llamado “poner a las zorras a cuidar de las gallinas”.
Pasemos a analizar los aspectos centrales de esta falsa solución a las familias hipotecadas.
De entrada se limita los beneficiarios a lo que se denomina como personas en el “umbral de la exclusión”, que por las exigencias que plantea parece que va a excluir a la inmensa mayoría de familias afectadas.
Se exige para poder acceder a la buena voluntad de los bancos los siguientes requisitos acumulativos:
• Que todos los miembros de la familia o pareja de hecho no tenga ningún tipo de ingresos por trabajo o actividades económicas. Incluidos los hijos.
• Que la deuda sea superior al 60% de los ingresos de la familia (que deben estar todos desempleados).
• Que el conjunto de la unidad familiar carezca de cualquier bien o derechos patrimoniales.
• Que la hipoteca recaiga sobre la única vivienda del deudor y el crédito se concediera para la compra de la vivienda (quedan pues excluidos todos aquellos que subscribieron una hipoteca para cubrir otras obligaciones, por ejemplo establecerse como autónomos).
• Que se trate de un préstamo hipotecario que carezca de otras garantías, como avalistas.
• Que no existan avalistas o que si existen estén en las mismas condiciones de "umbral de exclusión" que el deudor. Un último requisito que afecta especialmente a las familias inmigrantes que fueron víctimas del engaño de los bancos con los famosos créditos hipotecarios cruzados. Porque se exige que si existieran codeudores que no formen parte de la unidad familiar, estos codeudores también deberán ser pobres de solemnidad, o sea cumplir los requisitos anteriores.
Si alguna de las familias afectadas consigue reunir todos estos requisitos y presentar los siete documentos que se le exigen, deberá cumplir otros requisitos más. Y es que el valor de la vivienda no supere unos determinados topes que se concretan en una escala que va de los 200.000 euros en las ciudades de más de 1.000.000 de habitantes a los 120.000 euros en las poblaciones de hasta 100.000 habitantes.
Pues bien si alguien cumple todas estas condiciones podrá acceder al Código de Buenas Prácticas. Con algunas matizaciones importantes.
Primero, que la entidad titular de la hipoteca haya firmado su sometimiento voluntario al Código.
Segundo, que no podrán solicitar que se apliquen las medidas del Código quienes tengan el procedimiento de ejecución en marcha y ya se haya anunciado la subasta.
Pues bien, si alguien consigue cumplir todos estos requisitos y su acreedor ha tenido a bien suscribir el Código de Buenas Prácticas y no está el procedimiento en marcha, ¿a que tiene derecho la familia embargada? ¿Y que puede exigirle al Banco acreedor?.
Pues solo una propuesta de reestructuración de la deuda, poque las otras dos posibilidades previstas en el Código, la quita de una parte de la deuda o la dación en pago és de absoluta discrecionalidad por parte del banco que, a pesar de haber firmado el Código de buenas Practicas podrá decidir si acepta o no la propuesta de la familia deudora. Y la dación en pago se pospone a que el deudor haya recorrido todo este laberinto de condiciones, requisitos y obstáculos.
¿En qué consiste la propuesta que reestructuración de la deuda? que podrá solicitar el deudor a su banco acreedor si cumple todos los requisitos anteriores y el Banco ha suscrito el Código de Buenas Prácticas.
La propuesta de reestructuración consiste en una carencia de amortización de capital de cuatro años, durante los cuales el interés a pagar no podrá ser superior al Euribor más el 0,25%. Y una redistribución de las cuotas de amortización de capital e intereses de hasta 40 años. La propuesta la hará el Banco y el deudor embargado deberá decidir si la acepta en las condiciones establecidas por el Banco.
Pero si la persona o familia hipotecada no está en condiciones de firmar esta reestructuración de la deuda puede solicitar de la entidad financiera una quita en la deuda. Con un pequeño, pero importante detalle, la concesión de la quita queda condicionada a la discrecionalidad del banco. Porque el Real Decreto Ley 6/2012 dice literalmente en el anexo del Código de Buenas prácticas los siguiente: “Los deudores (...) podrán solicitar una quita en el capital pendiente de amortización (...) que la entidad financiera tendrá la facultad de aceptar o rechazar en el plazo de un mes".
Por último y si alguien ha conseguido superar todos estos obstáculos y condiciones, entonces sí. Después de transcurrido un año después de la solicitud de reestructuración los deudores podrán solicitar del banco acreedor que se le aplique la dación en pago con la cancelación de la deuda pendiente de pago a cambio de la entrega de la vivienda.
Mucho me gustaría equivocarme y tener que reconocerlo, pero van a ser muy pocas las familias que se puedan acoger a este procedimiento y aún menos las que accedan a la dación en pago.
Mucho me temo que esto termine en otro fiasco para las familias afectadas como sucedió con la moratoria del Gobierno Zapatero del año 2008 con créditos ICO, en que durante todo el tiempo de vigencia solo se utilizó el 1,3% de los 6.000 millones autorizados al ICO, porque las condiciones eran de imposible cumplimiento.
Y que las únicas daciones en pago que los bancos acepten sean las que les interesen, por ser el capital pendiente de pago inferior al precio de la vivienda, con lo cual salen ganando. Que és exactamente lo que están haciendo ahora, con la única excepción de las daciones en pago conseguidas fruto de la movilización de la PAH y la solidaridad de los vecinos.
Eso es lo que parece que continuará pasando. Que pocas familias se van a poder acoger a este procedimiento, salvo claro que la movilización social consiga lo que bancos y Gobiernos no están dispuestos a aceptar, salidas equilibradas.
En todo caso, garantizó en nombre propio, de ICV i de Izquierda Plural que exigiremos al Gobierno información permanente sobre los efectos de este Real Decreto Ley y su placebo de Buenas Prácticas. Y que continuaremos insistiendo en que se adopten verdaderas soluciones.
He dejado para el final una perla. Si he leído bien, el Gobierno aprovecha este Real Decreto ley para una modificación importante en las competencias de control de las Fundaciones especiales de las Cajas. En la disposición final primera se dice que el control y Protectorado de estas Fundaciones especiales -fruto de los procesos de cambio de personalidad de las cajas después de las fusiones- cuando actúen mayoritariamente en más de una comunidad autónoma corresponderá al estado a través del Ministerio de Economía y Competitividad. No sé qué relación tienen los órganos de Gobierno de las Cajas y el control de sus Fundaciones con las medidas de apoyo a deudores hipotecarios. Salvo claro que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid.
Si hasta ahora había 1000 razones para la Huelga General del 29 de marzo contra la reforma laboral y en defensa de los Derechos Sociales. Este Real Decreto Ley nos ha dado la razón 1001, defender nuestra dignidad de ciudadanos libres. Frente a un Gobierno que nos está continuamente engañando con mentiras y manipulación.
YO VOY - YO VOY
YO VOY - YO VOY - YO VOY
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El concejo tenía 4.293 desempleados en 2007 y cerró 2011 con 7.160 según el informe Avanza II
12/03/2012 00:00 / F. ALLENDE Avilés
El paro creció un 66% en Avilés con el estallido de la crisis económica. El concejo tenía 4.293 parados en 2007 y cerró 2011 con 7.160, según el informe del Plan Avanza II, un documento de 77 folios en el que se analiza la realidad socieconómica del municipio y ha sido elaborado por el ayuntamiento y los agentes sociales firmantes del acuerdo para reactivar el empleo.
“La crisis disparó los índices de desempleo a partir del año 2008, aumentando en los sucesivos años y situándose la media en el año 2011 en 6.710 personas desempleadas”, apunta el informe. “Esta cifra”, añade, “es la más elevada desde mediados de los noventa, coincidiendo con unos años de fuerte impacto de la reconversión industrial en nuestra ciudad”, en concreto de la reconversión de la empresa siderúrgica Ensidesa, que costó la pérdida de muchos puestos de trabajo.
Ya en el cierre del año 2008 se apreciaba el aumento del desempleo, que en el caso avilesino “se situó en 5.305 personas y en los años posteriores ha seguido esta tendencia, de modo que en diciembre de 2011 se registraron 7.160 personas desempleadas, lo que supuso un incremento del 66,8% en el periodo 2007-2011 en el caso avilesino y del 76,7% en el contexto regional”, señala el documento.
Si analizamos los datos desde una perspectiva de género el impacto de la crisis sobre el desempleo “ha sido especialmente intenso en los hombres, con un incremento del 110 %” en estos años de retroceso económico, hecho que responde “a la incidencia de la crisis en un sector tan masculinizado como es el de la construcción, donde la presencia de mujeres es muy baja”, destaca el análisis.
Medidas paliativas La pasada semana, la alcaldesa de Avilés, Pilar Varela, y los secretarios generales de CCOO, UGT y FADE -José María Guzmán Pacios, Amado González y Alberto González, respectivamente- presentaron a los portavoces municipales y los medios de comunicación el contenido del acuerdo social de Avilés para este mandato (2012-2015), en un documento conocido como Plan Avanza 2.
Entre las medidas incluidas destaca la creación de un plan de suelo industrial comarcal, el apoyo a emprendedores, la puesta en marcha de la administración electrónica, que comienza a funcionar hoy al servicio de la creación de empleo y la consolidación de empresas, el respaldo al sector metalmecánico y de bienes de equipo, la formación adaptada a las nuevas necesidades del mercado de trabajo, el apoyo a la internacionalización de las empresas, medidas de conciliación y acompañamiento laboral a las personas en desempleo con mayores dificultades. También se hizo referencia en la presentación a la necesidad de una tarifa eléctrica competitiva para las multinacionales instaladas en Avilés.
El presupuesto total de las medidas que recoge el Plan para su desarrollo hasta 2015 es de 153 millones de euros, de los cuales el Ayuntamiento de Avilés aportaría 56 millones.
El Gobierno local y los agentes sociales llevan trabajando en este acuerdo desde el pasado mes de agosto. Su firma está pendiente de la aprobación de los presupuestos autonómicos y locales. El documento recoge las líneas básicas de actuación con dos objetivos fundamentales que se equilibran en sus 77 páginas: el desarrollo económico y la creación de empleo y la cohesión social.
Pilar Varela destacó que el documento se firmará más adelante “porque hay algunas cuestiones que todavía son una incertidumbre y que tienen que ver con los presupuestos regionales, con el presupuesto del Gobierno de España e incluso este ayuntamiento, que no tiene aprobado el suyo”. Aún así, explicó que decidieron hacerlo público “porque creemos que la sociedad avilesina necesita conocer qué piensan los agentes sociales que es necesario hacer ante esta situación de dificultad. Para eso nos hemos puesto de acuerdo en un documento que tiene una primera parte de análisis en la que decimos que esta ciudad y esta comarca tienen su músculo y su razón de ser en la actividad industrial”.
