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Mesa General de la Función Pública (Mesona): presentación de una modificación parcial de la relación de puestos de trabajo en la que todo sigue igual en cuanto al sistema de nombramientos…

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El Gobierno regional pretende nombrar «a dedo» a todos los jefes de servicio

El Conceyu por Otra Función Pública denuncia que Foro contradice su programa electoral y «mantiene el régimen dedocrático del arecismo»

Oviedo, Marcos PALICIO, en La Nueva España 
El Gobierno del Principado pretende prolongar el procedimiento de la libre designación para todas las jefaturas de servicio en la nueva estructura orgánica de la Administración regional. El Ejecutivo ha hecho llegar a los sindicatos una propuesta de relación de puestos de trabajo que mantiene, según denuncia el Conceyu por Otra Función Pública n'Asturies, el método habitual del Gobierno de Vicente Álvarez Areces para seleccionar «a dedo» a los altos funcionarios. El colectivo de empleados públicos lamenta que el nuevo Gobierno prevea generalizar «el sistema dedocrático» para cubrir «el cien por ciento» de esos puestos sin «la justificación o motivación específica que exige una reiterada, constante y uniforme jurisprudencia del Tribunal Supremo y como ha sentenciado el Tribunal Superior de Justicia de Asturias de forma repetida».

La extensión de la libre designación en detrimento del concurso de méritos se contradice, según la asociación, con lo dispuesto en el programa electoral de Foro Asturias, que proponía hacer del concurso el «procedimiento ordinario de provisión de puestos de trabajo» y limitar la libre designación «a supuestos excepcionales debidamente justificados». El colectivo se pregunta «de dónde parten las nuevas directrices dirigidas a mantener el régimen dedocrático del arecismo que tanto criticaba Foro Asturias» y que fue reconvenido con reiteración por los tribunales. El Gobierno de Vicente Álvarez Areces impulsó una modificación normativa que legaliza los nombramientos a dedo, una circunstancia que, según el Conceyu, no debe servir como excusa, «pues se trata de una circunstancia anterior bien conocida, a la que pretendía dar respuesta el programa electoral de Foro Asturias».

A juicio de la asociación, el balance de los primeros pasos del Ejecutivo de Francisco Álvarez-Cascos en relación con la política de personal «se completa con la oferta de puestos en la sombra y la ocultación de los nombramientos de los asesores de los gabinetes, prácticas continuistas reñidas con la transparencia en la política de personal».

Desde el sindicato Comisiones Obreras, Amparo García Villar, coordinadora del sector autonómico, se manifestó «en contra del uso de la libre designación para puestos técnicos» que se mantuvo en la propuesta de modificación parcial presentada ayer por el Gobierno del Principado en la reunión de la Mesa General de la Función Pública.

Recordando y no hace tanto…

Programa electoral de Foro Asturias

Austeridad y eficiencia de la función pública

En materia de calidad del empleo público, Foro Asturias propone las medidas siguientes:

Implantará un sistema de función pública que responda a criterios de eficacia, objetividad, transparencia e imparcialidad.

Garantizará los sistemas de acceso a la función pública ajustados a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Generalizará el concurso de méritos como procedimiento ordinario de provisión de puestos de trabajo, limitando la libre designación a supuestos excepcionales debidamente justificados.

Os lo contábamos ayer con la insinuación del “cómo” que también le llama la atención a La Voz de Asturias…

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Un buque insignia sin capitán

El Sespa nombra a directivos de segundo nivel pero deja sin elegir al nuevo gerente del HUCA

Foto: El consejo de administración del Sespa, ayer, antes de la reunión. ¿Reconocéis a algún sindicalista de sanidad?, ¿estarán de vacaciones?...

27/08/2011 M.D.D., Oviedo, en La Voz de Asturias

El consejo de administración del Servicio de Salud del Principado (Sespa) tomó, en la reunión celebrada ayer, una decisión sorprendente y poco habitual como es nombrar a los cargos directivos de segundo nivel del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) tales como subgerente, director médico y director de enfermería y, sin embargo, dejar sin cubrir la plaza de quién será el encargado de dirigirlos, es decir, el nuevo gerente.

Esta decisión supone que la persona que, finalmente, ocupe la gerencia se va a encontrar con un equipo ya hecho. Además, cuanto más se tarde en nombrar al nuevo responsable de la gerencia también puede ser un factor que afectará a la puesta en marcha del nuevo complejo hospitalario, en La Cadellada, acumulando así aún más retraso en su apertura.

Asimismo, hay que recordar que hace 15 días, el nuevo equipo que dirige Sanidad, encabezado por el consejero José María Navia-Osorio, hizo público el cese de Mario González como gerente del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y que éste, al conocer su destitución, solicitó que se tramitase lo antes posible para dar normalidad al centro y para no entorpecer el proceso del traslado del viejo hospital en El Cristo al nuevo en La Cadellada, proceso que Mario González había capitaneado en su diseño.

Nombramientos En la reunión de ayer del consejo de administración del Sespa, presidida por el consejero José María Navia-Osorio, se efectuó el nombramiento de varios cargos directivos en los servicios centrales y las gerencias de Atención Primaria y Especializa de las distintas áreas sanitarias.

El director gerente del Sespa, Juan Azcona, informó que Ángel Miguel Alzueta Fernández será el subgerente del HUCA, es decir, el segundo de abordo del aún no nombrado capitán. Hasta ahora, Alzueta desempeñaba el puesto de jefe de servicio de Evaluación de Servicios Sanitarios de la Consejería de Salud. Asimismo, Francisco Javier Vadillo Olmo dejará su puesto de director médico del Hospital de San Agustín, en Avilés, y pasará a ser el nuevo director médico del HUCA, mientras que Francisco López Marinas, hasta ahora supervisor de unidad en el Hospital Central, será el director de enfermería del centro.

En cuanto a directivos de las gerencias, los nombramientos se completan con José Manuel Llera Fueyo como nuevo gerente del Hospital de Cabueñes, en Gijón, quien procede del Hospital Francisco Grande Covián de Arriondas, donde trabajó hasta ahora como facultativo especialista en el área de cirugía general.

José Luis Vigón Fernández asumirá la gerencia de Atención Primaria del área sanitaria VI, en Arriondas. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria ejercía como tal en el centro de salud de Nava-Bimenes-Cabranes y es tutor de la unidad docente de Medicina Familiar y Comunitaria en Asturias.

Carmen Celorio, hasta ahora facultativa especialista de área de Radiodiagnóstico en el Hospital Álvarez Buylla, de Mieres, será la nueva gerente del Hospital Monte Naranco, de Oviedo. Además, María José Villanueva Ordóñez será la directora médica del Hospital de Mieres y Begoña Martínez Argüelles, directora médica del Hospital de Avilés.

Por otro lado, Ana C. Tuero Tuero será la subdirectora de Atención Primaria del Sespa; Beatriz López Muñiz, la subdirectora de Atención Especializada; Pilar Alejandra Sáiz Martínez, jefa de la Unidad de Coordinación de Salud Mental; Juan Carlos Illescas, coordinador de Enfermería de Salud Mental; Antonio Trigo, coordinador de la Unidad de Atención a las Urgencias y Emergencias; María Jesús Alonso Collado, coordinadora Económico-Administrativa de Urgencias y Emergencias y Alfredo Álvarez García, responsable de Coordinación de Gestión Contable.

El Sespa recorta un 30% sus directivos y potencia las áreas de gestión clínica

José Manuel Llera asumirá la gerencia de Cabueñes y Vadillo y Alzueta serán director médico y subgerente del Hospital Central

27.08.11 - A. VILLACORTA | GIJÓN, en El Comercio.

Tal y como estaba previsto, el consejo de administración del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) nombró ayer a varios cargos directivos en los Servicios Centrales y en las Gerencias de Atención Primaria y Especializada de las distintas áreas sanitarias, unos nombramientos que se harán oficiales el martes con su publicación en el BOPA y entre los que destaca el del nuevo gerente de Cabueñes en sustitución de Luis Hevia Panizo: el cirujano José Manuel Llera Fueyo (Oviedo, 1964). Además, el nuevo director gerente del Sespa, Juan Azcona, informó al consejo de administración sobre la nueva estructura del organismo, que ya ha sido aprobada por el Consejo de Gobierno.

La nueva organización del Sespa, explicó el Principado, «persigue una mejor integración en la Consejería de Salud y trata de evitar duplicidades organizativas con la autoridad sanitaria, con una marcada orientación a la gestión, buscando una mejor y mayor coordinación que redunde en un incremento de la eficacia y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos sanitarios».

Además, esta restructuración «supone una disminución de un 30% en la plantilla de personal directivo de los Servicio Centrales del Sespa, en línea con la reducción de altos cargos en la configuración del organigrama del Gobierno del Principado».

Así, en aras de una mayor eficiencia, «las competencias en formación en pregrado y posgrado, calidad, planificación y programación pasan a la consejería, con lo que desaparecen de la estructura de los Servicios Centrales del Sespa la Unidad de Docencia de Medicina Familiar y Comunitaria y la Unidad de Atención al Cáncer».

Asimismo, la Dirección de Servicios Sanitarios, al frente de la cual estará Victorino Zuazua, asumirá «las funciones de impulso, ejecución y desarrollo de las políticas de atención, centradas en el ciudadano, manteniendo la continuidad asistencial y garantizando la continuidad entre niveles». Y, para el desarrollo de estos fines, precisó el Principado, «contará con dos subdirecciones, una de Atención Primaria y otra de Atención Especializada, buscando potenciar el primer nivel asistencial y una gestión directa de los hospitales».

Según la propuesta de nombramientos elevada ayer, al frente de esas subdirecciones se situarán Ana Celia Tuero Tuero (Atención Primaria) y Beatriz López Muñiz (Especializada).

Una propuesta que encabeza José Manuel Llera Fueyo, hasta el momento jefe del Servicio de Cirugía del Hospital de Arriondas, que será nombrado gerente de Atención Especializada de Gijón. El que fuera compañero de la alcaldesa Carmen Moriyón en el Hospital Begoña, también formó parte del cuadro médico del Igualatorio Médico-Quirúrgico de Asturias.

Y con dos nombramientos largamente anunciados: el de Ángel Alzueta como subgerente de Especializada del área sanitaria IV y el de Francisco Javier Vadillo como director médico.

Completan la lista José Luis Vigón (gerente de Primaria del área VI-Arriondas), María José Villanueva (directora médica de Especializada del área VII-Mieres), Francisco López (director de Enfermería de Especializada del área IV-Oviedo), Begoña Martínez Argüelles (directora médica de Especializada del área III-Avilés), Carmen Celorio, que será la nueva gerente del Hospital Monte Naranco, Pilar Sáiz como jefa de la Unidad de Coordinación de Salud Mental, Juan Carlos Illescas (coordinador de Enfermería de Salud Mental), Antonio Trigo (coordinador de la Unidad de Atención a las Urgencias y Emergencias), María Jesús Alonso (coordinadora Económico-Administrativa de Urgencias y Emergencias Médicas) y Alfredo Álvarez (responsable de la Unidad de Coordinación de Gestión Contable).

La nueva estructura del Sespa también tiene como objetivo «potenciar la gestión clínica», con «un incremento de los recursos humanos asignados y la creación del Servicio de Gestión Clínica, dependiente de la Dirección de Servicios Sanitarios, como paso inicial de un proceso que culminará en la creación de la Agencia de Gestión Clínica.

Aprobado el cese del gerente del Hospital Central, Mario González

27.08.11 - A. V. | GIJÓN, en El Comercio.

El Consejo de Administración del Sespa dio ayer luz verde al cese del hasta ahora gerente del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), Mario González, que se oficializará la próxima semana.

El anuncio del cese fue fuertemente criticado por los sindicatos con representación en el complejo sanitario, incluido el médico (Simpa), que cargaron contra las formas con las que se llevó a cabo una destitución, al tiempo que estimaron «abrupta y precipitada» la decisión de la nueva administración sanitaria de prescindir del que fuera el máximo responsable del HUCA desde septiembre de 2007 y también uno de los que se encargó en los últimos cuatro años de gestionar el día a día del hospital que se construye en La Cadellada.

El cese de este facultativo, que de momento volverá a su plaza en la Inspección Médica del Sespa, se vio envuelta en polémica ya que se produjo horas después de que el nuevo gerente del Sespa, Juan Azcona, exigiera a González la dimisión de tres miembros de su equipo a los que achacaban «mala gestión» y de haber «viciado el ambiente en el HUCA».

La negativa de Mario González a cesar a estos directivos (los dos subdirectores médicos y el responsable del área de gestión de salud mental) le dejó fuera de los planes del consejero de Sanidad del Principado, José María Navia-Osorio, que ordenó se gestionara formalmente su marcha.

La marcha de González deja así en el aire la gerencia del HUCA, una incógnita que podría despejarse esta misma semana.

Según algunas fuentes sanitarias, Jesús Rodríguez, exgerente del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid y actual director de un centro psiquiátrico madrileño, podría ser el encargado de tomar las riendas del HUCA después de que el Gobierno regional haya recibido la negativa de la asturiana Pilar Fernández Ampudia, directora médica del complejo hospitalario de León y primera opción del Sespa. El elegido deberá encargarse de pilotar el traslado del viejo al nuevo hospital.

El primer relevo sanitario afecta a dos gerencias de hospital y a una de primaria

Los nuevos responsables del Sespa sitúan a José Manuel Llera al frente de Cabueñes y a Carmen Celorio en el Monte Naranco de Oviedo

Oviedo, Pablo ÁLVAREZ, en La Nueva España

Lo que se venía anunciando como un proceso de renovación masiva en la sanidad pública asturiana se ha limitado, al menos en este primer envite, a un relevo que afecta a los órganos centrales de los Servicios de Salud del Principado (Sespa), a dos gerencias de hospitales -Cabueñes de Gijón y Monte Naranco de Oviedo- y a una gerencia de atención primaria -la de Arriondas-, además de al equipo directivo -salvo el gerente- del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Los restantes cambios anunciados ayer hacen referencia a direcciones médicas y a otros cargos de menor relieve público.

En términos generales, entre los elegidos -un total de 15- figuran tanto profesionales que ya habían desempeñado puestos de responsabilidad en la última época de gestión del Insalud, con el PP en el Gobierno central, como otros que «ascienden» después de ocupar cargos diversos con los sucesivos gobiernos autonómicos presididos por Vicente Álvarez Areces.

El gerente del Sespa, Juan Azcona, cumplió ayer el trámite oficial de informar de los citados nombramientos al consejo de administración de este organismo. Asimismo, explicó la nueva estructura de los servicios sanitarios de la región. El consejero de Sanidad, José María Navia-Osorio, presidió la reunión.

Con relación al HUCA, se cumplió todo lo anticipado por este periódico: Ángel Alzueta será el subgerente, en sustitución de Ángeles García; Francisco Javier Vadillo, nuevo director médico, releva a César Morís; y Francisco López Marinas será director de Enfermería, cargo que ya ocupara en la última etapa del Insalud.

Así las cosas, se da la circunstancia, singular a juicio de muchos, de que el futuro gerente del Hospital Central -el relevo del actual, Mario González, está decidido desde hace más de dos semanas- se encontrará con un equipo directivo ya configurado y sobre el que no ha tenido nada que decir. El Sespa pretende asignarle como principal cometido completar el equipamiento del nuevo recinto hospitalario, que se construye en La Cadellada, y ejecutar el traslado desde el edificio actual.

En Cabueñes también sucedió lo adelantado ayer por LA NUEVA ESPAÑA. José Manuel Llera, hasta la fecha cirujano general del Hospital de Arriondas, asume la gerencia del hospital gijonés, el segundo de Asturias por dimensiones y actividad. Llera ocupará el cargo que desde junio de 2008 desempeñaba Luis Hevia Panizo.

Un cambio que no había trascendido públicamente es el relativo al Hospital Monte Naranco de Oviedo. La nueva gerente es Carmen Celorio, hasta la fecha especialista de radiodiagnóstico del Hospital Álvarez-Buylla de Mieres. En los últimos años, el gerente del Monte Naranco fue Vicente Herranz, hoy diputado autonómico del PSOE.

Todo apunta a que el nuevo equipo directivo del Sespa proyecta una renovación casi total en las gerencias de atención primaria. Sin embargo, ayer sólo se aprobó un cambio: José Luis Vigón fue nombrado responsable de los centros de salud del área sanitaria de Arriondas. Era, hasta el momento, médico del centro de salud de Nava-Bimenes-Cabranes y tutor de la Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria.

En el Hospital San Agustín de Avilés, la principal novedad es la incorporación de Begoña Martínez Argüelles como directora médica, cargo en el que sustituye a Francisco Javier Vadillo. Hasta el momento, Martínez Argüelles era coordinadora de Calidad y jefa del servicio de Medicina Preventiva del Hospital Central.

En el Hospital Álvarez-Buylla de Mieres, María José Villanueva asume la dirección médica. La doctora Villanueva es médica especialista del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) y fue durante años responsable de este servicio. En el Álvarez-Buylla sustituye a Beatriz López, quien pasa a ser subdirectora de Atención Especializada del Sespa. Pese a que se había barajado la marcha del gerente del Álvarez-Buylla, Fernando Gallego, a otro hospital de mayor envergadura, todo apunta a que permanecerá en el cargo por lo menos hasta que se produzca el traslado a la nueva sede.

Ya en lo referente a los servicios centrales del Sespa, además de la citada designación de Beatriz López, Ana Tuero es la nueva subdirectora de Atención Primaria. Entre tanto, Pilar Saiz es la elegida para dirigir la Unidad de Coordinación de Salud Mental. Discípula del catedrático Julio Bobes, Saiz es profesora titular de Psiquiatría de la Universidad de Oviedo y tenía hasta el momento una plaza vinculada en el centro de salud del Naranco. Juan Carlos Illescas será el coordinador de Enfermería de Salud Mental.

Antonio Trigo, médico del servicio de urgencias del HUCA, asume la coordinación de la Unidad de Atención a las Urgencias y Emergencias. En esta misma área, María Jesús Alonso Collado será coordinadora económico-administrativa.

Por último, Alfredo Álvarez García es el nuevo responsable de la Unidad de Coordinación de Gestión Contable del Sespa.

El Sespa asegura que ha reducido en un 30% los cargos directivos en los servicios centrales

Oviedo, P. Á., en La Nueva España

El Servicio de Salud del Principado anunció ayer que con la nueva organización «disminuye un 30 por ciento la plantilla de personal directivo de los servicio centrales del Sespa, en línea con la reducción de altos cargos en la configuración del organigrama del Gobierno del Principado».

Según el comunicado difundido por el Sespa, el gerente, Juan Azcona, explicó a los miembros del consejo de administración que la nueva estructura orgánica «persigue una mejor integración en la Consejería de Salud y trata de evitar duplicidades organizativas con la autoridad sanitaria, con una marcada orientación a la gestión, buscando una mejor y mayor coordinación que redunde en un incremento de la eficacia y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos sanitarios».

En la práctica, las competencias en formación en pregrado y posgrado, calidad, planificación y programación pasan a la Consejería de Salud, «con lo que desaparecen de la estructura de los servicios centrales del Sespa la Unidad de Docencia de Medicina Familiar y Comunitaria y la Unidad de Atención al Cáncer».

El comunicado indica, asimismo, que los nuevos responsables sanitarios se proponen «potenciar» la atención primaria e impulsar «una gestión directa de los hospitales».

Otra línea de fuerza expuesta por Azcona habla de «un impulso decidido a la consolidación y la difusión del modelo de gestión clínica», plasmado en «un incremento de los recursos humanos asignados y en la creación del Servicio de Gestión Clínica, dependiente directamente de la Dirección de Servicios Sanitarios, como paso inicial en un proceso que culminará con la creación de la Agencia de Gestión Clínica». Poner en marcha la citada agencia es uno de los compromisos asumidos por el presidente del Principado, Francisco Álvarez-Cascos, en su discurso de investidura.

Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Ángel Alzueta, subgerente; Francisco Javier Vadillo, director médico; Francisco López Marinas, director de Enfermería.

Hospital de Cabueñes (Gijón). José Manuel Llera, gerente.

Hospital Monte Naranco (Oviedo). Carmen Celorio, gerente.

Atención primaria del área VI (Arriondas). José Luis Vigón, gerente.

Hospital San Agustín (Avilés). Begoña Martínez Argüelles, directora médica.

Hospital Álvarez-Buylla (Mieres). María José Villanueva, directora médica.

Servicios centrales del Sespa. Ana Tuero, subdirectora de Atención Primaria; Beatriz López Muñiz, subdirectora de Atención Especializada; Pilar A. Saiz, jefa de la Unidad de Coordinación de Salud Mental; Juan Carlos Illescas, coordinador de Enfermería de Salud Mental; Antonio Trigo, coordinador de la Unidad de Atención a las Urgencias y Emergencias; María Jesús Alonso Collado, coordinadora económico-administrativa de Urgencias y Emergencias Médicas; Alfredo Álvarez García, responsable de la Unidad de Coordinación de Gestión Contable.

VER LA NOTA OFICIAL AL RESPECTO EN LA WEB DEL GOBIERNO REGIONAL

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Sindicatos, de manera contundente, y empresarios, con la boca pequeña, se oponen a las nuevas medidas…

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El Gobierno prima el empleo temporal y aplaza la subida de impuestos

El ministro Gómez defiende el contrato eventual ante la dificultad de frenar el paro que afecta sobre todo a los jóvenes

27.08.11 - M. J. ALEGRE | MADRID, en El Comercio.

Consciente de que «la crisis no ha acabado», el Consejo de Ministros aprobó ayer una reforma destinada a sacar a flote al colectivo laboral más joven, pero reconoce que una de las modificaciones más importantes, la libertad concedida a los empresarios para, en los próximos dos años, encadenar contratos temporales sin limitaciones, no aspira a la creación de más empleo, sino a que «no se destruya» el existente, incluso si es precario. «Prefiero un empleado temporal a un parado», admitió el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, tras la reunión del Gobierno en la que expuso los principales cambios.

El ministro enmarcó la reforma, con medidas que se prolongan durante dos años, en «momentos» en los que el mercado laboral prosigue su deterioro. No tomó en cuenta que otros miembros del Ejecutivo, incluido el presidente Rodríguez Zapatero, han situado en la recta final del año la expectativa de una «ligera» creación de empleo neto. Para el responsable de Trabajo, el problema requiere «medidas contundentes», dado su profundo calado.

El ministro explicó que las empresas, incluso las públicas, y hasta los ayuntamientos, cuando se ven en la obligación de convertir un contrato temporal en indefinido porque han apurado los límites vigentes, optan por concluir la relación laboral y contratan a un trabajador distinto.

Solo serán dos años de excepcionalidad, resaltó Gómez, porque el artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores que protege frente al encadenamiento abusivo de contratos temporales no se va a suprimir, y existe el compromiso de restaurarlo cuando venza el plazo. Desde 2006, cuando se trasladó a la legislación española un principio comunitario, hasta ahora mismo, un empleado que ha permanecido más de 24 meses de un periodo de 30 desempeñando la misma o diferente función en la misma empresa o en una sociedad del mismo grupo, y encadenado al menos dos contratos temporales, accede sin más trámites a la condición de fijo.

En el año 2006 se vivían tiempos de bonanza económica, insistió el ministro, y las circunstancias han cambiado. La evolución del mercado laboral en España resulta especialmente dramática para los más jóvenes, porque 1,6 millones de desempleados tiene menos de 30 años y la tasa de paro alcanza el 46,1% entre los menores de 25. Como además hay 700.000 trabajadores menores de 25 años que ni siquiera han obtenido el título de la ESO, se impone adoptar iniciativas que fomenten simultáneamente el empleo y la formación.

En esta realidad enmarcó el otro cambio relevante aprobado, un nuevo contrato de formación y aprendizaje que, hasta el 31 de diciembre de 2013, puede tener como protagonistas a jóvenes sin cualificación profesional (que carezcan de título universitario, de formación profesional...) en edades comprendidas entre 16 y 30 años. Puesto que su duración se podrá extender a tres años (con carácter general serán dos, y se añadirá uno en función del programa formativo), un trabajador podrá mantenerse en esta situación hasta los 33 años.

«No es un contrato basura», se defendió el ministro. El sueldo a percibir a estas edades será la parte correspondiente a la jornada, según lo establecido en cada convenio. Allí donde se aplique el salario mínimo interprofesional (este año 641 euros al mes) quedará reducido al 75% de esta cantidad. Principal característica de este programa es que la jornada laboral baja a tres cuartas partes de la habitual, y el 25% restante se tendrá que dedicar a la formación en un centro laboral o del sistema educativo.

Gómez admitió que con la fórmula actualmente en vigor, que tiene un mínimo de seis meses de duración y un máximo de dos años, apenas se han suscrito 100.000 contratos de formación al año sobre un total de 12 millones. Para incentivar los nuevos, cuya duración podrá extenderse de uno hasta tres años, la empresa que aumente plantilla mediante la contratación de personas desempleadas tendrá una bonificación del 100% en las cuotas de la Seguridad Social, o del 75% si se trata de una sociedad con más de 250 trabajadores. Y si, al término del contrato, opta por convertir la relación laboral en un contrato indefinido, verá reducida la cotización en 1.500 euros durante tres años (1.800 si se trata de una mujer).

Los más ricos

El Gobierno siempre titubea cuando aborda la fiscalidad de los más ricos. Por eso ha decidido a última hora aparcar la iniciativa de elevar su contribución al presupuesto público, proyecto en el que los técnicos del Ministerio de Economía llevaban trabajando largo tiempo. «Si se hubiera abordado este tema en la reunión del Consejo de Ministros les hubiera informado de ello», zanjó el ministro Portavoz, José Blanco, tras la sesión del Gabinete.

Blanco había sido de los primeros en abogar por una contribución solidaria de los más pudientes. Los ministros tienen impuesta la confidencialidad absoluta sobre los temas tratados en sus reuniones, y no se conocen 'oficialmente' las razones que han podido llevar al descarte de una propuesta que hubiera podido suponer un «guiño» a los sindicatos en la misma fecha en que se han decidido drásticas reformas laborales.

LAS MEDIDAS

Contratos temporales.

Se suspende durante dos años la prohición de encadenar contratos temporales.

Conversiones.

Se prolongan hasta el 31 de diciembre de 2012 las bonificaciones a la conversión de contratos temporales en indefinidos de fomento del empleo estable.

Formación.

El contrato está dirigido a jóvenes de entre 16 y 25 años sin cualificación. Hasta 2013 se podrá extender a los 30 años.

Indemnizaciones.

Se extiende hasta 2013 la posibilidad de que el Fondo de Garantía Salarial pague ocho días de la indemnización por despido.

400 euros.

Trabajo confirma la prórroga por seis meses más, hasta el 15 de febrero de 2012.

Fondos de despedidos.

Se aplaza el compromiso de crear un fondo de capitalización individual de cada trabajador hasta el primer semestre de 2013.

Sindicatos y empresarios se oponen a las nuevas medidas

27.08.11 - BORJA ROBERT | MADRID, en El Comercio.

Ni a sindicatos, ni a empresarios. Las medidas anunciadas ayer por el Gobierno pusieron en pie de guerra a los agentes sociales, que las consideraron inútiles para luchar contra la destrucción del empleo, especialmente entre los jóvenes. CC OO calificó las medidas del Ejecutivo de «ineficaces, faltas de rigor e improvisadas» y solicitó su retirada. UGT las tachó de «muy negativas» y de no servir para «sacarnos de la actual situación económica». Las patronales CEOE y CEPYME, por su parte, declararon que «no se va en la dirección adecuada para la recuperación de la actividad económica y del empleo».

Las organizaciones sindicales denunciaron el aumento, hasta los 30 años, de la edad con la que acceder al nuevo contrato en formación que, apuntó Comisiones Obreras, «condena a los jóvenes a la temporalidad y los bajos salarios». La suspensión del límite de encadenamiento de contratos temporales también crispó a los sindicatos, que la consideraron una apuesta por «el empleo de mala calidad y con menos derechos», además de una manera de «legalizar el fraude de ley, tan común en nuestro mercado de trabajo».

De la Asamblea del grupo de trabajo de economía de “Acampada Sol” celebrada ayer…

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Reforma constitucional

Pronunciamiento y actuaciones desde el 15-M Madrid…

Los y las participantes en la Asamblea de urgencia convocada por el Grupo de Trabajo de Economía de Acampada Sol y celebrada el viernes 26 de agosto a las 19:00 horas en la Plaza del Carmen han consensuado realizar una manifestación este domingo, día 28 de agosto, bajo el lema "No a esta reforma de la Constitución. Ni un paso atrás".

La manifestación partirá de Atocha a las 18:00 horas y finalizará en Sol con la celebración de una Asamblea General en la que se seguirá profundizando en la reforma de la Constitución anunciada por el presidente del Gobierno y apoyada por los partidos mayoritarios.

Fecha de la manifestación: domingo 28 de agosto
Hora: 18:00
Recorrido: Atocha - Sol

NO A ESTA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN. NI UN PASO ATRÁS

SOBRE EL FONDO

El gobierno y el PP van a aprobar con inusitada urgencia una reforma de la Constitución al dictado de los mercados y de los gobiernos conservadores de las potencias europeas.

Pretenden, con la excusa de ordenar las finanzas, imponer el beneficio de unos pocos sobre la voluntad de la mayoría.

La ministra Salgado reconoce que se hace para tranquilizar a los mercados. Todavía no ha aprendido que los mercados son insaciables. En cualquier caso es un reconocimiento de sumisión a quien ha provocado esta crisis y pretende salir fortalecido de ella.

Alarmados ante la respuesta social a este atropello, ahora hablan de incluir alguna flexibilidad, esa flexibilidad la teníamos ya. Entonces, ¿para qué se hace?

Pues porque sacraliza un concepto, una ideología. Se demoniza la deuda pública, la inversión pública. ¿Es que la deuda privada no hay también que devolverla?

¿Por qué la deuda privada es conveniente para el progreso y sin embargo la deuda pública no? La inversión en enseñanza, salud pública, infraestructuras, en mejor justicia, entre otras, es más valiosa que ninguna otra, y los países que la hacen están a la cabeza del desarrollo.

En lugar de embridar a “los mercados” que especulan con la deuda pública en colaboración con las Agencias de Calificación, dan por supuesto que eso no se va a hacer, y optan por entregar la pieza entera.

Se niegan a reconocer lo que cada vez más expertos afirman y lo que la experiencia está demostrando, y es que las medidas de ajuste deprimen las economía y empeoran los déficits.

Esta medida no se toma en ciclo de crecimiento, sino en un momento en el que el déficit es necesario para relanzar la economía. Se toma por tanto para acelerar los procesos de ajuste que están significando:

-Pérdidas económicas para la población.

-Pérdidas de derechos que seguro no nos devolverán si la crisis pasa.

-Pérdidas de nuestro patrimonio público de empresas y servicios.

Esta medida se toma en un país cuyo principal problema no es la deuda pública, sino la deuda privada, fundamentalmente de los bancos.

Premios Nobel y catedráticos de Economía reiteran que centrar la política económica en la reducción del déficit estrangula las posibilidades de recuperación económica y, por lo tanto, de generación de empleo.

El déficit se genera si los ingresos caen. Y en nuestro país cada vez pagan menos las grandes fortunas y las grandes empresas. Sufrimos un fraude, una evasión fiscal y unas medidas fiscales contrarias a lo que dice nuestra Constitución.

El destino de esta reforma está muy claro si vemos el borrador del famoso cambio. Tiene un párrafo que dice: “Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos Y SU PAGO GOZARÁ DE PRIORIDAD ABSOLUTA.”

No se puede decir más claro, primero los bancos, luego, todo lo demás.

SOBRE LA FORMA

No es la primera medida que demuestra la sumisión a los poderes financieros y la falta de respeto de nuestros gobernantes  por su propia dignidad democrática. Pero ésta ya no es una norma o decreto Ley, es nada menos que una reforma de la Constitución.

En agosto, y con la legislatura concluida, el momento en que se decide modificar la Constitución refleja un seguidismo a los más relevantes representantes de la derecha europea (Merkel/Sarkozy).

Si las cosas están mejorando, según dice el gobierno, ¿qué ha cambiado en pocas semanas, cuando el gobierno no aceptaba esta medida propuesta por Rajoy?

¿Dónde está la urgencia de una medida que se dice será operativa dentro de seis años? Más les valdría cumplir la Constitución y los derechos en ella consagrados.

Hay temas de reforma constitucional sobre los que hay enorme consenso social y siempre se dijo que existen grandes inconvenientes para modificar la Constitución.

No vale el ejemplo que nos ponen de otra modificación, que fue decidida en obligado cumplimiento de nuestros Tratados Internacionales (ej.: el derecho de voto de los ciudadanos comunitarios).

Estos gobernantes vienen tomando medidas que saben que cuentan con el mayoritario rechazo de la población y por eso los políticos son vistos como una lacra y como un problema. Esta decisión apresurada, sin debate ni participación ciudadana, ahondará ese desprestigio.

En el desgraciado caso de que no haya diputados suficientes para impedir esta chapuza democrática, exigimos poder ejercer la soberanía que nos garantiza nuestra propia Constitución y por tanto el derecho a votar NO a esta reforma tras un debate en el que se garanticen los medios similares de expresión de ambas alternativas.

NO A ESTA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN.

¡¡NI UN PASO ATRÁS!!

Un claro no a cualquier tipo de recorte en sanidad…

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Sanidad, ¿quién copaga?

La necesidad de mantener un pilar básico del Estado del bienestar

Por MARÍA LUISA CARCEDO, PRESIDENTA DE LA AGENCIA ESTATAL DE EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS

Las insistentes voces reclamando recortes, «cambios» o medidas urgentes en el Sistema Nacional de Salud basan su argumento en su insostenibilidad económica, dicen, debido al envejecimiento de la población, a los abusos de los usuarios o al uso masivo por inmigrantes. Los más razonables aducen los problemas derivados de la crisis económica, la presión de los mercados y la caída de la recaudación. Estos mismos argumentos sirven también para reclamar recortes en todos los servicios y prestaciones del Estado del bienestar.

Para empezar, conviene aclarar que el Estado del bienestar no es una suma de gasto en prestaciones sociales. En absoluto. Es una forma de organización de la sociedad y requiere la asunción colectiva y también subjetiva de participación en una forma de convivencia cuyo principal resultado es la seguridad en el amplio sentido de la palabra (desde la seguridad pública a la social, la económica y también ambiental) y la igualdad de oportunidades. Requiere, por tanto, de un consenso básico, clave para garantizar la democracia y el desarrollo. Se concreta en una forma de intervención social y económica del Estado a través, fundamentalmente, de servicios públicos. Conviene recordar también que sólo el 25% de los países del mundo disfruta de algún tipo de Estado del bienestar y son, precisamente los más desarrollados.

La situación de crisis económica es ahora la principal justificación para proponer recortes. Machaconamente escuchamos reclamar de los estados, sin ningún rubor, medidas de copago sanitario entre otras «reformas», el eufemismo al uso para referirse a recortes sociales. Este argumento merece un análisis más profundo que no es el objeto de este escrito, pero sólo un apunte clarificador: uno de los países con mayor nivel de protección social y con un Estado del bienestar más desarrollado es Suecia. Pues bien, hace a penas una semana se publicaban los datos sobre deuda pública de los países de la OCDE. Según Eurostat, el país con menos deuda pública en porcentaje del PIB en el año 2010 fue precisamente Suecia, con un porcentaje del 39,76 de deuda pública frente a un 223% de Japón o un casi 92 % de EE UU. La media de los países de la UE-27 fue del 80,20%.

Quizá por ser el servicio público con mayor impacto social y económico, la sanidad suele ser la diana de cuantos, tijera en mano, están prestos a acabar con todo lo que signifique, en el concepto neoliberal, gasto social. Y no faltan los salvadores del modelo que argumentan que la única forma de garantizarlo es estableciendo alguna forma de copago y una dieta de adelgazamiento para sanarlo, cual curanderos con sanguijuelas para curar las anemias.

Por otra parte, las embestidas contra la sanidad pública no son una novedad de este momento, sino que aprovechan la situación de crisis para renovarlas. Recortes, privatizaciones y copago se plantean periódicamente por quienes ven en los servicios sanitarios una oportunidad de negocio y, sobre todo, por quienes plantean un modelo de sociedad en el que el Estado tenga un papel mínimo y sean los ciudadanos quienes deban procurarse la adquisición como consumidores de los servicios esenciales: la máxima de los planteamientos neoliberales surgida en la década de los setenta y que tan devastadores efectos tuvo en los países víctimas de su experimento, de forma singular Iberoamérica y con importantes consecuencias en los EE UU de Reagan y Bush y el Reino Unido de Margaret Thatcher.

La primera cuestión que intencionadamente se ignora en este razonamiento es que el sistema sanitario es mucho más que un servicio de atención a la salud. Es un potente instrumento de justicia y cohesión social, a la vez que favorecedor de la vertebración territorial. Y cabe preguntarse: ¿cuánto cuesta la cohesión social en un país? Conviene recordar, por otra parte, que el gasto sanitario por persona en España es de los más bajos de los países de la OCDE. En términos de poder paritario de compra, el gasto público por persona y año en España es de 2.105 dólares, unos 1.480 euros, mientras que la media en los países de la UE-15 es de 2.675 dólares. La primera conclusión que podemos admitir es que el Sistema Nacional de Salud (SNS en adelante) español es de los menos costosos de los países de nuestro entorno.

Como es conocido, la sanidad se financia, desde la entrada en vigor del sistema de financiación autonómica del 2001, íntegramente a partir de los Presupuestos Generales del Estado. Por lo tanto, es un sistema que cofinanciamos todos los españoles con nuestros impuestos y con la mayor participación del IRPF y del IVA (tributos de mayor cuantía incluidos en el sistema de financiación autonómica). Dicho sea de paso, la población inmigrante, que se esgrime como uno de los lastres del sistema, contribuye a su sostenimiento ya que está obligada a pagar estos tributos según su consumo y su nivel de renta. La segunda conclusión evidente es que la sanidad española la copagan todos los ciudadanos a través de los impuestos establecidos. La cuestión relevante es que uno de los impuestos con mayor participación en su financiación (el IRPF) es de carácter progresivo y, por tanto, redistributivo.

Quizá la característica más destacable de los modelos sanitarios de países con Estado del bienestar sea su acceso universal. En España, la ley General de Sanidad del año 1986 reguló las características de nuestro SNS, su carácter universal y las condiciones de acceso, de igualdad para todos los españoles. También, la citada ley definió el alcance de la atención a la salud, calificándola de integral; es decir, no sólo es curativa, sino que alcanza la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, su curación y la rehabilitación. De forma que en esta definición está seleccionando la población-diana de los servicios haciendo efectivas las prestaciones que protejan la salud de los españoles, según el derecho constitucional. Por tanto, no va dirigido sólo a enfermos, sino a la población general.

En estas condiciones, por la alta calidad en la atención lograda y la profesionalidad demostrada por el personal sanitario, la sanidad es el servicio público del bienestar mejor valorado por los españoles, y el segundo, detrás del transporte, si consideramos todos los servicios públicos. Precisamente, en los dos años largos que llevamos de crisis, ha mejorado la valoración del servicio por los españoles, situándose la satisfacción global en cerca del 70% de personas satisfechas o muy satisfechas con la sanidad pública. En Asturias alcanza el 80%. La cuarta conclusión rotunda: alta valoración y satisfacción de los españoles con la sanidad pública, que aumenta en momentos de crisis.

Pero si hablamos de hipotéticos recortes en el gasto público, los ciudadanos admiten que en momentos con escasez de recursos se pueda recortar en casi todas las políticas, salvo en sanidad, educación y pensiones. Por tanto, en las políticas esenciales del Estado del bienestar. En el caso de la sanidad, el 97% de los españoles en el 2010 están en contra de recortes y el 92% en la educación. Quinta conclusión: los españoles están en contra de recortes en la sanidad pública, más en situación de crisis.

En conclusión, teniendo en cuenta que el sistema está cofinanciado con los impuestos de los ciudadanos, que la población a la que van destinados los servicios es la población general y que existen varios niveles de responsabilidad en el diseño, gestión y prestación de los servicios sanitarios, la tarea de lograr la mayor eficiencia para la sostenibilidad del sistema corresponde, en primer lugar, a los políticos, con capacidad de actuar para dotarlo de recursos, reglas e instrumentos útiles para su eficacia y sostenibilidad (leyes y normas); a los gestores económicos, para lograr la máxima eficiencia (gestión eficiente), y a los profesionales, la buena administración de los recursos puestos a su disposición (gestión clínica, actividad profesional, prescripción).

A los ciudadanos no les corresponden las decisiones en la generación del gasto. Les compete la utilización responsable de centros y prestaciones sanitarias, y deben contribuir activamente a su defensa y mejora. En un sistema democrático, los ciudadanos son los receptores de los servicios pero a la vez son los dueños y protagonistas de su existencia y alcance. En España se pronuncian con rotundidad por su mantenimiento y en contra de cualquier recorte.

Por lo tanto, en el actual sistema sanitario copagamos todos los ciudadanos españoles porque todos somos beneficiarios de sus servicios.

Y, en el futuro, ¿se pretende que paguen más los enfermos, precisamente los ciudadanos en situación más complicada o desfavorecida de forma puntual o crónica o aquellos que pasan por momentos vitales que requieren mayor uso como embarazo, parto, infancia , vejez, etcétera?

Se estaría atacando a uno de los efectos más tranquilizadores, para los ciudadanos, del sistema sanitario: la seguridad ante la enfermedad, independientemente de condición económica, social o lugar de residencia.

“La Carta Magna es el marco de convivencia, pero no es la definición de políticas concretas…”, recuerda.

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Cascos ve «contraproducente» modificar la Constitución para controlar el déficit

El presidente de Foro Asturias advierte de que el problema sólo se resolverá si los encargados de hacer las políticas generan confianza

28.08.11 - DIANA DE MIGUEL | GIJÓN, en El Comercio.

El límite constitucional al déficit y a la deuda pública pactado entre el PSOE y el PP es un guiño a los mercados que llega en un momento crítico para la economía española y para la zona euro, pero, sobre todo, es el reconocimiento de la imposibilidad de adoptar acuerdos «serios, leales y responsables» entre la clase dirigente. Así lo ve, al menos, el presidente del Principado, Francisco Álvarez-Cascos, para quien resulta «contraproducente» modificar la Constitución para fijar límites a la capacidad de endeudamiento, un objetivo político «aceptable», pero que no requiere, a su juicio, ni la modificación del Estatuto de Autonomía de Asturias ni la modificación de la Constitución. «Por este camino, Rajoy y Zapatero acabarán proponiendo modificar la Constitución para fijar que en España se tiene que conducir por la derecha en nuestras calles y carreteras», ironizó.

Para «controlar el despilfarro», bastaría, apostilló, un compromiso político serio como el ocurrido en 1978, cuando «en circunstancias políticas mucho más difíciles», se firmaron los Pactos de La Moncloa. «Es esa lealtad de los dirigentes políticos españoles para asumir las respuestas que exige la superación de la crisis la que generará confianza en nuestra economía, y no una contraproducente reforma constitucional que fomenta la desconfianza», argumentó el presidente de Foro Asturias en declaraciones a EL COMERCIO.

El jefe del Ejecutivo autonómico hizo pedagogía y explicó que aunque es partidario de «controlar el despilfarro» y también de que se «conduzca por la derecha», no cree que ninguno de estos dos preceptos deban estar recogidos en la Constitución. «Me parece absurdo que determinado tipo de decisiones políticas en las que existe un consenso, si es que existe de verdad entre todos, tenga que ser la Constitución la que lo legalice. La Carta Magna es el marco de convivencia, pero no es la definición de políticas concretas», indicó.

Aunque el pacto entre socialistas y populares trata de mandar un mensaje a los inversores del compromiso de España con la estabilidad presupuestaria, que permita garantizar la solvencia futura del país, el líder de Foro Asturias advirtió de que lo único que conseguirá será enviar un mensaje negativo. «Los políticos son los primeros que no generan confianza y están trasladando el problema al conjunto de la sociedad española», aseguró tras recordar que «hace tres años y medio hubo quien compareció y ganó las elecciones ofreciendo el pleno empleo y negando la crisis».

Por eso, apeló a la responsabilidad ciudadana de cara a la próxima cita con las urnas porque «quienes hicieron el ejercicio básico de irresponsabilidad que era engañar a la sociedad española, confundir a los españoles y proponer políticas equivocadas no pueden sacar a España de la crisis».

Uno de los puntos claves de la reforma constitucional acordada es que el control afecta también a los entes territoriales. Y es que las cuentas de las comunidades vienen despertado una gran desconfianza en los mercados y en los organismos internacionales, tanto por la falta de transparencia como por la ausencia de controles sobre ellas. El pacto entre populares y socialistas supondrá que los gobiernos no sólo tendrán que elaborar los presupuestos con déficit inferiores a los estipulados, sino que si durante el ejercicio hay desviaciones, tendrán que tomar medidas para corregirlas.

A la espera de conocer el desarrollo de la norma, los analistas coinciden en que, con la reforma, el Gobierno tendrá más recursos en sus manos para imponer la disciplina fiscal a las comunidades, y éstas menos posibilidad de esquivar las exigencias de estabilidad.

Igualdad territorial

Para Álvarez-Cascos, lo que va a resolver el problema del déficit no es el contenido de la reforma sino la confianza que deben generar los encargados de hacer las políticas. Por eso, advirtió, «lo que en Asturias nos jugamos en noviembre, haya o no reforma, es una política económica que produzca efectos positivos, beneficie por igual a todas las comunidades y evite que la región siga estando marginada. No queremos ser más que nadie, pero tampoco vamos a aceptar ser menos que los demás».

Álvarez-Cascos insistió en que lo que España necesita es un nuevo pacto entre todas las fuerzas políticas, «con independencia del resultado electoral de noviembre». «Eso es lo que va a generar confianza y desde Asturias no sólo predicaremos sino que practicaremos estos principios e invitaremos a las fuerzas políticas a alcanzar los acuerdos para desde Asturias contribuir a reforzar la economía española que es el mejor camino para salir adelante».

El líder de Foro Asturias se preguntó por qué se habla ahora de gobernanza y no hace unos meses, cuando la Unión Europea venía preconizando el decálogo de la gobernanza. «En España algunos dirigentes han vuelto la espalda a esos compromisos», sentenció.

Frente a la defensa de la reforma que, como no podía ser de otra manera, se realizó desde el PSOE y el PP asturiano, las valoraciones de Álvarez-Cascos mantienen el tono crítico que avanzaron el martes tanto el diputado regional de IU Aurelio Martín, como el candidato de UPyD en Asturias durante las pasadas elecciones, Ignacio Prendes.

También el viernes el secretario general del SOMA-FIA-UGT, José Ángel Fernández Villa, se mostró muy crítico con una reforma que, señaló, «rompe el consenso social» y está impuesta por un «gobierno económico que defiende y promueve el capitalismo de casino y las políticas

Desde el punto de vista sanitario está más que claro…

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La FADSP alerta que el acuerdo perjudicará al sistema público sanitario

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública considera que el acuerdo PSOE-PP “hará muy complicado a medio plazo el mantenimiento del sistema sanitario universal y gratuito”.

nuevatribuna.es

Para la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, el acuerdo entre PP y PSOE para poner un límite al déficit público, supondrá “impedir con carácter permanente e irreversible la capacidad de las administraciones públicas para endeudarse, renunciando a uno de los principales instrumentos con que los países europeos han levantado el Estado del Bienestar y los sistemas públicos sanitarios”.

En un comunicado, la FADSP, afirma que la medida “tendrá consecuencias muy negativas para el sistema sanitario público español”, ya que impedirá, entre otras cosas, invertir en infraestructuras sanitarias y limitará la capacidad para adquirir y reponer recursos y equipamiento así como desarrollar los planes directorios  de mejora de hospitales y centros de salud,  que también precisan de inversiones.

Asimismo, añade que se pondrá en riesgo la capacidad de mantenimiento de los servicios sanitarios, dado que entre el 30-.40% del gasto de las CCAA se destina a sanidad pública, y estas son precisamente las administraciones que mayores recortes están introduciendo en sus presupuestos.

En este sentido, la Federación recuerda que el envejecimiento de la población y el incremento de la dependencia va a suponer un incremento de la demanda de cuidados sanitarios en el futuro inmediato cuya satisfacción obligará a realizar inversiones en recursos. 

También denuncia que “este interés en el control del déficit contrasta con la continua disminución de la presión impositiva, muy especialmente la dirigida a las grandes fortunas. Si se retiran impuestos a quienes pueden pagarlos y a la vez se imponen corsés al déficit no es posible garantizar servicios públicos de calidad”.

La FADSP no considera “razonable” que un cambio constitucional de esta entidad se haga sin consultar a la ciudadanía y que, acciones como esta, “son las que favorecen el desapego de la ciudadanía a las instituciones”.

No es una cuestión sólo de forma, que también, sino de fondo…

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NO A ESTA REFORMA CONSTITUCIONAL

El socialista Antonio Gutiérrez: el texto es un disparate "peor" de lo esperado

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Grupo Socialista en el Congreso y exsecretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Antonio Gutiérrez, considera que la redacción final de la reforma de la Constitución para imponer la estabilidad presupuestaria es "peor de lo que cabía esperar", por lo que ha confirmado este viernes que votará en contra cuando se debata en el Pleno de la Cámara Baja.

"Meter un principio como el de estabilidad presupuestaria en la Constitución y hacerlo de esta manera me parece un verdadero disparate, una involución constitucional. Considero que es un profundísimo error", ha subrayado en una entrevista en Cadena Cope recogida por Europa Press.

Además, el presidente de la Comisión de Economía del Congreso sostiene que la reforma constitucional supone un "revés muy serio" a todos los socialistas europeos y va a comportar "de propina" el suicidio del PSOE.

"EL PP SE VERÁ ENCORSETADO"

Igualmente, ha avisado de que, cualquier partido que gobierne España, incluso el PP que hoy "aplaude" la reforma de la Constitución, se verá "encorsetado" y muy "incómodo" con la reforma que se va a aprobar.

"El PP tendrá la salida recurrente y fácil que le brinda Zapatero, decir que esto es un mandato que viene de un gobierno socialista, con lo que además el debate político próximo de España va a estar bastante mortecino", ha agregado.

A su juicio, la reforma solo avala un estereotipo "falso" e "injusto" que ha utilizado la canciller alemana, Angela Merkel, lanzando el mensaje de que los griegos, los españoles y los portugueses son 'despilfarradores'.

En ese contexto, se ha mostrado partidario de un referéndum acerca de la reforma constitucional ya que considera "lógico" y "normal" que sea sometido a una consulta popular. Sin embargo, ha explicado que lo más importante es "objetar el fondo", que la gente entienda que esta reforma es un auténtico "dogal" (cuerda para ahorcar al reo) para muchas generaciones e instituciones futuras en nuestro país.

ADMITE QUE NO REPETIRÁ CON EL PSOE

Gutiérrez, que no milita en el PSOE, ha dado por hecho que no repetirá en las listas de este partido en las generales del 20 de noviembre puesto que no ve en este proyecto una forma de seguir defendiendo sus ideas.

Y es que, según ha explicado, sus discrepancias no se limitan a la reforma constitucional pues también piensa votar en contra del decreto ley anunciado por el Gobierno para el límite de contratación temporal para menores de 30 años. En su opinión, es una reforma "muy negativa" para nuestro país.

"Hoy el Consejo desviste todos los preámbulos de la reforma laboral, el discurso que generaron en torno a ella de que iba a servir para acabar con tanta precariedad, para fomentar la estabilidad de empleo y para evitar la sangría de despidos. Nada de esto se ha cumplido y encima hoy la van a reformar para contradecirse aun más", ha asegurado, recordando que ya se abstuvo cuando se tramitó la reforma inicial.