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Y en sanidad sin desarrollar una triste OPE desde que se asumieron las competencias hace 9 años…

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¿Apostando al que alguien vendrá que bueno me hará?

La inoportuna carta de Areces

«Encima, recochineo», responden los funcionarios a la misiva que les envió el Presidente felicitándoles por su profesionalidad y recordándoles los logros de su Gobierno en la Administración

Oviedo, J. A. ARDURA / E. L., en La Nueva España

Los sindicatos de funcionarios del Principado han recibido con una mezcla de perplejidad e indignación la carta que el presidente socialista Vicente Álvarez Areces ha remitido a los empleados públicos para despedirse, agradecerles su «trabajo, honestidad y lealtad», pero también para recordarles los logros que, a juicio del Presidente, puede apuntarse su Gobierno. Tras leer la carta, los sindicatos recuerdan los recortes salariales y la batalla judicial contra los nombramientos a dedo en esta última legislatura, y son contundentes: «Es una tomadura de pelo. Encima, recochineo».

Álvarez Areces escribe que durante sus doce años de Gobierno la Administración asturiana, a través del desarrollo de competencias, pasó de 6.000 a 36.000 empleados públicos, incorporando «servicios tan estratégicos como la sanidad, educación y justicia». El Presidente añade: «En este desarrollo he intentado a través de diversas medidas fortalecer la función pública y dignificar el trabajo en la Administración. Y sigue: «Afrontamos épocas difíciles, pero también aprendimos a responder a los retos. Entre todos y desde la pluralidad hemos contribuido a desarrollar un modelo de Administración cercana, capaz de responder con eficacia a las necesidades de los asturianos y asturianas como así lo reconocen en la evaluación de los servicios públicos esenciales y en el alto desarrollo de la Administración electrónica».

El Presidente dedica sus mejores palabras a los funcionarios («Ha sido para mí un privilegio contar con un conjunto de empleados/as públicos que en los distintos campos de su actividad profesional ponen cada día lo mejor de sí mismos al servicio de Asturias») pero ni aun así consigue rebajar el enojo de los funcionarios. «Hicieron una gestión nefasta y ahora vienen con cartitas», afirma José Luis González, de USIPA. «Nos bajaron el sueldo, tuvimos que estar continuamente recurriéndolo todo, quitaron ayudas sociales que ahora tienen que pagar a los laborales y que no cobrarán los funcionarios, salvo sentencia, y encima pitorreo».

Javier Álvarez Villa, del Conceyu por otra Función Pública, rechaza también el contenido de la carta y precisa: «Contra lo que dice, no se dignificó nuestro trabajo, al contrario, se produjo una degeneración, un ataque al principio de imparcialidad que rige a la función pública. La carta es el colmo de la desfachatez».

Juan Gavira, de UGT, cree que frente al «idílico» panorama que describe Areces la realidad fue que «ni hubo transparencia, ni diálogo ni talante, hubo una judicialización permanente. Llegaron a hacer algo que nunca nadie antes hizo: despedir a una trabajadora laboral fija. Nadie lo puede hacer peor. Creo que los nuevos tendrán que entrenar mucho para empeorarlo».

Nuevamente más problemas para el Instituto Adolfo Posada…

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El 11% de los opositores de medicina interna denuncian irregularidades en los exámenes

Un miembro del tribunal comparte un negocio privado con uno de los aspirantes que mejor puntuación está logrando

15.06.11 - R. M. | GIJÓN, en El Comercio.

Noventa eran los admitidos a las oposiciones que el Principado tiene abiertas para cubrir 23 plazas de medicina interna. Cuando quedan apenas unas semanas para que el procedimiento quede resuelto, diez de ellos (el 11%) presentaron el pasado lunes un recurso de alzada ante el Instituto Adolfo Posada denunciando irregularidades en el proceso de selección y solicitando sea anulado el mismo.

El recurso de alzada, redactado por el despacho Gerardo Iglesias Abogados, se apoya en varios indicios. El de mayor peso apunta a un presunto vicio en la composición del tribunal evaluador. En el mismo ostenta una vocalía titular I. F. G. Esta facultativa compatibiliza su puesto en la Administración pública con una clínica privada en la que, según reconoce su propia página web, estaría empleado como especialista en medicina interna R. A. C., uno de los opositores personados.

A juicio de los recurrentes, este hecho «obligaba a I. F. G. a renunciar su puesto en el tribunal, porque tiene una evidente incompatibilidad, al estar interesado en el proceso uno de sus socios». La conexión entre evaluador y aspirante ha despertado en los recurrentes la sospecha de que «las preguntas podían haber sido filtradas a un grupo de elegidos que están sacando notas desorbitadas».

Esta sospecha se sustenta en un estudio estadístico realizado sobre las notas obtenidas por todos los aspirantes en el primer parcial. Se trataba de un examen con 100 preguntas y en el cual la nota máxima permitida era de 50 puntos.

Sólo 33 aspirantes superaron esta prueba eliminatoria. Lo hicieron con una puntuación media de 30,7 puntos. Según el estadístico que realizó este informe, la desviación típica sería para este caso de cinco puntos. Sin embargo hay cuatro aspirantes que se han salido ampliamente de este comportamiento, cosechando notas de entre 45,33 y 40,33. El sexto clasificado se sitúa cinco puntos por debajo de este grupo de elite. La segunda máxima nota dentro de estos destacados, por cierto, se la llevó I. F. G.

Los recurrentes llaman la atención en su escrito al contenido mismo de ese examen. Según otro informe que han preparado, un 25% de las preguntas «no se atiene al temario según las bases de la convocatoria, bien por no poder incluirse directamente en los apartados donde se especifican las áreas temáticas o por exceder sus contenidos».

El mismo problema lo encuentran en la segunda prueba, un examen en el que los aspirantes debían escoger uno de los cuatro casos clínicos propuestos y resolverlo. El grupo de los destacados escogió el mismo ejemplo, un linfoma intravascular, enfermedad de la que sólo hay documentados unos 300 casos en el mundo, lo que ha permitido 900 publicaciones. De nuevo en este examen han demostrado un acierto fuera de la media. Ya solo queda para confirmarles la plaza que superen el concurso de méritos, algo que podría quedan liquidado en las próximas semanas.

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Oportuno recordarlo ahora que llega el verano…

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España diagnostica cada año 50.000 casos de cáncer de piel y 3.000 de ellos son melanoma

15.06.11 - EUROPA PRESS | BRUSELAS.

Cada año se diagnostican en España más de 50.000 casos de cáncer de piel, según el último Congreso Mundial de Cáncer de Piel. De ellos, más de 3.000 corresponden al melanoma, la forma más grave y agresiva de este tipo de tumores, según datos de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Además, según estimaciones de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), en 2015 se diagnosticarán en España más de 4.000 casos de melanoma cada año.

La exposición al sol prolongada y sin protección es el principal factor de riesgo para padecer este tipo de cáncer, pero además, puede producir otro tipo de problemas menos graves como quemaduras, envejecimiento de la piel, irritaciones e, incluso, alergias.

Cada año se producen en las oficinas de farmacia cerca de diez millones de consultas relacionadas con la piel, pero la mayoría tienen lugar cuando ya ha aparecido algún problema cutáneo. Por esta razón, se recomienda la adecuada protección solar.

BUSCAS 15/06/2011

BUSCAS 15/06/2011

 

 

ENLACE CON LA PAGINA DE EMPLEO DEL HSA:

http://www.hsa.es/enviar/uploads/docs/bepe.pdf

DE LO QUE DIJERON EN CAMPAÑA, NADA DE NADA

DE LO QUE DIJERON EN CAMPAÑA, NADA DE NADA

 

PSOE y PP vuelven a rechazar la ’dación en pago’ en el Pleno del Congreso

Tampoco apoyan fijar moratorias a los embargos

MADRID, (EUROPA PRESS) -

Los portavoces de PSOE y PP han expresado ante el Pleno del Congreso de los Diputados su rechazo a proposición de Ley del BNG que reclamaba cambiar la legislación hipotecaria para obligar a las entidades a aceptar que con la entrega de la vivienda sea suficiente para cancelar el préstamo "en el caso de deudores de buena fe", o a emprender un proceso de negociación en los procesos de ejecución hipotecaria que conduzcan a una moratoria.

No ha sido la primera vez que las principales formaciones parlamentarias suman fuerzas contra una reforma de este tipo. El pasado mes de febrero ya lo hicieron con una iniciativa de IU-ICV, si bien ahora se da la circunstancia en que el Congreso, a instancias de PP y ERC, ha creado una subcomisión parlamentaria para estudiar las "prácticas abusivas" en los préstamos para una vivienda y la posibilidad de impulsar la conocida como dación en pago.

Pero el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, ha justificado por "responsabilidad política y pedagogía" la defensa de esta iniciativa en estos momentos, así como "advertencia" para evitar que la subcomisión es una mera estrategia de distracción. En este sentido, ha expresado su temor de que esta "voluntad de reforma" no sea compartida por el PSOE y el PP.

La socialista Ana Fuentes ha recalcado que la subcomisión se ha creado para tomar las "medidas adecuadas" para hacer frente al problemas suscitados por la burbuja inmobiliaria. Pero ha remarcado que "no entiende que la solución sea la dación en pago", pues podría llegar a encarecer hasta en un 20% los precios de las hipotecas. "Y no vamos a tomar medidas que comprometan la recuperación", ha remarcado, pidiendo "realismo" a Jorquera y no crear "falsas expectativas" entre los ciudadanos.

El ’popular’ Pablo Matos ha remarcado que el sistema hipotecario español es "enormemente desproporcionado y a veces injusto", como ha puesto de manifiesto una crisis agravada por la "incompetencia del Gobierno. Pero ha asegurado que el ámbito para revisarlo es la subcomisión para conocer "pormenorizadamente" su impacto en sistema financiero español.

ERC DENUNCIA UN DISCURSO POLÍTICO AL SERVICIO DE LA BANCA

No obstante, el diputado de ERC Joan Tardá, cuya formación también ha instigado la creación de esta nueva subcomisión que el debate sobre la dación en pago está mostrando que el discurso político está al servicio de la banca, aun a costa de "arruinar a familias enteras".

Su compañera de grupo parlamentario y parlamentaria de ICV, Nuria Buenaventura, ha expresado su coincidencia al 100% con las palabras de Jorquera, cuya propuesta le resulta "enormemente coherente".

Por su parte, el presidente de la Comisión de Vivienda y diputado de CiU, Pere Macías, ha señalado que la subcomisión debe actuar "con máximo rigor institucional", motivo por el que se ha decantado por la abstención, si bien ha expresado su "comprensión" por la intención del BNG de dar atención a estos problemas.

El Tribunal Supremo indemniza con 12.000 euros a una mujer desplazada de una clínica durante su maternidad

 

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Cualquier perjuicio laboral por embarazo es discriminatorio

EFE/MADRID El Tribunal Supremo ha condenado a una clínica sevillana a indemnizar con 12.000 euros a una cirujana plástica que prestaba en ella sus servicios bajo un contrato de arrendamiento, por entender que hubo una discriminación por razón de sexo cuando fue desplazada de su puesto al quedarse embarazada.

La Sala Social del Supremo establece en su sentencia, de la que ha sido ponente el presidente Xiol Ríos, que cualquier perjuicio laboral causado por el embarazo y la baja por maternidad constituye una discriminación directa por razón de sexo.

Cuando la doctora agotó su baja por maternidad y quiso incorporarse a su trabajo, que dejó al quedarse encinta por ser su embarazo de alto riesgo -momento en el que fue sustituida por otro profesional-, el dueño de la clínica trató de imponerle unas nuevas condiciones contractuales.

Ella se opuso y finalmente le fue rescindido el contrato, aunque durante un tiempo permaneció la placa de bronce con el nombre de la cirujana a la entrada del establecimiento.

Ante esta situación, la mujer demandó al dueño de la clínica por discriminación por razón de sexo y por uso ilegitimo de su nombre, y un Juzgado de Primera Instancia de Sevilla le dio la razón por el primer motivo alegado y estableció que fuera indemnizada con 12.000 euros.

Esta decisión fue recurrida por el demandado ante la Audiencia Provincial de Sevilla, que, por contra, consideró que no hubo discriminación por el mero hecho de que el cirujano que trabajó durante su ausencia continuara haciéndolo, "ya que ello no le suponía perjuicio ni desventaja alguna".

Para la Audiencia sevillana "la discriminación por razón de sexo requiere que en la relación que vincula a las partes implicadas, la que realiza la discriminación tenga potestades organizativas y disciplinarias, de forma que se dé una situación de subordinación por parte de quien es discriminado".

Dado que la relación laboral en este caso era un contrato de arrendamiento por el que una profesional desarrolla su labor en un centro a cambio de una participación en el precio abonado por los pacientes, la Audiencia entendió que ambas partes se encuentran en un plano de igualdad en el que no parece que quepa discriminación.

El Supremo contradice esta apreciación al observar que la relación de arrendamiento de servicios, constituye un contrato que debe cumplirse dentro del ordenamiento jurídico, en el que la no discriminación por sexo es uno de sus "pilares básicos".

Para el Alto Tribunal, "existe una relación de causalidad directa entre la modificación contractual y el embarazo, lo que equivale a un trato desigual por razón de sexo".

Entiende que se trata de "una evidencia casi grosera el hecho de que se pretendía suplir en todo o en parte la actividad de la demandante" porque era su plaza la que se estaba ocupando, ya que fue su embarazo lo que llevó al dueño de la clínica a buscar un sustituto que pudiera practicar el mismo tipo de intervenciones que ella.

BUSCAS 14/06/2011

La espera para ser operado crece el 50% por el 'tijeretazo' sanitario

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La demora media pasará este año de 5,3 meses a ocho - Las urgencias atenderán 76.000 pacientes menos -

Los hospitales tienen la orden de reducir los ingresos

El País. FERRAN BALSELLS - Barcelona - 13/06/2011

 El tijeretazo sanitario ya tiene cifras concretas del impacto que tendrá sobre los ciudadanos el recorte que el Departamento de Salud ha impuesto a los hospitales. Los pacientes que esperan para ser intervenidos en la sanidad pública deberán aguardar de media este año ocho meses para entrar en quirófano, el 50% más que los 5,3 meses de espera media que se registraron en 2010. Es la previsión que incluyen los presupuestos para este año, aún en tramitación y cuya aprobación está prevista para la segunda mitad de julio.

El proyecto presupuestario ofrece otros datos sobre la magnitud del recorte: los hospitales públicos prevén atender 76.000 pacientes en urgencias menos de los 756.250 de 2010 y prescindirán de realizar 290.000 consultas externas de las 2,85 millones que efectuaron del año pasado. También dejarán de hacerse, entre otros servicios, 20.000 sesiones de hospital de día.

 

Estas cifras abren la incertidumbre de qué ocurrirá con los pacientes que dejen de atenderse. "Los pacientes deberán escoger entre esperar durante cada vez más tiempo y gastar dinero en pagarse la sanidad privada", advierte el exdirector del Servicio Catalán de la Salud Josep Maria Sabaté.

 

El Departamento de Salud, por su parte, admite: "Aplicaremos una reducción de actividad". "Se atenderá a menos gente y las listas de espera aumentarán, pero no tiene por qué dejarse de atender a pacientes: deberemos reorganizar el sistema de otro modo", precisa.

 

No está tan claro: la propuesta, todavía pendiente de aprobación, coincide con las instrucciones que la Generalitat ha transmitido a los hospitales públicos para que limiten al máximo la atención a los pacientes, eviten los ingresos hospitalarios y prácticamente paralicen las intervenciones quirúrgicas no urgentes. "Cada centro ya sabe cuántas altas hospitalarias puede dar este año. Los hospitales tratarán de ingresar al mínimo de personas porque la Generalitat no pagará las altas que excedan esa cifra", explicó un directivo sanitario. Esta política de aplicar recortes sanitarios como si se tratara de una planta de producción liquida el modelo de sanidad pública, alertan los sindicatos. "El sistema se ha dividido en dos: una sanidad para ricos y otra para pobres", lamenta la responsable de salud de CC OO, Carmen Navarro.

 

3"Es una forma de privatizar la sanidad pública. En la práctica, se expulsa de la sanidad pública a millones de ciudadanos. Los hospitales apenas realizan operaciones, atienden a los pacientes en la zona de urgencias para evitar que ingresen en el hospital y dan altas prematuras para ahorrar gastos", alerta el sindicato CC OO.

 

"Se trata el modelo sanitario como una fábrica que reduce su producción: quedarán menos productos para los usuarios", ilustra Raimon Belenes, ex director gerente del Instituto Catalán de la Salud. "La sanidad funcionará al ralentí para todo lo que no sea urgente y la espera se alargará en todas las fases del modelo, aunque es difícil calcular en cuánto tiempo", añade.

 

Imponer este descenso de actividad en los hospitales públicos reduce la calidad del modelo sanitario, advierte la oposición. "Una cosa es reordenar la sanidad pública y otra recortarla. Es una involución", considera la exconsejera de Salud del tripartito Marina Geli (PSC). "Han decidido que ciertas actividades de la sanidad pública son innecesarias, especialmente la actividad quirúrgica. Hay otras formas de reducir gastos y presentaremos enmiendas para intentar evitar esta reducción", avisa la exconsejera.

 

 

Aún pendiente del aval del Parlament, el recorte propuesto ya se ha concretado en los centros sanitarios. "Los hospitales ya no quieren realizar operaciones ni dar de alta a los pacientes", señala la responsable de CC OO. "Intentan deshacerse de los pacientes y derivarlos a otros centros para no correr con el coste de atenderlos.", detalla Carmen Navarro. "Se van pasando los pacientes unos a otros y estos van circulando por la ciudad hasta encontrar un centro que los atienda", señala. "En algunos casos, los pacientes pasan todo el día de centro en centro hasta que finalmente consiguen el ingreso en un hospital".