Rechazados los argumentos esgrimidos por los abogados del Principado sobre la imposibilidad presupuestaria para ejecutar la sentencia ganada por CSI-CSIF
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Un auto del TSJA contrario a las tesis del Ejecutivo
El juez da 45 días al Principado para convocar la ayuda social que quitó a 4.500 trabajadores
La Sala de lo social rebate al Gobierno, que aseguró que es «imposible» pagar la subvención y cumplir las directrices para reducir el déficit público.
Oviedo, J. A. ARDURA, en La Nueva España
El juez da al Gobierno regional 45 días para que negocie con los sindicatos las bases de las ayudas sociales para los empleados públicos correspondientes al ejercicio de 2010. El Principado había alegado ante la Sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que le resultaba «imposible» pagar esas ayudas, que ascienden a 1,2 millones de euros a repartir entre unos 4.500 laborales de la Administración regional, en cumplimiento de una sentencia a favor del sindicato CSIF.
La Sala número 1 de lo social del TSJA acaba de dictar un auto en el que ordena la ejecución de la sentencia ganada por el sindicato CSIF y requiere el Principado «para que en el plazo de 45 días (...) convoque la mesa o mesas correspondientes y culmine en ellas la negociación iniciada para determinar las bases de concesión de las ayudas sociales de sus empleados laborales». Esa convocatoria incluye desde becas de estudio a ayudas para empleados públicos con hijos discapacitados. El ponente del auto, el magistrado Jorge González, también acuerda que el Principado «deberá poner en conocimiento de la Sala el fin de la negociación cuando se produzca», dentro del plazo de mes y medio al que hace mención la citada resolución judicial. Con esta decisión, los magistrados de la Sala de lo social rechazan los argumentos esgrimidos por los abogados del Principado en la vista del pasado 25 de febrero. El Gobierno regional había justificado la supresión unilateral de las ayudas sociales con los ajustes presupuestarios obligados para «poder lograr el objetivo de reducción del déficit en 2010». El auto judicial determina que «ni la retención y cambio de destino de las partidas para ayudas sociales consignadas en el Presupuesto del Principado de Asturias para 2010, ni el cierre del presupuesto de 2010 por el transcurso del año, ni la inexistencia en el Presupuesto de 2011 de partidas específicas para ese fin (...) son circunstancias que jurídicamente impidan la ejecución de la sentencia». Según los magistrados, «las ayudas sociales a los empleados laborales constituyen una obligación dineraria a favor de quienes cumplan las condiciones previstas para su concesión».
El auto establece que «la apelación de la Administración al principio de legalidad presupuestaria como obstáculo legal para la ejecución de la sentencia no resulta admisible». Es decir, los magistrados sostienen que el Principado no puede recurrir al argumento de que sólo puede cumplir una obligación dineraria de una condena judicial «si existe previsión presupuestaria». El auto aclara que «tal previsión no tiene por qué ser anterior a la sentencia, pues existen técnicas contablemente admisibles (...) mediante créditos extraordinarios o suplementos de crédito». El Principado dispone de cinco días para recurrir este auto; de lo contrario, deberá resolver la convocatoria de las ayudas durante la campaña electoral.
El pleito de las ayudas sociales
El Gobierno regional decidió de forma unilateral incluir entre los recortes para reducir el déficit público una partida de 1,2 millones de euros destinada a cubrir las ayudas sociales a los empleados públicos, tales como becas de estudio o ayudas para empleados con hijos discapacitados.
El sindicato CSIF recurrió esa medida por la vía social, ya que afectaba a unos 4.500 empleados laborales del Principado, pues la resolución del pleito era más rápida.
La Sala de lo social estimó la reclamación de CSIF en diciembre, pero el Gobierno regional respondió que le era imposible cumplir la sentencia por motivos presupuestarios.
