El gobierno central y las autonomías gobernadas por el PP están actuando como auténticos liquidadores de la sanidad pública

 

Los liquidadores de la sanidad pública

Por Pablo Vaamonde (Médico de familia)

nuevatribuna.es

En los últimos tiempos supimos de la existencia de una nueva profesión: el liquidador de empresas. Se trata de un experto que adquiere una empresa arruinada y, utilizando diversos artificios financieros, consigue cuantiosos beneficios con su cierre (dejando a los trabajadores en la calle). Ángel del Cabo se hizo millonario y alcanzó notoriedad pública con la liquidación de las empresas de Díaz Ferrán (aquel presidente de la CEOE que nos decía que teníamos que trabajar más y cobrar menos). Ahora están los dos en la cárcel.

El gobierno central y las autonomías gobernadas por el PP están actuando como auténticos liquidadores de la sanidad pública. Afirman defender la sostenibilidad, pero adoptan decisiones que contribuyen realmente a su deterioro y a la privatización. No descansan. Ni siquiera en el mes de agosto. Al contrario, aprovecharon el período vacacional para impulsar medidas que representan auténticas agresiones contra el sistema nacional de salud (SNS). Hagamos un breve repaso de los últimos acontecimientos:

- La foto antes de las vacaciones. El último día de julio Rajoy reunió en La Moncloa a un grupo de organizaciones afines con las que firmó un “Pacto por la sostenibilidad del SNS”. Tras la firma protocolaria hicieron la foto de rigor que fue publicitada como un acto histórico. Pero se trata, en realidad, de una triste parodia y de un engaño denunciado por los sindicatos y los defensores de la sanidad pública. La FADSP afirma que este acuerdo carece de contenido práctico, que representa un paso más en la estrategia del deterioro de la sanidad pública y que este acto publicitario solo pretende frenar las movilizaciones de profesionales y ciudadanos contra la privatización del sistema.

- Madrid privatiza. A pesar de la masiva contestación los gobernantes de la Comunidad de Madrid persisten en su empeño privatizador. Tampoco han tenido en cuenta los dos recursos judiciales sin resolver: un millón y medio de madrileños pueden ver sus hospitales privatizados dentro de poco. Después de un proceso oscuro y poco transparente tres empresas privadas –Sanitas, Ribera Salud y la puertorriqueña Hima San Pablo (especializada en turismo sanitario)- podrían hacerse cargo de la gestión de seis hospitales. El PP madrileño empujó esta medida a pesar de las evidencias históricas: las experiencias previas realizadas en otras geografías tuvieron consecuencias negativas para la población, los profesionales y la propia sanidad pública. De momento este proceso está paralizado: un juzgado madrileño ha decretado la suspensión cautelar de la externalización atendiendo a una demanda de la asociación profesional Afem.  Pero el dinero público no se escapa solamente por esta vía hacia los bolsillos de las empresas privadas. La sanidad madrileña aumentó el presupuesto para los conciertos con clínicas privadas en un 55%. Este incremento es, con diferencia, el mayor de los últimos años.

- El nuevo hospital de Vigo. El hospital que se necesita, desde hace años, en el sur de Galicia, fue adjudicado por el gobierno de Núñez Feijóo a una UTE (Unión Temporal de Empresas) constituída por bancos arruinados y constructoras en bancarrota. El hospital lleva más de un año parado: la empresa concesionaria no consigue que ninguna entidad financiera le conceda crédito. Pero la Xunta persiste en su afán privatizador. En contra de todas las normas permitió cambios en el contrato e incluso en la composición de la UTE. A principios de agosto Núñez Feijóo afirmó que habían conseguido la financiación necesaria para continuar la construcción. Pero, en este caso, en dinero será aportado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y por entidades bancarias rescatadas con dinero público (entre las que figura Novagalicia Banco, con centenares de personas afectadas por el fraude de las preferentes). Por lo tanto, el nuevo hospital será financiado con dinero público que después reportará beneficios a las empresas integradas en la UTE concesionaria. Mal porvenir le espera a la sanidad pública en el sur de Galicia si no se cambia la situación. Recordemos que el hospital privado Povisa atiende a una gran parte de la población de la zona (parte de la ciudad de Vigo y la península del Morrazo). Tiene un Concierto Particular con el Sergas muy favorable, pero acumula las mayores listas de espera de la Comunidad y hace un trato claramente discriminatorio entre los clientes privados y los usuarios del Sergas. Acaba de sufrir una prolongada huelga (desconvocada después de una sentencia favorable a los trabajadores) por intentar imponer unas penosas condiciones a su personal (con rebajas salariales del 40%).

- Recorte público y más gasto familiar. La ministra de Sanidad acaba de anunciar que el copago en las medicinas significó una reducción de la factura farmacéutica de 2.000 millones de euros en su primer año de vigencia. Esta noticia, presentada como una conquista, puede ser interpretada de otra forma. Más que ahorro lo que hicieron fue trasladar un gasto público a las economías familiares, ya muy deterioradas en la actualidad. La obligación de pagar un porcentaje del coste de los medicamentos en la farmacia y la retirada de 450 medicinas, de uso muy frecuente, de la financiación pública obliga a las familias a un esfuerzo económico que, a menudo, resulta inasumible. Así pues, en vez de presumir por lo que considera un triunfo, la señora ministra debería pedir perdón a los ciudadanos por imponerles un gasto más a las ya depauperadas economías familiares. En realidad el copago representa un daño para la salud individual y colectiva (muchas personas dejaron de medicarse por no poder costearlo) y un elemento más para aumentar las desigualdades. Los pensionistas gallegos sufren de forma especial esta situación: su pensión media es de 722 euros, un 16% inferior a la media del Estado. Galicia ocupa el último puesto de las 17 Comunidades Autónomas en este ranking.

- Más castigo para los trabajadores. A finales de agosto se publicó en el BOE la Ley 10-2013. Se trata de una norma aparentemente neutra, que incorpora instrucciones europeas al ordenamiento jurídico español en relación con la farmacovigilancia. Pero, como si no tuviese importancia, esta ley incluye una disposición final quinta que modifica el Estatuto Marco del personal estatutario del SNS. Esta modificación permite la creación de lo que llaman “Unidades de Gestión Clínica” integradas por personal laboral, en las que se tendrían que integrar los que ahora tienen la consideración de estatutarios. En definitiva, tal como denunció la propia CESM, esta ley elimina todas las garantías del régimen estatutario. Se trata de una afrenta más contra los trabajadores de la sanidad pública, hecha de forma tramposa y canalla (al incluir una disposición de esa trascendencia en el articulado de una ley que nada tiene que ver con la regulación laboral).

- Aumentan las listas de espera. La drástica reducción presupuestaria, la pérdida de personal y la eliminación del trabajo de tarde en los hospitales están provocando una situación de grave colapso en los centros públicos. La espera quirúrgica pasó, en seis meses, de 76 a 100 días. Cerca de 600.000 personas esperan por el quirófano. Este es el mayor incremento desde que el Ministerio comenzó a registrar estos datos. Las autoridades sanitarias no parecen preocupadas por estos datos. Algún sindicato interpreta que no les interesa que la sanidad pública funcione: es necesario tener argumentos para seguir ahondando en las privatizaciones.

- Disminuye la esperanza de vida. La esperanza de vida al nacer es uno de los principales indicadores para conocer la calidad de vida de un país. En las últimas décadas este parámetro mejoró de forma continuada y permanente. Ahora, por primera vez en la historia reciente, la esperanza de vida de los españoles bajó unas décimas, pero este descenso continuará si no cambian nuestras condiciones de vida. La precariedad económica, la inseguridad laboral, la incertidumbre por el futuro, la exclusión sanitaria de los más desfavorecidos y el aumento de las desigualdades: todos estos factores influyen en este cambio de tendencia. Las políticas impuestas por el partido en el poder son las responsables principales de esta mudanza histórica.

Los pensionistas tardarán cinco años en recuperar el poder adquisitivo perdido en un año malo

Hay más distancia entre la subida mínima del 0,25% y la inflación prevista que el margen permitido sobre el IPC cuando la economía vaya bien

El Comercio. 09.09.13 - 08:06 - AMPARO ESTRADA | MADRID

El Gobierno aprobará a finales de mes un proyecto de ley para desvincular del IPC la revalorización de las pensiones. Esta semana presentó su fórmula para hacerlo por la que subirán sólo un 0,25% en los años malos, mientras que en los ejercicios mejores se incrementarían, como máximo, el IPC más 0,25 puntos porcentuales. El nuevo indicador se aplicará ya en 2014, por lo que el próximo año las pensiones perderán poder adquisitivo porque ninguno de los elementos que componen la nueva fórmula tiene una evolución positiva. No obstante, el Ejecutivo argumenta que lo que se pierda en un año se podrá recuperar después. ¿Va a ser realmente así?

La distancia que hay desde la subida mínima (0,25%) hasta la previsión de inflación del Gobierno para el próximo año (1,5%) supone una pérdida de poder adquisitivo de 1,25 puntos porcentuales. Como sólo se puede lograr una ganancia de poder adquisitivo del 0,25% por año -si el déficit está controlado y los ingresos del sistema lo permiten-, eso significa que se tardarán cinco años en recuperar la pérdida sufrida en un solo ejercicio. Y para ello tiene que haber cinco años económicamente excelentes.

«En cualquier escenario razonable, la fórmula del Gobierno genera una pérdida de poder adquisitivo», señala Carlos Bravo, secretario confederal de Protección Social y Políticas Públicas.

El Pacto de Toledo acepta que haya otros índices de revalorización distintos al IPC para las pensiones. Puede ser la evolución del PIB, un combinado de PIB e inflación, o el índice de revalorización salarial, entre otros. El indicador propuesto por el Gobierno incluye los ingresos y gastos del sistema, el número de pensionistas-, el gap entre la pensión media de los que se incorporan y la prestación de los que fallecen... Y todos van mal.

La Seguridad Social lleva registrando déficit desde hace cuatro años y en este ejercicio registrará el más alto de su historia (14.000 millones). Desde 2010, los ingresos por cotizaciones sociales no cubren el gasto en prestaciones debido a la caída de afiliados a la Seguridad Social y al aumento de pensionistas. Los periodos de crisis suelen acelerar la incorporación de pensionistas a través de las prejubilaciones y ante la imposibilidad de encontrar trabajo. En los últimos cinco años (desde 2008) se han incorporado 2.686.773 nuevos pensionistas, un 14% más que en los cinco años anteriores y esto se acelerará cuando empiecen a jubilarse los nacidos en el ’baby boom’. Al mismo tiempo, con la crisis se han perdido tres millones de afiliados ocupados a la Seguridad Social. Ahora hay menos de dos afiliados ocupados por cada pensionista, la tasa quese considera mínima para el equilibrio.

Otro elemento que incorpora el Gobierno es el ’efecto sustitución’, que mide la diferencia entre la cuantía de las nuevas pensiones que se incorporan al sistema con la de las pensiones que se dejan de pagar porque ha fallecido el jubilado. Los nuevos llegan con salarios y cotizaciones más altas y, por lo tanto, les corresponden pensiones más altas. El ’gap’ entre las nuevas y las que desaparecen se ha agrandado en los últimos años: en 2012 la pensión media con la que se incorporaron los nuevos jubilados fue de 1.251 euros al mes mientras que la pensión media de los jubilados fallecidos se situó en 898 euros mensuales. Es decir, que a la Seguridad Social le costó, de media, 353 euros más al mes cada jubilado nuevo. Y ese gap se acumula año a año.

Dos euros más al mes

Por lo tanto, la subida de las pensiones el año que viene estará cerca del suelo fijado. ¿Cuánto supondrá esto para un pensionista medio? Como la pensión media en agosto se situó en 858 euros mensuales, un aumento del 0,25% supondría sólo dos euros más al mes, 28 euros más al año (los pensionistas reciben 14 pagas). Si se actualizara con la inflación prevista (1,5% según la previsión actual), un pensionista medio ganaría 13 euros más al mes 180 euros más al año.

Según Santos Ruesga, uno de los miembros del Comité de Expertos, el más crítico y que no apoyó la propuesta del factor de sostenibilidad, en un horizonte de cuatro o cinco años la revalorización de las pensiones que resulte de la nueva fórmula apenas cubrirá la tercera parte de la inflación. «Es muy difícil que lo que pierdes durante la época de crisis lo vayas a recuperar en las épocas de bonanza».

Tomando la hipótesis de una inflación del 2% el año que viene, si las pensiones suben sólo el mínimo se necesitarían siete años de subidas máximas para poder recuperar lo perdido. Aún así, el Gobierno insiste en que se logrará el equilibrio a lo largo de toda la vida del pensionista al tiempo que se consigue un sistema «sostenible».

La fórmula propuesta por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social como factor de revalorización de las pensiones coincide con la que planteó el comité de expertos, igual que el factor de sostenibilidad ligado a la esperanza de vida. La pensión con la que se incorpore un jubilado al sistema disminuirá en la misma proporción en que aumente la esperanza de vida a los 67 años. Esta segunda reforma se aplicará a partir de 2019, según apuntó la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, y se calculará por quinquenios.

Eso supondrá que si la esperanza de vida aumenta un 3% se le descontará ese porcentaje de la pensión inicial que le fuera a corresponder. Por ejemplo, al que se fuera a jubilar con 1.000 euros al mes, le quedaría una pensión inicial de 970 euros (perdería 420 euros al año). Una disminución que se arrastraría durante todo el retiro porque las sucesivas revalorizaciones anuales se palicarían sobre la pensión ya rebajada y no es lo mismo subir un 1% sobre 1.000 euros que sobre 970.

La esperanza de vida media actualmente a los 65 años es de 22 años. Aunque la esperanza de vida es de 82 años en las mujeres y de 79-80 en los hombres, como media nacional, para los mayores de 65 años la esperanza de vida llega a los 87 años dado que la media va subiendo a medida que tienes más años porque ya no tiene efecto estadístico la muerte de personas más jóvenes.

¡¡Puxa Asturies!!...

 

 

Los perros huelen la enfermedad

El Comercio. 07.09.13 - 07:31 - FRANCISCO APAOLAZA | MADRID

La Guardia Civil ha entrenado a dos labradores que consiguen detectar por el olfato casos de narcolepsia que normalmente tardan años en diagnosticarse

Los animales también pueden olfatear varios tipos de cáncer y predecir ataques epilépticos o hipoglucemia

Foto: Un perro de Medical Detection Dogs, en Inglaterra, olfatea una muestra en una prueba para detectar cáncer

Los narcolépticos tardan entre cinco y diez años en saber que padecen esta enfermedad neurológica. ‘Coca’ y ‘Kun’, dos labradores de la Guardia Civil, tardan unos segundos. Estos dos perros han sido entrenados en un programa que ha conseguido formar a canes que detectan a los enfermos a través del olfato. Se calcula que una entre 2.000 personas en España sufre esta patología –a grandes rasgos, les deja dormidos en el acto- y es fundamental reconocerla cuanto antes. Así lo confirmó ayer el doctor Luis Domínguez, del Instituto para la Investigación de los Trastornos del Sueño, que se preguntó hace un par de años si los enfermos tenían un olor especial. La respuesta es sí. Se la han dado los perros del Servicio Cinológico de la Guardia Civil, que han sido entrenados en un proyecto de colaboración. Durante meses, estos ‘agentes’ de detección de explosivos y drogas ‘reentrenados’ consiguieron reconocer en las ropas de los enfermos algunos agentes químicos propios de los enfermos. No es la primera vez que se demuestra que los perros y su olfato (10.000 veces más desarrollado que el nuestro) pueden ayudar a los doctores. A continuación se relatan algunas de las enfermedades que son capaces de detectar.

Cáncer

 Los primeros casos documentados provienen de Inglaterra. Comenzaron cuando una mujer alertó a su médico de que su mascota no paraba de olerle y de señalar con su hocico un lunar en su pierna. Al parecer, había intentado incluso morderlo. Después, el doctor confirmó que se trataba de un melanoma maligno y publicaron un estudio en ‘The Lancet’ en 1989. En adelante, diversas investigaciones han confirmado que los perros pueden identificar a personas afectadas por tumores en la vejiga, ovarios, piel y pulmón.

Según los expertos, las células cancerígenas producen una basura metabólica diferente a la de las células sanas. Entre esos marcadores hay algunos compuestos volátiles que los animales y su potentísimo sistema olfativo pueden detectar con gran precisión en las heces, la orina o el aliento del enfermo. El reto de la medicina está en saber no sólo si el perro huele el cáncer, si no saber qué es lo que huele exactamente para construir hocicos artificiales que no necesitan entrenamiento y puedan suponer un salto enorme en el diagnóstico.

Chlostridium difficile

Una doctora escuchó a una enfermera holandesa hacer un comentario sobre el olor especial de la diarrea de pacientes afectados por la Chlostridium difficile, una bacteria que cuando está fuera de control produce infecciones en pacientes de hospitalización larga y que deriva generalmente en colitis. Pensaron que si lo podía detectar una enfermera sería pan comido para los perros. Los canes descubrieron 30 casos positivos entre 270 personas. Acertaron en 265 casos.

Hipoglucemia

En España, la fundación Bocalán ha conseguido entrenar perros para que sean capaces de detectar cuándo un enfermo de diabetes va a sufrir un ataque de hipoglucemia y que de esta manera el enfermo pueda inyectarse insulina antes del colapso. Los animales ladran, golpean con la pata o buscan ayuda de los adultos en el caso de los niños. Al parecer, perciben cambios en el sudor que hacen prever un ataque y algunos son capaces de hacerlo aunque estén en otra habitación que el paciente al que acompañan. Los perros son entrenados generalmente con la ropa del paciente sin conocerle.

Epilepsia

Diversos estudios han probado cómo los perros pueden presentir que una persona va a sufrir un ataque epiléptico. Al principio, los investigadores pensaron que se debía a algún cambio electromagnético que se producía en el enfermo, pero la Universidad Estatal de Louisiana, en EE UU, monitorizó dos ataques en los que no había cambios previos en las ondas cerebrales. Una investigación del Hospital Pediátrico de Alberta concluyó que sólo el 15% de los perros tenían esta facultad, pero los que se mostraban hábiles para la tarea presentaban un 80% de acierto. Otros perros han sido entrenados en el Dog Medical Detection de Inglaterra para alertar sobre ataques de narcolepsia y de pacientes con la enfermedad de Addison.

La pérdida de poder adquisitivo obstaculiza el pacto de pensiones

Sindicatos y oposición denuncian que la reforma erosiona las jubilaciones

 La ministra de Empleo, Fátima Báñez, junto a los interlocutores sociales / SAMUEL SÁNCHEZ

 Manuel V Gómez 7 SEP 2013 - 22:59 CET

La reforma de las pensiones es el debate social más importante que tiene planteado la sociedad española”, ha declarado con solemnidad la ministra de Empleo, Fátima Báñez, “estamos trabajando para lograr el mayor consenso posible”. Pero este objetivo corre un serio riesgo. La propuesta que Báñez presentó el lunes a sindicatos y empresarios, sin otras medidas, acarrea pérdidas de poder adquisitivo para todos los pensionistas —presentes y futuros— al menos en los primeros años de vigencia, salvo que las previsiones económicas no acierten o crezcan mucho los ingresos de la Seguridad Social. “No era necesario poner sobre la mesa la fórmula de revalorización anual, dificulta mucho el acuerdo”, analiza Carlos Bravo, responsable de pensiones de CC OO.

Este sindicalista se refiere a la primera parte de la propuesta de reforma del Gobierno: los cambios en la forma en que se actualizarán las pensiones, que dejarán de estar ligadas —al menos legalmente— a los precios ya desde 2014 y, en consecuencia, afectará tanto a pensionistas presentes como futuros. Su opinión es compartida por su homóloga de UGT, Carmen López, y por la mayor parte de grupos políticos: llegar a un pacto con un calendario apretado es muy difícil si hay que redefinir la fórmula de actualización anual de las pensiones. “La Constitución obliga a mirar siempre al poder adquisitivo. El modelo actual es válido”, defiende Valeriano Gómez, del PSOE, pese a que en 2011 y 2012 se suspendió y las pensiones se devaluaron. “Solo dos veces en 20 años”, justifica....(leer más)

Los pacientes rechazan la moratoria tecnológica y piden reducir las demora

Consideran «monstruoso» aplazar la llegada de las técnicas y tratamientos más caros al sistema público

El Comercio. 06.09.2013 - J. FERNÁNDEZ OVIEDO.

«Me parece monstruoso. Llegaremos a un momento en que las personas que tengan dinero podrán sanarse y el resto no». La moratoria para los tratamientos y las técnicas más caras cuya efectividad no esté suficientemente contrastada que el Consejo Asesor de Sanidad ha propuesto al Principado ha levantado en armas al Defensor del Paciente, que apoyará a los afectados si se aplica la medida. «Si nos enteramos de que habiendo un remedio más efectivo se da otro porque es más barato, respaldaremos una renuncia por pérdida de oportunidad», resalta Carmen Flores, máxima responsable del organismo.

«Hemos visto el documento con tristeza y con pena», destaca Flores con respecto a las propuestas del grupo de expertos para lamentar después los recortes que ha sufrido la sanidad pública en los últimos años: «Todo va encaminado a desproteger al paciente, da lo mismo el color político de los gobernantes».

La reducción de las listas de espera, por otro lado, es uno de los aspectos que los usuarios echan en falta entre las recomendaciones del Consejo Asesor. «En este momento la gran debilidad del sistema y lo más acuciante es resolver son los tiempos de demora», resalta Dacio Alonso, presidente de UCE Asturias quien, sin embargo, defiende que el documento recoge «propuestas sensatas destinadas a reducir el gasto».

Para Carlos Ponte, presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Asturias, el texto -«un documento de buenas intenciones»- no aborda las principales «amenazas» para el sistema sanitario. A su juicio, debería incluir medidas que permitan esquivar las políticas de ajuste, una mayor profesionalización de la gestión -que debe ser «más transparente»- y «abordar con claridad el tema de la medicalización».

Denuncia por el aumento de las listas de espera

El Defensor del Paciente denunció ayer en Madrid al Gobierno central y a las comunidades por el incremento de las listas de espera y su responsable, Carmen Flores, culpó a los responsables de Sanidad de «omisión de socorro» y «delito contra la salud pública». Criticó esperas de tres meses para recibir quimioterapia: «Eso es cargarse a la gente», indicó.

El Defensor del Paciente denuncia a Sanidad por las listas de espera

Considera que el Gobierno y las CC.AA. están cometiendo un supuesto "delito contra la salud pública"

Lne. 05.09.2013 | 18:04

EP/Madrid La Asociación del Defensor del Paciente ha presentado este jueves ante los Juzgados de Plaza de Castilla una denuncia contra el Gobierno, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas por supuesta "omisión de socorro" y "dejación de funciones" ante el incremento de las listas de espera y, en definitiva, por un supuesto "delito contra la salud pública".

Así lo ha indicado su presidenta, Carmen Flores, en declaraciones a los medios a las puertas de los Juzgados donde ha destacado que los datos que ofrece el ministerio de listas de espera "no son reales" pues, según ha indicado, pueden ser "tres veces más".

De hecho, ha indicado que esta situación no solo se da en las listas de espera para operaciones sino también para tratamientos pues, según ha explicado, hay pacientes con cáncer que llevan "tres meses esperando para recibir quimioterapia". "Esto es cargarse a la gente", ha sentenciado.

Concretamente, la asociación denuncia que las CCAA y el Ministerio de Sanidad, en la medida en que son "el garante" de estas, "no ponen los medios" necesarios que serían, a su juicio, "poner personal, no cerrar quirófanos ni plantas y no despedir médicos".

Además, ha manifestado su "reproche" a la oposición y a los sindicatos, y ha criticado que estos últimos "se ocupen de su estatus pero no de plantar una denuncia" que, según ha indicado, podrían presentar incluso ante el Tribunal Constitucional.

Flores ha asegurado que espera que admitan su denuncia a trámite pronto aunque ha admitido que tal y como está la Justicia, no saben cuánto tardarán. "Ojalá tenga conciencia (el Juzgado) y le llegue al corazón", ha deseado.

Asimismo, ha explicado que desde la Asociación han preparado tres formularios para que los pacientes presenten en caso de encontrarse con una lista de espera leve ante el centro; en caso de espera intermedia, ante la consejería de Sanidad; y en caso de espera larga, ante la Fiscalía. Con esto, lo que pretenden es que los pacientes no esperen y que no se conviertan en "un número".

Luces de alarma en la sanidad pública española

Las consecuencias de las privatizaciones y los ajustes aprobados por las administraciones gobernadas por los populares

Lne. 22.08.2013 | 00:00

 Luces de alarma en la sanidad pública española

María Luisa Carcedo Diputada del PSOE en el Congreso La reciente publicación del «Barómetro sanitario» correspondiente al 2012, que refleja un descenso en la satisfacción de los ciudadanos con los servicios sanitarios, viene a sumarse a los datos aportados por el Observatorio de los Servicios Públicos (AEVAL-CIS), que recoge un empeoramiento en la satisfacción de los ciudadanos en sanidad, educación, servicios sociales y transportes, en las encuestas realizadas en el mismo año. Y este descenso tiene especial significado por lo que supone de cambio de tendencia, si tenemos en cuenta que los datos registrados en el CIS revelan una creciente satisfacción desde el año 1994. Desde 1995 el porcentaje de satisfechos se situó en el conjunto de España por encima del 50%, hasta alcanzar cerca del 70% en 2011.

Para valorar lo que realmente está sucediendo con los servicios públicos en general y la sanidad en particular, es necesario poner estos datos en relación con la opinión de los ciudadanos sobre la situación de la sanidad pública, en respuesta espontánea a los asuntos que más les preocupan.

En concreto, la sanidad, ha pasado en tan sólo dos años a duplicar el porcentaje de respuestas como preocupación para los españoles, subiendo como primer problema del 3,7% de las respuestas en 2011 a suponer el 7,9 en 2013. Lo que significa que este descenso en la satisfacción corre paralelo al aumento de la preocupación de los ciudadanos por la sanidad pública.

Conviene recordar aquí la mayoría de los ciudadanos considera que la salud es el principal determinante del bienestar (9,5/10) y entre el 70% y el 80% de los españoles otorgan a los servicios sanitarios la máxima importancia (10/10) como garantes para lograrlo. Esto explica el aumento de la preocupación de los ciudadanos ante los recortes, copagos, privatizaciones y restricciones en el acceso puestos en marcha en este año y medio por el actual Gobierno del Partido Popular.

Esta preocupación tiene reflejo también en la actitud de los ciudadanos ante los recortes en los presupuestos sanitarios. Al igual que en la educación y las pensiones, más del 95% de los españoles son contrarios a cualquier recorte en los presupuestos destinados a la sanidad pública. En concreto, en la encuesta del 2012, un 98% se manifiesta contrario a los recortes en los presupuestos sanitarios.

No obstante, el Gobierno de España está adoptando medidas que suponen cambios drásticos en un modelo considerado satisfactorio por los ciudadanos de los que un porcentaje importante considera que precisa mejoras y más recursos. Pero, aprovechando la actual crisis, se han perpetrado recortes presupuestarios y cambios de modelo que alteran los aspectos mejor valorados por los ciudadanos.

Cabría pensar si estas decisiones están fundamentadas en la imposibilidad de mantener estos servicios con el nivel de cobertura y de calidad que conocemos. Para ello tenemos que comparar nuestro gasto sanitario con los países de la OCDE y de la UE, la calidad de los servicios prestados y la accesibilidad de los ciudadanos a su uso.

Según el último informe de la OCDE sobre España, referido al ejercicio 2011, se encuentra por debajo de la media en gasto sanitario tanto en porcentaje de PIB como gasto por persona y se encuentra a la cola de los países de la UE-15. En cambio, según Eurostat era en 2011 el país de la UE más accesible. En concreto, sólo el 0,2% de los ciudadanos en el 20% de ingresos más bajos, reconocía de falta de atención médica por razones económicas frente al 3,1 de la media europea. Y como dato de la calidad de los servicios, se pueden tomar como referencia los trasplantes, un servicio de la máxima exigencia tecnológica, en formación de los profesionales y en capacidad de coordinación, en el que España está a la cabeza del mundo. Aunque se pueden tomar otros como mortalidad infantil, cobertura de vacunaciones, etcétera.

Con este escenario, asistimos a decisiones que atacan la accesibilidad, eliminado el derecho de como ciudadano residente en España por el de titular o beneficiario según relación con la Seguridad Social (organismo que no participa en la financiación de la sanidad, es 100% Presupuestos Generales del Estado), lo que supone la exclusión de colectivos vulnerables como inmigrantes o los que conllevan riesgo de dualización en el sistema como las personas de rentas superiores a 100.000 euros anuales y sin relación con la Seguridad Social. Decisiones de copago farmacéutico, cuyo impacto en el control de gasto es mínimo pero con conocidas consecuencias dificultando el acceso de las personas con menores rentas.

A estas medidas de carácter estructural en el sistema, se añaden los recortes en el presupuesto, que en dos años ha descendido en más de 9.300 millones de euros, pasando de 67.689 millones de gasto sanitario público total consolidado del 2011 y un gasto por habitante de 1.434 euros por habitante a 58.384 del 2013, con un gasto por habitante de 1.250 euros y dejando, además, sin cobertura sanitaria a colectivos sin recursos económicos.

La razón con la que el PP justifica estas medidas es el equilibrio fiscal y la insostenibilidad del gasto sanitario. Pero el equilibrio fiscal es una ecuación entre ingresos y gastos y la sostenibilidad tiene que ver con las prioridades políticas del modelo económico y social, es decir, qué recursos de la sociedad son públicos y cómo los distribuimos. En el caso de la sanidad, las preferencias de los ciudadanos por el sistema público son contundentes.

Pero vayamos a la ecuación presupuestaria. Ya hemos analizado los gastos sanitarios en comparación con los de otros países, la calidad de los servicios y su accesibilidad. Ahora veamos los ingresos. Según los informes de Eurostat, el fraude fiscal en España es de entorno a 70.000 millones de euros (más de lo que cuesta toda la sanidad pública). El reciente informe de la Agencia Tributaria revela que la cotización efectiva de las grandes empresas se situó en el 3,5% frente al 30% teórico gracias a beneficios fiscales. Por esta vía, han dejado de ingresarse casi 22.500 millones de euros, lo que supone casi el 40% del gasto sanitario público del 2013.

Y, lógicamente, en esta ecuación no se cuantifican los beneficios en cohesión social, ni el papel de fomento de la actividad económica ni el empleo del sector sanitario ni tampoco su papel en el equilibrio territorial.

Estos datos nos permiten concluir que las medidas adoptadas por el Partido Popular desde el Gobierno de España y las Cortes Generales responden a una alternativa ideológica de modelo de sociedad. Y que es concordante con decisiones en comunidades autónomas como Madrid o Valencia, inmersas en una carrera desenfrenada de desmontaje de los servicios públicos de salud con privatizaciones de hospitales y centros de salud, concesiones administrativas en gestión de áreas sanitarias, modificación de la planificación en áreas sanitarias, etcétera que suponen un desmantelamiento planificado del tan querido Sistema Nacional de Salud.

Todas estas medidas están socavando los indicadores que hicieron del Sistema Nacional de Salud uno de los mejores del mundo, según la OMS. De momento, el más sensible, que es la satisfacción de los ciudadanos, ya enciende las luces de alarma.

El paro se duplicó en la ciudad en los cinco últimos años y alcanza a 8.062 personas

 

La tasa de parados también aumentó en el último mes en el conjunto de la comarca, mientras que en Asturias se redujo un 1%

 

05.09.13 - 00:16 - JESÚS GONZÁLEZ | AVILÉS.

La ciudad cuenta en la actualidad con el doble de personas en paro que hace apenas cinco años. Antes del estallido de la actual crisis económica, en agosto de 2007, las oficinas del Servicio Público de Empleo de la ciudad tenían registrados un total de 3.887 parados. Desde entonces, esa cifra se ha multiplicado por 2,1 hasta llegar a los 8.062 desempleados con que se cerró el pasado mes de agosto.

 

Las cifras evidencian que el desempleo es, sin duda, uno de los efectos más destacados de la crisis económica, tal y como venían recogiendo las estadísticas año a año no solo en la ciudad, sino también en el conjunto de la comarca, de Asturias y de España. Pero, a la vista de los datos relativos a la evolución del desempleo en el último mes, parece que el paro en los municipios de Avilés y su entorno no ha tocado techo. En dicho balance, en el conjunto de la comunidad autónoma se observó una reducción del desempleo de casi el 1%, mientras en Avilés, Castrillón y Gozón, la cifra de parados ha seguido subiendo.

 

De hecho, el caso de Avilés no dista mucho del resto de concejos de la comarca, donde el número de parados registrados ha crecido en una proporción similar. No obstante, cabe destacar el caso de Corvera, donde el peso de la construcción y la industria en el empleo era superior, en proporción, al del resto de concejos del entorno de la ciudad. Ello ha propiciado que de los 728 desempleados con que se contaba en las estadísticas del Servicios Público de Empleo de agosto de 2007, se haya pasado en el último mes a las 1.658 personas en busca de un puesto de trabajo. O lo que es lo mismo: se ha multiplicado por 2,3 la cifra de hace un lustro, periodo en el que el paro corverano ha crecido nada menos que un 128%.

 

Castrillón

 

Esa evolución ha sido algo, solo un poco, más contenida en Castrillón, donde se partía de una cifra de parados en agosto de 2007 de 929 personas. En el último mes, ese número había crecido hasta los 1.844 parados, un 98,4% más.

 

También en Gozón el incremento del desempleo ha sido, proporcionalmente, más contenido que en Avilés y Corvera. En este municipio el peso de sectores como la construcción o la industria es menos relevante que en el resto de concejos de la comarca, lo que tal vez estaría detrás de que en agosto de 2007 contara con 368 desempleados y al cierre de agosto se registraran 708 parados en las oficinas del Servicio Público de Empleo.

 

Un caso diferente es el del concejo de Illas, donde su escasa población explica que las variaciones sean proporcionalmente más acusadas. Aunque en su conjunto la cifra de parados apenas sume una mínima parte del conjunto de la comarca, lo cierto es que en el lustro de crisis económica transcurrido por ahora, la cifra de parados registrados en el municipio se ha triplicado. Así, de los 24 desempleados con que contaba en agosto de 2007 se ha pasado a 76 en agosto, los mismos que había el mes anterior.

 

Como evidencian los casos de Corvera y Avilés, el hecho de que en solo cinco años se haya duplicado el número de parados tiene mucho que ver especialmente con la evolución que en ese periodo han tenido sectores concretos, especialmente la construcción y la industria, donde ese incremento ha sido superior proporcionalmente al observado en el resto de sectores.

 

Construcción e industria

 

En el caso concreto de Avilés, en 2007 se contaban 405 trabajadores del sector de la construcción en paro, mientras que en el último mes la cifra se había disparado hasta las 1.195 personas. O lo que es lo mismo: prácticamente se triplicó tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. La situación en la industria, sin llegar a esas proporciones, tampoco fue mucho mejor. De los 398 desempleados de ese sector en agosto de 2007 se pasó en cinco años a 823 personas.

 

Con todo, en términos absolutos es el sector servicios el que concentra la mayor parte de la cifra de parados registrados en la ciudad, tanto en la actualidad, como al comienzo de la crisis económica. Entonces, hace cinco años, la cifra de desempleados adscritos a dicho sector era de 2.563 personas frente a las 5.205 de la actualidad.

 

La evolución conocida en el municipio corverano no es muy distinta en Avilés, e incluso el incremento del número de parados es más acusado aún en los sectores de la industria y la construcción.

 

En el primer caso, se contaban en Corvera 66 trabajadores en paro en 2007 frente a los 188 de la actualidad -prácticamente el triple-, mientras que de los 97 adscritos al sector de la construcción se pasó a 275 en el mismo periodo -la cifra original se multiplicó por 2,8-.

 

Las cifras corveranas son igualmente malas en el caso del sector servicios, donde de los 486 parados de 2007 se ha llegado a la cifra de 1.032 personas en agosto del pasado año.

 

Aunque sin llegar a las proporciones de Corvera, también en Castrillón los sectores más castigados por la crisis en términos relativos han sido los de la construcción y la industria. De los 83 parados castrillonenses de 2007 en el primero de esos sectores, se pasó a 257 el mes pasado, mientras que en el caso de la industria se pasó de 111 a 249 desempleados. En el sector servicios de Castrillón, la cifra de desempleados no llegó a duplicarse, por poco. Se pasó de 629 parados registrados en el Servicio Público de Empleo en agosto de 2007 a los 1.193 del pasado mes.

 

Ese comportamiento en los principales concejos de la comarca se reproduce también en los de menor población, incluso en Gozón, donde las actividades relacionadas con el turismo representan una parte importante de su actividad económica. De los 246 parados registrados hace cinco años en el sector servicios gozoniego se ha pasado a 467 el mes pasado, en pleno verano.

 

En Illas, por su parte, dicho sector se ha llevado el grueso del incremento del paro en el concejo, donde 49 de los 76 desempleados registrados en la actualidad se adscriben a dicho sector. Hace cinco años, se contaban 18 personas de un total de 24 desempleados.

 

Último mes

 

Ante ese panorama, las cifras del balance del paro en el último mes no parecen llamar al optimismo en la ciudad. Solo en Corvera se ha observado una disminución similar a la del conjunto de la media asturiana, al reducirse la cifra de desempleados en 18 personas, pero en Avilés, Castrillón y Gozón, el número de parados ha seguido creciendo ligeramente. En el caso de la ciudad, el desempleo ha aumentado un 0,19% -hay 15 parados más que en julio-, y en Castrillón un 3,04% -con 28 desempleados más-. En el caso gozoniego, la cifra de parados ha crecido por encima del 2% en el último mes, al registrarse 14 nuevos parados. En Illas, por su parte, los números no han sufrido cambios con respecto a las cifras del mes de julio.