El Gobierno que salga de las urnas el 25-M afrontará la elaboración de un presupuesto a la baja
Foto:La caída de los ingresos aboca al Principado a nuevos ajustes
La Voz de Asturias. 01/03/2012 00:00 / Raúl álvarez Oviedo
El presidente del Principado asimiló tan mal el rechazo de la Junta General a su proyecto presupuestario, que la disolvió hace un mes para convocar unas nuevas elecciones. La decisión, sin embargo, no corrige lo que, a juicio de los diputados de la oposición cuyos votos contribuyeron a la derrota del Gobierno, constituía el principal defecto del documento elaborado por el consejero de Hacienda, Ramón del Riego: la falta de fiabilidad de las previsiones de ingresos. A pesar de la profundidad de la crisis en una economía encaminada hacia la recesión y en contra de todas las evidencias de hundimiento de la recaudación fiscal debido a la atonía de las empresas, el Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto expansivo. Ni el PSOE, ni el PP ni IU se tomaron en serio esas previsiones.
Esa posición, expresada en la sesión del 25 de enero, más la acumulación de indicadores negativos desde entonces apunta hacia una conclusión poco alentadora. Suceda lo que suceda en las elecciones, gane quien gane, el próximo Gobierno regional quedará abocado a elaborar un presupuesto a la baja, con menos ingresos y menor capacidad de gasto. O, lo que es lo mismo, a la vuelta de la esquina esperan recortes en las cuentas autonómicas. El enfoque diferirá entre la izquierda y la derecha, pero el próximo presidente empuñará unas tijeras.
La dureza de la situación se refleja en las primeras apariciones públicas de los recién proclamados candidatos a la presidencia. La aspirante popular, Mercedes Fernández, se ha alineado sin vacilar con las decisiones de Mariano Rajoy en La Moncloa. Pero esas políticas de ajuste y austeridad ya han llevado a otras comunidades a situaciones límite. Un presidente autonómico del PP, el valenciano Alberto Fabra, acaba de reconocer que los ingresos de su comunidad han retrocedido hasta las cantidades de 2004.
Si el adelgazamiento de las cuentas públicas sigue hasta los estrictos objetivos de déficit impuestos a España por la Unión Europea, Fabra confiesa que será inevitable extender los recortes a la sanidad y la educación. El gasto social, señala, supone el 85% de su presupuesto y es ahí donde queda margen para lograr las enormes reducciones necesarias. Rajoy intenta estos días conseguir algunas décimas de margen, pero en el caso de que Bruselas insista en que el desfase presupuestario español descienda a finales de este año hasta el 4,4% previsto inicialmente para 2012, las administraciones necesitan eliminar 44.000 millones de euros de sus capítulos de gastos.
Desfase en las cuentas Asturias, además, parte de una situación desfavorable tras dos años de desplome en los ingresos del Principado. El informe de la Sindicatura de Cuentas sobre el presupuesto de 2010 ha venido a ratificar esta semana que, en ese ejercicio, los gastos estuvieron 400 millones de euros por encima de la capacidad recaudatoria. El embate de la crisis hizo saltar por los aires la capacidad fiscal de la comunidad autónoma, que recaudó 230 millones de euros menos de lo previsto en impuestos. El IVA, que refleja la contracción del consumo, y el tramo autonómico de IRPF fueron los tributos con mayores retrocesos.
La tendencia continuó y, según las estimaciones del Gobierno de Foro, se agravó el año pasado. El Principado aún no ha presentado la liquidación de sus cuentas, que la oposición y los expertos esperan con avidez para juzgar la posición de Asturias en la crisis. Pero todos los avances y las pistas que poco a poco ha anticipado Del Riego en comparecencias parlamentarias e intervenciones públicas son pesimistas. El Ejecutivo las recopiló ayer en un intento de exculparse por el aumento del déficit en sus seis meses de gestión. El 7 de octubre, el decreto que plasmaba el tijeretazo de 157 millones a las cuentas públicas, justificaba la congelación de esas partidas ante la imposibilidad de recaudar 278 millones de euros contemplados en el presupuesto.
Diez días después, ante la Comisión de Hacienda de la Junta, el Consejero añadía a ese agujero la pérdida 104 millones de euros debida a la congelación de transferencias pendientes del Estado. Afectaban a dos fondos de la financiación autonómica: los de convergencia (90 millones) y compensación interterritorial (14 millones).
La presión sobre las cuentas de las comunidades ha aumentado esta semana con la publicación de los datos de déficit de 2011. Para algunos en la izquierda, es muy preocupante. Porque algunos gobiernos incurrieron en excesos y en gastos injustificados en la época de bonanza, pero esas disfunciones no deben ocultar que en manos de las regiones están la gestión de los sistemas públicos de educación y salud. Un tijeretazo genérico e indiscriminado a las administraciones autonómicas acabaría por afectar a esos capítulos, como ya ha confesado el presidente valenciano.
Enfoque de izquierdas La izquierda defiende un enfoque más prudente, aunque el empeoramiento simultáneo de todos los indicadores reduce su margen de maniobra. En la precampaña, los aspirantes del PSOE, Javier Fernández, y de IU, Jesús Iglesias, han expresado su compromiso de mantener intacto el gasto social. Fernández incluso duda de si resultará viable acometer la elaboración de un nuevo presupuesto. En una entrevista publicada por LA VOZ DE ASTURIAS el pasado domingo, no daba por seguro que, en caso de victoria socialista, el nuevo Parlamento acometiera ese trámite. El año estará tan avanzado cuando se forme el nuevo Gobierno, que el PSOE podría decantarse por aprovechar la prórroga del último presupuesto de Vicente Álvarez Areces y centrarse en la preparación de unas nuevas cuentas para 2013 ajustadas a los datos macroeconómicos más recientes.
IU, por su parte, ha tomado partido en las últimas semanas frente a todas las decisiones de Rajoy. La coalición hace bandera del mantenimiento del gasto público y de la oposición a la reforma laboral. Ayer, Jesús Iglesias aseguró que si forma parte del futuro Ejecutivo se asegurará de que las nuevas condiciones no se apliquen a ningún empleado público.
