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La Guardia Civil inspecciona geriátricos y centros de día

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La comandancia gijonesa realizó 437 intervenciones en año y medio para evitar maltratos, robos y estafas a los mayores

Foto: Sala utilizada como dormitorio en uno de los centros cerrados. La habitación del fondo tampoco tiene ventana. :: L. SEVILLA

El Comercio. 20.02.12 - 02:37 - CHELO TUYA | GIJÓN.

La Guardia Civil gijonesa inspecciona todos los geriátricos y centros de día. Los del concejo y los de todo el territorio que controla la comandancia, que se reparte con la de Oviedo la vigilancia en el Principado. En año y medio ha llevado a cabo 437 actuaciones, que incluyen desde controlar la oferta que ofrecen las residencias, hasta charlar con los usuarios de los centros de día. El propósito es evitar situaciones de maltrato, robo o estafa a las personas mayores.

Ese es el objetivo del Plan Mayor Seguridad, un programa puesto en marcha por la Secretaría de Estado de Seguridad en agosto de 2010 y que busca «evitar situaciones de malos tratos o de abusos sobre la población mayor», explicaron fuentes de la Comandancia gijonesa. Esa protección abarca tanto a la usuaria de residencias como a la que vive en sus propios domicilios.

Para el primer colectivo, el trabajo de los agentes se centra en «visitas a todos los geriátricos. Ya los hemos visitado todos y, ahora, se realizan reuniones mensuales con los propietarios», aseguraron las mismas fuentes.

Ninguna denuncia

Durante todos esos encuentros, la Guardia Civil no ha encontrado «ningún caso grave». En las primeras visitas «sí detectamos problemas burocráticos, pero fácilmente solventables», por lo que ninguna de las inspecciones realizadas en «acabó en denuncia».

No se encontraron casos tan duros como los vistos recientemente en Canarias, con residentes atados a sus camas o olvidados en sus heces. De hecho, en Asturias nunca hubo episodios similares, aunque sí cierres de centros motivado por la sobreocupación. Uno de los más graves se registró en Gijón, donde los inspectores de la Consejería de Bienestar Social -que tiene su propio equipo de inspección- encontraron habitaciones sin ventanas y pasillos convertidos en dormitorio.

En cuanto a los mayores que viven en sus domicilios, la Guardia Civil aprovecha sus visitas a centros de día o sociales para «ponerles en guardia contra las estafas o recomendarles que tengan cuidado cuando vayan al banco. Que aumenten su seguridad».

Fuentes de la Benemérita explican que «el mayor riesgo está cuando van al banco, ya que pueden estar vigilando. Ahí deben evitar mostrar el dinero que sacan».

«La agresión de la Mixta fue una excepción»

20.02.12 - 02:36 -

En Asturias no sólo hay constancia de casos de maltrato a residentes de geriátricos, sino que tampoco «graves problemas de convivencia». Según la Guardia Civil, casos como el ocurrido recientemente en la Residencia Mixta de Pumarín, donde falleció una usuaria tras haber sido golpeada por otra, son «excepcionales. No es habitual. Lo que hemos podido ver son riñas o problemas de convivencia, pero siempre menores. Lo de la Mixta fue una excepción».

La Comandancia gijonesa continuará desarrollando el Plan Mayor Seguridad, que incluye visita a las nuevas instalaciones y control de las últimas aperturas en la región.

El Principado mantiene en «puntos suspensivos» la apertura del geriátrico

La construcción de la residencia del Palacio del Villar entra en su recta final, a la espera de los accesos, el mobiliario y de contratar el personal

El Comercio. 20.02.12 - 02:38 - J. F. GALÁN | PIEDRAS BLANCAS.

La delicada situación económica y el paréntesis político abierto a raíz de la convocatoria de las próximas elecciones autonómicas dejan en el aire la apertura del centro geriátrico Palacio del Villar, en Piedras Blancas. Las obras de construcción del edificio aún no han concluido (el Principado había establecido como plazo máximo el pasado 31 de enero), y aunque están cercanas a su fin, todavía queda habilitar los accesos, instalar el mobiliario y contratar al personal necesario para atenderlo, 77 personas, según manifestó en su momento la entonces consejera de Bienestar Social, Noemí Martín, ahora en la oposición.

El gobierno regional aún no ha desvelado cuáles son sus intenciones. «De momento, vamos a dejarlo en puntos suspensivos», manifestó un portavoz oficial de la consejería a requerimiento de este periódico.

El Palacio de El Villar será la primera residencia pública para personas mayores del concejo. Una vez entre en servicio, tendrá capacidad para 120 personas en régimen residencial, más otras treinta de día. Es un edificio de seis mil metros cuadrados de planta y cinco alturas, ubicado junto al bosque de El Villar, convertido en un área didáctica tras ser objeto de una inversión de 200.000 euros con cargos al Fondo Estatal de Inversión Local, el Plan E. Cuenta con aparcamiento subterráneo, lavandería, peluquería, enfermería, salas polivalentes, comedores, centro de rehabilitación, centro social para pensionistas y 63 habitaciones, 57 dobles y seis sencillas, entre otras dependencias.

El centro será gestionado por el organismo público Establecimientos Residenciales de Ancianos de Asturias (ERA), dependiente del gobierno regional, que ha financiado su construcción, adjudicada en 4,8 millones de euros. Se asienta en la parcela de 9.000 metros cuadrado que ocupaba el antiguo Palacio de El Villar, que pasó a ser de propiedad municipal en virtud de un convenio urbanístico. Mientras se negociaba, el palacio fue pasto de las llamas.

Al margen de la residencia, también está pendiente que finalicen las obras de construcción de una nueva biblioteca en Piedras Blancas, ejecutada por el Principado

Hachazo de 5.000 millones a la sanidad

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Los presupuestos de las comunidades bajan por segundo año consecutivo

El gasto por persona se reduce un 10,4%

Las autonomías recortan en personal, materiales, formación e inversión

MARÍA R. SAHUQUILLO / ELENA G. SEVILLANO 18 FEB 2012 - 23:37 CET51Hospitales que dejan de operar por la tarde. Centros de salud cerrados en sábado. Urgencias saturadas por falta de personal. Escasez de material. Los presupuestos sanitarios de las comunidades autónomas, que nunca estuvieron muy boyantes, acusan este año un nuevo recorte. En dos años, las partidas destinadas a sostener hospitales y ambulatorios se han reducido en un 8,7%. La mayor bajada en décadas. La sanidad española funciona ahora con unos 5.000 millones menos que en 2010. Sindicatos y expertos alertan de que los ajustes empiezan a pasar factura a la calidad asistencial. La sanidad pública, uno de los servicios esenciales mejor valorados, corre el riesgo de deteriorarse hasta quedar irreconocible.(leer más)

Falta de camas, servicios y guardias

 

“Hay riesgo para los pacientes”

 

Encierros de trabajadores en los hospitales contra los recortes en sanidad

Provocando y a la vez justificando a sus paladines del PP…

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La patronal asturiana pide otra «vuelta de tuerca» para abaratar aún más el despido

FADE sostiene que la reforma laboral se queda corta, los sindicatos la consideran «hiperagresiva» y el profesor Felgueroso cuestiona su eficacia

Foto: debate en mieres tras la reforma. Por la izquierda, Florentino Felgueroso, Justo Rodríguez Braga, Ángel Baragaño («Tertulia 17»), Antonio Pino y Alberto González, antes del debate en el salón de actos de la Casa de Cultura de Mieres.

Mieres del Camino, José Luis SALINAS, en La Nueva España

«Es necesaria una segunda vuelta de tuerca de la reforma laboral, para seguir abaratando el despido y así equipararnos a nuestros vecinos europeos». Este argumento fue el que defendió ayer en Mieres el secretario general de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Alberto González, en un debate organizado por la asociación «Tertulia 17» y en el que también participaron el secretario general de UGT en Asturias, Justo Rodríguez Braga; el de CC OO, Antonio Pino, y el profesor de Economía Florentino Felgueroso. Era la primera vez que los representantes de los agentes sociales compartían una comparecencia pública después de que el Gobierno aprobara la reforma del mercado de trabajo.

Patronal y sindicatos coincidieron en que la reforma laboral no tendrá efectos en la lucha contra el paro, al menos por ahora. Y subrayaron que, tanto o más importantes que los cambios en la regulación del mercado de trabajo, es la mejora del sistema financiero, para que el crédito se restablezca. Hasta ahí llegó la sintonía. Alberto González, «número dos» de FADE, comenzó su intervención asegurando que asumía su papel de «sparring» en la mesa de debate y anotando que «la reforma no deja contento a nadie, pero apunta en la buena dirección». «El cambio más inmediato que se debería abordar es equiparar los costes del despido con los del resto de países europeos», dijo González, donde, pese a la reforma, seguirán siendo más baratos que en España.

Los sindicatos rechazaron de plano la propuesta del secretario general de la patronal y aseguraron que seguirán luchando para combatir una reforma que juzgaron de «injusta», «innecesaria» e «hiperagresiva». Las centrales sindicales celebrarán mañana en Gijón una manifestación para protestar contra esta reforma.

González alabó algunos de los cambios introducidos en la nueva legislación, como la reforma de los expedientes de regulación de empleo, para los que se suprime la autorización administrativa previa. «Lo de los ERE era un cachondeo, porque la Dirección de Trabajo no aprobaba ninguno que no fuera con el beneplácito de los sindicatos, cuando esto no es obligatorio; ahora esto cambiará», remarcó el representante de la patronal en el abarrotado salón de actos de la Casa de Cultura de Mieres, donde se desarrolló el debate.

El secretario de UGT de Asturias, Justo Rodríguez Braga, expuso que la reforma laboral sólo servirá para «recortar derechos a los trabajadores dando más facilidades al despido». Y añadió: «Está claro que la reforma no va a resolver el problema ni de los trabajadores de este país ni va a poner fin al drama de España que es el paro». El sindicalista también cargó con dureza contra la política económica que se está llevando a cabo en Europa. «Se está pidiendo que los países adopten un modelo de austeridad que sirve para países como Francia o Alemania, pero no para España». También vaticinó que Grecia acabará abandonando la Unión Europea.

Igual de duro se mostró el secretario general de CC OO en Asturias, Antonio Pino. El dirigente defendió que la reforma instaura el «despido libre». Pino expuso también que lo prioritario en España debería haber sido una reforma del mercado financiero que ayudara a hacer fluir el crédito hacia las familias y empresarios y reanimar la actividad económica. También afirmó que la reforma del mercado de trabajo había sido hecha «al dictado de los mercados financieros, del presidente de Francia, Nicolás Sarkozy; de la canciller alemana, Angela Merkel; de los empresarios, e incluso de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), que -señaló- está financiada por los grandes bancos del país».

Florentino Felgueroso, destacado miembro de FEDEA y profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo, replicó a las palabras de Antonio Pino: «Estamos en un país donde se lee poco y se escucha mucho, porque desde FEDEA estamos mostrándonos contrarios a esta reforma». El economista destacó que la reforma falla en muchos aspectos, como en la apuesta del Gobierno por «seguir concediendo subvenciones para crear empleo, algo que no ha funcionado». Felgueroso echó en falta más medidas para ayudar a mejorar la formación de los jóvenes que están en el desempleo.

Tras escuchar los planteamientos del profesor, Alberto González espetó: «Lamento comprobar que la Universidad sigue lejos de la vida real, se nota que Florentino Felgueroso no tiene que pagar nóminas a final de mes».

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A 24 h. de la manifestación…

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Un taller de coches de Gijón estrena la reforma laboral

La empresa propone aumentar 5 horas la jornada y reducir salarios en un 15%

18/02/2012, E. G. Bandera, Gijón, en La Voz de Asturias.
Alrededor de 300 delegados sindicales de CCOO de Asturias se reunían ayer en el Ateneo de La Calzada para tomar conciencia de las movilizaciones que se inician mañana, también en Gijón a las 12 horas, contra una reforma laboral que otorga “carta blanca” al empresario y que “abarata, favorece y facilita el despido”. El secretario general de CCOO en Asturias, Antonio Pino, auguraba ayer que serán muchas las “tropelías” que, en nombre de esta reforma, podrán cometerse, sobre todo, en las pequeñas y medianas empresas.
“Más de 35.000 empresas en Asturias tienen menos de seis trabajadores y no tienen representación sindical”, advirtió. Y algunas, añadió, ya están intentando aprovechar esta reforma. Además de Rioglass, “en donde será más difícil”, aseguró que un taller de vehículos situado en Gijón y de mediano tamaño ya le ha propuesto a sus trabajadores hacer un convenio colectivo en el que se incrementa la jornada laboral y se bajan los salarios.
“Vamos a ver muchos casos como éste”, indicó. El secretario de CCOO de Gijón, Juan Sánchez, fue más concreto sobre este primer caso al avisar de que priman los convenios de empresa. Así, explicó que el taller, cuyo propietario es “un hijo de un antiguo colaborador de Aznar en Castilla y León”, propone a los trabajadores negociar un convenio en el que la jornada laboral pasa de 35 a 40 horas, los sueldos bajan un 15% y desaparece el fondo de garantía para enfermedades, además de “estar dispuesto a negociar la nochebuena y la nochevieja”.
Pino y Sánchez insistieron en la necesidad de movilizarse contra la reforma más “agresiva” de las 52 que se han implantado en España. “En nuestra cabeza está la huelga general, pero hace falta estrategias para proyectar fuerza en la calle y saber qué fuerzas tenemos”, aseguró Pino, que durante la asamblea fue desgranando las medidas más desfavorables para los trabajadores de un decreto que “se carga la negociación colectiva”.
Despido por baja médica
Se generaliza el despido procedente, mantiene los salarios de tramitación sólo para el despedido que sea readmitido o ve motivo de despido una baja médica de nueve días en un periodo de dos meses.
Pino también insistió en que la reforma del PP condena a los jóvenes a trabajos empobrecidos y salarios de miseria, además de que establece que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) sólo cubra la extinción de contratos por despido procedente. La reforma, además, subvenciona la contratación de quienes están en el paro y cobran la prestación, con lo que según Pino se discrimina a los desempleados que ya ni siquiera la cobran.
“Aboca a favorecer el despido y a la sustitución de plantillas”, añadió, reiterando la crítica a que el Gobierno no haya dado oportunidad al diálogo social y se haya “pasado por la entrepierna” el acuerdo sobre la negociación colectiva. Por todas estas preocupantes razones, Pino conminó a dar una respuesta masiva en la marcha de mañana, que parte a las 12 horas de la plaza del Humedal. El PP ha retrasado el trámite parlamentario de esta reforma a después del 25-M “para visualizar la capacidad de respuesta y ver si lo corrigen o no”.

El Gobierno está dispuesto a revisar el derecho de huelga

El Ejecutivo contará con el apoyo de los partidos nacionalistas conservadores

La secretaria de Estado de Empleo reconoce que la reforma «por sí misma no genera empleo»

18/02/2012, D. MEDIAVILLA / A. M. VÉLEZ / MADRID, en La Voz de Asturias
El miércoles, la CEOE volvía a pedir la restricción del derecho de huelga y, ayer, el Gobierno dejaba la puerta abierta a dar gusto, también en este punto, a la patronal. Preguntada sobre la posibilidad de que se modifique la Ley de Huelga, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, reconoció, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que "algunos grupos" políticos han planteado esta cuestión al Ejecutivo y añadió que en el Gobierno están "dispuestos a analizar lo que en este punto se diga" durante la tramitación parlamentaria de la reforma laboral. Sáenz de Santamaría recordó que el decreto no trata esta cuestión porque "las prioridades eran otras", pero dijo que se analizarán "con mucho interés" las propuestas sobre "un tema que lleva muchos, muchos años discutiéndose".
La inclusión de restricciones al derecho de huelga durante el trámite parlamentario de la reforma laboral no sería una sorpresa. Ya durante la negociación del proyecto de ley de la reforma del anterior Gobierno, el Grupo Parlamentario Popular introdujo entre sus enmiendas una propuesta para que no se pudiesen adoptar medidas de huelga o conflicto colectivo que tu viesen por objeto alterar durante su vigencia lo pactado en un convenio colectivo, aunque se estuviese negociando su revisión.
Nacionalistas con el PP
En esta batalla, además del aplauso entusiasmado de la CEOE, el Ejecutivo contará, tal y como mencionaba Sáenz de Santamaría, con el apoyo de "algunos grupos". Uno de ellos será presumiblemente CiU. Josep Antoni Duran i Lleida ya anunció la semana pasada que su formación emplazará al Gobierno a regular el derecho a huelga, porque este derecho "y el de manifestación no pueden ir nunca contra el interés general". Estas consideraciones las hizo en referencia a la acción que prevén los trabajadores de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) durante la celebración del certamen internacional Mobile World Congress entre el 27 y el 29 de febrero. Duran agregó que el derecho de huelga debe regularse porque ahora "sólo tiene el enunciado constitucional" y aún no se ha desarrollado normativamente. Utilizando una argumentación similar a la que empleó el presidente de la CEOE, Juan Rosell, Duran recalcó que la ley tiene que garantizar ese derecho, pero también proteger a la sociedad frente a "un concepto de huelga desnaturalizado". El segundo grupo que probablemente apoye al Gobierno es el PNV. Poco después de que Rosell recuperase el debate sobre la restricción de la huelga, el portavoz de los nacionalistas en el Congreso, Josu Erkoreka, afirmó que ve pertinente actualizar el decreto ley de Relaciones Laborales de 1977 que, entre otras cosas, regula el derecho de huelga. Desde su punto de vista, sería necesario volver a plantear el "equilibrio de intereses" entre los distintos afectados por un conflicto laboral, ya que el que pudiese establecer la norma vigente "es muy antiguo".
Las réplicas del terremoto que provocó la presentación de la reforma laboral continuaron ayer y no sólo en torno a la posibilidad de restringir el derecho de huelga. La portavoz del grupo socialista en el Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez, anunció que su partido ya está preparando un "texto alternativo" a la reforma propuesta por los conservadores, que se basará en la normativa implantada por el anterior Gobierno e incluirá los últimos acuerdos de mínimos alcanzados entre patronal y sindicatos. Asimismo, Rodríguez adelantó que las enmiendas de su grupo a esta norma contendrán "incentivos" a la "creación neta de puestos de trabajo en las plantillas" que "eviten el efecto sustitutorio" que, a su juicio, genera el decreto del PP.
Por último, la portavoz parlamentaria del PSOE calificó de "intolerable" e "incoherente" la inclusión en la norma de la posibilidad de reducir las plantillas en las empresas públicas, informa Elena Herrera . Javier Arenas, a las puertas de las elecciones de Andalucía, ofreció ayer la cara más conciliadora del PP y afirmó, en una entrevista concedida a la cadena Ser, que "le gustaría que se aprovechase la tramitación parlamentaria de la reforma laboral para que se oigan las alternativas de los sindicatos y de otros grupos".
Empleos de calidad
También con cierto tinte de matización, la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, reconoció ayer desde Bruselas, donde participó en la reunión de ministros de Empleo de la UE, que la reforma "por sí misma no genera empleo". Sin embargo, explicó que busca dar la flexibilidad a las empresas para garantizar que "el despido sea la última opción" y ha confiado en que contribuya a sentar las bases para crear empleo "estable y de calidad" cuando el "crecimiento económico sea una realidad".
El comisario de Empleo y Asuntos Sociales, László Ansendor, que presidió la reunión de ministros de Empleo de la UE, alabó la flexibilidad que introduce la nueva reforma laboral aprobada en España como forma de atajar la segmentación del mercado laboral en el país, pero reclamó al Gobierno del PP "otras medidas" para contribuir a reducir el elevado paro en España, incluidas más inversiones y mejoras en los sistemas de educación y formación. El comisario instó además a que todos los países empleen mejor las partidas del Fondo Social Europeo que todavía no han utilizado para contribuir a reformar sus mercados de trabajo y especialmente para combatir el paro juvenil y apoyar a las pymes a crear empleo. Bruselas cifra en unos 10.700 millones de euros los fondos disponibles para España no utilizados procedentes del Fondo Social Europeo, pero también de los fondos estructurales y de cohesión. Precisamente la semana que viene, expertos de la Comisión Europea se desplazarán a Madrid para discutir con el Gobierno español y los agentes sociales cómo utilizar mejor estos recursos. A un día de las primeras manifestaciones contra la reforma laboral, las fuerzas políticas y sociales conservadoras muestran su cohesión. A partir de mañana se verá si hay alguien al otro lado para darles respuesta.

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Estiman que la deuda de las comunidades por los medicamentos que compran para los hospitales puede subir un 30% por las restricciones presupuestarias de las comunidades autónomas…

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Los laboratorios redoblan la presión ante el temor a otro año sin cobrar

Roche estudia extender la exigencia de pago al contado o limitar el crédito a los hospitales

Sanofi anuncia que reconsidera su inversión en I+D en España

Emilio de Benito, Madrid, en El País.
Los laboratorios levantan la voz ante la perspectiva de aguantar otro año de impagos de los pedidos de los hospitales de la sanidad pública. Una vez conocidos los presupuestos autonómicos, fuentes del sector calculan que, salvo medidas excepcionales, la deuda de las comunidades por los medicamentos que compran para los hospitales subirá por lo menos otro 30%. Ello situaría el importe de impagados en unos 8.300 millones de euros, poco menos del suministro de dos años. Y, ante esta situación, las grandes empresas no están cruzadas de brazos.
El pistoletazo de salida lo dio Roche, la que más vende. Actualmente, según fuentes de la compañía, la deuda de las Administraciones con la firma es de 1.000 millones de euros (600 millones de la división de fármacos y 400 de la de diagnósticos). “Para la compañía es inviable que la deuda siga aumentando. Si los hospitales no regularizan sus pagos o si no se alcanza un acuerdo sobre el cobro de la deuda pendiente, se implantará el pago al contado, que consiste en que los hospitales podrán seguir comprando medicamentos de Roche, pagando en el momento en lugar de a crédito como se hacía hasta ahora”, afirman fuentes de la firma. Por el momento, solo se ha llegado a esa situación en un caso, el hospital Provincial de Castellón.
El previo pago no es la única posibilidad. “Roche ha modificado su política comercial con algunos hospitales en España, pidiendo pago por adelantado o revisando y fijando nuevos límites de crédito (se estimula un máximo de deuda y si se supera se renegocian las condiciones). Estas medidas, que están funcionando, son la base de nuestras actuales negociaciones con las autoridades y del enorme esfuerzo por encontrar una solución”. Entre las comunidades en las que estos contactos son más intensos están Andalucía, Valencia, Castilla y León y Castilla-La Mancha.
Además, el sector, aunque inquieto, está ahora en un periodo de transición a la espera de los Presupuestos, que previsiblemente se presentarán en marzo, después de las elecciones autonómicas en Andalucía y Asturias. Los cálculos son que aunque la facturación a los hospitales públicos no aumente (el año pasado creció solo un 1,1%, hasta los 4.426 millones), la deuda seguirá creciendo y demorándose su pago (está en una media de 525 días, aunque una decena de hospitales duplican este periodo).
Por eso, su esperanza está en que el Gobierno fije algún tipo de medida para que las comunidades reduzcan su deuda —o que no la aumenten—. Una de ellas podrían ser los créditos ICO, que tienen el inconveniente (y así lo manifestaron varias comunidades el año pasado, cuando la exministra Elena Salgado lo propuso) de que incrementa la deuda autonómica. La otra es la titularización de la deuda. Esto quiere decir que sería el Gobierno central el que avalaría las cantidades pendientes de pago por parte de las comunidades.
Pero Roche no es la única empresa que estudia medidas de presión para asegurar el cobro. Sanofi también ha advertido de que podría tomar medidas, aunque en otro sentido. Según el presidente de su delegación en España, Marc-Antonie Lucchini, la compañía prefiere presionar de otra manera. “Nos podemos replantear inversiones en España”, ha dicho en una entrevista al diario económico Cinco Días.
La situación de esta multinacional franco-alemana es mejor que Roche, simplemente porque sus ventas son mucho menores: aproximadamente unos 50 millones al año. Claro que la deuda, que está entre 150 y 200 millones, es grande proporcionalmente.
La amenaza de la reducción en inversión en I+D la ha manifestado Lucchini, pero es general del sector. En un encuentro con medios de comunicación el pasado viernes en Almagro (Ciudad Real), al que acudió invitado EL PAÍS, Humberto Arnés, director general de Farmaindustria, la patronal del sector, ya utilizó ese argumento. Y es que el sector es puntero en I+D privado: supone aproximadamente el 20% de lo que se dedica a este capítulo en España, como dijo el director técnico de Farmaindustria, Emili Esteve. En los últimos tres años, pese a la crisis, el sector ha mantenido la inversión por encima de los 1.000 millones de euros, pero aumenta la probabilidad de que esto disminuya. Y se trata de un sector que solo en empleos directos representa a unos 4.000 trabajadores, con la característica de que está muy feminizado y muy especializado, con prácticamente un 75% de titulados superiores.

Protestas de farmacias en Valencia

JAIME PRATS | Valencia
Los farmacéuticos valencianos volverán a movilizarse por el último impago de la Generalitat, que, sumida en una grave crisis de liquidez, no ha cumplido su compromiso de abonar antes del 10 de febrero los medicamentos despachados con receta correspondientes al mes de diciembre. Además falta por liquidar los meses de octubre y noviembre, por lo que la deuda global rebasa los 380 millones.
Los tres colegios provinciales celebraron asambleas en Alicante, Valencia y Castellón a última hora de la tarde de ayer para debatir las protestas que se llevarán a cabo para presionar a la Administración valenciana. Al cierre de esta edición, los farmacéuticos seguían debatiendo las medidas a tomar.
“La falta de expectativas de cobro pone a las oficinas de farmacia en una situación insostenible”, expuso el martes la patronal valenciana del sector al convocar, junto a los colegios, las asambleas de ayer.
El mes de noviembre, en víspera de las pasadas elecciones, la Administración valenciana acordó un plan de pagos con los farmacéuticos para saldar la deuda que arrastraba con las farmacias desde finales de julio y que alcanzaba los 550 millones de euros.
En diciembre, incumplió el segundo plazo del calendario, cuando debía abonar 60 millones de euros. Como consecuencia de ello, las farmacias convocaron tres días de cierre patronal, los días 18, 19 y 20 de diciembre. El seguimiento fue masivo hasta que el día 19 la Generalitat volvió a pagar y se desconvocó la protesta. La vuelta a la normalidad no ha durado ni dos meses.

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El Gobierno está dispuesto a revisar el derecho de huelga

20120218094749-justicia.jpgEl Ejecutivo contará con el apoyo de los partidos nacionalistas conservadores // La secretaria de Estado de Empleo reconoce que la reforma «por sí misma no genera empleo»
La Voz de Asturias. 18/02/2012 07:36 / D. MEDIAVILLA / A. M. VÉLEZ / MADRID
El miércoles, la CEOE volvía a pedir la restricción del derecho de huelga y, ayer, el Gobierno dejaba la puerta abierta a dar gusto, también en este punto, a la patronal. Preguntada sobre la posibilidad de que se modifique la Ley de Huelga, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, reconoció, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que "algunos grupos" políticos han planteado esta cuestión al Ejecutivo y añadió que en el Gobierno están "dispuestos a analizar lo que en este punto se diga" durante la tramitación parlamentaria de la reforma laboral. Sáenz de Santamaría recordó que el decreto no trata esta cuestión porque "las prioridades eran otras", pero dijo que se analizarán "con mucho interés" las propuestas sobre "un tema que lleva muchos, muchos años discutiéndose".

La inclusión de restricciones al derecho de huelga durante el trámite parlamentario de la reforma laboral no sería una sorpresa. Ya durante la negociación del proyecto de ley de la reforma del anterior Gobierno, el Grupo Parlamentario Popular introdujo entre sus enmiendas una propuesta para que no se pudie Ansen adoptar medidas de huelga o confl icto colectivo que tu viesen por objeto alterar durante su vigencia lo pactado en un convenio colectivo, aunque se estuviese negociando su revisión.

Nacionalistas con el PP

En esta batalla, además del aplauso entusiasmado de la CEOE, el Ejecutivo contará, tal y como mencionaba Sáenz de Santamaría, con el apoyo de "algunos grupos". Uno de ellos será presumiblemente CiU. Josep Antoni Duran i Lleida ya anunció la semana pasada que su formación emplazará al Gobierno a regular el derecho a huelga, porque este derecho "y el de manifestación no pueden ir nunca contra el interés general". Estas consideraciones las hizo en referencia a la acción que prevén los trabajadores de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) durante la celebración del certamen internacional Mobile World Congress entre el 27 y el 29 de febrero. Duran agregó que el derecho de huelga debe regularse porque ahora "sólo tiene el enunciado constitucional" y aún no se ha desarrollado normativamente. Utilizando una argumentación similar a la que empleó el presidente de la CEOE, Juan Rosell, Duran recalcó que la ley tiene que garantizar ese derecho, pero también proteger a la sociedad frente a "un concepto de huelga desnaturalizado". El segundo grupo que probablemente apoye al Gobierno es el PNV. Poco después de que Rosell recuperase el debate sobre la restricción de la huelga, el portavoz de los nacionalistas en el Congreso, Josu Erkoreka, afirmó que ve pertinente actualizar el decreto ley de Relaciones Laborales de 1977 que, entre otras cosas, regula el derecho de huelga. Desde su punto de vista, sería necesario volver a plantear el "equilibrio de intereses" entre los distintos afectados por un confl icto laboral, ya que el que pudieestablece la norma vigente "es muy antiguo".

Las réplicas del terremoto que provocó la presentación de la reforma laboral continuaron ayer y no sólo en torno a la posibilidad de restringir el derecho de huelga. La portavoz del grupo socialista en el Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez, anunció que su partido ya está preparando un "texto alternativo" a la reforma propuesta por los conservadores, que se basará en la normativa implantada por el anterior Gobierno e incluirá los últimos acuerdos de mínimos alcanzados entre patronal y sindicatos. Asimismo, Rodríguez adelantó que las enmiendas de su grupo a esta norma contendrán "incentivos" a la "creación neta de puestos de trabajo en las plantillas" que "eviten el efecto sustitutorio" que, a su juicio, genera el decreto del PP.

Por último, la portavoz parlamentaria del PSOE califi ó de "intolerable" e "incoherente" la inclusión en la norma de la posibilidad de reducir las plantillas en las empresas públicas, informa Elena Herrera . Javier Arenas, a las puertas de las elecciones de Andalucía, ofreció ayer la cara más conciliadora del PP y afi rmó, en una entrevista concedida a la cadena Ser, que "le gustaría que se aprovechase la tramitación parlamentaria de la reforma laboral para que se oigan las alternativas de los sindicatos y de otros grupos".

Empleos de calidad

También con cierto tinte de matización, la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, reconoció ayer desde Bruselas, donde participó en la reunión de ministros de Empleo de la UE, que la reforma "por sí misma no genera empleo". Sin embargo, explicó que busca dar la fl exibilidad a las empresas para garantizar que "el despido sea la última opción" y ha confi ado en que contribuya a sentar las bases para crear empleo "estable y de calidad" cuando el "crecimiento económico sea una realidad".

El comisario de Empleo y Asuntos Sociales, László Ansen dor, que presidió la reunión de ministros de Empleo de la UE, alabó la fl exibilidad que introduce la nueva reforma laboral aprobada en España como forma de atajar la segmentación del mercado laboral en el país, pero reclamó al Gobierno del PP "otras medidas" para contribuir a reducir el elevado paro en España, incluidas más inversiones y mejoras en los sistemas de educación y formación. El comisario instó además a que todos los países empleen mejor las partidas del Fondo Social Europeo que todavía no han utilizado para contribuir a reformar sus mercados de trabajo y especialmente para combatir el paro juvenil y apoyar a las pymes a crear empleo. Bruselas cifra en unos 10.700 millones de euros los fondos disponibles para España no utilizados procedentes del Fondo Social Europeo, pero también de los fondos estructurales y de cohesión. Precisamente la semana que viene, expertos de la Co misión Europea se desplazarán a Madrid para discutir con el Gobierno español y los agentes sociales cómo utilizar mejor estos recursos. A un día de las primeras manifestaciones contra la reforma laboral, las fuerzas políticas y sociales conservadoras muestran su cohesión. A partir de mañana se verá si hay alguien al otro lado para darles re
Sábado, 18 de Febrero de 201

Valencia: LOS RECORTES DEL CONSELL

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Encierros de trabajadores en los hospitales contra los recortes en sanidad
La protesta, que se extiende por unos 25 centros, se ha coordinado entre todos los sindicatos
A partir de marzo entra en vigor la reducción del 50% del complemento de la carrera profesional
El País. Jaime Prats Valencia 16 FEB 2012 - 21:56 CET

Trabajadores del hospital La Fe, durante el encierro de protesta. / JOSÉ JORDÁN

Los representantes de la junta de personal de una veintena de hospitales valencianos, según fuentes sindicales, iniciaron este jueves al mediodía un encierro en el vestíbulo de los centros sanitarios, que se prolongó hasta las 20.00, contra los recortes anunciados por la Generalitat. Durante la protesta del hospital La Fe de Valencia, que reunió a medio centenar de personas, se repartieron a los usuarios unas cartas que advierten de que los recortes puede “afectar de forma negativa en la atención primaria que recibirán”.(leer más)

Galicia: Los recortes para funcionarios durarán como mínimo dos años

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El Gobierno gallego ha aprobado la nueva ley que regula una serie de medidas de ajuste que se aplicarán a los 90.000 empleados públicos
AGENCIAS / EL PAÍS Santiago de Compostela 16 FEB 2012 - 14:16 CET2
La Xunta ha aprobado la futura ley que regulará las medidas de ajuste que se aplicarán a los 90.000 empleados públicos de la Comunidad. La norma tendrá vigencia inicialmente en 2012 y 2013 --cumplido este plazo se podrán revisar las medidas en función de la evolución "positiva" del PIB-- y habilitará al Consello de la Xunta para analizar y modificar salarios y dietas de directivos del sector público empresarial.(leer más)