Médicos y pacientes alertan de que el 'copago' discrimina
La tasa farmacéutica propuesta por Artur Mas enciende todavía más al sector sanitario catalán. Los facultativos y los usuarios advierten de que la medida perjudicará a los parados y a los enfermos crónicos
Foto: Una farmacéutica atiende a un cliente en una farmacia que se suma a la campaña "La farmacia enciende la luz de alarma" en Catalunya. efe / toni albir
La Voz de Asturias. 24/11/2011/ BERTA DEL RÍO / A. GONZÁLEZ / BARCELONA / MADRID
"Nadie puede sentirse engañado". Así de contundente se mostró ayer Josep Antoni Duran i Lleida en su intento por zanjar la polémica generada tras la puesta en escena del "ticket moderador" del Gobierno catalán, la tasa que se aplicará a las recetas farmacéuticas en un futuro para evitar un supuesto "uso excesivo de la sanidad".
Esta nueva medida, que forma parte del nuevo plan de ajuste presentado 48 horas después del 20-N y con el que se pretende obtener 1.000 millones de euros en 2012, ha sido acogida por los profesionales sanitarios como "un motivo más para la indignación general". A su juicio, la medida supone un peligro porque puede causar discriminación entre pacientes, algo que comparten las asociaciones de usuarios.
En el ámbito catalán, Metges de Catalunya sindicato mayoritario en la sanidad catalana, el Colegio Oficial de Enfermeras de Barcelona y la Coordinadora de Usuarios de la Sanitat coincidieron ayer en la primera valoración de la futura tasa farmacéutica: la aplicación de la propuesta del Ejecutivo de CiU perjudicará principalmente a los enfermos crónicos y a los desempleados, dos de los sectores más vulnerables de la sociedad.
La tasa pretende reducir la frecuencia de visita a los centros sanitarios
El sindicato de facultativos, que recibió con sorpresa la noticia, denunció que el cobro de una tasa a través de la receta provocará "un agravio para los enfermos crónicos y para las personas en paro y podría vulnerar además la ley estatal de garantías y uso racional de los medicamentos" aprobada en 2006. Además, la organización de trabajadores recordó que la Generalitat no podrá implantar la medida en solitario, ya que las comunidades autónomas "no tienen competencias para imponer tasas sobre los precios de los fármacos".
Pese a ello, Metges de Catalunya se mostró partidario de "reajustar el copago actual de los medicamentos en función del nivel de renta de las personas". En la misma línea se pronunció la coordinadora de la CUS, Carme Sabaté, que, pese a criticar duramente la propuesta de Mas, reconoció ver con buenos ojos una revisión general del sistema de copago, siempre que sea en función de la renta y no de la edad de las personas.
"¿Es necesario castigar a los colectivos de población más vulnerables y hacer pagar a todo el mundo por el abuso que algunas personas hacen del sistema de salud?". El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) se mostró inflexible en su oposición a la nueva tasa, ya que consideró que atenta contra los derechos de los pacientes. Además, mantuvo que a través de este anuncio, la Generalitat ha reconocido de forma oficial "el monopolio y la presión que históricamente han ejercido los poderes que han regulado la receta médica".
Los pacientes creen que la medida "añade vulnerabilidad a los más vulnerables"
Pero el colegio profesional va más allá al afirmar que se está obligando al usuario a "pagar los platos rotos, asumiendo el gasto de las recetas médicas, una prestación sobre la cual no puede decidir".
Mas y la línea roja
Dos días después de las elecciones fue el momento elegido por Artur Mas para acabar de levantar ampollas en un sector sanitario que justo hacía una semana que vivía dos jornadas de huelga. "Mayor responsablidad", "rigor", "transparencia", "bajar al terreno de la concreción", "no traspasar la línea roja" y "evitar la vaguedad" son algunas de las peticiones que recibió ayer por parte de los profesionales sanitarios el presidente catalán en respuesta a su polémica propuesta.
El sindicato de enfermería Satse recordó que "las líneas rojas que Artur Mas afirma no cruzar también deberían incluir la presión asistencial a la que está sometiendo a sus trabajadores sanitarios". El sindicato aprovechó así para sacar a relucir uno de los argumentos más utilizados en la lucha contra los recortes: la protección y el mantenimiento de la calidad asistencial por encima de criterios económicos.
"No se pagará por ir al hospital, a los centros de atención primaria (CAP) o al especialista", señaló Artur Mas en la presentación de la propuesta. No hubo muchas más explicaciones, pero la Generalitat quiere evitar que Catalunya se mantenga a la cabeza mundial en la dispensación de medicamentos. Unas 150 millones de recetas anuales.
Por su parte, el Foro Español de Pacientes mostró ayer su indignación porque una medida como esta se plantee justo tras unas elecciones en las que ningún partido llevaba el copago en su programa, algo que genera "indefensión" en los pacientes.
Contra los más vulnerables
Tras señalar que, en líneas generales, el copago siempre "genera desigualdades" porque "añade vulnerabilidad a los más vulnerables", el presidente del Foro, Albert Jovell, consideró ayer que una medida de tal calibre merecería un referéndum o, al menos, un debate parlamentario. Jovell cree también que la indefinición de la propuesta puede deberse a que se trate de un "globo sonda" de la Generalitat, que quiere plantear un "pulso" al futuro Gobierno del PP en demanda de más financiación.
En cualquier caso, el presidente del Foro cree que los políticos "van a lo fácil" y no se plantean obtener recursos aplicando tasas a los usos de otros bienes públicos que no suponen una necesidad social. "¿No usa también un bien público aquel que contamina el medio ambiente con un 4x4?, o ¿por qué no poner tasas a las estancias hoteleras, como en Estados Unidos?", se pregunta. "Hay áreas de actuación en ámbitos que no son la sanidad o la educación", agrega.
En la misma línea, el presidente de la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Feafes), José María Sánchez Monge, tildó de "improcedente" la propuesta y advirtió que afectará a aquellos "que tienen menos posibilidades económicas y, por sufrir discapacidades, necesitan más protección". Sánchez Monge dejó claro que cuando un enfermo crónico consume fármacos no lo hace de forma "accesoria", sino porque lo necesita.
