La Carta Magna es el marco de convivencia, pero no es la definición de políticas concretas , recuerda.
Cascos ve «contraproducente» modificar la Constitución para controlar el déficit
El presidente de Foro Asturias advierte de que el problema sólo se resolverá si los encargados de hacer las políticas generan confianza
28.08.11 - DIANA DE MIGUEL | GIJÓN, en El Comercio.
El límite constitucional al déficit y a la deuda pública pactado entre el PSOE y el PP es un guiño a los mercados que llega en un momento crítico para la economía española y para la zona euro, pero, sobre todo, es el reconocimiento de la imposibilidad de adoptar acuerdos «serios, leales y responsables» entre la clase dirigente. Así lo ve, al menos, el presidente del Principado, Francisco Álvarez-Cascos, para quien resulta «contraproducente» modificar la Constitución para fijar límites a la capacidad de endeudamiento, un objetivo político «aceptable», pero que no requiere, a su juicio, ni la modificación del Estatuto de Autonomía de Asturias ni la modificación de la Constitución. «Por este camino, Rajoy y Zapatero acabarán proponiendo modificar la Constitución para fijar que en España se tiene que conducir por la derecha en nuestras calles y carreteras», ironizó.
Para «controlar el despilfarro», bastaría, apostilló, un compromiso político serio como el ocurrido en 1978, cuando «en circunstancias políticas mucho más difíciles», se firmaron los Pactos de La Moncloa. «Es esa lealtad de los dirigentes políticos españoles para asumir las respuestas que exige la superación de la crisis la que generará confianza en nuestra economía, y no una contraproducente reforma constitucional que fomenta la desconfianza», argumentó el presidente de Foro Asturias en declaraciones a EL COMERCIO.
El jefe del Ejecutivo autonómico hizo pedagogía y explicó que aunque es partidario de «controlar el despilfarro» y también de que se «conduzca por la derecha», no cree que ninguno de estos dos preceptos deban estar recogidos en la Constitución. «Me parece absurdo que determinado tipo de decisiones políticas en las que existe un consenso, si es que existe de verdad entre todos, tenga que ser la Constitución la que lo legalice. La Carta Magna es el marco de convivencia, pero no es la definición de políticas concretas», indicó.
Aunque el pacto entre socialistas y populares trata de mandar un mensaje a los inversores del compromiso de España con la estabilidad presupuestaria, que permita garantizar la solvencia futura del país, el líder de Foro Asturias advirtió de que lo único que conseguirá será enviar un mensaje negativo. «Los políticos son los primeros que no generan confianza y están trasladando el problema al conjunto de la sociedad española», aseguró tras recordar que «hace tres años y medio hubo quien compareció y ganó las elecciones ofreciendo el pleno empleo y negando la crisis».
Por eso, apeló a la responsabilidad ciudadana de cara a la próxima cita con las urnas porque «quienes hicieron el ejercicio básico de irresponsabilidad que era engañar a la sociedad española, confundir a los españoles y proponer políticas equivocadas no pueden sacar a España de la crisis».
Uno de los puntos claves de la reforma constitucional acordada es que el control afecta también a los entes territoriales. Y es que las cuentas de las comunidades vienen despertado una gran desconfianza en los mercados y en los organismos internacionales, tanto por la falta de transparencia como por la ausencia de controles sobre ellas. El pacto entre populares y socialistas supondrá que los gobiernos no sólo tendrán que elaborar los presupuestos con déficit inferiores a los estipulados, sino que si durante el ejercicio hay desviaciones, tendrán que tomar medidas para corregirlas.
A la espera de conocer el desarrollo de la norma, los analistas coinciden en que, con la reforma, el Gobierno tendrá más recursos en sus manos para imponer la disciplina fiscal a las comunidades, y éstas menos posibilidad de esquivar las exigencias de estabilidad.
Igualdad territorial
Para Álvarez-Cascos, lo que va a resolver el problema del déficit no es el contenido de la reforma sino la confianza que deben generar los encargados de hacer las políticas. Por eso, advirtió, «lo que en Asturias nos jugamos en noviembre, haya o no reforma, es una política económica que produzca efectos positivos, beneficie por igual a todas las comunidades y evite que la región siga estando marginada. No queremos ser más que nadie, pero tampoco vamos a aceptar ser menos que los demás».
Álvarez-Cascos insistió en que lo que España necesita es un nuevo pacto entre todas las fuerzas políticas, «con independencia del resultado electoral de noviembre». «Eso es lo que va a generar confianza y desde Asturias no sólo predicaremos sino que practicaremos estos principios e invitaremos a las fuerzas políticas a alcanzar los acuerdos para desde Asturias contribuir a reforzar la economía española que es el mejor camino para salir adelante».
El líder de Foro Asturias se preguntó por qué se habla ahora de gobernanza y no hace unos meses, cuando la Unión Europea venía preconizando el decálogo de la gobernanza. «En España algunos dirigentes han vuelto la espalda a esos compromisos», sentenció.
Frente a la defensa de la reforma que, como no podía ser de otra manera, se realizó desde el PSOE y el PP asturiano, las valoraciones de Álvarez-Cascos mantienen el tono crítico que avanzaron el martes tanto el diputado regional de IU Aurelio Martín, como el candidato de UPyD en Asturias durante las pasadas elecciones, Ignacio Prendes.
También el viernes el secretario general del SOMA-FIA-UGT, José Ángel Fernández Villa, se mostró muy crítico con una reforma que, señaló, «rompe el consenso social» y está impuesta por un «gobierno económico que defiende y promueve el capitalismo de casino y las políticas
