ACTUALIDAD

Centros sanitarios asturianos por módulos para Guinea

 

 

 

 

La empresa asturiana Modultec, perteneciente al grupo Imasa y dedicada a la edificación modular, acaba de concluir la fabricación de tres centros sanitarios (bancos de sangre) para el Gobierno de Guinea Ecuatorial, por importe de 1,5 millones de euros. La compañía ha construido un banco de sangre de dos plantas que se ubicará en Malabo, capital de Guinea Ecuatorial, y otros dos, que se montarán en las ciudades de Bata (la más poblada del país africano) y Mongomo, ambas en la Guinea continental, según proyectos redactados por el arquitecto asturiano Julio Valle. Este tipo de centros sanitarios está dedicado a la extracción, almacenamiento, conservación y suministro de sangre y sus compuestos. El banco de sangre de mayor tamaño (en la foto) ya ha sido transportado en barco hasta el país africano, mientras que los otros dos centros sanitarios saldrán del puerto de El Musel en las próximas semanas, según informó la compañía asturiana.

 

 

El 15-M convoca una asamblea por el «ataque que supone la reforma de la Constitución»

 

 

 

29.08.11 - 02:40 - R. D. | AVILÉS.

 Los integrantes de la plataforma avilesina del movimiento 15-M, también conocidos como los indignados, ha convocado una asamblea general extraordinaria para la jornada de hoy en la que se debatirá sobre «el ataque que supone la reforma de la Constitución».

El encuentro, que comenzará a las ocho de la tarde, se centrará en decidir qué medidas toma el movimiento para hacer frente a la reforma que promueven PSOE y PP y que tiene como objetivo fijar en la máxima norma jurídica española un límite al endeudamiento de las administraciones públicas.

La decisión de Gobierno y oposición ha recibido ya la contestación de muchos sectores y también de políticos socialistas. Además de criticar la medida en sí, muchos colectivos sostienen que una variación en la Carta Magna debería finalizar con un referéndum vinculante, una opción que el Gobierno ya ha descartado. La intención de Gobierno y oposición es la de cerrar el acuerdo de la reforma antes de acabe la legislatura.

Farmacia se ahorra 48 millones

La prescripción por principio activo reducirá un 13,4% el gasto en medicamentos del Sespa

La Voz de Asturisd. 29/08/2011 / Pablo Zariquiegui Oviedo

El Servicio de Salud del Principado se ahorrará hasta 48 millones de euros en un año gracias al plan de ajuste farmaceútico acordado entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. Ésta es, la menos, la estimación que maneja el Gobierno central para el Principado. El ahorro en toda España se elevará hasta los 2.400 millones de euros anuales.

 

El Ejecutivo asturiano, en boca de su nuevo consejero de Sanidad, considera que la estimación ministerial es “excesivamente optimista”. José María Navia-Osorio apunta con todo, y dejando al margen la previsión de ahorro, que las medidas aprobadas “pueden considerarse acertadas”.

 

De cumplirse las previsiones de ahorro, la factura farmacéutica del Sespa se reduciría casi un 13,4% en un año. La cantidad no es baladí, máxime si se tiene en cuenta que sólo durante 2010, un buen año para el gasto farmacéutico, la Administración sanitaria tuvo que emplear 356 millones para pagar la factura de medicamentos.

 

El plan de ajuste farmacéutico, que ha recibido luz verde en el Congreso de los Diputados, se asienta sobre un pilar fundamental. La prescripción por principio activo, algo así, como las marcas blancas de los medicamentos. ¿En qué consiste? El principio activo es la sustancia que produce el efecto en un medicamento. Un mismo principio activo puede venderse con distintas marcas comerciales. El concepto es fácil de entender con un ejemplo. El médico que hasta ahora le recetaba Termalgin, un medicamento muy popular, ahora le tendrá que prescribir paracetamol.

 

Asturias había seguido la estela de otras comunidades -Andalucía fue pionera-para tratar de implantar la receta por principio activo. De hecho, en su última etapa en el Principado, el Gobierno socialista había comenzado tímidamente a implantar la prescripción por principio activo para algunas especialidades. Había comenzado de hecho a introducir una nueva aplicación informática para facilitar la nueva modalidad de receta.

 

Los médicos asturianos, y más aún la industria farmacéutica, han mostrado reticencias hacia la prescripción por principio activo. El origen de las quejas, expresadas incluso por el Colegio Oficial de Médicos, está en que, a juicio de los facultativos, puede limitar la libertad de prescripción, un principio que los especialistas consideran sagrado.

 

Más barato La receta por principio activo se acompaña, en el nuevo plan de ajuste, de la obligación de dispensar el medicamento más barato ya en la farmacia. El objetivo de la letra del acuerdo entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad es potenciar la competencia entre laboratorios para reducir los precios de venta. El margen, sin embargo, es escaso. José María Navia-Osorio señala, con todo, que no es razonable pensar que los precios desciendan más allá de unos céntimos. El nuevo titular de Sanidad manifiesta a este periódico que “en los próximos meses podremos calcular el impacto real de las medidas”.

 

La generalización de los medicamentos sin marca no es la única medida recogida en el plan de ahorro. El Ministerio de Sanidad y las comunidades han acordado también agilizar la tramitación en la determinación de los precios de referencia de los medicamentos, la cantidad máxima que se financia con cargo a las arcas públicas. Y han decidido además las administraciones central y autonómicas reducir un 15% los precios de aquellos medicamentos en los que ha vencido la patente -con diez años de duración-sin que se haya comercializado un genérico bioequivalente.

 

Las sucesivas medidas puestas en marcha en los últimos años para reducir el gasto farmacéutico están cumpliendo sus objetivos, pese a la férrea oposición de laboratorios, distribuidores y boticarios. 2010 se cerró por primera vez en la historia con un gasto en medicamentos menor al del año anterior.

 

La tarifa farmacéutica se lleva, según una estimación clásica, el 25% del gasto sanitario total. El grueso de la inversión se destina en Asturias, como en el resto de España, a costear las nóminas de los profesionales. Los trabajadores del Sespa suponen cerca del 50% del presupuesto. El 25% restante se destina a pagar el llamado gasto corriente. Las administraciones, acuciadas por la mala situación económica, están ahora actuando sobre todos los pilares del gasto.

Se repetirá hasta la saciedad que no es ninguna solución, pero habrá quienes insistan con la medida

 

El copago sanitario no garantiza ahorros para las arcas públicas

La experiencia de varios países europeos descarta la conveniencia de aplicar este modelo

28/08/2011 Luis Fernández, Oviedo, en La Voz de Asturias

La experiencia de varios países europeos demuestra que el copago no garantiza el ahorro en el gasto sanitario. Esta polémica medida, que consiste en que los ciudadanos paguen parte del servicio que les presta la sanidad pública, ha vuelto a situarse en los últimos meses en el centro del debate debido a la necesidad que tienen las administraciones de recortar el gasto público.

El Gobierno central y los autonómicos necesitan cuadrar sus presupuestos y por ello varias voces han pedido un aumento del copago. Hay que tener en cuenta que esta medida no es nueva en España, ya que el sistema sanitario público ya incluye el copago para los contribuyentes que no son pensionistas cuando acuden a comprar sus medicamentos en una farmacia.

En Asturias, todas las formaciones políticas se han posicionado en contra de una propuesta que recortaría el estado del bienestar y que está demostrado que no siempre cumple sus objetivos.

La única voz que se declarado partidaria de incluir esta modalidad en el sistema sanitario público es la Federación de Empresarios (FADE), que, a través de su secretario general, Alberto González, solicitó al Gobierno de Francisco Álvarez-Cascos que incluyese esta medida para meter tijera en el gasto. El presidente de la patronal, Severino García Vigón, se limitó la semana pasada a decir que es una opción que defienden pero que él no es un especialista en el tema.

Hasta ahora, las posturas parecen claras, aunque la situación de incertidumbre que afecta a la economía española podría deparar cambios a medio plazo. Pese a ello, parece claro que, como señaló el secretario general de CCOO en Asturias, Antonio Pino, es probable que las medidas impopulares se retrasen hasta después de las elecciones generales del 20-N.

Modalidades de copago Para entender la importancia de incluir el copago en el servicio público es necesario conocer las diferentes opciones que existe.

Según la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), la medida puede aplicarse en tres servicios diferentes. Por un lado, sobre la atención médica, en la que se incluyen las consultas de atención primaria, en hospitales y servicios de urgencias. La segunda opción se refiere a lo que semFYC llama servicios hoteleros, es decir, las hospitalizaciones. Por último, está la posibilidad del copago en farmacias y medicamentos, una opción que ya se utiliza en España.

Este abanico de posibilidades obliga a los defensores de esta medida a explicar cuáles son los servicios sobre los que quieren que la administración cobre. Por lo tanto, FADE debería concretar su propuesta.

Experiencia internacional El debate sobre el modelo de sanidad pública no es exclusivo de España, ya que se extiende a otros países europeos. Una de las principales conclusiones que establece la semFYC en un estudio es que el copago no siempre es sinónimo de ahorro.

Por ejemplo, su utilización en Bélgica provocó un descenso en el uso del servicio, aunque con una mínima eficiencia si se valoran los efectos de sustitución. Un caso curioso es el de Suecia, ya que la disminución del precio por visita en atención primaria y el aumento en la consulta externa hospitalaria provocó una caída del 1% en las primeras y del 9% en las segundas.

El mismo estudio señala que, en Portugal, el efecto disuasorio del cobro solo duró un año.

En las conclusiones del estudio de la sociedad de medicina familiar señalan que están “en desacuerdo” con la aplicación del copago en los servicios sanitarios, “dado que no existen pruebas concluyentes de sus beneficios”. Por el contrario, alegan que “sí existen evidencias, aunque sean débiles, y derivadas de múltiples estudios, sobre sus posibles efectos perjudiciales en la equidad y la salud de la población, especialmente la más desfavorecida socioculturalmente”.

Además, desde semFYV proponen otro tipo de medidas que pueden ayudar a reducir el gasto. Entre otras, apuestan por “incentivar a los profesionales por resultados” o establecer impuestos indirectos en productos como el tabaco, “que se relacionan directamente con la pérdida de salud”.

El copago generaría desigualdad y ésta la ruptura del SNS

España destina a salud menos que sus socios europeos

28/08/2011 Luis Fernández, Oviedo, en La Voz de Asturias

Pese a algunas discrepancias, el modelo sanitario español está bien valorado tanto por profesionales como por pacientes. Aunque son muchas las voces críticas con la inclusión del copago, una de las más conocidas es la de Carlos Ponte, el portavoz de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública.

El facultativo aporta una serie puntos para desmontar la conveniencia de que los ciudadanos paguen por utilizar el servicio público sanitario. Sus argumentos se centran especialmente en el copago por consulta. En su opinión, se trata de “un instrumento ciego, ya que es el paciente el que decide si ir o no al médico. Además, considera que esta medida “disminuye la demanda en función del precio”, motivo por el que cobra repercusión la clase social. Esto es, afecta a los de menos poder adquisitivo con los mismos problemas de salud.

Con este modelo, el paciente es el que se encarga de hacer un primer diagnóstico, ya que es el que decide la conveniencia o no de acudir al médico. Para referirse a este aspecto, Ponte señala “el riesgo de no identificar oportunamente un problema de salud” un problema que “se traduce en mayores costes”. En este caso se produce una situación paradójica, ya que “se puede aumentar el gasto”.

Modelo sanitario español

La crisis económica es la que ha puesto en tela de juicio un modelo sanitario que lleva funcionado varios años en España. La necesidad de recortar gastos ha puesto en el punto de mira de varios sectores el modelo de gestión actual.

Por este motivo es necesario explicar la situación de España en el contexto actual. No se puede hablar de gasto sin hablar de recursos. Los ingresos por impuestos en la Unión Europea de los 16 es del 40,2% del PIB, un porcentaje 8 puntos por encima de la de España, que es del 32%.

Además, el gasto sanitario en España es del 6,7% del PIB, más bajo que el de la media de los países de la OCDE es del 7,4%. Estos datos sirven para proponer alternativas, ya que la presión fiscal en España es menor que en el resto de países de su entorno y, por lo tanto, un aumento de la carga impositiva, o al menos de la partida destinada a los servicios sanitarios, podría servir para mantener la situación actual.

De este modo se evitaría introducir el copago, una medida que aumentaría las diferencias sociales.

Sindicatos, de manera contundente, y empresarios, con la boca pequeña, se oponen a las nuevas medidas

El Gobierno prima el empleo temporal y aplaza la subida de impuestos

El ministro Gómez defiende el contrato eventual ante la dificultad de frenar el paro que afecta sobre todo a los jóvenes

27.08.11 - M. J. ALEGRE | MADRID, en El Comercio.

Consciente de que «la crisis no ha acabado», el Consejo de Ministros aprobó ayer una reforma destinada a sacar a flote al colectivo laboral más joven, pero reconoce que una de las modificaciones más importantes, la libertad concedida a los empresarios para, en los próximos dos años, encadenar contratos temporales sin limitaciones, no aspira a la creación de más empleo, sino a que «no se destruya» el existente, incluso si es precario. «Prefiero un empleado temporal a un parado», admitió el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, tras la reunión del Gobierno en la que expuso los principales cambios.

El ministro enmarcó la reforma, con medidas que se prolongan durante dos años, en «momentos» en los que el mercado laboral prosigue su deterioro. No tomó en cuenta que otros miembros del Ejecutivo, incluido el presidente Rodríguez Zapatero, han situado en la recta final del año la expectativa de una «ligera» creación de empleo neto. Para el responsable de Trabajo, el problema requiere «medidas contundentes», dado su profundo calado.

El ministro explicó que las empresas, incluso las públicas, y hasta los ayuntamientos, cuando se ven en la obligación de convertir un contrato temporal en indefinido porque han apurado los límites vigentes, optan por concluir la relación laboral y contratan a un trabajador distinto.

Solo serán dos años de excepcionalidad, resaltó Gómez, porque el artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores que protege frente al encadenamiento abusivo de contratos temporales no se va a suprimir, y existe el compromiso de restaurarlo cuando venza el plazo. Desde 2006, cuando se trasladó a la legislación española un principio comunitario, hasta ahora mismo, un empleado que ha permanecido más de 24 meses de un periodo de 30 desempeñando la misma o diferente función en la misma empresa o en una sociedad del mismo grupo, y encadenado al menos dos contratos temporales, accede sin más trámites a la condición de fijo.

En el año 2006 se vivían tiempos de bonanza económica, insistió el ministro, y las circunstancias han cambiado. La evolución del mercado laboral en España resulta especialmente dramática para los más jóvenes, porque 1,6 millones de desempleados tiene menos de 30 años y la tasa de paro alcanza el 46,1% entre los menores de 25. Como además hay 700.000 trabajadores menores de 25 años que ni siquiera han obtenido el título de la ESO, se impone adoptar iniciativas que fomenten simultáneamente el empleo y la formación.

En esta realidad enmarcó el otro cambio relevante aprobado, un nuevo contrato de formación y aprendizaje que, hasta el 31 de diciembre de 2013, puede tener como protagonistas a jóvenes sin cualificación profesional (que carezcan de título universitario, de formación profesional...) en edades comprendidas entre 16 y 30 años. Puesto que su duración se podrá extender a tres años (con carácter general serán dos, y se añadirá uno en función del programa formativo), un trabajador podrá mantenerse en esta situación hasta los 33 años.

«No es un contrato basura», se defendió el ministro. El sueldo a percibir a estas edades será la parte correspondiente a la jornada, según lo establecido en cada convenio. Allí donde se aplique el salario mínimo interprofesional (este año 641 euros al mes) quedará reducido al 75% de esta cantidad. Principal característica de este programa es que la jornada laboral baja a tres cuartas partes de la habitual, y el 25% restante se tendrá que dedicar a la formación en un centro laboral o del sistema educativo.

Gómez admitió que con la fórmula actualmente en vigor, que tiene un mínimo de seis meses de duración y un máximo de dos años, apenas se han suscrito 100.000 contratos de formación al año sobre un total de 12 millones. Para incentivar los nuevos, cuya duración podrá extenderse de uno hasta tres años, la empresa que aumente plantilla mediante la contratación de personas desempleadas tendrá una bonificación del 100% en las cuotas de la Seguridad Social, o del 75% si se trata de una sociedad con más de 250 trabajadores. Y si, al término del contrato, opta por convertir la relación laboral en un contrato indefinido, verá reducida la cotización en 1.500 euros durante tres años (1.800 si se trata de una mujer).

Los más ricos

El Gobierno siempre titubea cuando aborda la fiscalidad de los más ricos. Por eso ha decidido a última hora aparcar la iniciativa de elevar su contribución al presupuesto público, proyecto en el que los técnicos del Ministerio de Economía llevaban trabajando largo tiempo. «Si se hubiera abordado este tema en la reunión del Consejo de Ministros les hubiera informado de ello», zanjó el ministro Portavoz, José Blanco, tras la sesión del Gabinete.

Blanco había sido de los primeros en abogar por una contribución solidaria de los más pudientes. Los ministros tienen impuesta la confidencialidad absoluta sobre los temas tratados en sus reuniones, y no se conocen 'oficialmente' las razones que han podido llevar al descarte de una propuesta que hubiera podido suponer un «guiño» a los sindicatos en la misma fecha en que se han decidido drásticas reformas laborales.

LAS MEDIDAS

Contratos temporales.

Se suspende durante dos años la prohición de encadenar contratos temporales.

Conversiones.

Se prolongan hasta el 31 de diciembre de 2012 las bonificaciones a la conversión de contratos temporales en indefinidos de fomento del empleo estable.

Formación.

El contrato está dirigido a jóvenes de entre 16 y 25 años sin cualificación. Hasta 2013 se podrá extender a los 30 años.

Indemnizaciones.

Se extiende hasta 2013 la posibilidad de que el Fondo de Garantía Salarial pague ocho días de la indemnización por despido.

400 euros.

Trabajo confirma la prórroga por seis meses más, hasta el 15 de febrero de 2012.

Fondos de despedidos.

Se aplaza el compromiso de crear un fondo de capitalización individual de cada trabajador hasta el primer semestre de 2013.

Sindicatos y empresarios se oponen a las nuevas medidas

27.08.11 - BORJA ROBERT | MADRID, en El Comercio.

Ni a sindicatos, ni a empresarios. Las medidas anunciadas ayer por el Gobierno pusieron en pie de guerra a los agentes sociales, que las consideraron inútiles para luchar contra la destrucción del empleo, especialmente entre los jóvenes. CC OO calificó las medidas del Ejecutivo de «ineficaces, faltas de rigor e improvisadas» y solicitó su retirada. UGT las tachó de «muy negativas» y de no servir para «sacarnos de la actual situación económica». Las patronales CEOE y CEPYME, por su parte, declararon que «no se va en la dirección adecuada para la recuperación de la actividad económica y del empleo».

Las organizaciones sindicales denunciaron el aumento, hasta los 30 años, de la edad con la que acceder al nuevo contrato en formación que, apuntó Comisiones Obreras, «condena a los jóvenes a la temporalidad y los bajos salarios». La suspensión del límite de encadenamiento de contratos temporales también crispó a los sindicatos, que la consideraron una apuesta por «el empleo de mala calidad y con menos derechos», además de una manera de «legalizar el fraude de ley, tan común en nuestro mercado de trabajo».

De la Asamblea del grupo de trabajo de economía de “Acampada Sol” celebrada ayer

Reforma constitucional

Pronunciamiento y actuaciones desde el 15-M Madrid…

Los y las participantes en la Asamblea de urgencia convocada por el Grupo de Trabajo de Economía de Acampada Sol y celebrada el viernes 26 de agosto a las 19:00 horas en la Plaza del Carmen han consensuado realizar una manifestación este domingo, día 28 de agosto, bajo el lema "No a esta reforma de la Constitución. Ni un paso atrás".

La manifestación partirá de Atocha a las 18:00 horas y finalizará en Sol con la celebración de una Asamblea General en la que se seguirá profundizando en la reforma de la Constitución anunciada por el presidente del Gobierno y apoyada por los partidos mayoritarios.

Fecha de la manifestación: domingo 28 de agosto
Hora: 18:00
Recorrido: Atocha - Sol

NO A ESTA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN. NI UN PASO ATRÁS

SOBRE EL FONDO

El gobierno y el PP van a aprobar con inusitada urgencia una reforma de la Constitución al dictado de los mercados y de los gobiernos conservadores de las potencias europeas.

Pretenden, con la excusa de ordenar las finanzas, imponer el beneficio de unos pocos sobre la voluntad de la mayoría.

La ministra Salgado reconoce que se hace para tranquilizar a los mercados. Todavía no ha aprendido que los mercados son insaciables. En cualquier caso es un reconocimiento de sumisión a quien ha provocado esta crisis y pretende salir fortalecido de ella.

Alarmados ante la respuesta social a este atropello, ahora hablan de incluir alguna flexibilidad, esa flexibilidad la teníamos ya. Entonces, ¿para qué se hace?

Pues porque sacraliza un concepto, una ideología. Se demoniza la deuda pública, la inversión pública. ¿Es que la deuda privada no hay también que devolverla?

¿Por qué la deuda privada es conveniente para el progreso y sin embargo la deuda pública no? La inversión en enseñanza, salud pública, infraestructuras, en mejor justicia, entre otras, es más valiosa que ninguna otra, y los países que la hacen están a la cabeza del desarrollo.

En lugar de embridar a “los mercados” que especulan con la deuda pública en colaboración con las Agencias de Calificación, dan por supuesto que eso no se va a hacer, y optan por entregar la pieza entera.

Se niegan a reconocer lo que cada vez más expertos afirman y lo que la experiencia está demostrando, y es que las medidas de ajuste deprimen las economía y empeoran los déficits.

Esta medida no se toma en ciclo de crecimiento, sino en un momento en el que el déficit es necesario para relanzar la economía. Se toma por tanto para acelerar los procesos de ajuste que están significando:

-Pérdidas económicas para la población.

-Pérdidas de derechos que seguro no nos devolverán si la crisis pasa.

-Pérdidas de nuestro patrimonio público de empresas y servicios.

Esta medida se toma en un país cuyo principal problema no es la deuda pública, sino la deuda privada, fundamentalmente de los bancos.

Premios Nobel y catedráticos de Economía reiteran que centrar la política económica en la reducción del déficit estrangula las posibilidades de recuperación económica y, por lo tanto, de generación de empleo.

El déficit se genera si los ingresos caen. Y en nuestro país cada vez pagan menos las grandes fortunas y las grandes empresas. Sufrimos un fraude, una evasión fiscal y unas medidas fiscales contrarias a lo que dice nuestra Constitución.

El destino de esta reforma está muy claro si vemos el borrador del famoso cambio. Tiene un párrafo que dice: “Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos Y SU PAGO GOZARÁ DE PRIORIDAD ABSOLUTA.”

No se puede decir más claro, primero los bancos, luego, todo lo demás.

SOBRE LA FORMA

No es la primera medida que demuestra la sumisión a los poderes financieros y la falta de respeto de nuestros gobernantes  por su propia dignidad democrática. Pero ésta ya no es una norma o decreto Ley, es nada menos que una reforma de la Constitución.

En agosto, y con la legislatura concluida, el momento en que se decide modificar la Constitución refleja un seguidismo a los más relevantes representantes de la derecha europea (Merkel/Sarkozy).

Si las cosas están mejorando, según dice el gobierno, ¿qué ha cambiado en pocas semanas, cuando el gobierno no aceptaba esta medida propuesta por Rajoy?

¿Dónde está la urgencia de una medida que se dice será operativa dentro de seis años? Más les valdría cumplir la Constitución y los derechos en ella consagrados.

Hay temas de reforma constitucional sobre los que hay enorme consenso social y siempre se dijo que existen grandes inconvenientes para modificar la Constitución.

No vale el ejemplo que nos ponen de otra modificación, que fue decidida en obligado cumplimiento de nuestros Tratados Internacionales (ej.: el derecho de voto de los ciudadanos comunitarios).

Estos gobernantes vienen tomando medidas que saben que cuentan con el mayoritario rechazo de la población y por eso los políticos son vistos como una lacra y como un problema. Esta decisión apresurada, sin debate ni participación ciudadana, ahondará ese desprestigio.

En el desgraciado caso de que no haya diputados suficientes para impedir esta chapuza democrática, exigimos poder ejercer la soberanía que nos garantiza nuestra propia Constitución y por tanto el derecho a votar NO a esta reforma tras un debate en el que se garanticen los medios similares de expresión de ambas alternativas.

NO A ESTA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN.

¡¡NI UN PASO ATRÁS!!

Un claro no a cualquier tipo de recorte en sanidad

Sanidad, ¿quién copaga?

La necesidad de mantener un pilar básico del Estado del bienestar

Por MARÍA LUISA CARCEDO, PRESIDENTA DE LA AGENCIA ESTATAL DE EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS

Las insistentes voces reclamando recortes, «cambios» o medidas urgentes en el Sistema Nacional de Salud basan su argumento en su insostenibilidad económica, dicen, debido al envejecimiento de la población, a los abusos de los usuarios o al uso masivo por inmigrantes. Los más razonables aducen los problemas derivados de la crisis económica, la presión de los mercados y la caída de la recaudación. Estos mismos argumentos sirven también para reclamar recortes en todos los servicios y prestaciones del Estado del bienestar.

Para empezar, conviene aclarar que el Estado del bienestar no es una suma de gasto en prestaciones sociales. En absoluto. Es una forma de organización de la sociedad y requiere la asunción colectiva y también subjetiva de participación en una forma de convivencia cuyo principal resultado es la seguridad en el amplio sentido de la palabra (desde la seguridad pública a la social, la económica y también ambiental) y la igualdad de oportunidades. Requiere, por tanto, de un consenso básico, clave para garantizar la democracia y el desarrollo. Se concreta en una forma de intervención social y económica del Estado a través, fundamentalmente, de servicios públicos. Conviene recordar también que sólo el 25% de los países del mundo disfruta de algún tipo de Estado del bienestar y son, precisamente los más desarrollados.

La situación de crisis económica es ahora la principal justificación para proponer recortes. Machaconamente escuchamos reclamar de los estados, sin ningún rubor, medidas de copago sanitario entre otras «reformas», el eufemismo al uso para referirse a recortes sociales. Este argumento merece un análisis más profundo que no es el objeto de este escrito, pero sólo un apunte clarificador: uno de los países con mayor nivel de protección social y con un Estado del bienestar más desarrollado es Suecia. Pues bien, hace a penas una semana se publicaban los datos sobre deuda pública de los países de la OCDE. Según Eurostat, el país con menos deuda pública en porcentaje del PIB en el año 2010 fue precisamente Suecia, con un porcentaje del 39,76 de deuda pública frente a un 223% de Japón o un casi 92 % de EE UU. La media de los países de la UE-27 fue del 80,20%.

Quizá por ser el servicio público con mayor impacto social y económico, la sanidad suele ser la diana de cuantos, tijera en mano, están prestos a acabar con todo lo que signifique, en el concepto neoliberal, gasto social. Y no faltan los salvadores del modelo que argumentan que la única forma de garantizarlo es estableciendo alguna forma de copago y una dieta de adelgazamiento para sanarlo, cual curanderos con sanguijuelas para curar las anemias.

Por otra parte, las embestidas contra la sanidad pública no son una novedad de este momento, sino que aprovechan la situación de crisis para renovarlas. Recortes, privatizaciones y copago se plantean periódicamente por quienes ven en los servicios sanitarios una oportunidad de negocio y, sobre todo, por quienes plantean un modelo de sociedad en el que el Estado tenga un papel mínimo y sean los ciudadanos quienes deban procurarse la adquisición como consumidores de los servicios esenciales: la máxima de los planteamientos neoliberales surgida en la década de los setenta y que tan devastadores efectos tuvo en los países víctimas de su experimento, de forma singular Iberoamérica y con importantes consecuencias en los EE UU de Reagan y Bush y el Reino Unido de Margaret Thatcher.

La primera cuestión que intencionadamente se ignora en este razonamiento es que el sistema sanitario es mucho más que un servicio de atención a la salud. Es un potente instrumento de justicia y cohesión social, a la vez que favorecedor de la vertebración territorial. Y cabe preguntarse: ¿cuánto cuesta la cohesión social en un país? Conviene recordar, por otra parte, que el gasto sanitario por persona en España es de los más bajos de los países de la OCDE. En términos de poder paritario de compra, el gasto público por persona y año en España es de 2.105 dólares, unos 1.480 euros, mientras que la media en los países de la UE-15 es de 2.675 dólares. La primera conclusión que podemos admitir es que el Sistema Nacional de Salud (SNS en adelante) español es de los menos costosos de los países de nuestro entorno.

Como es conocido, la sanidad se financia, desde la entrada en vigor del sistema de financiación autonómica del 2001, íntegramente a partir de los Presupuestos Generales del Estado. Por lo tanto, es un sistema que cofinanciamos todos los españoles con nuestros impuestos y con la mayor participación del IRPF y del IVA (tributos de mayor cuantía incluidos en el sistema de financiación autonómica). Dicho sea de paso, la población inmigrante, que se esgrime como uno de los lastres del sistema, contribuye a su sostenimiento ya que está obligada a pagar estos tributos según su consumo y su nivel de renta. La segunda conclusión evidente es que la sanidad española la copagan todos los ciudadanos a través de los impuestos establecidos. La cuestión relevante es que uno de los impuestos con mayor participación en su financiación (el IRPF) es de carácter progresivo y, por tanto, redistributivo.

Quizá la característica más destacable de los modelos sanitarios de países con Estado del bienestar sea su acceso universal. En España, la ley General de Sanidad del año 1986 reguló las características de nuestro SNS, su carácter universal y las condiciones de acceso, de igualdad para todos los españoles. También, la citada ley definió el alcance de la atención a la salud, calificándola de integral; es decir, no sólo es curativa, sino que alcanza la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, su curación y la rehabilitación. De forma que en esta definición está seleccionando la población-diana de los servicios haciendo efectivas las prestaciones que protejan la salud de los españoles, según el derecho constitucional. Por tanto, no va dirigido sólo a enfermos, sino a la población general.

En estas condiciones, por la alta calidad en la atención lograda y la profesionalidad demostrada por el personal sanitario, la sanidad es el servicio público del bienestar mejor valorado por los españoles, y el segundo, detrás del transporte, si consideramos todos los servicios públicos. Precisamente, en los dos años largos que llevamos de crisis, ha mejorado la valoración del servicio por los españoles, situándose la satisfacción global en cerca del 70% de personas satisfechas o muy satisfechas con la sanidad pública. En Asturias alcanza el 80%. La cuarta conclusión rotunda: alta valoración y satisfacción de los españoles con la sanidad pública, que aumenta en momentos de crisis.

Pero si hablamos de hipotéticos recortes en el gasto público, los ciudadanos admiten que en momentos con escasez de recursos se pueda recortar en casi todas las políticas, salvo en sanidad, educación y pensiones. Por tanto, en las políticas esenciales del Estado del bienestar. En el caso de la sanidad, el 97% de los españoles en el 2010 están en contra de recortes y el 92% en la educación. Quinta conclusión: los españoles están en contra de recortes en la sanidad pública, más en situación de crisis.

En conclusión, teniendo en cuenta que el sistema está cofinanciado con los impuestos de los ciudadanos, que la población a la que van destinados los servicios es la población general y que existen varios niveles de responsabilidad en el diseño, gestión y prestación de los servicios sanitarios, la tarea de lograr la mayor eficiencia para la sostenibilidad del sistema corresponde, en primer lugar, a los políticos, con capacidad de actuar para dotarlo de recursos, reglas e instrumentos útiles para su eficacia y sostenibilidad (leyes y normas); a los gestores económicos, para lograr la máxima eficiencia (gestión eficiente), y a los profesionales, la buena administración de los recursos puestos a su disposición (gestión clínica, actividad profesional, prescripción).

A los ciudadanos no les corresponden las decisiones en la generación del gasto. Les compete la utilización responsable de centros y prestaciones sanitarias, y deben contribuir activamente a su defensa y mejora. En un sistema democrático, los ciudadanos son los receptores de los servicios pero a la vez son los dueños y protagonistas de su existencia y alcance. En España se pronuncian con rotundidad por su mantenimiento y en contra de cualquier recorte.

Por lo tanto, en el actual sistema sanitario copagamos todos los ciudadanos españoles porque todos somos beneficiarios de sus servicios.

Y, en el futuro, ¿se pretende que paguen más los enfermos, precisamente los ciudadanos en situación más complicada o desfavorecida de forma puntual o crónica o aquellos que pasan por momentos vitales que requieren mayor uso como embarazo, parto, infancia , vejez, etcétera?

Se estaría atacando a uno de los efectos más tranquilizadores, para los ciudadanos, del sistema sanitario: la seguridad ante la enfermedad, independientemente de condición económica, social o lugar de residencia.