El Gobierno, dispuesto a aplicar nuevas fórmulas si se garantizan la gratuidad y la universalidad sanitarias
El centro de salud de Villalegre.
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Modelos. Asturias
La Nueva España. Oviedo, José A. ORDÓÑEZ
El Gobierno de Asturias considera necesario un consenso estatal a la hora de aplicar nuevas y «más justas» fórmulas de copago de los medicamentos, entre ellas el cobro de un parte de la recetas a las pensiones más altas, tal como reclaman ya algunas autonomías. Varias comunidades -entre ellas, Castilla y León, Valencia, Cataluña, Madrid, Galicia y Murcia- están dispuestas a hacer frente común para que el Ministerio de Sanidad ponga en marcha alguna medida en tal sentido. En el Principado, esa variación del modelo de copago afectaría, al menos, a unos veinte mil jubilados de la minería que, de media, cobran en torno a dos mil euros mensuales, una cantidad que está por encima de la media salarial del país.
El Gobierno de Vicente Álvarez Areces respalda la búsqueda de nuevas fórmulas de copago farmacéutico «más justas», si bien, según indican sus portavoces sanitarios, considera «imprescindible» que queden garantizadas «la gratuidad y la universalidad de la asistencia sanitaria como elemento de cohesión social del Estado». Además, el Ejecutivo regional defiende que, llegado el caso, este debate debería realizarse en clave nacional. El consejero de Salud, Ramón Quirós, estima: «No tiene sentido plantearlo por autonomías».
Las comunidades autónomas están poniendo sobre la mesa nuevos sistemas de copago como medida para luchar contra un gasto farmacéutico que consideran desbocado y que resulta muy difícil de asumir en la actual situación de crisis económica. En principio, por lo que se refiere a los pensionistas, la medida afectaría únicamente a aquellos que cobran más de 21.500 euros brutos al año, la media salarial del país. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), son algo más de 177.000 personas. Las principales asociaciones españolas de jubilados ya se han posicionado en contra de que se establezca el copago de medicamentos para las pensiones más elevadas y advierten de que están dispuestas a movilizarse.
En Asturias hay alrededor de 294.000 pensionistas. Perciben 930 euros mensuales de media, una de las más altas del país. Sin embargo, los expertos consideran que esta situación privilegiada en el «ranking» nacional está adulterada por las altas retribuciones de la minería, en el entorno de los 2.000 euros al mes de media.
La fórmula de pago de los medicamentos que se encuentra actualmente en vigor obliga a los ciudadanos en edad laboral a abonar el cuarenta por ciento de los fármacos con receta médica. Este porcentaje se reduce al diez por ciento en el caso de las personas que padecen enfermedades crónicas. Por su lado, todos los pensionistas acceden de forma gratuita a los medicamentos recetados. Este modelo, de acuerdo con los datos de la Consejería de Salud, hace que en Asturias los usuarios sólo sufraguen el 4,9 por ciento del coste total de los fármacos que les son recetados por los facultativos del Servicio de Salud del Principado (Sespa).
Para explicar su postura en este asunto, los portavoces de la Consejería de Salud aluden a una intervención en el Parlamento regional de Ramón Quirós en la que, entre otras cosas, aseguró que el Principado no se cierra a «estudiar la estructura actual del copago de fármacos y promover un sistema más justo, que tenga en cuenta el poder adquisitivo de la persona protegida». De ahí que, a su juicio, «merezca la pena explorar en el marco legal actual la viabilidad y el impacto de copagos variables». Se trataría de «establecer un conjunto de medicamentos considerados esenciales con aportación cero, gratuitos para toda la población, mantener el umbral de renta exenta para el copago; es decir, que la gente de menos renta no pague nada, y efectuar un copago variable en los tramos de renta elevados».
En la intervención de referencia en la Junta General, para responder a una interpelación del PP, Quirós reconoció que el copago actual «no nos parece justo y nos parece que si hay que pagar, y así está establecido en el marco legal, lo lógico es plantearse si ése es el mejor sistema». A partir de ahí, propuso debatir que «quien más tiene más pague, si es que hay que pagar».
A este respecto, el Consejero se refirió a un artículo de la ley de Medicamentos de 2006 que dice textualmente: «La participación en el pago podrá modularse por el Gobierno con criterios que tengan en cuenta capacidad de pago, utilidad terapéutica y social de los medicamentos o las necesidades específicas de ciertos colectivos». En resumen, para Quirós, la cuestión primordial estriba en debatir si el sistema «es el más justo que tenemos o si los hay más equitativos y que permiten que, partiendo de que toda persona que necesite un fármaco tenga acceso a él, pague más el que más tiene».
