UGT y CC OO advierten a Zapatero de que la medida le acerca a la patronal y de que aún están sin resolver la negociación colectiva y la reforma laboral.
No se puede jugar con fuego por mucho que ese discurso guste en Europa …
Los sindicatos aseguran que habrá ruptura con el Gobierno si retrasa las jubilaciones
Oviedo, Marián MARTÍNEZ, para La Nueva España
Las buenas relaciones entre el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y los dos sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO, se han complicado desde el mismo momento en que el Ejecutivo anunció su propuesta de retrasar dos años la edad de jubilación y modificar el cálculo de las pensiones. Zapatero no escuchó a los líderes sindicales, que le advirtieron de que no aceptarían esas modificaciones, que le aproximan a la patronal, y menos cuando está pendiente la negociación colectiva y se plantea una reforma laboral. Pero Zapatero siguió adelante y la respuesta es contundente: si quiere guerra, la tendrá.
Asturias es una autonomía marcada por el envejecimiento y las prejubilaciones, como solución social a la reconversión industrial. Y fue su presidente, Vicente Álvarez Areces, el primero en advertir en el comité federal del PSOE del riesgo de quiebra con los sindicatos, a los que calificó como «los mejores aliados» en la travesía por la crisis.
Miembro del mismo órgano de gobierno del PSOE es también el asturiano Manuel Fernández, «Lito», secretario nacional de MCA-UGT, quien advirtió de que no se puede hablar a la ligera de la edad de jubilación y menos sin tener en cuenta las diferencias entre las distintas actividades laborales. Y es que esta organización lleva años reclamando la jubilación a los 60 años para los trabajadores de la construcción a pie de obra. Así que el anuncio de Zapatero cayó como un jarro de agua fría. Y más cuando los dos líderes sindicales nacionales, Cándido Méndez (UGT) e Ignacio Fernández Toxo (CC OO) ya habían hablado con el presidente del Gobierno y creían haberle convencido del error de retrasar la jubilación.
Justo Rodríguez Braga, secretario regional de UGT, defendió, en línea con Cándido Méndez, que «si es necesario tocar algo se haga por sectores, porque no todos los trabajos son iguales. Un siderúrgico o un albañil no pueden estar con 65 años en el tajo, empezando por una cuestión de seguridad, porque los reflejos no son los mismos y eso hay que tenerlo en cuenta». Advierte también de que «hay demasiadas cosas en la coctelera: la negociación colectiva, el contrato único, la rebaja de la cotización de las empresas a la Seguridad Social y ahora alargar la vida laboral y modificar el cálculo de las pensiones. Una cosa es que haya que negociar y tengamos que asumir retoques, y otra muy distinta es que se agredan los derechos de los trabajadores. Por ahí no vamos a pasar y el PSOE lo tiene que tener claro».
Antonio Pino, secretario general de CC OO, advirtió de las tentaciones de «derechización» del Gobierno del PSOE en materia económica. «Si el PSOE mantiene su propuesta tal y como está, con una clara agresión a los derechos fundamentales de los trabajadores, va a tener muchos problemas», afirmó antes de acusar al Gobierno de «poner de excusa la caja de la Seguridad Social cuando está bien y no ha cumplido con lo que se pactó en 2006, y que evitaría problemas». En su opinión, «un Gobierno socialdemócrata lo tiene complicado cuando los aires europeos son mayoritariamente de derechas, pero hay que apostar». Y una advertencia: «Esperemos que Areces no se contamine de la lógica del PSOE nacional», en referencia a que se aleje de los sindicatos y se acerque sólo a las propuestas de la patronal.
La advertencia manifestada por Areces de una posible quiebra en las relaciones entre el PSOE y los sindicatos la comparten más socialistas asturianos. «En el Pacto de Toledo hay margen para la discusión. Seguro que allí se modificará la propuesta y será posible el consenso. No hacerlo será poner en riesgo la paz social justo en precampaña electoral» de las autonómicas y las municipales, advertía un socialista. Otros, que también reclamaron anonimato, coincidieron en que el anuncio de Zapatero responde «a la presión internacional. Quiere que se vea que toma decisiones y que España se mueve. Pero que tenga cuidado, no provoque demasiados movimientos».
