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Cómo diríamos aquí marea no, ¡¡mareona!!...

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’Marea blanca’ en Madrid a favor de la sanidad pública

Los sindicatos dicen que la ’alta participación’ es un ’aviso a la Comunidad’

LA MARCHA EN IMAGENES

AGENCIAS | MADRID, en El Comercio.

Los sindicatos sanitarios han tachado de "éxito rotundo" la marcha multitudinaria de la ’marea blanca’ de protesta en contra de las medidas del Gobierno regional, lo que a su juicio supone "un aviso" al Ejecutivo regional para que dé marcha atrás en su plan sanitario y para que se siente a negociar.

El gran bloque compuesto por miles de empleados y usuarios de la Sanidad pública madrileña confluyó en la Plaza de la Cibeles con destino a la puerta del Sol, donde a las 15.00 horas está previsto que se lea un manifiesto.

El portavoz del sindicato de Enfermería (SATSE Madrid), José Manuel Freire, ha destacado la elevada participación de la marcha y ha señalado que ello escenifica el malestar de los empleados y la sanidad madrileña. "El cambio del modelo sanitario afecta a toda la red sanitaria madrileña y cambia sustancialmente de lo que teníamos. Y esto no es para mejor porque tendrá grandes repercusiones sobre los ciudadanos", ha alertado.

Por su parte, Julián Ezquerra, de Asociación de Médicos y Titulados Superiores (AMYTS), ha tachado de "éxito rotundo" la protesta y ha señalado que se trata de un aviso a la Comunidad. "Es una serio aviso a la Comunidad para que sepan de que estamos en contra y que no tendrán más remedio que dar marcha atrás. Tienen que sentarse a negociar para que sobreviva este sistema en manos de la gestión pública. No podemos tolerar que se entregue a manos privadas. De la sanidad pública no se puede hacer negocio", ha aseverado.

Encierro

Por otro, una veintena de encierros se están llevando a cabo en una veintena de centros hospitalarios en protesta por las nuevas medidas sanitarias que pretende impulsar el Gobierno regional en los Presupuestos para 2013.

El primer encierro de trabajadores de centros hospitalarios se produjo el 2 de noviembre en el Hospital de la Princesa en contra del proceso de especialización en dolencias para personas mayores planeado por la Consejería de Sanidad, y que se convirtió en símbolo y detonante de otras actuaciones.

Tras la Princesa, se han producido encierros similares en los hospitales Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, el Hospital del Henares, el del Sureste y el del Tajo, que precisamente son los seis centros que verán como su gestión sanitaria será externalizada.

El hospital infantil Niño Jesús, el de Puerta de Hierro, el Ramón y Cajal, el Príncipe de Asturias, el 12 de Octubre, el Severo Ocha Leganés, el Hospital de Getafe, Instituto de Cardiología y Santa Cristina y Gregorio Marañón; a los que se unieron recientemente los centros de La Paz, el Hospital de Móstoles y el Clínico San Carlos.

Gómez dice que si no hay un servicio público sanitario “deja de haber sanidad”

El secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha asegurado durante su participación en la ’Marcha Blanca’ en Madrid que si no existe un servicio público sanitario "sencillamente deja de haber sanidad".

MADRID, EUROPA PRESS

El secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha asegurado durante su participación en la ’Marcha Blanca’ en Madrid que si no existe un servicio público sanitario "sencillamente deja de haber sanidad".

El socialista ha señalado que "los protagonistas" de la jornada son "los ciudadanos, los médicos y la gente que están defendiendo la sanidad pública".

"Hoy está Madrid en la calle, están los trabajadores de la Comunidad sanitaria, pero también están los ciudadanos defendiendo 30 años de trabajo, de esfuerzo y de derechos conseguidos", ha señalado.

Gómez ha estado presente en la protesta de los empleados y usuarios de la sanidad pública madrileña en protesta de las medidas impuestas por el Gobierno regional.

Junto a Gómez, han acudido otros representantes socialistas de la región como la secretaria de Sanidad del PSM, Laura Oliva, la secretaria de Organización del PSM, Maru Menéndez, las diputadas regionales Sonia Conejero y Rosa Alcalá, el diputado regional José Manuel Franco Pardo, así como varios concejales y cargos orgánicos de la formación.

Cuando Rajoy saque a la calle a los que están a favor de los recortes entonces comparamos, mientras tanto las manipulaciones ya van mucho más allá de lo esperpéntico en el caso de Cristina Cifuentes en Madrid…

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¿Son 35.000 o son dos millones?

El cálculo de manifestantes está demasiado condicionado por el afán de manipulación

Alejandra Agudo, en El País.

Raramente hay acuerdo. Un millón de personas se manifestaron el pasado 14 de noviembre contra los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy, dijeron los sindicatos. Fueron 35.000, según la delegación de Gobierno en Madrid, encabezada por Cristina Cifuentes. La cifra ha sido considerada ridícula por algunos ciudadanos, que rápido han reaccionado con críticas en las redes sociales. En el mismo enclave de la capital, la plaza de Colón, el PP convocó una concentración contra la política antiterrorista del gabinete de Zapatero en marzo de 2007. En aquella ocasión, la Comunidad de Madrid afirmó que habían asistido más de dos millones de personas. Aunque en ese momento hubieran salido a la calle más personas que en la última huelga general, la diferencia de datos es tan abultada que se ha reabierto el debate sobre cómo se hacen los recuentos de congregados en grandes concentraciones.

“Las manifestaciones y las huelgas nunca se han medido de forma objetiva”, sentencia Ramón Adell Argilés, profesor de Sociología en la UNED e investigador de la materia. “Para los organizadores suele ser la ‘más multitudinaria de la historia’ y para las instituciones contrarias es ‘el mayor fracaso”, añade. Las cifras bailan en función de los intereses de quien las mida, pero Adell opina que son necesarios “más rigor y seriedad”, sobre todo, cuando el cálculo lo hace una entidad pública como una Administración autonómica o la Delegación del Gobierno. “Últimamente se da un desprecio hacia las personas que protestan y hay más sesgo en los cálculos”, apunta en relación a esta institución en Madrid.

Esta actitud de “ninguneo” por parte de los gobernantes se produce porque creen que “si no miran, no existe”, dice Adell. Pero tiene consecuencias, alerta el sociólogo. “Puede llevar a una radicalización en las movilizaciones para llamar la atención”. Y deja la sensación, señala, de que todos mienten. Ante esta creencia, los ciudadanos tienden a “hacer una media, lo que es erróneo, porque presupone una objetividad de las fuentes que, aun difiriendo, tendrían cifras cercanas”, afirma el profesor. Pero una o las dos cantidades pueden estar demasiado mermadas o engordadas. “Todos juegan con que se hará esa media”, explica.

La reacción de los ciudadanos a los datos publicados por la Delegación de Gobierno y los sindicatos el 14 de noviembre no se ha limitado a la simple suma y división de cantidades. Algunos internautas han considerado “ridícula” la cifra aportada por la popular Cristina Cifuentes (35.000). La política ha sido criticada y ridiculizada en las redes sociales con mensajes alusivos a su “vista de halcón” y su capacidad para “encoger manifestantes”. “Cuando se fuerza demasiado la máquina demagógica se pierde credibilidad”, asegura Adell. No es la primera vez que Cifuentes da cifras fuertemente cuestionadas por los ciudadanos. Para la concentración, el pasado 25 de septiembre, alrededor del Congreso de los Diputados se dispusieron más de 1.300 agentes de la Policía Nacional, un despliegue calificado de desmesurado para los 6.000 manifestantes que después calculó la Delegación del Gobierno en Madrid.

Tampoco han sido creíbles para otros las estimaciones de los sindicatos. “Ni tanto ni tan calvo”, bromea un tuitero. En un trabajo de autocrítica, José Javier Cubillo, secretario de Organización y Comunicación de UGT, reconoce que los cálculos de manifestantes del sindicato “están sujetos a error”, porque aunque el procedimiento sea riguroso, en la práctica, “a veces” no lo es. El sindicato, uno de los convocantes de la huelga general del pasado 14 de noviembre, estimó la afluencia a la protesta ese día en un millón de personas. Lo hizo, asegura Cubillo, cruzando datos de superficie ocupada y densidad de personas por metro cuadrado. “Manifestaciones de un millón ha habido muchas”, ironiza Adell sobre ese umbral psicológico y simbólico de llegar a las siete cifras para ganar impacto. Matiza, sin embargo, que “entra dentro de la lógica” que los organizadores de una protesta engorden la cantidad de asistentes. En cualquier caso, Cubillo resta importancia a las cantidades porque “distraen sobre los motivos de una protesta” y rehúsa opinar sobre los datos de Cifuentes y los suyos propios.

“Se debería estandarizar una metodología, y que sea pública, para todas las manifestaciones; si siempre tienes el mismo margen de error no pasa nada, porque puedes comparar los datos”, declara Rafael López, director de desarrollo de algoritmos de análisis en Vaelsys, empresa especializada en soluciones de visión artificial, también para el conteo de personas en aglomeraciones. En su opinión, cuando una protesta se produce en la calle y sobrepasa las 300 personas, la técnica idónea para estimar la cantidad de asistentes es cruzar datos de densidad por metros cuadrados ocupados. Para ello, explica, es necesario dividir la superficie total en zonas y que varios técnicos, cada uno en su área, cuenten a la misma hora —“intentando que sea la de mayor afluencia”— cuántas personas hay en un metro cuadrado.

“Cuando nos piden analítica de imágenes para concentraciones, no lo recomendamos”, apunta López. El experto asegura que ese método (que un ordenador cuente cabezas en fotografías panorámicas de alta definición) es muy eficaz en espacios cerrados “como un polideportivo”. En ciudades, sin embargo, “puede haber árboles o papeleras que se confundan con personas”, dice. “Podrías atinar si tuvieras una imagen cada dos metros”, añade. La empresa Lynce, ya desaparecida, utilizaba la técnica descrita. En su web avisaban de la “dificultad de contabilizar” cuando las condiciones eran complejas, por ejemplo, por “climatología adversa, abundancia de pancartas o ausencia de calles amplias”, señalaban. Por eso, hacían un control de calidad “de manera artesanal” después de asignar un número a cada persona informáticamente. Buscaban, según explican, sombras, globos o arbustos que hubieran sido considerados humanos, así como individuos detrás de banderas ignorados en el proceso anterior.

¿Hay posibilidades de estandarización y consenso? “Solo cuando estamos de acuerdo en la protesta”, responde Adell. Un ejemplo fue la concentración de ciudadanos en apoyo a las víctimas del atentado del 11 de marzo de 2004 en Atocha, al día siguiente del ataque terrorista. No hubo discusiones públicas sobre la asistencia. Tampoco los medios de comunicación discreparon. La versión, prácticamente unánime, fue que en toda España se manifestaron 11 millones de personas. Pero las ocasiones en las que se da esta armonía de datos, son muy pocas. Lo habitual es que no haya acuerdo, como sucedió recientemente con la manifestación independentista de la Diada en Barcelona. Asistieron dos millones, según la organización; 1,5, siguiendo los cálculos de la guardia urbana y el departamento de Interior; y 600.000 contó la delegación del Gobierno. Unas discrepancias que no son tan alarmantes como las de la huelga general y que Llorenç Badiella, responsable del servicio de Estadística Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, resolvió en el diario La Vanguardia el pasado 14 de septiembre: “Un cálculo pormenorizado del área ocupada y la densidad de la marcha da la razón al Gobierno”, zanja.

Existen diferentes métodos, más o menos fiables, pero con base científica para calcular aglomeraciones. ¿Por qué se dan todavía diferencias tan grandes en las estimaciones? La respuesta de los expertos es idéntica: intereses. “La gente no se moviliza por deporte, normalmente lo hace por descontento. Y los Gobiernos no quieren tensión en la calle”, argumenta Adell. “Pero para acabar con ella no tendrían que ningunear, sino hacer otras políticas”, opina. “Es triste que las instituciones no vean lo que pasa en la calle, aunque tampoco se puede gobernar a golpe de manifestación”, dice.

Pero el gabinete de Rajoy ha insistido, ante el creciente malestar social canalizado en protestas cada vez más frecuentes, en minimizar la importancia de las mismas. “Permítanme que haga aquí, en Nueva York, un reconocimiento a la mayoría de españoles que no se manifiestan, que no salen en las portadas de la prensa y que no abren los telediarios. No se les ve, pero están ahí, son la mayoría de los 47 millones de personas que viven en España”, declaró el presidente del Gobierno tras el 25-S en referencia a las imágenes de los indignados españoles que proliferan en los medios de comunicación internacionales.

El discurso de Rajoy recuperaba el concepto de “mayoría silenciosa”. Pero que una parte de la sociedad no salga a la calle contra los recortes no quiere decir que estén a favor de los mismos. Para poder hacer ese análisis “sería necesario conocer cuánta gente se manifestaría a favor de las políticas de austeridad”, explica Adell. “Mucha gente no hace huelgas por miedo a perder el trabajo, pero eso no quiere decir que no estén de acuerdo con los motivos”, añade el sociólogo.

Las manifestaciones son un éxito o un fracaso en función de cuánta gente haya asistido. La cantidad que cada uno ve depende la afinidad propia con lo reivindicado. Esta es una realidad asumida desde hace años. El “todos mienten” es común a la mayoría de protestas. El resultado es que las mediciones pierden paulatinamente credibilidad. Y aunque existen métodos bastante fiables, nadie parece dar con la manera de aplicarlos sin que estén teñidos de subjetividad.

Madrid se tiñe hoy de blanco en defensa de la sanidad pública…

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Arranca en Madrid la ’marea blanca’ en defensa de la sanidad pública

Protestan contra los recortes, la privatización y el euro por receta

Trabajadores de 20 hospitales mantienen encierros

Convocan huelga los días 26 y 27 de noviembre y 4 y 5 de diciembre

 

RTVE, 9:30 h

 

Trabajadores del sistema sanitario madrileño se manifiestan este domingo en una marcha denominada ’marea blanca’ que protesta por el "desmantelamiento" de la sanidad pública, que ha partido desde distintos hospitales para confluir en Cibeles a las 13 horas y, desde allí, continuar hacia Sol.

La manifestación, convocada por diferentes plataformas y colectivos de trabajadores y usuarios, ha comenzado a primera hora en cuatro columnas: norte, este, sureste y sur de la capital, bajo el lema "La sanidad pública no se vende, se defiende".

Una vez en la Puerta del Sol, se leerá un manifiesto en defensa de la sanidad pública, según los convocantes, que estiman que desde cada uno de los puntos de partida marcharán "un mínimo de 1.000 personas", cifra que "irá aumentando al acercarse a los puntos mas céntricos de la marcha".

Parten las cuatro columnas

La columna Henares ha iniciado a primera hora de la mañana su recorrido de 16,5 kilómetros desde Coslada hacia Madrid. Según ha informado a Efe una portavoz de la plataforma de trabajadores, unas 500 personas han salido a las 7.30 del Hospital del Henares hacia el Ayuntamiento de Coslada, donde se han incorporado otras 200 personas. Desde allí han salido a las 8.30 rumbo a Madrid por la avenida de Arcentales, ha señalado la misma fuente.

Los siguientes en salir han sido los trabajadores del Hospital de Parla, a las 8.30 horas, y del de Getafe, a las 9, aunque en ambos casos recorrerán las calles de sus municipios hasta la estación de cercanías de Renfe, donde cogerán el transporte público hacia Madrid.

La manifestación ha sido convocada por distintas plataformas de trabajadores del sistema sanitario, en protesta por las medidas del Plan para la sostenibilidad de la sanidad anunciado por el Gobierno regional el pasado 31 de octubre.

Contra la privatización y el euro por receta

El Plan incluye, entre otras medidas, la privatización de la gestión sanitaria de seis hospitales y 27 Centros de Salud, la reconversión de La Princesa y del Carlos III, además del cobro de un euro por receta, entre otras medidas.

La columna del Henares tiene previsto confluir en la plaza de Manuel Becerra, a las 11.30 con manifestantes de los hospitales de Alcalá, Santa Cristina, Princesa, Gregorio Marañón, Niño Jesús y de la Lavandería Central de Mejorada.

Por su parte, los trabajadores y usuarios de los hospitales de Parla y Getafe se unirán, a las 11 horas en el Hospital Doce de Octubre, con los manifestantes procedentes de Leganés y Aranjuez y desde allí continuar hacia el Paseo de las Delicias, Atocha y Cibeles.

También a las 9 ha arrancado la marcha procedente del Hospital Infanta Leonor de Vallecas, que discurrirá por la avenida Ciudad de Barcelona hacia Atocha y Cibeles.

Continúan los encierros

Tras conocerse el plan del Gobierno de la Comunidad, los trabajadores del sector de la sanidad, que ascienden a cerca de 75.000 personas, han iniciado una oleada de encierros que arrancó el 2 de noviembre en La Princesa y se extiende ya a una veintena de hospitales de la región.

Por otra parte, los sindicatos del sector han convocado una huelga general los días 26 y 27 de noviembre y 4 y 5 de diciembre contra el "desmantelamiento" del sistema sanitario público.

Está previsto que los trabajadores marchen en bata blanca, mientras que otros manifestantes vestirán camisetas azules que llevan en la parte delantera la leyenda "Sanidad pública para tod@s" y, por detrás, "Se vende sanidad pública".

Sindicatos sanitarios de Madrid convocan cuatro días de huelga

Médicos y enfermeros pararán el 26 y 27 de noviembre y el 4 y 5 de diciembre en contra del plan de la Comunidad que, aseguran, supondrá la pérdida de más de mil puestos de trabajo.

Los profesionales de la sanidad pública de Madrid ya han puesto fecha a la huelga. Con encierros de trabajadores en 20 hospitales y sólo dos días de la marea blanca, los seis sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad de la Comunidad de Madrid (SATSE, CC.OO., Amyts, CSIT-UP, UGT y USAE) han convocado un paro general el 26 y 27 de noviembre y 4 y 5 de diciembre en contra del plan privatizador del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid.

Según han explicado en una comparecencia conjunta, la finalidad de la huelga es exigir la retirada del plan de medidas de garantía de la sostenibilidad, que "supondrá la pérdida de más de mil puestos de trabajo". De hecho, los sindicatos presentes para informar de esta convocatoria de huelga critican la "agresión privatizadora" del sistema sanitario público y la "falta de diálogo".

Jesús González (CSIT-UP) ha explicado que esta convocatoria de huelga afectará a 75.000 profesionales sanitarios y no sanitarios de la sanidad madrileña. Manuel Rodríguez (CC.OO.) ha afirmado que es la primera huelga general convocada por todos los sindicatos de la mesa sectorial en la historia de la Comunidad de Madrid.

En este punto, ha explicado que la externalización que va a tener lugar en seis hospitales de la Comunidad de Madrid puede afectar a 7.000 u 8000 trabajadores, repartidos entre los mil empleados a los que afectó la modificación de los presupuestos de 2012 aprobada este verano y los que se van a ver afectados por el plan actual. Rodríguez ha indicado que lo que quiere la Comunidad es "transformar los puestos de trabajo que hoy tiene el personal estatutario y pasarlos al convenio de residencias privadas que cobran entorno a un 30% o 40% menos". "Y ése es el beneficio que se van a llevar empresas privadas", ha recalcado.

Los sindicatos denuncian la "agresión privatizadora" de la Comunidad

Rodríguez se ha referido a las palabras del presidente regional, Ignacio González, y del consejero del ramo, Javier Fernández Lasquetty, diciendo que se prestará la misma asistencia sanitaria pero con un menor coste y ha aseverado que "es mentira". Respecto a este mismo tema, ha afirmado que "quedan 23 años de pago de intereses de los hospitales" y ha aseverado que "no es verdad que la gestión privada sea más rentable y barata que la pública".

Así, ha resumido que este plan va a tener una "repercusión brutal" en estos seis hospitales que se "privatizan"; en el hospital universitario de La Princesa, así como en el Instituto de Cardiología. "Vamos a apoyar cualquier medida que se tome, dentro de la ley, en defensa de la sanidad pública madrileña y en defensa de las condiciones de sus trabajadores", ha recalcado. Rodríguez ha dicho que el día 5 "no termina nada", ya que a partir de entonces, valorarán cualquier otra movilización de los trabajadores de estos centros, porque ellos están para ayudarles.

La representante de UGT, Carmen Medranda, ha destacado que estas medidas también afectan a los centros de salud y a los centros de salud mental, que se "privatizan".

La representante también se ha referido a cómo van a afectar estas medidas a la calidad en la atención sanitaria para los usuarios y ha señalado que "dudan de que la atención sanitaria a los pacientes que tengan asignados estos centros sea igual a la que se estaba dando". En este mismo sentido se ha expresado Ángeles Torres, de USAE, que ha considerado que tras adoptar estas medidas "el sistema no va a ser igual que hasta ahora".

La convocatoria de huelga coincide con la de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem), cuya asamblea votó la semana pasada a favor de un paro indefinido a partir del 26 de noviembre, de lunes a jueves.

Los médicos y el Sespa se aproximan, salvo en la libranza posterior a la guardia

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El SIMPA rechaza que los facultativos mayores de 55 años pierdan los derechos actuales, pero es más flexible sobre los que van a cumplir esa edad

 

 

 

Lne.es » Sociedad y Cultura Oviedo, Pablo ÁLVAREZ

 

La libranza de las mañanas posteriores a las guardias nocturnas se perfila como el gran escollo para que la Consejería de Sanidad y el Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) alcancen un acuerdo que ponga fin a la huelga de facultativos que sufre la sanidad pública regional desde el pasado 8 de octubre y a la que aún restan seis días (lunes, miércoles y viernes de lo que queda de noviembre). Ésta es, tal vez, la conclusión más cierta de la reunión de tres horas y media que ayer mantuvieron ambas partes.

 

Un encuentro que los responsables de la organización médica valoraron «positivamente» y tras el cual se manifestaron «moderadamente optimistas». «En esta línea, en un plazo razonable de tiempo se podrá llegar a un pacto que ponga fin a los paros», señaló el SIMPA en un comunicado. Entre tanto, el Servicio de Salud del Principado (Sespa) también difundió un comunicado en el que indica que «que en la medida en que el SIMPA persista en esta actitud de querer avanzar, será posible alcanzar acuerdos sobre puntos en los que se siguen manteniendo en posturas muy iniciales». No es poco, después de una semana de duros improperios entre la Administración sanitaria y los facultativos, en particular los dirigentes sindicales. La negociación proseguirá a las doce del mediodía de mañana, lunes.

 

Conviene desgranar los asuntos. Según las versiones oficiales y oficiosas facilitadas por unos y por otros al término de la reunión, en lo que es la ampliación de la jornada laboral (de 35 a 37,5 horas semanales) parece factible que el SIMPA se avenga a que se traduzca -como norma general- en un módulo de trabajo de dos horas y media, una tarde a la semana. De este modo, el sindicato renunciaría a su postura inicial de prolongar en treinta minutos el horario de cada jornada de lunes a viernes.

 

Sobre la actividad de las tardes que los mayores de 55 años venían realizando como alternativa a las guardias nocturnas -de las que estaban eximidos, si así lo solicitaban-, todo apunta a que el Sindicato Médico reclama que se mantenga la situación actual de estos profesionales y que se muestra dispuesto a una cierta flexibilidad con relación a los facultativos que en adelante alcancen los 55 años de edad. No es que los responsables del SIMPA estén dispuestos a que «a los nuevos» no se les ofrezca sustitutivo alguno a las noches, pero parecen abiertos a un modelo menos gravoso para las arcas públicas.

 

Los matices en este epígrafe son importantes porque implican unas cuantías sustanciosas. La situación es la siguiente. Hasta el momento, estaban exentos de las guardias nocturnas unos 250 facultativos asturianos. Lo que hacían a cambio era, habitualmente, tres módulos mensuales de tarde, de cuatro horas cada uno. Percibían 256,61 euros por cada uno de ellos. En consecuencia, la supresión de estos módulos -que fue aprobada por el Gobierno asturiano mediante una ley que acaba de retirar por falta de apoyo parlamentario- les acarrea una merma salarial de 769,83 euros mensuales, o sea, 8.468,13 anuales (pasan, como promedio, de percibir de percibir unos 66.000 euros a alrededor de 57.000).

 

Con la ampliación de jornada en dos horas y media semanales, el Sespa aspira a que continúen ejerciendo parte de esa actividad vespertina, pero como jornada ordinaria, sin contrapartida económica alguna.

 

Lo que en este apartado aumenta la cerrazón de la Consejería es que, según la Administración estaba previsto que la cifra de exentos de guardias por edad fuera incrementándose anualmente en unos 80 ó 90 profesionales, con el consiguiente encarecimiento de dicha partida.

 

La libranza posterior a las guardias nocturnas se adivina como la madre de todas las batallas. Hasta la fecha, los médicos tenían descanso en la mañana que seguía a una jornada nocturna que concluía a las ocho de la mañana. En adelante, el Sespa quiere que los profesionales descansen, pero que recuperen las horas que dejen de cumplimentar esa mañana. Una parte de esas horas las «recuperarían» no cobrando el primer tramo de la guardia, y el resto deberían dedicarlas a actividades de investigación, docencia o formación. Los facultativos subrayan que un profesional que haga más de tres o cuatro guardias mensuales puede toparse con dificultades serias para encajar esa actividad que ha de «devolver». El Colegio de Médicos estima que esta medida aumenta la jornada anual en 253 horas por encima de lo que acarrearía la norma estatal de dos horas y media más a la semana. «Modificar las actuales condiciones de la libranza tras la guardia es, a juicio de este sindicato, inaceptable», sentencia el comunicado de ayer del SIMPA. Esta próxima semana puede ser decisiva.

 

De otra parte, los sindicatos Comisiones Obreras, SATSE, USAE y Sicepa-Usipa criticaron ayer el Sespa por no llamarles a negociar para evitar la huelga que tienen convocada para los próximos días 20, 22 27 y 29.

El Sindicato Médico y el SESPA "acercan posturas"

"El cambio de actitud del SIMPA ha hecho posible retomar el diálogo", dice el SESPA

 

Tijeretazos de todos los colorea

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Los recortes van por barrios

Todas las comunidades autónomas han aplicado diversas medidas de ajuste para reducir el gasto sanitario público

 Lne.es » Sociedad y Cultura Oviedo, P. Á.

 La crisis económica arrecia, y las administraciones autonómicas se ven obligadas a aplicar medidas de ajuste en el ámbito sanitario. O sea, que Asturias no es, desde luego, una excepción, por más que la conflictividad laboral haya alcanzado en el Principado cotas no conocidas en otros territorios de la geografía nacional. Un ejemplo: fuentes del Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) reconocían ayer que tanto Navarra como La Rioja han suprimido los módulos de guardia de las tardes para los médicos mayores de 55 años que han sido eximidos de guardias nocturnas. Sobre la libranza de las mañanas posteriores al trabajo nocturno, añadían que ningún Gobierno regional las ha eliminado. Como es natural, los dirigentes del Sindicato Médico empleaban estos argumentos para subrayar la «soledad» del Ejecutivo asturiano a la hora de adoptar determinados recortes en materia de personal.

 

Entre tanto, la información recopilada por la Consejería de Sanidad del Principado señala, por ejemplo, que sus correligionarios socialistas de la Junta de Andalucía han reducido en un 10 por ciento la jornada y las retribuciones de su personal interino, y en idéntico porcentaje las retribuciones variables.

 

Sobre una comunidad gobernada por el PP y que guarda ciertas similitudes con Asturias, como es Murcia, el Departamento que dirige Faustino Blanco indica que la ampliación de la jornada tienen que ejecutarla «los sábados de 8 a 15 horas, y el resto media hora más al día», que «se reducen las peonadas, aunque no se suprimen», y que también se rebajan «el complemento por incapacidad temporal y el complemento de tarde».

 

Acerca de la Comunidad de Madrid, el Principado pone el acento en la privatización de servicios y en la propuesta de «desaparición de programas de tarde, que cubrirán con otra plantilla, probablemente resultante de los excedentes del modelo público por el paso de esos centros al sistema de colaboración público-privada (CPP)». Dicho de otra forma, precisa la Consejería asturiana: «Las ineficiencias por excesos de plantilla se trasladan a lo público y los nuevos centros pasados a CPP se entregan ya ajustados de personal». Sobre Madrid, el Gobierno asturiano añade que se aplican «disminuciones de salarios así como la supresión de los módulos de atención continuada a mayores de 55 años».

 

Entre tanto, desde el SIMPA se enfatiza que, en Madrid, la ampliación de 35 a 37,5 horas semanales «sólo se aplica en servicios hospitalarios sin guardias» y en los servicios de emergencias con aumentos de turnos.

 

Son varios los gobiernos regionales que han introducido restricciones en el acceso a la carrera profesional, en el salto de un tramo a otro o en el plus retributivo que conlleva. Según los datos que maneja el Sindicato Médico, tanto Madrid como la Comunidad Valenciana, y en parte Murcia, mantienen los controvertidos programas especiales de las tardes (coloquialmente conocidos como «peonadas»), que el Principado se ha propuesto erradicar, salvo excepciones ineludibles.

 

Lne.es » Sociedad y Cultura

Los recortes van por barrios

 

Andalucía (PSOE)

 

A) Personal interino: se reduce un 10% su jornada y retribuciones. B) Retribuciones variables: se recortan un 10%. C) Suspensión de aportaciones a planes de pensiones y ayudas sociales. D) Reducción del complemento por incapacidad temporal.

 

Madrid (PP)

 

A) Aminoración del salario en función de los ingresos brutos anuales. B ) Externalización progresiva de servicios no sanitarios. C) Tasa de un euro por receta farmacéutica a partir del 1 de enero de 2013. D) Reordenación hospitalaria, con modelo de gestión privada o colaboración público-privada (CPP). E) Disminución de salarios y supresión de los módulos de atención continuada a mayores de 55 años.

 

Cataluña (CiU)

 

A) Cierre de 40 centros de salud, 33 centros de atención urgente durante las noches y reducción en un 10% las prestaciones por transporte sanitario. B) Jornada ordinaria los sábados, desaparecen las peonadas y los módulos de guardia a mayores de 55 años. C) Tasa de un euro por receta farmacéutica. D) En productividad variable, se percibe el 50% de las retribuciones acordadas.

Pobre incluso con trabajo

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El Comercio. 18.11.12 - 01:43 - CHELO TUYA | GIJÓN.

El 45% de la población asturiana reconoce que tiene dificultades para llegar a fin de mes y el 26% de los menores de 16 años está en riesgo de exclusión

La Red de la Pobreza denuncia que muchos asturianos malviven con nóminas de apenas 600 euros

«613 euros de ingresos mensuales es sinónimo de riesgo de pobreza. El problema es que esa cantidad es el salario de muchos». Los integrantes de la Red Asturiana de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión (EAPN, según sus siglas en inglés) quieren poner el acento en que la crisis no está convirtiendo en pobres sólo a quien no tiene trabajo, «lo grave es que, ahora, se es pobre incluso con empleo».

El portavoz de la red, Víctor García, fundamenta la aseveración en el hecho de que «muchas personas tienen nóminas de 600 euros. Y de menos. Con esas cantidades, aunque tienen empleo, aunque trabajan, no llegan a fin de mes, no pueden hacer frente a las necesidades básicas». Y menos si el titular de la nómina «no vive solo. Como tenga hijos a cargo, y eso ocurre mucho en el caso de mujeres solas, con esos ingresos tienen que sobrevivir. Y es imposible».

Por ello, la EAPN asturiana propone «abrir un debate social, en el que todas las partes, políticos, empresarios, entidades sociales, pongamos sobre la mesa la realidad de la situación e intentemosbuscar fórmulas para solucionar los problemas. Porque, tal como vamos, irán a más». De hecho la pobreza amenaza a casi la mitad de la población asturiana. El 45% de los habitantes del Principado, 468.533 personas, reconoce que tiene dificultades para llegar a fin de mes. Peor lo tienen dos de cada diez que, directamente, no llegan. Ya están en riesgo de exclusión. Sus ingresos mensuales, menos de 613 euros, los sitúan en el umbral de la miseria. Un lugar en el que se encuentran ya el 21% de los asturianos. Es decir, 221.164 personas. Casi la misma cifra que habitantes tiene Oviedo.

El problema se agrava al saber que dos de cada diez de esos nuevos pobres se encuentra en edad laboral. Y aún más preocupante resulta descubrir que 26 de cada 100 asturianos en riesgo de exclusión no ha cumplido aún los 16 años.

El último informe de la división asturiana de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión no deja lugar a la duda: Asturias está en crisis. El documento al que ha tenido acceso EL COMERCIO evidencia lo que resume en palabras el portavoz de la red asturiana, Víctor García, «no vemos signos de recuperación, sino todo lo contrario. La crisis va a más en Asturias».

Así lo asegura el también director del Secretariado Gitano. Y lo hace acompañado de representantes de Cáritas y ACCEM, dos del total de 26 entidades que junto al Albergue Covadonga, Alambique, Amicos, Proyecto Hombre, Asociación Gijonesa de Caridad, Asociación Gitana de Gijón, Vitae Siglo XXII, CISE, Colegio Oficial de Trabajo Social, Compartiendo Culturas, Cruz Roja, El Prial, Eamús, Amaranta, Edes, Siloé, Manos Extendidas, Mar de Niebla, Médicos del Mundo, Movimiento Asturiano por la Paz, UGT, Unga y Xurtir conforman EAPN en Asturias.

Casi 30 entidades que tienen información necesaria como realizar la radiografía de la pobreza en Asturias. Una región en la que «tradicionalmente, las crisis económicas han tardado más tiempo en llegar, aunque luego nos ha costado más salir». Beatriz Oliveros, de Cáritas, apoya esos datos del pasado para aventurar un futuro que no ve «con optimismo» ya que los datos del presente que le llegan cada día «hablan de incremento de la demanda. En Cáritas cada vez tenemos más peticiones, pero ya no son de dinero, o no lo son la mayoría, lo que nos piden es comida. Y suministros».

Joven y asturiano

Disponer de víveres en la despensa y de energía para cocinarlos y, en estos meses del año, calentarse es «ahora mismo, la principal necesidad», peticiones que no llegan, como hace cinco años, de personas sin red familiar y con problemas de adicción o inmigrantes que aún no han regularizado su situación. Hoy el que pide ayuda «es, normalmente, una mujer joven, con hijos a cargo, o familias enteras. Asturianos que hace dos años tenían trabajo, casa y situación desahogada. Hoy no tienen nada».

La frase es de Javier Mahía, responsable de ACCEM, entidad especializada en las demandas de la inmigración y que ha visto como en un año, las demandas de empleo pasaban de 700 a 1.200. «Es lo más necesario, incentivar el empleo. Frenar el paro es la clave y donde tienen que ponerse el acento todas las estrategias políticas».

Y las estadísticas, de nuevo, respaldan su petición. Según los datos oficiales, los que manejan tanto el Gobierno central como el Principado, la tasa de riesgo de pobreza en Asturias es del 21%, con especial incidencia entre la población en edad laboral. Dos de cada diez asturianos de entre 16 y 64 años está en el umbral de la miseria.

«Con 100.000 desempleados, ¿qué queremos?», se pregunta Mahía, mientras que García apunta «y, la mayoría, parados de larga duración, que han agotado, o están a apunto, todas las prestaciones por desempleo».

Y ahí llega, de nuevo, la queja de las entidades sociales ante el colapso del salario social, la renta mínima a la que en Asturias tienen derecho todas las personas que ingresen menos de 530 euros al mes.

«Es una suerte que el Principado tenga el salario social, porque es una garantía de protección y un avance, pero es una pena que no funcione porque está colapsado».

«Viviendo de los abuelos»

Según anunció la propia consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, durante su comparecencia esta semana ante el pleno de la Junta General del Principado, son más de 5.200 los expedientes a la espera, algunos desde 2010. Mientras ella volvió a reiterar el compromiso de su equipo de agilizar el proceso -el PSOE gestiona la consejería desde junio pasado- , las entidades sociales tienen claro que, si en Asturias no ha habido un estallido social «es porque se está tirando de la pensión de los abuelos». Víctor García explica que de las jubilaciones de mineros y siderúrgicos «sale la alta media de pensión que tiene Asturias y, por eso, en el último informe de la Encuesta de Calidad de Vida se decía que Asturias era una de las regiones con menor tasa de pobreza».

Los mayores de 65 años presentan, según el último informe de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión, la tasa más baja de pobreza en Asturias, del 17%, «pero es una situación ficticia, ya que ellos están siendo, en muchos casos, los únicos ingresos de sus familias». De hecho, tal y como repiten las patronales geriátricas asturianas, sus otrora clientes, «ahora vuelven con sus familias, para que todos puedan vivir de su paga».

Las entidades sociales advierten que, además de los pensionistas, son ellas «las que damos una respuesta a los que no tienen recursos, pero no llegamos». Y menos, ahora, «que nos recortan las ayudas». La última red se agujerea.

«He trabajado de todo menos de prostituta y no se me han caído los anillos»

El Comercio. 18.11.12 - 01:40 - A. VILLACORTA | GIJÓn.

Paz Ávalos Vive en Gijón, 55 años «Mi hija tiene su vida y su pareja. No es cuestión de molestarla»

Paz Ávalos Parada y pareja de un parado de la construcción

Desde una habitación del Albergue Covadonga, Paz Ávalos oculta su situación a su única hija, que reside en Barcelona

Paz: «Dime dónde hay un trabajo y allá iré. Con dos ovarios, como digo yo»

Antonio: «Me quedaban tres años para pagar la hipoteca y lo perdí todo»

Paz pide permiso para ir a cenar antes de contar su historia. Si no, se le pasará la hora. Son las ocho y media. Sopa, macarrones y croquetas. De jamón o de pollo, «porque cada vez llegan más musulmanes», explican desde una cocina donde las raciones son también cada vez más, demanda obliga: la del Albergue Covadonga, una institución gestionada por la fundación que lleva su nombre y que batió todos sus récords de actividad en 2011, con 14.299 pernoctaciones y 1.180 personas alojadas en sus instalaciones a lo largo del año, una cifra que casi duplica a la registrada en 2002.

Un comedor cuya intimidad no se traspasa para no incordiar, «porque se puede montar un lío tremendo», aconseja sor Marcelina Muñiz, conocida muy a su pesar tras ser apuñalada en el cuello dos veces no hace demasiado tiempo y que por allí anda, trabajando, con las bandejas y las garcillas, sin desfallecer.

Estamos en Gijón, pero bien podríamos estar en la Barcelona natal de Paz, esta mujer de 55 años, calmada y extremadamente educada, de voz queda y serena, que huye instintivamente «de los follones y las peleas» y que, en lo que ya le parece una vida anterior, ha trabajado «de todo menos de prostituta».

«Cuidando ancianos y bebés, limpiando hoteles, haciendo camas en un hospital... De todo, sin que se me cayeran los anillos, hasta que ya no hubo manera». Así que ahora, ella, que siempre tuvo alma de hippie, «pero de esos hippies de buen rollo, que nunca bebieron ni se drogaron, con mis pelos rastas y mis tejanos, pero con la cabeza muy bien amueblada», vende pulseras por las calles con desigual suerte durante el día. Y, cuando cae la noche, emprende una ruta que la lleva de albergue en albergue, toda vez que están concebidos con recursos temporales y la estancia permitida se le agota. De Gijón a Oviedo y a Avilés. «Y, a veces, hasta a Logroño, pero nunca a las grandes ciudades».

Sobre todo, lejos de Barcelona, donde, con sus padres y su hermano ya fallecidos, solo le queda su única hija, Elena, que «tiene 24 años y es enfermera de la Armada», cuenta, orgullosa. Y que, por supuesto, no sabe nada de las condiciones en las que vive su madre.

«Ella me llama 'mai' y piensa que tengo una casa y un trabajo normales. ¿Para qué se lo voy a decir, si ella tiene una pareja y su vida ya hecha?», pregunta. «No quiero que me vea en esta situación y tampoco es cuestión de irme para allá a molestar». Así que, si acaso, lo más que le pide es que le mande algo de dinero. «A lo mejor le pido cincuenta euros y ella me manda cien o ciento veinte», explica, con una sonrisa amarga.

Paz comparte habitación «con otras cuatro compañeras», cuenta, en el piso superior del albergue. El menos concurrido también, porque, como explica la directora del centro, «siempre hay más hombres que mujeres». Pero casi todos llegan con dos características en común: «Solos y sin un céntimo en el bolsillo».

Cuatro camas sobre las que reposan edredones de flores guateados, una botella de agua en cada cabecero de madera, un olor denso esperan esta noche a Paz después de hacer la colada, porque, mientras la mayoría fuma en el patio o ve la televisión y el frío de noviembre arrecia, las religiosas terciarias capuchinas piden las bolsas llenas de ropa sucia con destino a la lavandería.

«No se está mal aquí», resume Paz, que sigue siendo hippie. Y no se está mal, sobre todo, porque ella, empeñada en verle «el buen rollo» a la vida, se sabe una excepción: entre tanta soledad, ella está acompañada por su compañero, al que conoció hace diecisiete años en Ferrol.

Antonio es portugués y ella, a veces, lo llama Toñín, porque, dice, se lo merece. «Él y yo vamos a nuestro aire. Me trata muy bien y, siempre que llegamos a un albergue y no hay sitio para alguno, el otro tampoco entra. Preferimos quedarnos fuera».

Antonio era «albañil, encargado de obra», hasta que se quedó en el paro y el paro se terminó. «Me quedaban tres años para terminar de pagar la hipoteca y lo perdí todo. La empresa fundió y, con ella, fundimos todos». Algún día, promete Paz, le contará todo esto a su hija Elena. «Cuando pueda, le diré la verdad. Cuando estemos mejor. Cuando podamos ahorrar y tenga mi casita. Esas son las tres cosas fundamentales: salud, trabajo y mi casita. No hay más. Dime dónde hay un trabajo, que allá iré, con un par de ovarios, como digo yo».

Convocados cuatro días de huelga en la sanidad madrileña

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PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD

 Los 75.000 trabajadores del sector, llamados a parar 26 y 27 de noviembre y 4 y 5 de diciembre

 Una docena de sindicalistas se encierran en la sede de Sanidad, junto al despacho del consejero

 Elena G. Sevillano Madrid 16 NOV 2012 - 19:28 CET

Era cuestión de tiempo que los seis sindicatos de la mesa de sanidad llegaran a donde lo han hecho esta mañana. Sentados en la misma mesa, sus seis representantes han anunciado públicamente que convocan cuatro días de huelga para todo el personal sanitario y no sanitario (75.000 personas) que trabaja en el sector público. El plante de todo el sector sanitario al plan privatizador del presidente, Ignacio González, se oficializa. Los seis sindicatos convocantes son SATSE (enfermería), CCOO, AMYTS (médicos), CSIT-UP, UGT, Y USAE (auxiliares de enfermería). Han llamado a los trabajadores a cuatro jornadas de huelga los días 26 y 27 de noviembre y 4 y 5 de diciembre, como protesta contra el llamado Plan de Garantías de Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público, que incluye privatizar la gestión de seis hospitales construidos en 2008, reconvertir otros dos (La Princesa y Carlos III) y externalizar la gestión del 10% de los centros de salud...(leer más)

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El plan del Gobierno contra los desahucios no permite a los beneficiarios recuperar su vivienda aunque paguen

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La norma de Rajoy sobre desahucios no tiene carácter retroactivo

El Ejecutivo no aporta detalles sobre el parque de vivienda social para el alquiler

El 15 de Noviembre de 2014 se acaba la moratoria

El Gobierno y los bancos quieren evitarse durante dos años la mala prensa que a ambos les estaban generando las informaciones de desahucios a familias en situaciones de exclusión social. Tras el decreto aprobado este jueves por el Consejo de Ministros, el Ejecutivo ofrece a estas familias dos años más para abandonar sus viviendas, no dos años más para buscar el dinero que les permita seguir pagándolas.

El decreto que hoy publica el BOE resume, en lenguaje administrativo, el espíritu del comunicado de la Asociación Española de la Banca. Lo que los banqueros dijeron el pasado 12 de noviembre en aquel comunicado es practicamente lo mismo que dice el Gobierno a través del BOE...(leer más)

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