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ACTUALIDAD

El presidente del Principado aboga por un diálogo en términos globales y no sólo laborales…

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Conflicto sanitario con todo un mes de huelgas previstas…

Fernández dice que dialogará con los sindicatos defendiendo una sanidad de calidad

RTPA

El presidente del Principado, Javier Fernández, ha asegurado hoy que la administración asturiana va a dialogar con los sindicatos sanitarios "siempre poniendo por delante los intereses de los asturianos" y de una sanidad de calidad".

"El dialogo siempre esta ahí. El dialogo es inherente a la política y la negociación. Nosotros dialogaremos siempre poniendo por delante lo que son los intereses generales de Asturias y, en este caso, el interés de una sanidad de calidad, que es lo que pretendemos y lo que quieren todos los asturianos, incluidos los profesionales sanitarios", ha subrayado.

El jefe del Ejecutivo asturiano se ha pronunciado en estos términos después de que ayer abandonasen un encierro de 30 días en la sede del Servicio de Salud del Principado los delegados de cinco sindicatos sanitarios que hoy van a registrar una convocatoria de huelga para diez días de octubre y noviembre.

La sanidad pública asturiana está abocada así a huelgas y movilizaciones durante todos los días laborables comprendidos entre el 8 de octubre y el 6 de noviembre ante la falta de acuerdo entre sindicatos y administración regional para ajustar horarios y ampliar la jornada laboral de 35 a 37 horas y media a la semana.

Fernández ha hecho estas declaraciones a los periodistas tras asistir junto a la ministra de Fomento, Ana Pastor, a inaugurar un subtramo de 5,3 kilómetros de la Autovía del Cantábrico (A-8) que discurre en entre Llanes y San Roque del Acebal.

También hoy, la diputada regional socialista Pilar Alonso ha hecho hoy un llamamiento para que se recupere el diálogo y evitar la huelga en la sanidad asturiana.

"En el servicio público de sanidad la huelga es el último recurso porque las víctimas no son el Gobierno o los trabajadores sino siempre los usuarios", señala la parlamentaria en un comunicado.

Alonso recuerda que los responsables de la Consejería de Sanidad no fueron los que se levantaron de la mesa de negociación y que han estado y están en todo momento dispuestos al diálogo.

La diputada socialista se ha felicitado de las últimas declaraciones realizadas tanto desde el Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) como por los responsables sindicales que abandonaron ayer su encierro, "teniendo en cuenta que ambas partes muestran su disposición a retomar el diálogo".

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Para el próximo sábado se convocan nuevas concentraciones pacíficas en la Puerta del Sol y la plaza de Cánovas del Castillo…

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El 25-S vuelve al Congreso para denunciar la "brutalidad policial"

Miles de manifestantes exigen la dimisión del Gobierno. Aunque la concentración se desarrolló de forma pacífica, terminó con cargas policiales al filo de la medianoche.

ELENA HERRERA, Madrid, en Público.es

Era el tema de conversación en todos los corrillos. La contundencia con la que la policía reprimió el martes a los manifestantes después de que un grupo de alborotadores intentara reventar la convocatoria del 25-S copaba la mayor parte de las conversaciones de las personas que en la tarde-noche del miércoles volvieron a reunirse en las inmediaciones del Parlamento. Varios miles de manifestantes secundaron la llamada de la coordinadora 25-S que, en una improvisada rueda de prensa celebrada por la mañana, llamó a la ciudadanía a regresar a los alrededores de la Cámara baja para pedir la dimisión del Gobierno y expresar su rechazo a la "brutalidad policial", una actuación, la de los agentes, que fue justificada por el ministro del Interior y la delegada del Gobierno en Madrid.

Aunque la gran parte de la concentración se desarrolló de forma pacífica, sí se produjeron algunos incidentes al filo de la medianoche. Hubo varias cargas policiales en las calles aledañas al Congreso y tres personas fueron detenidas.

Desde las 19.00 horas al menos veinte furgones de la Unidad de Intervención Policial (UIP), los llamados antidisturbios, "protegían" el Congreso de los gritos y las consignas de los concentrados que, sentados en el suelo, permanecían en sus inmediaciones.

Hubo ciertos momentos de tensión y algo de confusión cuando, entre los grupos de manifestantes, comenzaban a correr rumores de que había agentes vestidos de paisano que pretendían generar crispación y reventar la convocatoria. Y es que, según la tesis que defienden muchos de los participantes del 25-S, en el grupo de alborotadores que provocó los disturbios del martes, había agentes infiltrados. Por ello, hicieron un llamamiento a todas las personas que acudieron a la convocatoria a que aporten pruebas gráficas y audiovisuales que puedan ratificar esta teoría. En declaraciones a Público, el secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) admitió que en las movilizaciones del martes hubo agentes infiltrados "aunque el Gobierno lo niegue".

Así, en la concentración de este miércoles fueron muy repetidos los gritos de "¡Los encapuchados son la policía!" o "¡Infiltrados!". De hecho, algunos de los convocantes instaban a los escasos manifestantes que llevaban la cara tapada a descubrirse para evitar que personas no identificadas pudieran generar altercados.

Sin embargo, la contundencia con la que la policía había actuado el martes no tuvo el poder de convocatoria que ha tenido en otras ocasiones. Y estuvo muy lejos, por ejemplo, de la convocatoria espontánea y masiva que tuvo lugar en Madrid el 17 de mayo de 2011 después de que la policía desalojara a la fuerza la primera acampada pacífica de la Puerta del Sol.

Sí acudió a manifestarse Francisco Javier López, trabajador del metro de Madrid. Llorando, de rodillas, se plantó delante de los policías que estaban apostados en las inmediaciones de la Cámara. Portaba una fotografía de su padre hecha momentos después de que el martes resultara herido por los golpes que le propinó un agente en una de las cargas policiales. "Tiraron al suelo a mi padre. Tiene una nariz rota y una brecha en la frente. Por supuesto que vamos a denunciar", aseguró López.

Con una pancarta en la que podía leerse "¡Dimisión!", también acudió a la convocatoria del 25-S, Charo García, auxiliar de enfermería. "La actuación de la policía fue abusiva. Cada vez se respetan menos nuestros derechos, nos están pisoteando", señaló a Público. "Es importante que sigamos saliendo a la calle. Necesitamos un cambio, una democracia más participativa y una clase política que piense en los intereses de la ciudadanía", opinaba, por su parte, Beatriz Domínguez. Esta maestra de educación infantil portaba una pancarta con un mensaje muy claro a los policías, por lo que pudiera pasar: "Soy pacifista. No a la violencia. Policía, soy el hijo de tu compañero, ¿me vas a pegar?"

La coordinadora 25-S llama a "rodear" de nuevo el Congreso el próximo sábado con concentraciones en la Puerta del Sol y la plaza de Cánovas del Castillo. Los convocantes han insistido en que su voluntad es que estas convocatorias se desarrollen de forma pacífica.

JpD muestra su "preocupación" ante una respuesta "desproporcionada" por parte de la Delegación del Gobierno.

"Desde Jueces para la Democracia mostramos nuestra preocupación", ha aseverado Joaquim Bosch, por una "gestión del orden público desproporcionada" por parte de la Delegación del Gobierno que, a su juicio, ha utilizado como "pretexto" la actuación violenta "de unos pocos".

nuevatribuna.es

El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, ha mostrado este miércoles su "preocupación" ante una respuesta, a su juicio, "desproporcionada" por parte de la Delegación del Gobierno en Madrid frente a las manifestaciones celebradas este martes en la capital.

Para JpD, la gestión de la situación por parte de las autoridades habría quebrado el "principio de proporcionalidad". "La inmensa mayoría de los ciudadanos estaban ejerciendo legítimante sus derechos constitucionales" y la respuesta no responde a "criterios propios de un Estado de Derecho" ya que convierte en "enemigo al ciudadano que discrepa".

Asimismo, Bosch ha denunciado las "irrupciones en reuniones pacíficas" por parte de la Policía, los "cacheos" y el uso "indiscriminado de la fuerza contra ciudadanos". Así, ha calificado de "inusual" el despliegue policial en las manifestaciones, en su opinión, "más propio de un Estado policial".

Finalmente, ha insistido en que JpD apoya "con firmeza la democracia y el pluramlismo político" que, desde su punto de vista, "debe incluir las críticas" y ha advertido de que si continúa la "criminalización de la disidencia" aumentará el "malestar".

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Reunión de “la mesona” ayer: nada de nada, ni siquiera el recurso frente al decreto de Rajoy por ¿invadir? competencias autonómicas…

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Los sindicatos califican de «paripé» la negociación en la función pública

El Gobierno central convoca a todas las autonomías para informar de los ajustes del Presupuesto de 2013

Foto: La Mesa de la Función Pública, en su reunión de ayer.

Oviedo, J. A. A., en La Nueva España

Los sindicatos calificaron ayer de «paripé» la negociación en la mesa general de la función pública de los recortes en materia de salarios, derechos sociales y sindicales que aplicará el Principado para cumplir el real decreto del Gobierno de Mariano Rajoy.

«Convocaron la mesa general y las mesas sectoriales para cubrir el expediente y evitar posibles recursos posteriores, pero no han supuesto ningún avance negociador», afirmó José Luis González, coordinador del sindicato USIPA. Una crítica compartida también por el sindicato CSI-CSIF. «El malestar entre los empleados públicos es general porque todos los recortes tienen como objetivo a los trabajadores y el Gobierno regional no ha tenido ninguna intención de negociar», afirmó Juan Gavira, responsable de CSIF Asturias. El director general de Función Pública, José María Gancedo, asistió ayer en Madrid a una reunión convocada por el Gobierno central para informar a todas las autonomías de los ajustes del Presupuesto de 2013.

Recortes a los funcionarios en Asturias

-         El Gobierno central ha decretado la supresión de la paga extra de Navidad de 2012 para los empleados públicos.

 

-         A partir de 2013 se reduce de seis a tres los días de libre disposición y se suprimen los días adiciones de vacaciones por antigüedad.

 

-         Reducción del 50% en las prestaciones por incapacidad temporal durante los tres primeros días de baja y del 25 por ciento del cuarto al vigésimo día.

 

-         Desde el lunes, eliminación de 44 liberados sindicales.

 

TRAS CONOCER EL INFORME DEL CONSEJO CONSULTIVO…

El Principado no llevará al Tribunal Constitucional la ampliación de la jornada laboral de los funcionarios

OVIEDO, EUROPA PRESS

El Gobierno del Principado de Asturias ha decidido que no presentará recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el decreto aprobado pro el Gobierno central que establece la ampliación de la jornada de los empleados públicos de las distintas administraciones de 35 a 37 horas y media semanales.

Así lo ha anunciado este miércoles el consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Guillermo Martínez, que ha explicado en rueda de prensa que el Gobierno toma esta decisión después de conocer el informe elaborado por el Consejo Consultivo en el que se destaca que no aprecia que existan fundamentos jurídicos para plantear tal recurso.

"El informe del Consejo Consultivo estima que esta medida no vulnera las competencias de la comunidad autónoma y por tanto el Gobierno hace suyo ese informe", ha explicado Guillermo Martínez.

Martínez ha recordado que el TC si decidió admitir a trámite los recursos planteados por el Gobierno asturiano contra los decretos de recortes en Educación y Sanidad, al considerar que los mismos si invadían las competencias de la comunidad autónoma.

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El Gobierno aprueba hoy en el Consejo de Ministros extraordinario el Presupuesto más austero en el que nuevamente los empleados públicos somos los principales agraviados…

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Los funcionarios tendrán congelado el sueldo en 2013 y volverán a cobrar paga de Navidad

El Gobierno deja bajo mínimos la convocatoria de nuevas plazas y suprime la contratación de trabajadores temporales e interinos

El ajuste salarial afecta a 61.000 empleados asturianos

Oviedo / Madrid, Agencias, en La Nueva España
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado que hoy aprobará el Consejo de Ministros congelará los salarios de los empleados públicos. En cambio, el Gobierno ha comunicado a los sindicatos su intención de mantener en 2013 las dos pagas extras, después de que en 2012 haya quedado suprimida la correspondiente a Navidad. Las cuentas públicas del próximo ejercicio, que previsiblemente incluirán un ajuste cercano a los 40.000 millones de euros, restringirán aún más la convocatoria de nuevas plazas para cubrir vacantes en la Administración.

El Gobierno comunicó ayer a los sindicatos mayoritarios en la función pública -UGT, CC OO y CSI-CSIF- que la austeridad presupuestaria volverá a pasar factura en 2013 al poder adquisitivo de los funcionarios y otros empleados. Será el tercer año de congelación, al que se añaden otras dos medidas anteriores que mermaron las retribuciones de las plantillas públicas: el recorte del 5% del sueldo que el último Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero acordó a mediados de 2010 y la eliminación de la paga de Navidad de este año, decidida el pasado mes de julio por el equipo de Mariano Rajoy.

Los sindicatos transmitieron ayer que, según les expuso el Gobierno, las cuentas públicas no consideran la supresión de pagas extras en 2013. Esto es, los empleados públicos cobrarán el próximo año los abonos extraordinarios del verano y Navidad, salvo que el deterioro presupuestario fuerce nuevas medidas de austeridad.

La congelación salarial y que hoy aprobará el Consejo de Ministros afecta a los empleados públicos que están en la nómina de todas las Administraciones, incluidos los funcionarios y el personal de régimen laboral del Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y las universidades. En el caso de Asturias, el conjunto de esas plantillas suponen cerca de 61.000 trabajadores.

El Gobierno vuelve además a restringir la incorporación de nuevos empleados públicos. La tasa de reposición -proporción de sustitución de los funcionarios que se jubilen o dejen su empleo- volverá ser cero en las administraciones, salvo para colectivos como las fuerzas de seguridad del Estado u otros dedicados a la inspección del fraude fiscal. Si para estos últimos se había reducido la oferta de empleo público al 10% de las bajas en 2012, para el próximo año ésta podrá ser incluso inferior, según decida cada organismo, pasando ese 10% a ser un límite máximo.

Según cálculos de los sindicatos, estos nuevos recortes, sumados a la puerta que la reforma laboral abre a los despidos en las administraciones, podrían derivar en la pérdida de hasta medio millón de empleos en el sector público.

Otras de las medidas avanzadas a los sindicatos es la previsión de no contratar de nuevos empleados, ni por contrato temporal ni interinos, en las administraciones o la supresión de prestaciones sociales para los mutualistas del Muface. Concretamente, se trataría de pensiones de viudedad anteriores a 1984 de clases pasivas o la retirada de complementos a mínimos en la pensión al personal del servicio exterior, a los que además no se les pagará el viaje que hasta ahora se les costeaba para pasar la Navidad en España. En 2013 también entran en vigor varias de las medidas aprobadas el pasado verano por el Gobierno para ajustar el gasto de personal, casos de la reducción de seis a tres de los días de libre disposición (los llamados «moscosos») y la eliminación de las jornadas de descanso asociadas a la antigüedad del trabajar (los «canosos»).

El Gobierno aprueba hoy sus presupuestos más restrictivos

Recortará en un 12,2% el gasto de los ministerios y se volverá a congelar el sueldo de los funcionarios

27.09.12 - REDACCIÓN | MADRID, en El Comercio.

El Gobierno aprobará, en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, los presupuestos más austeros de la democracia, sobre los que planea la sombra de un rescate de la economía española.

Las segundas cuentas del Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy estarán marcadas, como las anteriores, por los ajustes. Si los Presupuestos Generales del Estado contemplaban un recorte de 27.300 millones de euros, los de 2013 podrían representar un ajuste de unos 40.000 millones de euros. El objetivo es reducir el déficit del conjunto de las administraciones públicas desde el 6,3% fijado para 2012 hasta el 4,5% para 2013.

A falta de ver si en el ajuste pesan más los recortes de gastos o los aumentos de ingresos vía subida de impuestos, lo que está claro es que el salario de los empleados públicos permanecerá congelado por tercer ejercicio consecutivo -en 2010 sufrió una rebaja media del 5%-, aunque los funcionarios recuperarán la paga extra de Navidad. Mientras tanto, el Ejecutivo ha fijado la partida destinada a pagar las pensiones como la última a recortar.

El Presupuesto de 2013 parte de un techo de gasto no financiero de 126.792 millones de euros, un 9,2% más que en 2012. El gasto corriente de los ministerios se reducirá un 12,2%, con lo que dispondrán de un total de 31.057 millones de euros en 2013 para su funcionamiento, por los 35.392 millones de que disponían en 2012. Además se incluirá un recorte del 4% en el gasto en personal de cada ministerio.

Para recortar gastos, se evitará la contratación de nuevos empleados en el sector público, aunque la tasa de reposición se mantendrá en el 10% en algunos sectores como la sanidad, la inspección de Hacienda y de Trabajo o los cuerpos de seguridad del Estado.

En materia de ingresos, el IVA, que subió el 1 de septiembre, continuará siendo el principal generador de recursos y está previsto que aporte 10.000 millones de euros adicionales. Se establecerá un nuevo régimen de tributación para las plusvalías y nuevos impuestos 'verdes', sin que se descarten cambios en los impuestos especiales y en Sociedades.

Aunque el artículo es de marzo pasado, os recomendamos leerlo y tenerlo muy presente siempre:

Funcionariado: las víctimas se presentan como culpables por  Francisco J. Bastida, Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad de Oviedo

Consejero de Sanidad: primeras declaraciones tras la convocatoria de huelga del SIMPA…

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Blanco espera que se desconvoque la huelga sanitaria y recalca que está abierto al dialogo, pero no a la abdicación

GIJÓN/OVIEDO, EUROPA PRESS

El consejero de Sanidad en el Principado de Asturias, Faustino Blanco, ha asegurado este martes en Gijón que está dispuesto a dialogar con los sindicatos y que espera incluso en llegar a un acuerdo para que se desconvoque la huelga sanitaria prevista a partir del próximo 8 de octubre. Eso sí, ha replicado a quien le acusan de falta de diálogo, ha dicho que este no supone "abdicación", con referencia a sus obligaciones para hacer el sistema sostenible en un contexto de crisis y de recortes.

Blanco, que ha hablado así tras reunirse con miembros de la Ejecutiva de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Urbana de Gijón (FAV) para explicarles el nuevo proyecto sanitario, ha avanzado que este miércoles en la mesa general de la Función Pública convocada con los sindicatos se presentarán los documentos en torno a la organización de la ampliación de la jornada de trabajo.

Ha insistido, asimismo, en que harán lo que esté en sus manos para que se pueda desconvocar la huelga, ya que son "los primeros interesados", según él. Ha recalcado que hasta la fecha no se han negado al diálogo, aunque ha trasladado que la otra parte también tiene su responsabilidad y deberá ver si es el mejor escenario para una huelga.

Ha precisado que el tema de la ampliación de la jornada no debería ser el único punto en el que se centrara la negociación. No ha querido, no obstante, ahondar en los contenidos concretos de esta, pero ha recordado que se debe cumplir con el Plan Económico y Financiero.

EXIGENCIA "PEQUEÑA"

Ha destacado, asimismo, que se trata de una exigencia "pequeña" la que hay que hacer en cuanto al capítulo 1 de personal, a lo que se suma la ampliación de la jornada, por lo que en el marco de ambos aspectos "hay mucho recorrido que hacer" en el ámbito de la negociación.

También ha recalcado que la sociedad en su conjunto está haciendo esfuerzos, como es a través del copago sanitario, y ha defendido que se busque la eficiencia en un momento "de enorme crisis". Es por tanto un esfuerzo colectivo en el que la Administración trata de involucrar a los profesionales sanitarios. "Es un esfuerzo razonable, ni es exigente ni va contra nadie", ha apuntado, antes de apostillar que es una situación realmente crítica.

Preguntado por el caso de Andalucía, ha negado que allí se llegara a un acuerdo para aplicar la ampliación de la jornada mientras que aquí se ha producido un conflicto. De hecho, ha precisado que hace unos meses Andalucía ya tuvo un conflicto sanitario con los profesionales médicos, ya que se llegó a bajar el salario a estos, algo que en Asturias no se hizo. Es más, ha incidido en que incluso  se han mejorado algunas condiciones laborales.

ADVERTENCIA DEL SESPA

Paralelamente, el Sespa, a través de un comunicado, ha mostrado su "sorpresa mayúscula" por una convocatoria de huelga coincidente con en el periodo de diálogo con los sindicatos para un desarrollo de la aplicación del decreto de ampliación de jornada "lo menos lesivo posible para los intereses de los profesionales".

En este sentido, el Servicio de Salud considera que la convocatoria de huelga por parte del SIMPA supone "un planteamiento que busca tensar la postura de una organización cuando lo que más le conviene a Asturias, en un momento tan complicado desde el punto de vista social y financiero, es la búsqueda de diálogo y encuentro para preservar el sistema público sanitario de calidad frente a la privatización y a la mercantilización de la salud que persigue el Gobierno de Rajoy".

Pese a ello, mantiene su oferta de continuar dialogando para tratar de evitar una huelga que sería, a su juicio, "lesiva" para la sanidad pública asturiana y afectaría directamente al conjunto de los ciudadanos y, especialmente, a los que más están sufriendo con la crisis.

Asimismo, insiste en que el acuerdo de ampliación de jornada es una medida necesaria para reducir el déficit de la sanidad asturiana y poder mantener así una sanidad "pública, accesible, universal, equitativa, que mejore la cohesión social y mantenga el empleo estructural".

Unido a ello, se recalca que el ajuste propuesto afecta solamente a las retribuciones por actividades extraordinarias y no toca los conceptos retributivos básicos, al tiempo que busca mantener operativa la actual red de hospitales, centros de salud y servicios y seguir prestando asistencia sanitaria de calidad a los asturianos en todo el territorio.

Por todo ello, el Servicio de Salud aplicará la ampliación de jornada a mejorar la eficiencia del sistema a la vez que la accesibilidad de los servicios sanitarios para los ciudadanos en horarios de mañana y tarde, y de forma programada.

VER EL COMUNICADO DEL SESPA EN LA WEB DEL P. DE ASTURIAS

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Los usuarios rechazan la huelga médica, que consideran «irresponsable y dañina»

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«Es un bofetón en la cara de millones de parados», afirma la Asociación de Pacientes. La UCE pide «altura de miras»

El Comercio. 26.09.12 - 00:30 - LAURA FONSECA | GIJÓN.

«Sorpresa mayúscula» en el Sespa por un paro que estima precipitado

La vacunación antigripal reduce un 50% las muertes por gripe

El Senado, contrario a mantener a Feve como entidad propia

9 días alternos de protesta que se inician el 8 de octubre con paros de media jornada

El consejero de Sanidad del Principado dice que está «abierto al diálogo, pero no a la abdicación»

 «Irresponsable y dañina». Así calificaron ayer las asociaciones y colectivos de usuarios de la sanidad la decisión del Sindicato Médico (Simpa) de convocar 9 días de huelga en los hospitales y centros de salud del Principado. El paro anunciado en protesta por la ampliación de jornada y cuyo día de inicio ha sido fijado para el 8 de octubre, lunes, fue muy mal recibido por pacientes y consumidores: «Es un bofetón a la cara de millones y millones de parados», afirmó la presidenta de la Asociación de Usuarios de la Sanidad Pública y Privada de Asturias. Susana Pérez Alonso reconoce que hay muchos profesionales sanitarios que «no tienen un salario base digno» y eso les lleva a «tener que compensarlo con milongas, como las peonadas o los módulos de tarde», opinó. Pese a ello, lamentó que los facultativos en conflicto con el Principado por el incremento de las horas de trabajo hayan optado por el camino de siempre: «Fastidiar al paciente con su protesta». Dicha responsable, que en otros litigios sanitarios ya se mostró igual de crítica con los huelguistas, cree que la convocatoria del Simpa «es una falta de responsabilidad. Estamos en un estado de emergencia nacional y parece que los médicos son los últimos en darse cuenta de cuál es la situación actual, con seis millones de parados en el país». Pérez Alonso duda, y mucho, de que los pacientes vayan a comprender «en estos tiempos» una huelga médica. «Si alguien les apoya, es idiota», espetó.  

Sueldos de 6.000 euros al mes

Desde la asociación que preside aseguró que «es difícil entender que un facultativo de ambulatorio que gana 6.000 euros al mes, que los hay, vaya al paro y encima pida compresión por parte de la sociedad. Es patético». En cualquier caso, abogó por el diálogo y la negociación para «evitar una huelga irresponsable». Para concluir afirmó que «las condiciones en la sanidad pública son las que son, el trabajador que no esté de acuerdo, que se vaya a la privada».

Menos incisivo fue el presidente de la Unión de Consumidores (UCE) de Asturias, que pidió «altura de miras» a todas las partes en conflicto. Dacio Alonso se mostró contrario a la huelga sanitaria por tratarse de una protesta «muy dañina hacia los pacientes» e instó al Principado a extremar los esfuerzos para evitar el paro médico convocado para octubre próximo. Alonso recordó que la ampliación de jornada «es consecuencia de una decisión de Gobierno de Rajoy, que no cree en el modelo público de servicios y cuyas medidas buscan acabar con el actual sistema sanitario».

La UCE ve con buenos ojos que el Principado destine parte del incremento de jornada en propiciar la apertura de consultas en horario de tarde. «Es una medida que beneficia a los usuarios y que siempre hemos demandado», indicó. Con el conflicto ya más que tenso, Dacio Alonso comprende que el aumento de las horas de trabajo genere cabreo entre la plantilla del Servicio de Salud. El mismo forma parte de los trabajadores de la Administración pública a los que se les ha suprimido la paga de navidad. Por eso, cree que el Principado «debería tener una especial sensibilidad y tacto para reconducir la actual situación de conflicto, en la que confluyen no sólo el Simpa, que se caracterizó siempre por su corporativismo, sino el resto de sindicatos de la sanidad», opinó.

El responsable de la UCE considera que «la esencia de lo que se discute en este conflicto sanitario no justifica una huelga sino sentarse a negociar», por lo que pidió al Sindicato Médico y al Servicio de Salud que «agoten todas las vías de diálogo por el bien de todos».

«No soy una persona rígida»

Precisamente, el consejero de Sanidad se refirió ayer a la llamada a la huelga por parte de la central médica. «Es un derecho que tienen los trabajadores y desde ese punto no tengo nada que decir. Sin embargo, hay que señalar que la convocatoria se produce cuando hay abiertos dos procesos de negociación: la Mesa Sectorial de Sanidad y la Mesa de la Función Pública», que tiene previsto reunirse hoy. Faustino Blanco cree que el Simpa «desaprovechó ese tiempo» negociador «porque estaba pensando ya en una huelga».

Con todo, el titular de Sanidad se mostró ayer dispuesto al diálogo, aunque precisó que «esto no supone abdicación. La otra parte también tiene que demostrar que quieren dialogar y negociar. No puede ser que el Simpa y el resto de sindicatos», en relación a los que desde hace casi un mes están encerrados en el Sespa, «mantengan la misma postura desde el inicio del conflicto», razonó. «No voy a asumir el papel de persona rígida porque no es así. Incluso he admitido un encierro atípico pero la dialéctica no lo aguanta todo y la otra parte no puede sentarse a esperar que la Administración ceda sin más». Finalmente, se mostró «preocupado, que no crispado» por el tono que está tomando el conflicto.

En el panorama político, los grupos con representación parlamentaria reclamaron tanto al Principado como a las centrales sindicales «un esfuerzo para evitar la huelga». Ignacio Prendes, de UPyD, considera que «hay margen para llegar a un acuerdo» mientras que el diputado Alfonso Román López, del PP, pidió «mayor flexibilidad en las posturas que defiende el Principado». Desde IU, su diputada, Noemí Martín, estima que «todas las partes deben ceder» y recordó que de las huelgas «se sale cediendo, por lo que es mejor hacerlo antes que la situación empeore».

25-S: A un lado la razón de la fuerza, en el otro la fuerza de la razón…

Cómo las farmacéuticas engañan a médicos y pacientes

 

Publicado el 24 de septiembre de 2012 por alberto

El escándalo de la reboxetina debería haber encendido todas las alarmas. Aprobada en muchos países europeos desde finales de los 90, la reboxetina es el principio activo de un fármaco para la depresión clínica.

 

En año 2010, un grupo de investigadores alemanes publicó en el British Medical Journal un estudio que demostraba que no sólo el medicamento era inefectivo, sino que, además, la compañía farmacéutica había ocultado a la comunidad médica aquellos tests que le eran desfavorables. De 7 ensayos clínicos contra placebo, 6 mostraban que la reboxetina no era más eficaz que el placebo. Ninguno de esos 6 estudios fue publicado en revistas científicas. Además, en los ensayos clínicos contra otros antidepresivos, la compañía farmacéutica había eliminado tres cuartas partes de los datos.

 

(Nota: el artículo del British Medical Journal que destapó el caso es gratuito y podéis leerlo aquí).

 

Inexplicablemente, en España la reboxetina sigue siendo comercializada por Pfizer bajo los nombres “Norebox” e “Irenor” (números de registro 61969 y 63157 en la Agencia Española del Medicamento). La agencia federal que supervisa los fármacos en los EEUU (conocida por sus siglas, FDA) nunca aprobó la reboxetina por falta de eficacia probada.

 

Pfizer no es la única compañía envuelta en un escándalo de ocultación de datos científicos. En Febrero de 2010, el Senado de EEUU publicó un informe donde se describe cómo la farmacéutica GlaxoSmithKline (GSK) no sólo mintió sobre los riegos cardiovasculares de uno de sus medicamentos contra la diabetes sino que además trató de silenciar a los científicos que los advirtieron. La FDA calcula que este fármaco produjo 83.000 infartos entre los años 1999 y 2007. Hace unos meses, GSK decidió declarase culpable ante los tribunales norteamericanos.

 

El caso se remonta a 1999. En varias conferencias científicas celebradas aquel año, el Dr. John Buse, profesor en la Universidad de Carolina del Norte-Chapel Hill, comenzó a advertir sobre los posibles riesgos de la rosiglitazona, un medicamento que suponía miles de millones de ingresos para GSK. Tachi Yamada, entonces director de investigación de GSK, envió una serie de emails intimidatorios a Buse, quien decidió cesar sus críticas.

 

Ben Goldacre, doctor en Medicina e investigador en la Universidad de Oxford, explora las razones de algunos de estos fraudes en un libro que se publicará esta semana en el Reino Unido. Según Goldacre, la regulación de la industria farmacéutica es todavía deficiente. Por ejemplo, las compañías farmacéuticas no están obligadas a publicar todos los ensayos clínicos que realizan y por lo tanto, los que se hacen públicos son casi siempre favorables a sus intereses. Es también una práctica habitual que, cuando investigadores universitarios aceptan financiación de una farmacéutica, se les haga firmar un contrato por el cual no pueden publicar ningún resultado sin el permiso de la compañía. Las farmacéuticas financian además numerosas revistas y conferencias médicas.

 

Al igual que con la crisis bancaria, abandonar una industria multibillonaria a las fuerzas del mercado, sin una regulación adecuada, puede tener consecuencias nefastas para todos.