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Asturias alcanza los 99.135 desempleados y se convierte en la comunidad con mayor subida del paro

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El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo del Principado de Asturias subió en 5.192 desempleados en septiembre

ElComercio. 02.10.12 - 09:34 -EFE | | OVIEDO

Asturias alcanzó en septiembre los 99.135 parados y se convirtió en la comunidad autónoma española que experimentó una mayor subida del desempleo, tanto respecto a agosto, del 5,53 por ciento, como respecto al mismo mes del año pasado, del 20,72 por ciento.

Respecto a agosto se han registrado 5.192 parados más y en comparación con septiembre de 2011 se han sumado a las oficinas del paro 17.013 personas más en el Principado.

Los parados en Asturias están repartidos prácticamente igual entre hombres y mujeres, 49.427 y 49.708, respectivamente, y son menores de 25 años 9.040.

La mayoría de los desempleados en el Principado son del sector servicios, 64.464, seguidos del los 15.481 de la construcción, 10.253 de industria, 7.679 sin empleo anterior y 1.258 de agricultura.

En septiembre se realizaron en Asturias 21.485 contratos, un 5,28 por ciento menos que en agosto y un 10,93 por ciento menos que en septiembre de 2011, y la mayoría, 20.091, fueron temporales.

El paro subió en septiembre en quince comunidades autónomas y lo hizo especialmente en Asturias y Cantabria, con aumentos del 5,53 y el 5,21 por ciento, respectivamente, mientras que descendió sólo en dos regiones, Castilla-La Mancha (-3,54) y La Rioja (-3,12).

En el conjunto de España, el desempleo registrado en los Servicios Públicos de Empleo aumentó en 79.645 personas, un 1,72 por ciento más respecto al mes anterior, con lo que el número total de parados se sitúa en 4.705.279.

Además de Asturias y Cantabria, las subidas más acusadas se produjeron en Extremadura (3,94),

Baleares (3,62),

 Castilla y León (3,03),

Andalucía (2,83),

Navarra (2,74),

 País Vasco (2,51)

 y Aragón (2,36),

 además de en la ciudad autónoma de Melilla donde subió el 3,28 por ciento.

En menor medida el paro aumentó en

Madrid (1,74),

Cataluña (1,54),

Comunidad Valenciana (1,21),

Murcia (0,98),

Galicia (0,82)

 y Canarias (0,05),

además de en la ciudad autónoma de Ceuta, con un aumento del 1,74 por ciento.

En términos absolutos, el desempleo aumentó más en Andalucía, con 29.028 parados más, Cataluña con 9.575 y Madrid, 9.196.

En cuanto a la tasa interanual (últimos doce meses), el paro subió en todas las autonomías, especialmente en Asturias (20,72 %), Castilla y León (17,38), Navarra (16,56) y la ciudad autónoma de Ceuta (16,91).

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Cómo interpretar a la ‘mayoría silenciosa’

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Frente a las palabras de Rajoy, los sondeos indican que la mayor parte de los españoles opina igual que los manifestantes

El presidente del Gobierno alentó protestas desde la oposición

Foto:Mariano Rajoy, durante una manifestación contra el diálogo con ETA en junio de 2005. / CRISTÓBAL MANUEL (EL PAÍS)

Gabriela Cañas 1 OCT 2012 - 22:01 CET

Foto: Mariano Rajoy, durante una manifestación contra el diálogo con ETA en junio de 2005. / CRISTÓBAL MANUEL (EL PAÍS)

 “¿Por qué hay manifestaciones?”, se preguntaba Mariano Rajoy en 2005 cuando era líder de la oposición para luego responderse a sí mismo:

“Pues hay manifestaciones de millones de españoles para que el Gobierno cambie una disparatada política antiterrorista. Y hay manifestaciones en Salamanca porque a la gente no le gustan los trágalas”... “Y hay manifestaciones y las habrá en defensa del Plan Hidrológico Nacional”...(leer más)

Es la historia de las mejoras económicas ligadas a cambios organizativos de las que se cumplió siempre lo primero y nunca lo segundo… esta vez, puesto que la crisis agudiza las cosas, puede que sea distinto.

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La cuarta huelga médica en diez años

En 2002 hubo un paro por mejoras salariales. En 2006 otro por la carrera profesional y en 2008 un tercero por el precio de las guardias. En todos el Sespa acabó cediendo

01.10.2012 - LAURA FONSECA, Gijón, en El Comercio.

Asturias va a huelga médica por legislatura. A excepción del anterior Ejecutivo regional, el de Foro (puede que sea porque permaneció en el poder menos de un año y no haya dado tiempo), todos los gobiernos autonómicos del Principado han tenido que hacer frente a uno de estos paros. Desde que el Principado recibiera el traspaso de competencias el 1 de enero de 2002, los hospitales y centros de salud asturianos se han visto inmersos en tres huelgas, dos de ellas convocadas en exclusiva por el Sindicato Médico (Simpa). Hay quien acusa a los facultativos asturianos, y a su central médica en particular, de ser excesivamente beligerantes y de saber explotar el poder del que disfruta este personal a la hora de plantear un conflicto en sanidad. Sin embargo, en su descargo hay que indicar que reivindicaciones que en Asturias costaron una huelga (la carrera profesional en 2006 o el aumento de la hora de guardia en 2008), en otras comunidades se alcanzaron mediante la negociación, sin que la sangre llegara al río.

Pero una vez más, y van cuatro en una década, la red sanitaria pública se ve abocada a un paro que, tal y como está planteado, se vaticina largo y duro y que obligará al Principado a negociar a dos bandas: por una parte, con los médicos y, por otra, si se confirma su órdago, con el resto de sindicatos del sector (CC OO, UGT, Sae, Sicepa-Usipa y Usae). En esta ocasión, el punto de inflexión es la ampliación de jornada en la sanidad, pero, sobre todo, las modificaciones laborales y retributivas que busca introducir el Servicio de Salud (Sespa) a cuenta del incremento de 2,5 horas a la semana. El aumento de jornada, que se traduce en pasar de 1.519 a 1.650 horas anuales, es una de las exigencias impuestas por el Gobierno de Rajoy con el objetivo de reducir el déficit público. El Sespa estima que el modelo ideado para los hospitales y centros de salud, donde supuestamente desaparecerán las peonadas y se reducirán contrataciones, permitirá ahorrar entre 13 y 17 millones de euros.

Vuelta de tuerca excesiva

Sindicatos y partidos (a excepción del PSOE) creen que el Principado ha dado una vuelta de tuerca excesiva. El PP le acusa de aplicar una reconversión sanitaria encubierta, IU y UPyD de haber exacerbado, por igual, los ánimos de todos los trabajadores, y Foro Asturias de aprovechar un decreto de Rajoy para aplicar más recortes de los exigidos.

Precisamente, al igual que ocurriera en junio de 2002, cuando los trabajadores del Sespa secundaron una huelga de tres semanas, en la convocatoria del próximo octubre podrían confluir desde médicos a celadores. Desde la macrohuelga de hace diez años no se había vuelto a ver tanta coincidiencia sindical contra los planteamientos del Servicio de Salud. Pero aunque converjan, facultativos y resto de personal han ideado sus propias estrategias. Algo así como juntos pero no revueltos. La huelga convocada por el Simpa arrancará el 8 de octubre, lunes, y continuará los días 9, 10, 11 y 15 (se salta el puente del Pilar). Estas 5 jornadas serán paros parciales, de 8 a 11.45 horas. El 16 de octubre, martes, podrían tomar el revelo el resto de centrales con otros diez días, si bien su convocatoria aún no es definitiva. Si el conflicto no se soluciona, el Simpa llamará a una nueva ronda de paros, esta vez totales, para finales de mes.

87 millones en una década

El balance que ofrecen los litigios sanitarios de estos diez años es poco alentador para el Principado, ya que reflejan que la Administración siempre acabó cediendo. En 2002, con la macrohuelga de 21 días, los trabajadores lograron incrementos retributivos de entre 1.700 a 4.400 euros anuales. Eran tiempos en los que se luchaba por la homologación salarial. El Sespa quiso ligar esos aumentos a la apertura de tarde, pero fracasó.

Años después, y cuando Asturias terminaba de pagar los 17 millones de las homologaciones, en 2006 llegaría cual 'boomerang' otra nueva huelga. En esta ocasión el detonante fue la carrera profesional, un concepto retributivo del que ya disfrutaban médicos de otras autonomías. Al igual que ahora, el Simpa convocó el paro en octubre, del 14 al 17. El acuerdo se cerró semanas después, el día de los difuntos, y le supuso al Principado desembolsar 48 millones de euros (todas las categorías). Se da la circunstancia de que unos meses antes, el Sespa había reducido en 56 horas la jornada de los más de 15.000 trabajadores. De aquella, según datos del Principado, se invirtieron 1,5 millones de euros en contratar personal, parte del cual ahora sobrará.

La última de las protestas llegó en 2008 de la mano del precio de la hora de guardia. Fue también por octubre. Se convocaron 4 días de huelga pero, a diferencia de otros conflictos, hubo un acuerdo 'in extremis'. El Principado aceptó elevar a 22 euros la hora de guardia que estaba en 14,85. La actualización le supuso al Sespa tener que pagar 22 millones de euros. Las tres huelgas de esta última década tuvieron un coste de 87 millones de euros.

Para el Simpa, la nueva normativa de jornada «nos retrotrae a 1992», situación que se agrava con la pérdida del 30% que en materia salarial vienen sufriendo en estos dos últimos años. Los médicos dicen que no se niegan a trabajar más, sino a que «nos cambien las condiciones de trabajo».

El paro de tres semanas del año 2002 obligó a suspender 1.400 operaciones y 18.000 consultas

01.10.12 - L. FONSECA, en El Comercio

Fue la madre de todas las huelgas sanitarias celebradas en Asturias. 21 días de protestas en junio de 2002 que dejaron un saldo de 1.400 operaciones suspendidas, 18.000 consultas aplazadas y 21.000 exploraciones diagnósticas anuladas. Tres semanas de paros, convocados convenientemente de lunes a viernes, de los que la sanidad tardó tiempo en recuperarse. No es de extrañar, ya que el acuerdo de homologación salarial acabó costando 17 millones de euros.

Aquella protesta guarda muchas similitudes con la que, si nadie lo remedia, sufrirá la sanidad asturiana desde el 8 de octubre. En la huelga de hace diez años también hubo un frente sindical común. Claro que entonces las reclamaciones eran para ir a más, mientras que ahora se pelea por no ir a menos. En 2002, a tan sólo seis meses del traspaso sanitario, los trabajadores se movilizaron en demanda de mejores salarios. Decían sufrir los sueldos más bajos del país. De arranque, los sindicatos demandaron 6.000 euros lineales de aumento para todos. Cuesta creerlo, pero fue así. Al final, la protesta se saldó con incrementos de 1.700 euros anuales para las categorías más bajas y de 3.500 a 4.400 para la de los médicos.

La diferencia entre la macrohuelga y la que ahora se plantea está en la situación socioeconómica que golpea con fuerza a España. En 2002, 2006 e, incluso, 2008, era casi obligado pretender equipararse. El llamado 'efecto vecino' hizo estragos en las sanidades autonómicas acostumbradas a imitarse unas a otras. Pero «los tiempos han cambiado. Puede que por vez primera el Principado no ceda. Si no, que le pregunten a los mineros o a los trabajadores de Arcelor», apuntaba una destacada autoridad sanitaria.

VER UN RECORDATORIO EN NUESTRA HEMEROTECA DE HACE 4 AÑOS

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Este “Sainete” va a dar para mucho y presagio que nada bueno para el poder judicial… el olvido de la calificación en el Auto como “democrático” del régimen vigente que se pretendía destituir ¿será subliminal?...

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La juez de Madrid remite a la Audiencia Nacional los detenidos del 25S

Cree que han cometido delito contra las instituciones del Estado

La Audiencia Nacional rechazó la semana pasada juzgar a los detenidos

01.10.12, RTVE.es

La juez de instrucción número 8 de Madrid, quien el pasado jueves tomó declaración a 34 de los detenidos por los incidentes ocurridos el 25S durante la protesta "Rodea el Congreso", se ha inhibido a favor de la Audiencia Nacional al considerar que el caso es de su competencia.

En un auto dictado este lunes, la juez considera que la concentración del pasado martes se celebró coincidiendo con la sesión plenaria que tenía lugar en el Congreso "con el fin de exigir una destitución y ruptura del régimen vigente".

Por ello entiende que los hechos son constitutivos de un presunto delito contra las instituciones del Estado y, por lo tanto, es competencia de la Audiencia Nacional, que además ya tramita unas diligencias contra ocho de los convocantes de la protesta.

La puesta a disposición judicial de estos detenidos originó el pasado jueves una discrepancia entre la Policía y el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, ya que la brigada de información quería poner los detenidos a disposición del juez Pedraz, pero este aseguró que los delitos de los que se acusaba a los detenidos no eran de su competencia.

Finalmente la juez de guardia de los juzgados de Plaza Castilla tomó declaración a los detenidos y puso en libertad con cargos a 33 de ellos, mientras que decretó para otro su ingreso en prisión eludible bajo una fianza de 1.000 euros.

La Audiencia Nacional ya había instruido diligencias

En el auto de inhibición, la titular del juzgado de instrucción número 8 de Madrid explica este lunes que el juzgado central de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional ya había instruido unas diligencias contra los convocantes de la concentración del 25S "Rodea el Congreso".

En la convocatoria, según la juez, se exigía un proceso "de destitución y ruptura del régimen vigente, mediante la dimisión del Gobierno en pleno, disolución de las Cortes y de la Jefatura del Estado", con abolición de la "actual Constitución" y el inicio del proceso de constitución "de un nuevo sistema de organización política, económica y social".

Durante la protesta, añade el auto, se produjeron "incidentes ocasionados porque algunos de los asistentes intentaron rebasar el perímetro de seguridad establecido en el Congreso de los Diputados, así como impedir a los diputados "abandonar el hemiciclo, lanzando objetos a los funcionarios de Policía que allí estaban" e intentando "saltar las vallas de protección".

La juez ve "claro", como así lo refleja "repetidas veces" la Policía, que este atestado es "ampliatorio" del que ya estaba en poder de la Audiencia Nacional en relación a los convocantes de la protesta, que han sido imputados y citados a declarar por el juez Pedraz para el día 4 de octubre.

Tras referir que durante el 25-S se produjeron altercados e incidentes con los ciudadanos que "pretendían rebasar el perímetro de seguridad del Congreso, rebasando vallas y enfrentándose por ello con los funcionarios de Policía", la juez considera que dichos hechos "podrían encuadrase en un presunto delito contra la Instituciones".

Por ello, procede a la remisión de las diligencias al juez Santiago Pedraz, quien ya eludió el pasado jueves hacerse cargo de los detenidos.

Otros dos juzgados de Madrid no consideran que existiera delito contra las instituciones

Sin embargo, otros dos juzgados de Madrid, que también han tomado declaración en los últimos días a las personas detenidas por los incidentes acaecidos en las protestas alrededor del Congreso, han considerado que en estos casos no existió delito contra las instituciones del Estado.

En concreto, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el pasado día 26 el juzgado de instrucción número 3 dejó en libertad a tres detenidos, a los que imputó por atentado, desórdenes públicos y lesiones.

El pasado sábado otros dos arrestados durante las manifestaciones en torno al Congreso pasaron a disposición del juzgado de instrucción número 26, que también les dejó en libertad, acusados de lesiones y resistencia.

Ninguno de estos dos juzgados han considerado que los hechos fueran constitutivos de un delito contra las instituciones del Estado y, por tanto, no se han inhibido en favor de la Audiencia Nacional.

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"Así no podemos seguir"

 

 

 

El grupo de trabajadoras de ayudacast.

El grupo de trabajadoras de ayudacast.

El nuevo ajuste presupuestario pone en riesgo la atención a los dependientes al acumularse impagos a los trabajadores de los que dependende este servicio público

“El trabajo se sigue haciendo pero no sabemos cuánto se podrá aguantar así sin que nos dé de lleno”. Es la reflexión de una trabajadora del sector de la dependencia a cuya empresa (que no quiere citar) le deben, dice, “15 meses pagos” en la Comunidad de Madrid. Los recientemente expuestos Presupuestos del Estado para 2013 auguran más incertidumbre para la asistencia a dependientes porque las empresas que prestan el servicio dependen de los fondos públicos que del Estado pasan a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. La puesta en marcha de la Ley de Dependencia en 2008 creó, según los datos de filiación de la Seguridad Social, unos 100.000 puestos de trabajo y el sector emplea hoy casi al triple.

Según la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), ya se les adeudan unos 800 millones de euros. Ese dinero es el que mantiene gran parte de la red de asistencia que dispone la ley  (residencias, centros de día o ayuda a domicilio)y que se presta mediante empresas privadas. Las cuentas para el año que viene no parece que vengan a aliviar esta situación.

La falta de fondos afecta a todos. De grandes urbes a pequeños municipios, la escasez de dinero termina por socavar el servicio a los dependientes. Sin ir más lejos, Josefa, de la empresa Ayudacast, contaba el viernes a eldiario.es cómo sobrevivían a los impagos que sufren en Castillejar (Granada): “Llevamos más de tres meses sin cobrar y así no se puede”. Esta cooperativa de 21 trabajadoras lleva la ayuda a domicilio y ya, dicen, no saben a quién reclamar. Estuvieron toda la semana de huelga hasta conseguir “que nos pagaran algo”, relata Josefa. Así han vuelto al trabajo pero si no les llega la mayoría de la deuda que acumulan con el Ayuntamiento (de 100.000 euros), “el 15 de octubre tendremos que cerrar”, asegura. "Así no podemos seguir", resume.

Cualquier empresa es reacia a proclamar sus angustias económicas de manera singularizada hasta que la situación se hace insostenible. Pero si se habla con alguno de sus trabajadores, sí cuentan las estrecheces: “Vas a la casa que te toca, haces tu trabajo, porque el dependiente no tiene la culpa y te vas”, relata Ana, una asistente madrileña. Ella aún cobra.
 
Las empresas que peor lo están pasando, y por tanto sus trabajadores, son las de ayuda a domicilio, cuentan desde el sector. ¿Por qué? Pues porque este servicio más cercano se presta desde los ayuntamientos, el eslabón más débil en la falta de dinero público. Porque al final, todo depende  del efectivo que pasa del Estado a las Comunidades y de ahí a los consistorios. El pasado agosto, se hizo necesaria una huelga de este servicio para que las trabajadoras obtuvieran sus nóminas atrasadas en Cartagena.

Elisa, trabajadora con grandes discapacitados, está pendiente de que lleguen transferencias públicas para cubrir los gastos del servicio en Madrid capital. “No dejamos de estar con una gran incertidumbre”. Si no llega la financiación, peligra el trabajo. Peligra la asistencia.

El goteo de casos de trabajadores apurados y sin cobrar ha ido extendiéndose por regiones. Por ejemplo, Ana Lopo, portavoz de las trabajadoras de ayuda a domicilio en Sada (Coruña) asegura que no cobran desde enero. La empresa encargada, Xentes, ya ha presentado un ERE.

José Alberto Echevarría es el presidente de la FED y se atreve a poner fechas: “hay empresas que no han cobrado un euro de 2012 y sus trabajadores no cobran sus nóminas”. La esperanza estaba puesta en los Presupuestos de 2013, aventuraba. La partida de Dependencia no va encaminada a solventar el hueco económico que se hha ido acumulando.

Pero hay más. En Puertollano (Ciudad Real), 200 trabajadores de la Fundación Agria no han recibido las últimas cinco nóminas, según la empresa, por los impagos de la Junta. En Cádiz, unos 400 trabajadores de centros de mayores también tienen retrasos en el cobro. En la Comunidad Valenciana, la mitad de los centros de mayores gestionados de manera indirecta (es decir, mediante un concierto con una empresa) han debido dejar de pagar a sus trabajadores por, aseguran, una deuda de 100 millones de la Generalitat. El nuevo ajuste en Dependencia deja en el alero un sector que, un reciente estudio de la Fundación Ideas asegura que podría crear 600.000 puestos de trabajo.

«Con ella dejamos de depender de la caridad»

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El Comercio. 30.09.12 - 02:40 -CHELO TUYA | GIJÓN.

Fue la primera ley del sector y obliga a las empresas con más de 50 trabajadores a contar en su plantilla con discapacitados

Los colectivos de discapacidad celebran el trigésimo aniversario de la Lismi, pero critican su incumplimiento

«Para nosotros fue muy importante, porque, con ella, dejamos de depender de la caridad. Las necesidades de las personas con discapacidad pasaron de ser consideradas objeto de beneficiencia a derechos que cumplir, pero, como todas, tampoco se ha cumplido».

José Luis Crespo, presidente de la Federación Asturiana de Asociaciones de Personas con Discapacidad (Feaps) resume lo que para los colectivos de las personas con discapacidad ha supuesto la Ley de Integración Social del Minusválido, más conocida como la Lismi, no sólo porque la comodidad de utilizar abreviaturas, sino porque la discapacidad lleva años rechazando que minusválido sea su sinónimo.

Creada hace ahora 30 años -en abril de 1982- la Lismi fue el más claro ejemplo de lo que las personas con discapacidad llevan años diciendo «hasta que un político no tiene un problema, no se busca solución». El padre de la Lismi es Ramón Trías Fargas, diputado catalán ya fallecido, que tenía un hijo con síndrome de Down.

De su lucha para que Jordi tuviera los derechos que le ampara el artículo 49 de la Constitución nació la Lismi, que supuso el primer paso para la igualdad de oportunidades entre personas con o sin discapacidad. Establecía derechos, pensiones y, sobre todo, la obligatoriedad de que todas las empresas con más de 50 trabajadores en plantilla incluyeran empleados con discapacidad. Un 2%. Sin embargo, como todas las leyes relativas a este colectivo, nunca fue cumplió del todo.

«Fue un acierto, porque obliga a la contratación, pero se ha incumplido y se sigue incumpliendo. Se lleva a rajatabla la legislación española en otras materias, pero lo que afecta a nuestro colectivo se ve incumplido continuamente», confirma Mario García, presidente de la Confederación Estatal de Personas con Discapacidad (Cocemfe). En su opinión, que España sea pionera en normativas para respetar los derechos de las personas con discapacidad, «no sirve de nada si seguimos incumpliéndolas todas».

Porque, como señala José Luis Crespo, «nunca se logró que se cumpliera el mínimo establecido, un 2% de personal con discapacidad en plantillas de más de 50 trabajadores», sobre todo porque «ni siquiera lo cumplió la propia administración». De hecho, el Principado anunciaba una campaña en 2005 para perseguir a las empresas que no cumplieran con esa ley. 23 años después de entrar en vigor.

Medidas alternativas

Con esos mimbres, en el año 2000 el Gobierno decide reformarla, incluyendo las denominadas medidas alternativas. Es decir, se permite a las empresas que no cumplan con la reserva de empleo, siempre que compren bienes, formalicen un contrato con un Centro Especial de Empleo o a un autónomo con discapacidad.

Ese salvavidas para las empresas con más de 50 empleados en plantilla tampoco ha sido la panacea de la Lismi. Mario García asegura que «vamos a seguir reclamando que se aumente el control con inspecciones rigurosas y continuadas para que esto no ocurra», en una campaña que no se limita a la persecución, sino que desde Cocemfe «vamos a continuar actuando de una manera muy intensa a través de nuestros servicios, con los que asesoramos gratuitamente a cualquier empresa que lo requiera»

En su trigésimo aniversario, José Luis Crespo ve poco recorrido más a la Lismi «porque desde el año pasado está pendiente su fusión con otras normas». Un cambio que, el presidente de Feaps, espera que «no suponga recortar más derechos».

Los docentes de la concertada cobrarán mil euros menos en la paga de diciembre

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El sector se declara al borde de la «quiebra técnica» y se queja de que los tijeretazos llegan por la vía de los «hechos consumados»

 

El Comercio. 30.09.12 - 02:38 - AZAHARA VILLACORTA | GIJÓN.

«La crisis nos afecta a todos, pero sólo se habla de la pública». El director del gijonés Colegio de La Inmaculada, José Guerrero, es sólo una de las voces que se alzan en la enseñanza concertada (tradicionalmente menos combativa que su complementaria) para denunciar la situación de un sector en el que «todo sube mientras que el Gobierno recorta» en una suerte de ordeno y mando. Y pone sólo un ejemplo: «El año pasado, a los colegios concertados ya nos quitaron el 1,5% del módulo de otros gastos, en el que se incluyen desde los de agua y luz a los de limpieza o pupitres. Y este año, vuelven a recortar otro 1,5% . Y, encima, con efectos retroactivos. Desde enero».

La situación, aseguran, es tan sangrante que los principales sindicatos y organizaciones de la red se han declarado ya «al borde de la quiebra técnica» tras los últimos tijeretazos, que afectan tanto a las condiciones de la enseñanza como a la financiación pública. Agravadas, en algunos casos, por el retraso de las administraciones en el pago. Pero es que, además, molestan las formas. Y, así, el responsable del departamento jurídico de Escuelas Católicas, Luis Centeno, ha llegado a acusar al Ministerio de Educación de aplicar los ajustes «sin negociación ni diálogo», sino por la vía de los «hechos consumados». Una crítica que suscriben, entre otros, la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), la Unión de Cooperativas de Enseñanza (UECoE) o la Federación Española de Centros de Enseñanza de Economía Social (FED-ACES).

«Es un momento crítico, de extrema dificultad para la enseñanza concertada, que sufre iguales recortes, si no peores, que la educación pública», denuncian también los sindicatos en pleno, que, además de referirse al decreto-ley que permite aumentar el número máximo de alumnos por aula y la carga lectiva del profesorado y a la reducción del módulo económico de concierto, cargan contra la última medida del Gobierno central que acaba de ser refrendada por el Ejecutivo del Principado: «Ahora, van y bajan un 4,5% el sueldo del profesorado, también de manera retroactiva, lo que supone que los 3.000 docentes de la concertada cobrarán alrededor de mil euros menos a final de año si tomamos como base un salario medio. 4,5% por catoce pagas. Una medida que toma el Gobierno regional amparándose en el decreto de Mariano Rajoy».

Todavía no sabe el secretario general de la Organización de Trabajadores de Enseñanza Concertada (OTECAS), Juan Luis González, si el tajo repercutirá sobre la nómina de diciembre o la extra de Navidad, pero todo indica que así será, como ya ha pasado en el caso de sus colegas de la pública. La diferencia, puntualiza José López-Sela, representante del mayoritario FSIE, radica en que, antes de esa rebaja del 4,5%, su sueldo ya era «notablemente inferior al de los funcionarios», con lo que este nuevo recorte, que «se produce en «la comunidad que ya tenía la mayor diferencia» entre ambas redes, «en lugar de tratar de homologar las condiciones de unos y otros», los distancia aún más.

«Una injusticia absoluta»

«Es una injusticia absoluta que nos deja casi como mileuristas», resume López-Sela, que recuerda que los docentes de los setenta centros escolares concertados que hay en Asturias -que suman 1.500 unidades y que cada año dejan fuera a unos 130 alumnos por falta de plazas- atienden al 27% del alumnado total de la región y, sin embargo, la dotación que el Gobierno asigna a esta red es inferior al 12% del presupuesto de Educación para la pública, mientras que el salario de sus profesionales es un 18% inferior.

Llueve sobre mojado. Pero es que, cuenta, todavía hay más motivos para la indignación: «Mientras que el recorte que sufren los funcionarios no se consolida, en nuestro caso no se habla de que desaparezca el año que viene». Y esa es una de las batallas en las que está ahora inmersa la central.

«25 horas de toda la vida»

«A la consejera, que ha ocupado puestos muy destacados en el terreno de la igualdad, ya hemos tenido la oportunidad de trasladarse que la equidad no debería ser sólo entre hombres y mujeres. Sin éxito», ironiza el portavoz de FSIE, para quien la discriminación «resulta más que evidente».

Otro ejemplo: «Si en el caso de los centros públicos, la carga lectiva se ha aumentado de 18 a 20 horas en Secundaria, los docentes de la concertada estamos trabajando 25 horas semanales de toda la vida».

Pero los agravios siguen, prosigue Juan Luis González: «Las bajas del profesorado no se van a cubrir hasta pasadas dos semanas, al igual que en la pública. Pero es que en la concertada la plantilla es menor. Y, en Infantil, tenemos una ratio de 1/1. Un docente por aula. No hay más. Con lo que, si hubiese que sustituir a un compañero, eso nos obligaría a hacer grupos de 60 alumnos, con riesgo incluso para ellos. Y desaparecen también a las incentivos a las jubilaciones parciales anticipadas, que era la forma de rejuvenecer plantillas. ¿Más?».

El Gobierno valenciano delega la gestión de la Sanidad en consultoras privadas

Enfermeras de la Sanidad valenciana ejercen su labor en Torrevieja.

Consultoras privadas decidirán cuánto y cómo se ahorra en el sistema de salud. El Ejecutivo reconoce que hay funcionarios que podrían hacer esta función, pero “no tienen las herramientas” ni “el tiempo”.

El Gobierno valenciano contratará a entre tres y siete consultoras privadas para que averigüen en qué partidas de la Sanidad pública se puede ahorrar. Su labor será aplicar criterios empresariales a la gestión de los hospitales y centros de salud. Las empresas cobrarán más cuanto más ahorro consigan, y desarrollarán su trabajo durante al menos dos años. Cada gerente de cada departamento sanitario tendrá “empotrada” una de estas empresas, que le propondrán constantemente maneras de recortar el gasto. La decisión final de aplicar estas medidas o no será del directivo de la sanidad pública y no del asesor. El modelo fue presentado este viernes por los portavoces del ejecutivo autonómico y fue bautizado como de “gestión compartida”.

El conseller de Sanidad, Luis Rosado, delega así su principal obligación -la de gestionar los recursos públicos con eficiencia- en empresas privadas, a las que pagará con dinero público por ello. El objetivo es aplicar “herramientas empresariales” a la Sanidad pública para ahorrar 106 millones de euros. El político dijo una y otra vez, durante más de una hora de rueda de prensa, que los recortes no afectarán a la calidad de la sanidad, y que los ciudadanos “no notarán nada”. Esto pese a que a los gastos actuales habrá que sumar el dinero que cobrarán estas empresas por su trabajo.

Un modelo que "no toca la bata blanca"

El conseller presumió de que este modelo “no toca la asistencia sanitaria ni la bata blanca”. Rosado explicó que los ciudadanos seguirán teniendo una “sanidad pública, universal, gratuita y de calidad” pero, además, será “sostenible”. Afirmó que los profesionales sanitarios seguirán dependiendo directamente de la Administración, y no de una empresa privada. El anuncio supone una rectificación encubierta del Gobierno valenciano, que el pasado mes de abril anunció que reagruparía los servicios sanitarios privatizados en un número reducido de empresas, y que las compañías adjudicatarias de ello pagarían un canon millonario (de 360 millones) a la administración. El conseller reconoció ayer que finalmente ninguna empresa pagará canon alguno. Así las cosas, el Ejecutivo no sólo se quedará sin cobrar un euro, sino que acabará pagando pague a las compañías elegidas para que le ayuden a mejorar su gestión.

El perfil de las empresas que busca el Gobierno valenciano para cumplir este papel gestor es el de compañías con “ingenieros de procesos”. Es decir, profesionales “capaces de identificar dónde se puede ahorrar”, y cómo conseguirlo. El conseller reconoció que en la Sanidad pública “tenemos ingenieros que saben hacerlo”, pero “no tienen las herramientas”, en concreto, añadió, “no tienen el tiempo” para analizar todo el sistema público en detalle. A las empresas contratadas no se les pedirá que tengan relación alguna con el ámbito sanitario. Podrán ser "una consultora, constructora, que se dedique a la alimentación o financiera”, detalló Rosado.

Centralizar servicios para ahorrar

Otra de las “herramientas empresariales” para ahorrar será la de pagar incentivos a los médicos que reduzcan su gasto por paciente. Según el conseller, las consultoras privadas establecerán objetivos de ahorro concretos que se aplicarán a zonas determinadas. Los profesionales que cumplan estos objetivos serán premiados. Rosado, sin embargo, evitó detallar en qué aspectos concretos pueden ahorrar dinero los médicos. Preguntado por si a los profesionales se les sugerirá realizar menos pruebas diagnósticas o recetar medicamentos genéricos, se limitó a poner el ejemplo de que a los médicos que gasten más de la media por cada enfermo se les premiará por acercarse a la media. "Se trata de mejorar la variabilidad. Todos podemos tratar una enfermedad de una forma muy eficiente y otras veces menos eficiente, matar una mosca con un cañonazo o con un matamoscas", dijo.

Esta medida es la más llamativa, pero no es la única del plan de ahorro presentado ayer por el Gobierno valenciano. El conseller también anunció que se dividirá el territorio en siete zonas sanitarias. En cada una de ellas, se contratará a una sola empresa para cada sector de actividad. Es decir, que una sola compañía gestionará las actividades externalizadas (seguridad, limpieza, lavandería, ambulancias, etc.) de un grupo de hospitales, de forma que se ahorrarán costes.Algo parecido sucederá en logística: se creará un único contrato para cada provincia. En total, el Ejecutivo autonómico prometió este viernes ahorrar 1.745 millones de euros en los próximos diez años.