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El Gobierno autoriza el endeudamiento de Asturias

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Lne.es » Economía

El Consejo de Ministros ha autorizado hoy operaciones de endeudamiento a las catorce comunidades autónomas que se han acogido al plan de pago a proveedores

El Consejo de Ministros ha autorizado hoy operaciones de endeudamiento a las catorce comunidades autónomas que se han acogido al plan de pago a proveedores por un importe de 17.718 millones de euros, según ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

 

Se trata de las catorce autonomías que se han adherido al mecanismo de ese plan de pago a proveedores, al que no se han sumado Galicia y las forales del País Vasco y Navarra.

 

Como ya había adelantado esta semana el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, Sáenz de Santamaría ha dicho hoy, en la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Ministros, que se abonarán más de 3.700.000 facturas pendientes a un total de 29.107 proveedores.

 

De ellos, ha precisado, un total de 7.598 son personas físicas, 20.954 son pymes y 555 grandes empresas.

 

Los proveedores con facturas pendientes de comunidades autónomas comenzarán a cobrar la última semana de junio.

 

Según la referencia del Consejo de Ministros, se autoriza a Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia y Comunidad Valencia a tomar préstamos a largo plazo, por un importe agregado de 17.718,55 millones de euros.

 

Se dedicará al pago de las obligaciones con sus proveedores incluidas en el ámbito de aplicación de los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos del 6 y 22 de marzo de 2012, respectivamente.

Tras esta autorización, todas las autonomías, salvo Galicia, País Vasco y Navarra, que decidieron quedarse fuera de la operación, firmarán a partir de la próxima semana el contrato de préstamo con las entidades colaboradoras.

 

Estos dos pasos previos permitirán que el Fondo comience a pagar directamente a los proveedores de comunidades la última semana de junio a las cuentas corrientes facilitadas por los proveedores.

 

Por importe, la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía y Cataluña son las que tienen mayor cantidad pendiente de pago.

En cuanto al número de proveedores que se beneficiarán, se sitúan en primer lugar Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Cataluña.

 

El siguiente cuadro recoge, por comunidades autónomas, el importe total del préstamo en miles de euros, así como el número de proveedores y de facturas:

 

CC.AA. Importe en miles ? Proveedores Facturas

--------------------------------------------------------------

Andalucía 2.699.650 2.430 744.592

Aragón 428.950 926 167.678

Asturias 243.475 824 81.880

Baleares 842.508 3.859 245.339

Canarias 231.310 768 51.498

Cantabria 326.616 1.480 91.424

C. y León 1.052.738 2.137 287.482

C-La Mancha 2.918.315 9.190 593.906

Cataluña 2.020.226 5.693 263.113

Extremadura 227.917 534 1.701

Madrid 1.263.449 2.121 414.462

Murcia 1.037.732 3.362 260.152

La Rioja 70.864 470 19.590

C.Valenciana 4.354.796 6.358 571.715

------------------------------------------------------------

TOTAL 17.718.553 (+) 29.107 3.794.532

Que nadie lo tome como una recomendación o una amenaza, es mucho más que eso aunque lo aderecemos con la viñeta de cómo lo ve Forges: “Son Insacieibols”...

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El FMI pide a Rajoy que suba ya el IVA y baje los sueldos a los funcionarios

El organismo presidido por Christine Lagarde desaconseja más amnistías fiscales

Advierte de que el déficit público superará "significativamente" los objetivos marcados

Recomienda quitar la deducción a la vivienda y eliminar beneficios fiscales a las empresas

Sandro Pozzi, Nueva York, en El País.

El Fondo Monetario Internacional pide al Gobierno español que suba ya el IVA en lugar de esperar a 2013 y apruebe lo antes posible una nueva bajada en el sueldo de los funcionarios para reducir el déficit. De otro modo, advierte, España sobrepasará "significativamente los objetivos" marcados en su plan de estabilidad y que el Ejecutivo se ha comprometido a cumplir. En opinión del organismo dirigido por Christine Lagarde, es mejor actuar del lado de los ingresos ante la consolidación fiscal sin precedentes que afronta el país.

Con los mercados pendientes de cualquier detalle relacionado con España, y en la víspera de otro fin de semana crucial para el euro, el FMI publica su análisis sobre la situación económica española. E insiste en los evidente: “las perspectivas son muy difíciles”. “La economía se encuentra en medio de una recesión con recaída sin precedentes, con el desempleo a niveles ya inaceptables, la deuda pública creciendo rápidamente y segmentos del sector financiero con necesidades de recapitalización”.

El FMI arranca sus conclusiones calificando de “relevantes” las medidas adoptadas durante los últimos meses por España. Pero eso no ha permitido recuperar la confianza de los mercados, que sigue “débil”. Por eso, para hacer frente a los retos que afronta pide una respuesta “ambiciosa” que mire a la vez a la consolidación fiscal y a la reestructuración del sector financiero sin olvidar que tiene que potenciar el crecimiento a través de las reformas estructurales.

En opinión del FMI, el objetivo de reducción de déficit marcado de “muy ambicioso” —pasar del 8,9% de 2011 al 5,3% a final de año y, por ahora, volver a bajarlo al 3% en 2013— y por eso cree que será difícil de alcanzar, sobre todo porque los ingresos serán más débiles de lo esperado y no se puede fiar el ajuste solo a recortes de gasto que tardan en tener efecto. Por eso, los expertos del organismo insisten en que deben tomarse más medidas del lado de los ingresos y advierte de que “ninguna opción debe ser descartada”. Como ya reclamara el año pasado al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pide que se suban tanto el IVA como los impuestos especiales. Pero introduce una novedad al incorporar un tono de urgencia: “Estas medidas deberían tomarse ahora”.

Además, frente a la situación de 2011, el país está ahora bajo un programa de rescate de sus socios, que aunque sea reducido a la banca, sitúa a España bajo una estricta vigilancia por parte de la troika (la UE, el BCE y el propio FMI, que pese a no dar ayuda financiera supervisará el proceso). Junto a ello, el Gobierno estará más presionado para adoptar las recomendaciones que lleguen desde las autoridades internacionales ante la más "mínimo desviación" de las metas de déficit, tal y como indicó el Eurogrupo al anunciar la ayuda.

Siguiendo con los impuestos, el FMI califica como “deseable” una reducción de las cotizaciones de la Seguridad Social, pero solo cuando se alcancen unos objetivos en la reducción del déficit. En concreto, cuando el desfase presupuestario se sitúe por debajo del 3%. Dentro de este paquete, pide que se suprima la deducción fiscal por vivienda que el Gobierno reintrodujo tras llegar al poder en diciembre y considera “fundamental” que no haya más amnistías fiscales o aumentos transitorios de tipos ya que las medidas deben ofrecer "ganancias permanentes". En paralelo, señala que “debería protegerse el gasto en los más vulnerables”.

En cuanto al gasto público, los funcionarios del fondo creen que los recortes están previstos “en las áreas adecuadas”. Pero no es capaz de valorar sus resultados y apunta que serán difíciles de implementar. Para lograr ese ahorro, vuelve a insistir en la necesidad de que se apruebe “ahora” un recorte de los sueldos públicos, aunque matiza que podría cancelarse si realmente se cumple el objetivo de reducción del déficit. También se habla de dar “mayor énfasis a las privatizaciones”.

Las conclusiones del equipo de FMI que durante los últimos días estuvo visitando España en el marco de las consultas de Artículo IV se publica una semana después de que el consejo ejecutivo del organismo aprobara el informe de supervisión del sistema financiera español. En él que se identificó una necesidad de capital para la banca de 37.000 millones de euros, solo para cubrir las pérdidas futuras en un escenario económico adverso.

Cantidad que podría doblarse si en la ecuación se tienen en cuenta las necesidades de reestructuración de las entidades en apuros. “Los bancos siguen sin capacidad para obtener financiación privada no avalada”, comentan ahora los expertos del FMI en sus análisis. Y señalan, además, que “a pesar del anuncio de apoyo financiero europeo, las condiciones de mercado siguen siendo débiles”. La esperanza es que el apoyo financiero europeo contribuya a paliarlos riesgos a corto plazo.

Pero a reglón seguido indican que las tensiones podrían intensificarse “si las políticas económicas no logran frenar las salidas de capital o como consecuencia de mayores tensiones en otras áreas de la Eurozona”. Desde el organismo en Washington se vuelve a insistir en la importancia de que el plan de reformas estructurales se siga ejecutando en paralelo al proceso de saneamiento de los bancos.

En este sentido, los encargados de la misión del FMI consideran que “el futuro apoyo financiero de la Eurozona es una oportunidad importante” para avanzar en esa estrategia de tres puntos antes citada. “Mayor progreso a nivel europeo ayudará a las perspectivas de la economía española”, reiteran, en línea a lo ya expresado la semana pasada por la director gerente del FMI, Christine Lagarde. España será uno de los puntos a debate en el G20.

Junto al riesgo financiero, el otro motivo de preocupación es doble, derivado de un desapalancamiento más rápido del previsto en el sector privado y por el efecto de la consolidación fiscal. Las presiones negativas del ajuste, afirman los expertos, “probablemente se traduzcan en contracciones de la producción este año y el que viene", aunque se espera que las exportaciones netas sigan contribuyendo fuertemente al crecimiento.

A modo de conclusión, el FMI califica otra vez de urgente que España concentre sus políticas a mejorar la productividad y la competitividad de su economía. “Éstas son reformas inherentemente complejas y difíciles, pero críticas si el crecimiento ha de ser inclusivo y altamente generador de empleo”, remachan los expertos del organismo. El objetivo, creen, debe ser colocar al país entre el "Top 10" en las listas de índices globales de competitividad y clima de negocios. La reforma laboral es un paso positivo en este sentido, “ya que tiene el potencial de mejorar sustancialmente el funcionamiento del mercado de trabajo”.

El FMI publicó también el sexto informe de supervisión de Irlanda en el marco del programa de asistencia, necesario para liberar el próximo tramo de ayuda de 1.400 millones. Considera que Dublín sigue comprometido con las reformas, a pesar de los retos y de las tensiones en la zona euro. “Todos los objetivos cuantitativos de la revisión se cumplieron”, concluyen los expertos. El crecimiento sigue siendo débil y la tasa de paro alta.

Ellos (la famosa troika) perfectamente lo saben, pero a nosotros (los ciudadanos) nos deja como “paralizados” aunque aprieten y aprieten más … ¿hasta dónde aguantaremos?

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El rescate traerá más recortes y no sirve para salir de la crisis

Vicenç Navarro/Juan Torres López – Consejo Científico de ATTAC España…

Desde que la crisis se inició en 2007, la población española ha estado sometida a toda una serie de políticas públicas que han significado un gran recorte de sus derechos laborales y sociales, que han afectado de una manera muy notable al bienestar social y a la calidad de vida de las clases populares. Hemos visto durante estos años de crisis la congelación y pérdida de la capacidad adquisitiva de las pensiones, el retraso de la edad de jubilación, la reducción del gasto público en las transferencias y servicios del Estado del bienestar (con recortes muy acentuados de la sanidad pública, de la educación pública, de los fondos y servicios a las personas con dependencia, de las escuelas de infancia -erróneamente definidas como guarderías-, de los fondos para la prevención de la pobreza y de la exclusión social, de los servicios sociales, de las viviendas sociales, del nivel de cobertura de los seguros de desempleo y de las ayudas a la integración de los inmigrantes). Y hemos sufrido las reformas del mercado laboral, que se han llevado a cabo con el objetivo de reducir los salarios y la capacidad de negociación de los trabajadores. Y a todas esas medidas se han añadido la reducción del empleo público y de los salarios a tales empleados públicos.

Pues bien, hoy día sabemos a ciencia cierta que todas estas intervenciones han empobrecido todavía más al conjunto de la clases trabajadoras y que, lejos de haber hecho germinar los “brotes verdes” que las justificaron, han llevado a nuestra economía a una situación mucho peor y más cercana a la depresión.

El rescate no es una ayuda, es una imposición para realizar más recortes

Tales recortes se han justificado siempre como imprescindibles para reducir el déficit del Estado y el tamaño de su deuda pública, algo necesario, según se ha dicho siempre, para ganar la confianza de los mercados financieros y de esta manera poder conseguir dinero prestado para pagar los gastos del Estado.

Tanto el gobierno de Zapatero primero y ahora el de Rajoy han insistido constantemente en realizar esos recortes por encima de todo por el miedo a que no pudiéramos recuperar la famosa confianza de los mercados financieros y entonces fuésemos intervenidos por la llamada Troika, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Pero ahora resulta que a pesar de que se han llevado a cabo todos esos recortes, a pesar de que se han ejecutado una tras otra las imposiciones de los mercados, expresadas a cada momento muy claramente por esa Troika, España ha sido intervenida por esas tres instituciones

Digan lo que digan, lo cierto es que todos estos enormes sacrificios y recortes han sido en balde y cuando se ha producido su fracaso estrepitoso en forma de rescate, la respuesta del gobierno y del establishment político y mediático es la de negar que haya sido tal y que vaya a llevar consigo una intervención de nuestra economía.

El artículo de Guillermo de la Dehesa Precisiones sobre el rescate bancario, (El País 09.06.12), en el que trata de disimular la verdadera naturaleza del rescate, y las manifestaciones del Ministro de Economía, Luis de Guindos, en la rueda de prensa en la que lo anunciaba como un triunfo, son representativos de esta postura.

Según esas manifestaciones, a las que hay que añadir la del propio presidente Rajoy afirmando que lo ocurrido es algo que “ha conquistado” España, los 100.000 millones de euros no son un rescate, sino una ayuda a la banca que tiene por objetivo reestructurar el sector bancario y sin implicaciones macroeconómicas. Unas interpretaciones que caen por su propio peso cuando se lee el documento del Eurogrupo donde se manifiesta textualmente:

“El Eurogrupo considera que España ya ha implementado importantes reformas fiscales y del mercado de trabajo y medidas para reforzar el activo de los bancos españoles. El Eurogrupo confía en que España cumplirá sus compromisos en virtud del procedimiento de déficit recesivo y con respecto a las reformas estructurales, con el fin de corregir los desequilibrios macroeconómicos en el marco de la Unión Europea. Los progresos en estas áreas serán revisados de cerca y con regularidad, también paralelamente con la ayuda financiera” (el subrayado es nuestro).

¿Puede decirse de manera más clara que se trata de una intervención en toda regla?

El texto del acuerdo del Eurogrupo señala sin lugar a duda alguna que paralelamente a la supervisión financiera se hará la de las políticas fiscales y macroeconómicas. Y el significado y el objetivo con el que se llevará cabo esta supervisión también aparece bien claro en los últimos documentos del FMI y en las declaraciones de sus responsables que constantemente insisten en que habrá que llevar a cabo más reformas del mercado laboral -para conseguir más bajadas salariales-, más reducción de las pensiones, y una reducción más acentuada del déficit, centrándose en el Estado del Bienestar que en España está gestionado por las comunidades autónomas.

Lo que ahora se busca con la excusa de eliminación del déficit de las éstas última no es otra cosa, en la práctica, que nuevos mayores recortes de las transferencias y servicios del Estado del Bienestar que gestionan, principalmente, en materia educativa, sanitaria y de cuidados a las personas.

El rescate no aumentará la confianza de los mercados sino todo lo contrario

Puesto que conocemos perfectamente lo que ha ocurrido en otros países y en situaciones semejantes cuando se toman este tipo de medidas, podemos afirmar ahora con seguridad lo que con toda probabilidad va a ocurrir en España, en contra de lo que vienen diciendo las autoridades sin ningún tipo de fundamento ni base científica ni empírica.

En concreto, es importante que la ciudadanía sepa que, aunque en teoría estas reformas se hacen para recuperar la famosa “confianza de los mercados”, toda la evidencia muestra que los resultados serán precisamente opuestos a este objetivo.

El resultado de los rescates en los otros países supuestamente rescatados es que la prima de riesgo de su deuda pública no ha disminuido. Antes al contrario, ha subido. Y eso ocurrirá igualmente en España porque los recortes adicionales que van a acompañar al rescate van a ralentizar todavía más, y sin ningún lugar a dudas, la marcha de la economía española, acentuando así la recesión.

Además, y en contra de lo que se está diciendo, el rescate aumentará la deuda pública, pues el Estado –el receptor de la supuesta ayuda- tendrá que pagar por las pérdidas de las bancas fallidas en el rescate y asumir sus intereses y el principal.

Y, finalmente, el rescate tampoco garantiza ni que el sector bancario pase a ser solvente ni, por supuesto, que el crédito vuelva fluir a la economía.

La estimación del Fondo Monetario Internacional de las necesidades de capital del sector están hechas ad hoc, para justificar la cantidad con la que se pensaba jugar de antemano. Las cifras que proporcionen las auditorías solicitadas por el gobierno serán otras: las que se desee, porque la experiencia demuestra (como en caso de los bancos que fueron calificados de plenamente solventes meses o semanas antes de que fuesen rescatados en otros países) que dependen de la valoración que se quiera dar a activos que han perdido prácticamente todo su valor. La deuda inmobiliaria con los bancos no es menor de 400.000 millones de euros, así que 100.000 millones (el techo más alto del rescate) serán insuficiente incluso en los escenarios más optimistas de su recuperación.

Y tampoco se garantiza que vuelva a generar crédito a la actividad productiva no solo porque la capitalización será insuficiente sino porque, mientras que las políticas que se vienen aplicando y que acompañarán al rescate sean recesivas, ni habrá demanda suficiente solvente ni compensará a la banca dejar de dedicar los recursos a donde obtiene mayor rentabilidad.

La realidad que el gobierno y los apologistas del rescate quieren ocultar es que éste no es sino únicamente el instrumento mediante el cual la troika gobernará la política fiscal y macroeconómica española para seguir imponiendo reformas y recortes y para asegurar la prioridad de cobro de la deuda que los bancos españoles tienen con la banca europea, y principalmente alemana.

Por tanto, hay que decirlo claramente: el rescate constituye un auténtico golpe de Estado bajo la apariencia de ayuda a la banca. A partir de ahora, el gobierno Rajoy hará lo que digan la Troika y el gobierno alemán. El federalismo de Merkel (“queremos más Europa… y los Estados tendrán que ceder soberanía”) es una manera amable de definir una relación colonial en la que a España le toca ahora ser la colonia.

¿Por qué el rescate ahora?

La respuesta que las autoridades dan cuando se pregunta por qué se da justo ahora el rescate es que los intereses de la deuda pública estaban alcanzando un nivel prohibitivo y que, por tanto, había que hacer algo. Pero tal argumento también cae por su base porque significa ignorar que, como hemos demostrado en varias ocasiones, no son los mercados financieros sino el Banco Central Europeo el que realmente define los intereses de la deuda pública.

El hecho de que los intereses que está siendo obligada a pagar España sean altos se debe a que el BCE no ha comprado deuda pública española durante tres meses, lo que se podría considerar como una auténtica provocación de la situación final a la que se ha llegado que el BCE lleva a cabo habitualmente.

Así lo ha demostrado recientemente con datos indiscutibles la periodista Ana Tudela (BCE, la mano que mece la prima, Más Público, 11/05/12):

“¿Y si la prima (rentabilidad exigida a la deuda de un país respecto a la de Alemania) respondiese a algo más que a un mercado desquiciado? Hay algo más. El Banco Central Europeo (BCE) ha mecido al alza las primas en fechas concretas: las de las cumbres europeas y las semanas en que gobiernos y parlamentos decidían ajustes.

Como demuestra su propio calendario de actuaciones, el BCE dejó, en esas citas clave, de comprar deuda pública. Dejó solos a los Estados cuando más falta hacía. No una ni dos veces sino de forma sistemática desde hace ya dos años, el tiempo suficiente para cambiar Europa. Las peticiones de ayuda por gobiernos como el español, ante periodos de absoluta inactividad del BCE como el actual, caen en saco roto porque la autoridad monetaria, que se empeña en defender su independencia, tiene un objetivo.

Aunque desde Frankfurt se niegan a explicar el patrón de sus actuaciones, a concretar por qué han actuado en semanas con las primas relativamente relajadas y desaparecido cuando la tensión se disparaba, su intención no puede ser otra que propiciar reformas en línea con las tesis de la canciller alemana, Angela Merkel, y del Bundesbank”.

Y también se oculta que España podría seguir pagando la deuda pública a este nivel (y mucho más si el Banco Central Europeo ayudara a abaratar en lugar de encarecer su factura). De hecho, incluso ahora la deuda pública española es más baja que el promedio de la UE-15. Y según los cálculos del FMI, España pagaría el 3,5% del PIB en intereses en 2017, lo cual es una cifra asumible, semejante a la que pagan otros países como Alemania o Gran Bretaña.

La razón, entonces, de que haya sido justamente ahora cuando se ha producido el rescate es otra, y como siempre, no aparece en los medios. Es el temor de la Troika a que en las próximas elecciones griegas gane la izquierda, y se cuestionen con mucha más fuerza las políticas de austeridad que han llevado a Grecia (y a España) al desastre. Es por eso que la Troika quiere tener la sartén por el mango y forzar la continuación de tales políticas, porque sabe que es muy probable que tras las elecciones del próximo fin de semana (y a pesar de las injerencias constantes que están realizando para influir sobre la libre voluntad de los electores griegos) sea mucho más difícil defenderlas. Así de claro.

En definitiva, hay que denunciar el intento de ocultar la verdadera naturaleza del rescate, que está bien clara en el comunicado del Eurogrupo y en los informes del FMI:

- quieren rescatar a los banqueros despreciando y por encima del bienestar de la inmensa mayoría de las personas.

- se ha acordado ya, y se va a producir materialmente cuando se selle la letra pequeña del acuerdo, un auténtico golpe de Estado, porque a partir de ese momento España ya no estará implícitamente intervenida, como hasta ahora, sino expresa y visiblemente por funcionarios extranjeros que impondrán las líneas de gobierno a las que se habrán de ajustar las políticas económicas: nuevos recortes, privatizaciones y reformas institucionales encaminadas a desarmar de derechos políticos y mecanismos de representación a la ciudadanía.

Y se puede adelantar que nada de eso servirá para recuperar la actividad económica:

- volverá a perderse empleo y cerrarán nuevas empresas.

- nada garantiza que vuelva a generarse crédito para la economía.

- no bajará la prima de riesgo y ni siquiera el montante de nuestra deuda, sino todo lo contrario, cabe esperar que siga subiendo porque nada se ha hecho para frenar el impacto de la especulación generalizada en los mercados.

El rescate es un auténtico desastre para nuestra economía y para nuestra sociedad. Es una verdadera perversión política que el presidente del gobierno se alegre de que se haya producido y que el propio Rey Juan Carlos lo haya felicitado por haberlo reclamado a Europa. Los ciudadanos deben informarse bien, explicar con claridad a quienes tengan a su lado lo que de verdad ha ocurrido y exigir respuestas políticas que den la vuelta a la situación para poner en marcha medidas alternativas, que las hay sobradamente, como venimos poniendo de manifiesto en nuestros escritos y libros.

Publicado en Público.es

A este Ministro y a este Gobierno les va la marcha y piden, sin parar: ¡¡más madera…!!

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Protesta minera en el Congreso

Soria dice que el Gobierno continuará con el plan de cierre de la minería

MADRID, 13 Junio (EUROPA PRESS)

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha señalado este miércoles que el Gobierno continuará "literalmente" con el plan de cierre de las cuencas mineras que fue "elaborado por el anterior Gobierno" y remitido a Bruselas en agosto de 2011.

Así lo ha manifestado durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara baja y en respuesta a la pregunta formulada por el diputado socialista por León, José Antonio Alonso, que se ha interesado sobre los planes que tiene el Ministerio de Industria para el futuro de las comarcas mineras.

En concreto, Soria se ha referido al calendario "muy definido" que figura en el plan de cierre remitido a Bruselas por los socialistas y en el que figura que "a fecha de 1 de enero de 2019 no iba a quedar abierta ni una sola unidad de producción de minería del carbón que hubiese recibido ayudas".

El ministro se ha remitido a las palabras del comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, que recordaba que "toda ayuda pública que no sea compatible tiene que ser devuelta".

Tras la respuesta del ministro, el diputado socialista ha reclamado a Soria que "no se vaya por las ramas", puesto que el carbón tiene futuro "cuando hay voluntad política", un aspecto que, a su juicio, demostró el Gobierno socialista.

"Los gobiernos socialistas creen en el sector de la minería, ustedes no; nunca han creído en esta fuente de energía", ha subrayado Alonso que ha acusado al Partido Popular de "mantener una auténtica cruzada ideológica" contra el carbón en los últimos años llegando a recurrir en los Tribunales de Justicia y en la Unión Europea los decretos del Gobierno socialista.

Tras calificar de "hachazo" el recorte al sector en los presupuestos, Alonso ha reclamado al Gobierno que "priorice mejor las cosas" ya que el conjunto de las enmiendas presentadas por los socialistas para restituir los fondos "suponen unos 20 kilómetros de alta velocidad". En este punto, ha exigido al ministro diálogo y el cumplimiento de los compromisos que garantice el empleo así como que rectifique y reponga los fondos mineros.

En la misma línea se ha manifestado el ministro ante la pregunta formulada por el diputado socialista Antonio Ramón Trevín, quien ha acusado a Soria de "iniciar una cruzada ideológica y económica contra el carbón nacional" desde el comienzo de la legislatura, liquidando las ayudas un prolongando la vida útil de la Central nuclear de Santa María de Garaña (Burgos).

En este sentido, el ministro ha apuntado que el inicio del proceso de cierre de la minería comenzó en 1990 con un Gobierno socialista, a partir del que se han desarrollado cuatro planes distintos de la minería y que culmina con el plan definitivo remitido en agosto de 2011 a Bruselas.

Asimismo, Soria ha acusado a los socialistas de confundir el plan de cierra de la minería con el ajuste presupuestario que ha realizado el Gobierno como consecuencia de que el objetivo de déficit público para 2011 se ha desviado un 50 por ciento.

Además, ha reconocido que el ajuste en todo el Ministerio es del 32 por ciento, del 39 por ciento en la minería. "No lo niego", ha destacado para añadir que se han dispuesto 688 millones de euros para el sector en 2012 "que no tiene otro sector industrial ni energético".

DESALOJAN A MINEROS DEL CONGRESO.

Por otro lado, representantes de sindicatos mineros han reivindicado este miércoles desde la tribuna del hemiciclo del Congreso de los Diputados el apoyo al sector del carbón mostrando camisetas en las que se podía leer ’No al cierre de la minería del carbón’, tras las dos preguntas del Grupo Socialista al ministro de Industria, Energía y Turismo formuladas por los diputados José Antonio Alonso y Antonio Trevín.

Concretamente, al término de la intervención del diputado Antonio Trevín y antes del turno de réplica del ministro, los sindicalistas mostraron sus camisetas desde la tribuna de invitados entre los aplausos de los diputados, mientras que el presidente del Congreso, Jesús Posada reclamaba a los trabajadores de la Cámara que despejaran la tribuna y no permitieran "la exhibición de ninguna camiseta".

En declaraciones a los periodistas a la salida del Congreso, el secretario de Federación de Industria de CCOO en León, Alberto González Llamas, ha señalado que existe "un conflicto vivo" que, a su juicio, ha provocado el Gobierno ’popular’ "siendo desleal con el acuerdo pactado con el anterior ejecutivo y calculado al milímetro para la supervivencia de la minería".

Tras recordar a los compañeros encerados en los pozos y a sus familias, el secretario general de CCOO en El Bierzo, Vicente Mirón, ha acusado al Gobierno de "no aportar ninguna solución" lo que obligará a los habitantes de las comarcas mineras a emigrar. "Tenemos que tener una luz que nos alumbre en el futuro", ha añadido.

Finalmente, el secretario de Industrias Extractivas de CC.OO, Juan Carlos Álvarez Liébana, ha lamentado que las respuesta de ministro en el Pleno del Congreso haya sido "más de lo mismo" que lo planteado en la Comisión de Seguimiento del Plan del Carbón, "sin ningún tipo de cambio de posición e incumpliendo los compromisos pactados".

"Lamentablemente este Gobierno da la impresión de que quiere poner la puntilla al sector del carbón mostrando un grado de irresponsabilidad poco entendible puesto que la combulsión y la tensión que se vive en las comarcas mineras es ya preocupante", ha señalado para añadir que "las instrucciones a las fuerzas del orden público deberían empezar a preocuparle al Gobierno porque no puede ser que se esté cargando y reprimiendo con intensidad los trabajadores que solo están defendiendo su trabajo y su forma de vida".

Multitudinaria manifestación por las calles de León en apoyo a los mineros

Desde Ariño (Teruel) a Zaragoza

A las 13:30 h., normalizada la circulación en las carreteras asturianas…

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VER LA SITUACION DE AYER EN CUANTO A LAS MOVILIZACIONES EN ASTURIAS

Qué bonito queda decir ahora, que no se gobierna, que el incremento de jornada no es obligatorio… pero todos sabemos, o deberíamos saber, que no es cierto.

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PP e IU confían en que el aumento de jornada no recorte empleo en Sanidad

Foro Asturias afirma que incrementar las horas de trabajo «no es una imposición de Madrid», como afirma el consejero del PSOE Faustino Blanco

13.06.2012 - LAURA FONSECA, GIJÓN, en El Comercio.

El anuncio del aumento de la jornada laboral en la sanidad pública asturiana -que pasará de las actuales 35 horas semanales a 37,5- está siendo tomado con cautela por buena parte del arco político regional. A excepción de Foro Asturias (anteriores responsables del Ejecutivo regional), que niega que el incremento de las horas de trabajo sea una imposición del Gobierno central a la que la comunidad no se puede negar, el resto de formaciones se muestran moderadas a la hora de opinar y valorar los efectos de una medida con la que se busca reducir el déficit público.

Partido Popular (PP) e Izquierda Unida (IU), que suelen mantener posiciones encontradas en muchos asuntos, coinciden sin embargo al afirmar que «hay que ser conscientes de que habrá que recortar en todas las áreas, incluida la sanitaria». Tanto Alfonso Román, portavoz de Sanidad del PP, como Noemí Martín, responsable de asuntos sanitarios en IU, dan por seguro que habrá ajustes en sanidad y que el aumento de la jornada laboral será uno de ellos.

En todo caso, confían, como avanzó el consejero de Sanidad, Faustino Blanco en sus primeras declaraciones a EL COMERCIO, que los recortes se hagan con sensibilidad y no mermen «ni la calidad asistencial ni el empleo». Los sindicatos ya han mostrado su temor por el futuro de mil puestos de trabajo eventual.

La diputada de IU recordó que «la sanidad pública arrastra una deuda importante». Según los datos dados a conocer en su día por el consejero de Sanidad saliente, el sistema sanitario regional acumulaba un déficit de más de 300 millones de euros. «Algo habrá que hacer, no nos podemos engañar», opinó Martín. Dicho lo cual apuntó cuáles son las prioridades para su formación ante un contexto de recortes: «Cualquier ajuste debe garantizar la calidad del sistema sanitario y, en la medida de lo posible, no disminuir el nivel de empleo». Entiende Martín que un aumento de las horas de trabajo, que pasarán de las actuales 1.519 a 1.645 horas anuales, obligará a tomar medidas reorganizativas pero eso no debería traducirse obligatoriamente en despidos, indicó. La coalición está a la espera de conocer más detalles de la propuesta, que aún no se ha hecho oficial.

Desde el PP, Alfonso Román considera un mal menor el incremento de jornada laboral. «Si disminuyen los recursos habrá que buscar fórmulas imaginativas para paliar esa falta de ingresos», indicó. El diputado popular se mostró comprensivo con una medida que viene impuesta por el Ejecutivo central de Mariano Rajoy. Al igual que IU, el PP asturiano considera fundamental «salvaguardar la calidad asistencial y el empleo». Román aseguró que las plantillas sanitarias «están muy ajustadas por lo que no sería conveniente ni justificado que el recorte se aplique sobre el personal». El parlamentario aprovechó para criticar al Gobierno saliente, «que nos presentó un presupuesto sanitario que no se lo creían ni ellos, con un gasto que en lugar bajar, crecía».

Ajustes no obligados

A este punto se refirió precisamente el que fuera consejero de Sanidad con Foro Asturias. José María Navia-Osorio, que ya retornó a su puesto en el Sespa, cree que «no se debe aceptar como inevitable que la respuesta a la crisis económica nos conduzca obligatoriamente a un drástico recorte del presupuesto en sanidad». Navia-Osorio defendió la postura mantenida durante su etapa de consejero, cuando el presupuesto sanitario crecía un 6%. «Con nosotros, Sanidad, Educación y Bienestar Social crecían, precisamente las partidas que el PSOE con la complicidad del PP quiere reducir», indicó. Niega el exconsejero que el aumento de la jornada laboral, incluida en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado, sea una obligación. «Ninguna imposición de Madrid nos obliga a hacer recortes en las prestaciones o a despedir profesionales sanitarios. Si el Gobierno de Asturias decide hacerlo así, la responsabilidad será suya y de quienes les apoyen. No vale escudarse en las decisiones de otras administraciones», opinó.

Comentario al respecto de estas afirmaciones de Navia-Osorio con relación a la Jornada Laboral…

El problema de intentar entender ahora España como una especie de estado federal – cosa que se desprende del llamamiento a la desobediencia de nuestra comunidad autónoma frente a lo que “impone Madrid” (gobierno de la nación) efectuada por el ahora exconsejero – es que España no es un estado Federal sino un estado de las autonomías, como todos sabemos, y las competencias traspasadas a éstas lo son en los límites y condiciones que marcan las leyes: sus respectivos estatutos de autonomía, las leyes orgánicas y básicas… etc. Y al respecto, aunque no nos guste,  

Lo dicen las leyes y lo refrendan los tribunales (cita literal):

“La determinación de la duración máxima de la jornada laboral es competencia exclusiva estatal, conforme al art. 149.1.17 CE (competencia exclusiva del Estado en “Legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas”). La duración de la jornada laboral de las distintas Administraciones públicas dentro de ese límite impuesto por el Estado es competencia de éstas, conforme entendemos (STSJM de 17.04.12, tomada como ejemplo) resulta de las previsiones del art. 149.1.18 CE puesto en relación con la ley 7/07, de 12 de abril, del Estatuto básico del empleado público (EBEP).”

Otra cosa sería que se encontraran elementos que, a la luz de nuestra Carta Magna, supusieran invasión de competencias propias de la comunidad recogidas en su propio estatuto de autonomía (casos catalán y vasco) o que se consideraran que directamente atentan a los preceptos constitucionales (caso del derecho a protección a la salud de todos sin exclusiones …). Pero la duración o límites de la jornada (entre 37,5 h. y 40 h./semanales, en cuanto salga en el BOE aprobada la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012) NO ES UNA DE ELLAS y Navia-Osorio lo sabe y lo cumpliría sin titubear si siguiera siendo el consejero de Sanidad…

Gracias, Sr. Exconsejero, pero a otro perro con ese hueso…  

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«Dona y trae contigo un nuevo donante»

Ricardo solís

La Asociación de Donantes de Sangre de Avilés y Corvera y el centro comunitario de Asturias comenzaron ayer la campaña «Dona y trae contigo un nuevo donante» con el fin de captar nuevos socios. Los responsables de la iniciativa están teniendo un detalle especial con aquellos que colaboren y acudan a la plaza de España -en la imagen- o a la plaza de Santiago López, donde se realizan las extracciones hasta el día 18.

 

 

Aguirre da un tajo del 10% a los ‘mileuristas’ de la Administración

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10.000 empleados sufrirán el mismo recorte porcentual que los altos cargos

“Son los que cobran menos, entre 900 y 1.300 euros”, dicen los sindicatos

Presupuestos a la carrera

Pilar Álvarez / Elena G. Sevillano / José Marcos Madrid 10 JUN 2012 - 23:30 CET81    

 

La presidenta regional, Esperanza Aguirre (PP), habló de dos grupos. Por un lado, el nuevo proyecto de Ley de Presupuestos estipula que se bajará un 10% el sueldo a los altos cargos, incluida ella. Eso le sirvió para asegurar con desparpajo que ya no sabe ni lo que cobra. Por otro lado, se reducirá el 3,3% el salario de los 180.000 empleados públicos de la Comunidad de Madrid. Hasta ahí lo anunciado públicamente.

 

Y luego está la letra pequeña, un recorte destinado a pasar desapercibido: interinos que trabajarán y, por tanto, cobrarán un 10% menos. Un portavoz oficial de la Comunidad de Madrid señaló primero que eran solo “300 ó 400”. La realidad es que la medida afecta a unos 10.000 empleados temporales públicos a los que están más abajo, justo en la escala salarial: los mileuristas de la Administración.

 

El artículo 12 del proyecto de Ley, que aún debe pasar el trámite parlamentario, regula la jornada del personal temporal y estipula una reducción del 10% en las horas de trabajo “con minoración proporcional de retribuciones”. Deja fuera, según el articulado, al personal que “dentro del ámbito sanitario, educativo y de los servicios sociales” está adscrito a puestos vinculados a la prestación de servicios públicos “de carácter exclusivamente sanitario, docente o asistencial”. Es decir, ni profesores, ni médicos ni fisioterapeutas, entre otros.

 

La Comunidad barajó recortar el 20% de sueldo a los 37.000 interinos

¿A quiénes se refiere entonces? “A los interinos más precarios”, responde Santiago Tamames, de UGT. “Esta medida machaca a la gente más débil, al último eslabón de la escala profesional”, añade Manuel Rodríguez, de CC OO. Son administrativos, conserjes, limpiadoras, celadores... Según estimaciones sindicales, sus sueldos mensuales oscilan entre 900 y 1.300 euros. Ni Economía y Hacienda ni la Consejería de Presidencia (responsable de función pública) ofrecen ninguna estimación de a cuánto ascienden las nóminas, aunque una portavoz de esta última consejería sí admite que los puestos temporales “son muy residuales” en la parte alta de las categorías laborales, es decir, entre aquellos que cobran más. Justifica además que se tomó esta decisión para “evitar el despido del 10%” de los interinos.

 

Se reducen los salarios para no echarles, según una portavoz oficial

En septiembre de 2011, Aguirre repartió entre la prensa la copia de una de sus nóminas mensuales. El documento reflejaba unos ingresos netos de 5.825,92 euros. Una rebaja del 10% lo dejaría en 5.243 euros. Un sueldo de 900 euros quedaría en 810 con esa misma rebaja. Y los 1.300 euros de la parte alta de la horquilla, en 1.170.

 

El ahorro por interinos asciende a 17,5 millones frente a 3,5 de altos cargos

La previsión de la Comunidad de Madrid con respecto a los mileuristas de la Administración era mucho más ambiciosa. Entre los documentos presentados el jueves en la Asamblea de Madrid como memoria justificativa de los recortes se incluye un informe que preveía una bajada del 20% en jornada y sueldo de los 37.486 interinos que trabajan en todas las consejerías del Gobierno regional. De haberlo llevado a cabo, el ahorro previsto habría supuesto 237 millones de euros.

 

Las rebajas de sueldo de los empleados públicos cerradas finalmente suponen unos 200 millones de euros de los 1.045 que el Gobierno regional quiere ahorrar entre los recortes presupuestarios y lo que va a ingresar por las nuevas tasas, según el dato ofrecido por un portavoz de Economía y Hacienda. Solo 3,5 millones corresponden a las medidas relacionadas con los altos cargos y el personal de confianza, y 17,5 millones (cinco veces más) a los interinos.

 

La rebaja a los viceconsejeros solo se aplicará esta legislatura

Otra de las medidas es eliminar el doble sueldo que reciben los viceconsejeros que también ejercen como diputados en la Asamblea de Madrid. Actualmente, cobran una especie de sueldo extra por tener un escaño, que asciende a unos 1.000 euros al mes. Esperanza Aguirre anunció el jueves pasado, que con las nuevas medidas de ajuste, pierden ese extra.

 

¿Para siempre? No, se trata de una medida puramente coyuntural y limitada a los próximos tres años, tal y como se desprende del proyecto de Ley: “Durante la presente legislatura, las retribuciones que les corresponda percibir serán únicamente las correspondientes al cargo de viceconsejero, sin que sea posible compatibilizar las mismas con cualquier tipo de dietas, indemnizaciones o asistencias previstas en función de su condición de diputado”. Con este artículo, el número 4, se modifica una ley de 1983 que es la que permitía hasta ahora que los viceconsejeros cobren ese extra. Los socialistas, que piden que Aguirre recorte parte de sus “60 asesores”, califican de “impostura” esta medida.

La Red grita: "No es un rescate, es un saqueo". La indignación en el hashtag: "#NoEsUnRescateEsUnSaqueo"…

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¿Cómo le afectará el rescate?

Las claves sobre el impacto del rescate en la economía

Foto: Cacerolada de la tarde de ayer en la puerta del Sol de Madrid, convocada por el 15-M para protestar por el rescate.

JESÚS SÉRVULO GONZÁLEZ, en El País.

Bruselas ha ofrecido esta tarde (por ayer) a España un programa de asistencia financiera para sus entidades de crédito. Algunos de los bancos de la cuarta economía de la eurozona serán rescatados -en realidad recibirán préstamos para que puedan recapitalizarse- porque el Gobierno no tiene capacidad para aportar la ingente cantidad de dinero que necesitan para sanear sus balances. Esta lluvia de millones tendrá reflejo en el día a día de los ciudadanos españoles. Pero, cómo le afectará el rescate en sus ahorros, impuestos o créditos. Tratamos de responder a algunas de las preguntas sobre las consecuencias del auxilio financiero.

¿Qué pasará con sus ahorros?

Si tiene su dinero depositado en un banco podrá lanzar un breve suspiro de alivio. La ayuda de las instituciones europeas a las entidades financieras españolas más afectadas por la crisis supondrá un reforzamiento en su estructura de capital. De esta forma, se asegurarán los depósitos de los clientes. Además, la ayuda europea situará a las entidades financieras españolas entre las más capitalizadas del mundo. Con esta inyección de dinero el Fondo de Garantía de Depósitos refuerza su posición: garantiza 100.000 euros por cada depósito.

¿Qué pasa a los accionistas de la banca?

Si usted es accionista de una entidad financiera obtendrá menos rentabilidad. Entre las condiciones que las instituciones europeas podrán imponer a los bancos y cajas afectadas está la reducción de dividendos sobre el beneficio. Una de las exigencias de Bruselas para conceder las ayudas pasa por rebajar el sueldo de los ejecutivos y controlar los bonus salariales a los directivos de las entidades que reciban socorro financiero. Además, se reforzará el control público sobre las instituciones con dinero público.

¿Qué pasará con las entidades que reciban ayudas?

El Gobierno ha admitido que “el apoyo financiero” de Bruselas a las instituciones financieras españolas conllevarían condicionamientos financieros solo para las entidades que reciban ayuda. El sector descuenta que tendrá que abordar un nuevo proceso de reestructuración interna que podría conllevar el cierre de oficinas y la reducción de las plantillas.

¿Qué supondrá para los ciudadanos?

La ayuda de hasta 100.000 millones de euros para sanear el sector financiero español elevará la presión sobre los objetivos presupuestarios de España (objetivos de déficit y deuda). El Gobierno ha negociado a cara de perro para que las condiciones que exige Bruselas a cambio del rescate se limitaran exclusivamente a la banca, pero las ayudas conllevarán nuevas medidas de consolidación fiscal. Traducido: más recortes de gastos y nuevas subidas de impuestos.

“No habrá nuevos condicionamientos macroeconómicos ni nuevos condicionamientos fiscales”, ha señalado esta tarde el ministro de Economía, Luis de Guindos. Pero los intereses del crédito facilitado por Bruselas los tendrá que pagar el Gobierno y eso elevará el déficit público, lo que comportará nuevos ajustes. Además, en sus últimas recomendaciones, Bruselas aconsejó subir la recaudación del impuesto sobre el consumo —IVA— y los vinculados al medio ambiente. Es seguro que una vez que entregue la ayuda, endurecerá su postura sobre estas condiciones. Entre ellas, está retrasar la edad de jubilación o eliminar la deducción por compra de vivienda, entre otras.

¿Comenzará a activarse el crédito?

Uno de los objetivos del Gobierno al solicitar el rescate financiero pasa por inyectar dinero en el sistema. Desde el Ejecutivo esperan que pasadas unas semanas desde que las entidades financieras reciban la ayuda es previsible que comiencen a hacer circular el crédito mejorando la financiación de empresas y ciudadanos. De esta forma será más fácil que las entidades vuelvan a conceder préstamos. “La razón última. No hay otra razón es tener entidades solventes para que puedan dar créditos a las pymes y a las familias españolas”, ha remachado Guindos.

¿Bajará el precio de los pisos?

Los bancos y cajas que reciban ayuda tendrán que sanear sus balances, lastrados por activos vinculados al sector inmobiliario. Reconocerán toda la pérdida de valor de su cartera de viviendas y de los créditos y préstamos a los promotores. Traducido: se espera que rebajen el precio de los inmuebles, que no habían experimentado toda la bajada de otros países. No obstante, una de las recomendaciones de Bruselas al Gobierno consiste en la supresión de la deducción por adquisición de vivienda.

El 15-M, a la calle contra el rescate

Un centenar de indignados se concentraron esta tarde en Madrid para protestar por la decisión del Eurogrupo.

El 16 de junio, repiten convocatoria

EFE, MADRID

Varios colectivos sociales, reunidos hoy en Madrid, han convocado una movilización para el próximo día 16 en rechazo al "rescate" pedido por España a la UE, lo que supone que "las pérdidas de los bancos serán pagadas por los ciudadanos", informó a Efe Luis González Reyes, de Ecologistas en Acción.

González fue uno de los participantes en la asamblea a la que han acudido esta tarde, en el centro de Madrid, un centenar de personas convocadas por el movimiento 15-M para debatir sobre "el papel del euro en la crisis" y las alternativas "frente a la austeridad y las políticas monetarias" europeas.

"Es necesario replantear el proyecto de la UE, que no puede funcionar porque está convertido en un proyecto antisocial", aseguró González Reyes, quien ha añadido que los asambleístas reunidos rechazan el "rescate y las medidas de ajuste que este trae acopladas".

Este miembro de Ecologistas en Acción ha añadido que la crisis ya implica desde hace un tiempo "recortes sociales, en la educación, en sanidad, en salarios, que aumentarán a partir de ahora; los veremos mucho más con la soga que supone el rescate".

González Reyes ha asegurado que la "gran manifestación" convocada para el sábado próximo partirá desde la glorieta de Cuatro Caminos hasta la Plaza de Castilla, "con la voluntad de protestar por el tema Bankia y contra el rescate" del sistema financiero.

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