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Ya estábamos intervenidos, pero ahora nadie lo puede disfrazar ni matizar… Mariano Rajoy, Esperanza Aguirre y Rodrigo Rato pasarán a la historia de nuestro país “en letras mayúsculas”…

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España acepta un rescate de hasta 100.000 millones para la banca

Guindos confirma que la ayuda y las condiciones se restringirán al sector financiero

Los fondos europeos se traspasarán al FROB en condiciones "muy favorables"

Foto: Mariano Rajoy hace unos días cuando negaba la posibilidad de todo esto.

Luis Doncel, Bruselas, 9 JUN 2012, en El País.

Ya está. Ha caído la pieza más grande desde que los mercados comenzaron la cacería contra Europa. Primero fue Grecia en mayo de 2010. Le siguieron Irlanda y Portugal. Tras negarlo en incontables ocasiones –la última hace diez días, en boca del propio presidente Mariano Rajoy-, España ha acordado hoy con sus socios europeos una inyección de fondos para evitar que quiebre una parte importante de su sector financiero. "El Gobierno español reclama su intención de pedir capitalización europea", ha anunciado esta tarde el ministro de Economía, Luis de Guindos.

La cantidad del rescate, de hasta 100.000 millones de euros, ha añadido el ministro, será "suficiente" para cumplir las exigencias que se deriven de las conclusiones de los análisis encargados a dos auditoras y las evaluaciones del FMI, "más un amplio margen de seguridad" que ataje todas las dudas del mercado sobre el sector. Como se trata de una “ayuda financiera", tal y como la ha definido Guindos, los fondos se destinará a atender las necesidades del sector, por lo que la condicionalidad a la que se vincula el préstamo solo será específica para el sector financiero y se descarta que el rescate lleve implícito un plan de austeridad para el conjunto del Estado.

La decisión de Europa de ofrecer hasta 100.000 millones tiene la esperanza de ahuyentar las turbulencias en los mercados. Esta cantidad más que duplica las que manejaba el FMI, que estimaba en 40.000 millones de euros la inyección necesaria. El Gobierno español puede apurar un poco más los plazos y anunciar en los próximos días, cuando tenga los informes de las consultoras que ha contratado, la cantidad que finalmente tomará prestada. Al final del proceso, serán el BCE y la Comisión Europea los que tengan que cuantificar la ayuda que va a llegar a los bancos españoles.

Tras una teleconferencia que ha durado unas tres horas, y en la que ha participado también la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, los ministros de Finanzas de la eurozona han llegado a un acuerdo que restringe las condiciones ligadas al plan de ayuda al sector financiero. Por tanto, tras la cesión de Alemania, se cerrará un rescate suave con ajustes restringidos a la banca.

Holanda y Finlandia fueron los más duros en la negociación. Las pegas holandesas provenían, según fuentes comunitarias, de la participación del FMI en el plan de ayudas. España se negaba a que este organismo interviniera para evitar parecidos con los tres rescates anteriores y alejar el riesgo de la estigmatización ante los mercados. El FMI finalmente supervisará la situación de los bancos que reciban el dinero europeo. El organismo presidido por Lagarde, ha explicado Guindos, tendrá un "papel de asesoramiento y apoyo" en la implementación del programa.

Alemania, en cambio ya estaba de acuerdo con los principios generales antes de la reunión de hoy. “Rajoy se ha dedicado estos días a trabajarse a Merkel y ha olvidado un poco a los socios más pequeños. El trato consiste en que Berlín acepta un rescate suave y que, a cambio, se solicite cuanto antes con vistas a evitar cualquier contagio de un mal resultado en las elecciones griegas”, asegura un alto funcionario comunitario al tanto de las negociaciones de estos últimos días.

Las presiones externas han sido clave para superar la resistencia  de Guindos para recibir varias decenas de miles de millones de euros y evitar que buena parte de su sector financiero caiga en la insolvencia. Porque el Gobierno prefería esperar a conocer los informes del FMI y de las dos consultoras privadas Roland Berger y Oliver Wyman, cuya publicación está prevista a lo largo de las dos próximas semanas.

Pero los datos del organismo que dirige Christine Lagarde llegaron antes de lo previsto y el proceso se aceleró. También influyeron las prisas de los países más ricos de Europa. Pese a que la propia Merkel sostenía ayer mismo que solicitar el rescate era una decisión autónoma de España y que su Gobierno no presionaría, los mensajes que llegaban del BCE y de algunos Gobiernos eran cada vez más evidentes.

Es cierto que el de España se presenta como un rescate light, que no supone una intervención total de la política económica nacional. Entre otros motivos, porque hace ya tiempo que las decisiones realmente importantes se toman más en Bruselas y Berlín que en Madrid. Concretamente, desde aquel mayo de 2010 en el que el entonces presidente Zapatero anunció en contra de su voluntad una bajada del sueldo de funcionarios, entre otros recortes.

La operación de salvamento de España será distinta de las que la Comisión Europea, el BCE y el FMI han protagonizado en estos últimos dos años. Se circunscribe al sector financiero, pero esto no impide que, en última instancia, el que debe responder por los préstamos es el Estado español. Si los bancos no pagan, serán los ciudadanos los responsables de hacerlo.

El próximo en caer puede ser Chipre, que ha reconocido esta semana que es incapaz de manejar el agujero de sus bancos. Europa y el mundo esperan que la gangrena se detenga aquí y no alcance a una economía aún más grande que la española, la italiana.

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España acepta un rescate de hasta 100.000 millones para la banca

Guindos confirma que la ayuda y las condiciones se restringirán al sector financiero

Los fondos europeos se traspasarán al FROB en condiciones "muy favorables"

Foto: Mariano Rajoy hace unos días cuando negaba la posibilidad de todo esto.

Luis Doncel, Bruselas, 9 JUN 2012, en El País.

Ya está. Ha caído la pieza más grande desde que los mercados comenzaron la cacería contra Europa. Primero fue Grecia en mayo de 2010. Le siguieron Irlanda y Portugal. Tras negarlo en incontables ocasiones –la última hace diez días, en boca del propio presidente Mariano Rajoy-, España ha acordado hoy con sus socios europeos una inyección de fondos para evitar que quiebre una parte importante de su sector financiero. "El Gobierno español reclama su intención de pedir capitalización europea", ha anunciado esta tarde el ministro de Economía, Luis de Guindos.

La cantidad del rescate, de hasta 100.000 millones de euros, ha añadido el ministro, será "suficiente" para cumplir las exigencias que se deriven de las conclusiones de los análisis encargados a dos auditoras y las evaluaciones del FMI, "más un amplio margen de seguridad" que ataje todas las dudas del mercado sobre el sector. Como se trata de una “ayuda financiera", tal y como la ha definido Guindos, los fondos se destinará a atender las necesidades del sector, por lo que la condicionalidad a la que se vincula el préstamo solo será específica para el sector financiero y se descarta que el rescate lleve implícito un plan de austeridad para el conjunto del Estado.

La decisión de Europa de ofrecer hasta 100.000 millones tiene la esperanza de ahuyentar las turbulencias en los mercados. Esta cantidad más que duplica las que manejaba el FMI, que estimaba en 40.000 millones de euros la inyección necesaria. El Gobierno español puede apurar un poco más los plazos y anunciar en los próximos días, cuando tenga los informes de las consultoras que ha contratado, la cantidad que finalmente tomará prestada. Al final del proceso, serán el BCE y la Comisión Europea los que tengan que cuantificar la ayuda que va a llegar a los bancos españoles.

Tras una teleconferencia que ha durado unas tres horas, y en la que ha participado también la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, los ministros de Finanzas de la eurozona han llegado a un acuerdo que restringe las condiciones ligadas al plan de ayuda al sector financiero. Por tanto, tras la cesión de Alemania, se cerrará un rescate suave con ajustes restringidos a la banca.

Holanda y Finlandia fueron los más duros en la negociación. Las pegas holandesas provenían, según fuentes comunitarias, de la participación del FMI en el plan de ayudas. España se negaba a que este organismo interviniera para evitar parecidos con los tres rescates anteriores y alejar el riesgo de la estigmatización ante los mercados. El FMI finalmente supervisará la situación de los bancos que reciban el dinero europeo. El organismo presidido por Lagarde, ha explicado Guindos, tendrá un "papel de asesoramiento y apoyo" en la implementación del programa.

Alemania, en cambio ya estaba de acuerdo con los principios generales antes de la reunión de hoy. “Rajoy se ha dedicado estos días a trabajarse a Merkel y ha olvidado un poco a los socios más pequeños. El trato consiste en que Berlín acepta un rescate suave y que, a cambio, se solicite cuanto antes con vistas a evitar cualquier contagio de un mal resultado en las elecciones griegas”, asegura un alto funcionario comunitario al tanto de las negociaciones de estos últimos días.

Las presiones externas han sido clave para superar la resistencia  de Guindos para recibir varias decenas de miles de millones de euros y evitar que buena parte de su sector financiero caiga en la insolvencia. Porque el Gobierno prefería esperar a conocer los informes del FMI y de las dos consultoras privadas Roland Berger y Oliver Wyman, cuya publicación está prevista a lo largo de las dos próximas semanas.

Pero los datos del organismo que dirige Christine Lagarde llegaron antes de lo previsto y el proceso se aceleró. También influyeron las prisas de los países más ricos de Europa. Pese a que la propia Merkel sostenía ayer mismo que solicitar el rescate era una decisión autónoma de España y que su Gobierno no presionaría, los mensajes que llegaban del BCE y de algunos Gobiernos eran cada vez más evidentes.

Es cierto que el de España se presenta como un rescate light, que no supone una intervención total de la política económica nacional. Entre otros motivos, porque hace ya tiempo que las decisiones realmente importantes se toman más en Bruselas y Berlín que en Madrid. Concretamente, desde aquel mayo de 2010 en el que el entonces presidente Zapatero anunció en contra de su voluntad una bajada del sueldo de funcionarios, entre otros recortes.

La operación de salvamento de España será distinta de las que la Comisión Europea, el BCE y el FMI han protagonizado en estos últimos dos años. Se circunscribe al sector financiero, pero esto no impide que, en última instancia, el que debe responder por los préstamos es el Estado español. Si los bancos no pagan, serán los ciudadanos los responsables de hacerlo.

El próximo en caer puede ser Chipre, que ha reconocido esta semana que es incapaz de manejar el agujero de sus bancos. Europa y el mundo esperan que la gangrena se detenga aquí y no alcance a una economía aún más grande que la española, la italiana.

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Aproximación al cronograma anual, en términos económicos (lo más trascendente siempre), de nuestra autonomía… ¡¡los recortes se sabrán a finales de semana!!

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Asturias se juega en seis meses la solvencia de su economía

Hacienda tiene dos asuntos marcados en rojo: el crédito de 423 millones, en julio, y las cuentas de 2013, tras el verano. Si no prosperan saltarán las alarmas

10.06.12 - ANDRÉS SUÁREZ | OVIEDO, en El Comercio.

Asturias navega en medio de la tempestad económica más violenta de las últimas décadas con una embarcación que presenta algunas vías de agua que el capitán y la tripulación -léase el presidente y sus ocho consejeros- intentan tapar a marchas forzadas. El Principado es a día de hoy la única comunidad autónoma que carece de un plan de ajuste que asegure la sostenibilidad de sus finanzas. Debería tenerlo a finales de semana, cuando se reúna el Consejo de Política Fiscal y Financiera que analice y, en su caso, apruebe o suspenda el documento que presente el gabinete de Javier Fernández. Es el primer reto, el más inmediato, pero no el único. Con una industria al ralentí, la actividad privada bajo mínimos y el consumo congelado, el esfuerzo público se ve limitado por una prórroga presupuestaria que ahoga la capacidad de maniobra del Ejecutivo. En julio se intentará sacar adelante un crédito extraordinario por importe de 423 millones de euros que permita insuflar un poco de oxígeno. La nueva titular de Hacienda, Dolores Carcedo, no tendrá respiro. A la vuelta del verano deberá poner sobre la mesa las primeras cifras del proyecto presupuestario de 2013, clave para contribuir a la reactivación tras un año prácticamente en blanco. Son tres escalones, tres etapas -ajuste, crédito y presupuesto- a superar en seis meses para esquivar el oleaje y eludir el naufragio.

De momento, el Gobierno, que apenas está dando sus primeros pasos, se centra en ese primer envite -el plan de ajuste de 498 millones que requiere Hacienda- y aparca los otros dos hasta tener el camino mínimamente despejado. El tijeretazo que Javier Fernández y Dolores Carcedo tendrán que aplicar a las cuentas regionales es de órdago y ningún capítulo, ni siquiera la sanidad y la educación, se van a librar de la poda. Otra cosa es cómo les afecte la mengua de recursos. El Ejecutivo está confeccionando ese programa de estabilidad bajo la premisa de no mermar ni la cartera de prestaciones públicas ni su calidad, lo que obliga a asumir duros sacrificios en otros ámbitos.

Pero el tiempo se agota. Las conversaciones entre el Principado y el Ministerio de Hacienda se han agilizado en los últimos días y aunque no existe una convocatoria oficial, se da por seguro que el Consejo de Política Fiscal abordará el plan de ajuste asturiano a finales de semana. Algunas medidas ya han trascendido. La jornada laboral del personal sanitario, en aplicación de la normativa de medidas urgentes aprobada recientemente por el Gobierno central, pasará de 35 a 37,5 horas semanales. Se da por prácticamente seguro -desde el propio gabinete así se ha insinuado- que habrá subidas de impuestos para aumentar una recaudación que en el inicio del año continúa en declive. Hay otras opciones sobre la mesa que el Ejecutivo, preguntado al respecto, no ha descartado, como la rebaja salarial a los funcionarios como contrapartida a evitar o minimizar el despido de interinos. Y distintas fuentes apuntan la posibilidad de reordenar el sector público para aligerar el gasto por esa vía. Las incógnitas se despejarán en unos pocos días.

Más cerca del 'sí'

Pese a las discrepancias sobre la magnitud del recorte, ya que Hacienda habló inicialmente de más de 616 millones y el Principado rebajó la cifra a 498, todo apunta a que el plan será finalmente aprobado por el Consejo de Política Fiscal. Lo contrario sería traumático tanto para España, sometida al control europeo para poner freno al déficit, como para Asturias, abocada a la intervención. El 'sí' de Cristóbal Montoro y su equipo permitiría a Carcedo volcarse en el siguiente objetivo: el crédito extraordinario de 423 millones.

Inmersa en una situación de prórroga tras el rechazo de la Junta General al presupuesto presentado por Foro, punto de partida de la repetición de las elecciones que desalojaron a Francisco Álvarez-Cascos de la Presidencia del Principado y devolvieron a los socialistas en la figura de Fernández, Asturias ha vivido un primer semestre marcado por la ralentización de la actividad económica. El esfuerzo inversor se ha visto notablemente mermado y los ayuntamientos han denunciado por activa y por pasiva la paralización de las subvenciones y las transferencias del Principado para obras y servicios. El presidente de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), el alcalde praviano Antonio de Luis Solar, habló el pasado viernes de serias tensiones de tesorería y de la situación de «riesgo» en que se encuentran «numerosos servicios».

El Principado quiere intentar paliar este déficit cuanto antes. «En el plazo más breve posible», dijo Fernández ese mismo día, lo que en términos prácticos se traduce en el intento de que dicha ley se apruebe en la Junta General en julio. El Gobierno no debería tener excesivos problemas para sacarla adelante. Todos los partidos con representación parlamentaria -con excepción de UPyD- gobiernan municipios que serían directamente favorecidos por dicha inyección de recursos. Y el sector de la obra pública, hoy al borde del abismo, sería uno de los grandes beneficiados, tanto por el impulso de nuevos proyectos -dentro del marco de austeridad vigente- como por la reactivación de actuaciones afectadas por la prórroga.

Antes de dejar el Ejecutivo, Foro presentó un listado de proyectos plurianuales que quedarían en el aire por falta de recursos. Entre ellos se citaba el remate de las obras del HUCA, su equipamiento y el anillo perimetral, así como varias infraestructuras viarias (Corigos-Cabañaquinta, enlace de la 'Y' de Bimenes en Lieres) y numerosos sistemas de saneamiento y depuración de aguas. Incluso la posibilidad de tramitar la ley por la vía de lectura única, de máxima urgencia, parece factible para acortar los plazos al máximo.

Se llegaría entonces al tercer episodio, el que debería garantizar un horizonte de estabilidad a la región cuanto teóricamente la economía comience a dar síntomas de reactivación: el presupuesto de 2013.

Negociación

Ahí llegará la verdadera prueba de fuego para la capacidad negociadora de Javier Fernández y del gabinete socialista. Deberá encajar las piezas de un puzzle en el que por un lado están los compromisos sellados con UPyD en un acuerdo de legislatura y por otro el papel que pueda jugar Izquierda Unida, tradicional socio del PSOE que se quedó fuera del gabinete por decisión de sus bases. La clave estará en la capacidad de los socialistas para cuadrar los deseos de sus teóricos aliados, que coinciden en lo fundamental -defensa de los servicios públicos, estímulo del empleo y la inversión- pero que discrepan cuando se baja al detalle.

Carcedo y su equipo económico no podrán dejar pasar mucho tiempo. Lo previsible es que a la vuelta de las vacaciones estivales, en septiembre, ya se manejen las grandes cifras del proyecto presupuestario, con tiempo suficiente para hilvanarlo luego en sus cuantías menores y dar margen para la negociación política y parlamentaria. Porque diciembre, fecha teórica para su aprobación, en la Junta General, estaría a la vuelta de la esquina.

EN CIFRAS

498

millones de euros es el importe del plan de ajuste que el Principado presentará esta semana en Madrid y que debatirá el Consejo de Política Fiscal para su aprobación o suspenso.

243

millones de euros es la cuantía del proyecto de ley de endeudamiento aprobado esta semana por el Consejo de Gobierno para satisfacer las deudas pendientes con los proveedores.

423

millones de euros alcanzará el crédito extraordinario que el Ejecutivo quiere tramitar el próximo mes de julio para paliar los efectos de la prórroga presupuestaria vigente.

Huelga General en las comarcas mineras de todo el país el próximo día 18 de junio…

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CC OO y UGT animan a sumarse a la huelga general «porque nos jugamos el futuro»

Los trabajadores de los economatos de Hunosa, gestionados por Lacera, se unirán «por solidaridad» al paro indefinido en la empresa

Foto: Asamblea de mineros en la unión comarcal de CC.OO. en La Felguera.

Mieres / Langreo, A. VELASCO / L. M. DÍAZ, en La Nueva España

Las uniones comarcales de UGT y CC OO del Caudal y del Nalón criticaron ayer la actitud del PP de Asturias frente a los recortes en el sector minero, y calificaron a la formación popular de «cómplices» de unas decisiones tomadas por el Gobierno que supondrán el cierre inminente del sector. Los representantes de los sindicatos animaron, además, a todos los trabajadores, hosteleros, comerciantes y pequeños empresarios a secundar la huelga general convocada por las centrales, para el próximo día 18, en las cuencas mineras españolas «porque está en juego el futuro de todos, no solo de la minería, sino también del resto de sectores».

El secretario general de la Unión Comarcal de CC OO en el Caudal, Alfonso de la Rosa, aseguró que «es una pena que el PP sea noticia porque les tiran huevos en la fachada, en vez de porque defienden la minería como están haciendo en Castilla y León o en Aragón». En esa misma línea crítica, José Manuel Zapico, de CC OO del Nalón, denunció que «está habiendo una represión y un estado paramilitar en las Cuencas, con persecuciones policiales a los trabajadores de la minería». Además, Zapico criticó la actitud del Gobierno central, y «la complicidad del PP de Asturias», porque «están renunciando a la soberanía energética del país al cerrar las minas, que son la única fuente de energía autóctona».

Mientras, el secretario general de UGT en el Nalón, José Manuel Camporro, también animó a los ciudadanos a ir a la huelga, al tiempo que criticó la actitud de la dirección de Hunosa con los encerrados en los pozos. «Están poniendo todas las trabas posibles a la protesta, impidiendo las visitas de los representantes sindicales a los trabajadores», aseguró Camporro, quien agregó que «he conocido muchas direcciones en esta empresa, pero nunca nos habíamos encontrado con esta postura tan sumamente radical».

Por otra parte, los trabajadores de los economatos de la empresa Hunosa decidieron ayer sumarse a la huelga indefinida en la hullera estatal «en solidaridad» con los mineros. Tras una asamblea de los empleados de los economatos, que no pertenecen a Hunosa, sino a la empresa Lacera, que gestiona los centros, se decidió por mayoría sumarse al paro, que afectará a 115 trabajadores.

Finaliza, por el momento, la huelga del transporte en Asturias…

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UGT y CC OO acuerdan con la patronal de viajeros el fin de la huelga

El convenio, a tres años, recoge una subida salarial del 0,5% para 2013 y del 0,6% para 2014 y habría que volver a negociarlo si mercancías lo impugna

09.06.12 - DIANA DE MIGUEL | GIJÓN, en El Comercio.

Tras la tensa reunión del jueves, las patronales de mercancías y viajeros y los sindicatos retomaron ayer por la tarde las negociaciones con el ánimo de solventar un conflicto que, según reconocía por la mañana en Gijón el consejero de Economía y Empleo, Graciano Torre, estaba tan cerca del acuerdo como de la ruptura. Torre no se equivocaba. La negociación que horas antes parecía enquistada y sin muchos visos de solución daba a media tarde un giro de 360 grados. El acuerdo estaba más cerca que nunca y llegó al filo de las once y veinte de la noche.

La decisión de las patronales de viajeros de abandonar la plataforma con la que las cinco patronales habían iniciado la negociación y presentar a las centrales una oferta alternativa para tratar de encauzar el conflicto había dado sus frutos. Como ocurrió en el año 2009, los sindicatos y las patronales de viajeros firmaron un principio de acuerdo para desconvocar la huelga. El principio de acuerdo fue sometido minutos después a la consideración de la asamblea de trabajadores y al cierre de esta edición todas las partes daban por hecho que la huelga sería desconvocada. El convenio acordado tendrá una vigencia de tres años. En línea con las exigencias de los sindicatos, no toca el texto del actual en nada de lo normativo. Tampoco incluye subidas salariales para este año aunque sí para los siguientes. El 0,5% para 2013 y el 0,6% para 2014. Además Astra, CAR y Asvipyment se comprometieron por escrito en el Sasec a volver a negociarlo en el caso de que las patronales de mercancías, que, «no comparten ni en el fondo ni en la forma el sentido de la negociación», decida impuganar el acuerdo y los tribunales les den la razón. Y es que las patronales de viajeros no suman el 50% de la representatividad sectorial, por lo que los sindicatos desconocen si el pacto alcanzado permitirá o no llegar a acuerdos de eficacia general. De momento, Asetra se reserva las acciones que podría tomar en un futuro y dejará en manos de su asamblea general la posible impugnación del acuerdo.

Los cinco días de huelga indefinida que acumulaba ya el sector habían empezado a hacer mella en una y otra parte. Mientras las empresas de viajeros sacaban la calculadora para cuantificar las pérdidas -las estiman en 1,2 millones, sumando los daños a los 140 vehículos y las pérdidas por lucro cesante-, las de mercancías censuraban la acción de los piquetes y solicitaban la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado «para evitar más daños, defender el ejercicio del derecho al trabajo y asegurar el cumplimiento de la ley en toda su extensión». Los que menos confiaban en la posibilidad de alcanzar un acuerdo eran las propias centrales sindicales, que insistieron hasta el final en defender la parte económica del acuerdo y en no modificar el texto del convenio como condición para firmar el acuerdo.

Las patronales de mercancías y viajeros llevan años reclamando la necesidad de negociar convenios diferenciados de viajeros y mercancías. Pero la separación de convenios no convence a los sindicatos y, de momento, tendrá que esperar. Entre los argumentos que esgrimen destaca el hecho de que los trabajadores de mercancías tendrían con ella menos capacidad de negociación con sus empresarios teniendo en cuenta el elevado número de autónomos que trabaja en el sector.

El conflicto había empezado a crear problemas de abastecimiento en algunos supermercados. Ayer mismo, el presidente de la UCE, Dacio Alonso, pidió la desconvocatoria de la huelga. «Ya han demostrado que son capaces de hacer mucho daño a la sociedad», espetó Alonso.

Desconvocado el paro en el transporte tras el acuerdo de sindicatos y empresas de viajeros

La patronal de mercancías se queda al margen de un pacto sobre el convenio colectivo que mantiene los contenidos sociales y plantea un incremento salarial del 1,1% en tres años

Oviedo, José A. ORDÓÑEZ, en La Nueva España

A falta de su ratificación por parte de la asamblea de trabajadores que se celebraba al cierre de esta edición, los sindicatos UGT y CC OO anunciaron anoche la desconvocatoria de la huelga indefinida que se vive en el transporte asturiano desde la medianoche del pasado domingo.

El paro queda anulado después de que las centrales alcanzaran un acuerdo sobre el convenio colectivo únicamente con las patronales de viajeros. La principal organización empresarial de mercancías (Asetra), cuyos responsables asistieron a la larga negociación que se desarrolló en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Servicios (SASEC), se queda al margen. En el caso de que esta patronal, presidida por Ovidio de la Roza, decidiese impugnar judicialmente el acuerdo entre las centrales y las compañías de viajeros y el juzgado le diera la razón, habría que retomar la negociación sobre el convenio a partir de cero, según indicó ayer el responsable de Transportes de Comisiones Obreras (CC OO), Manuel García. Asetra dejó claro en la negociación que se reserva ese derecho, añadió el responsable sindical.

El acuerdo que pone fin a la huelga incluye, tal y como defendían las centrales, el mantenimiento de todos los derechos laborales y sociales logrados en anteriores negociaciones. Además, en el ámbito salarial recoge un incremento del 1,1% en tres años. Este ejercicio no hay subida, pero será del 0,5% en 2013 y del 0,6% en 2014. Asetra, basándose en la dura crisis que atraviesa el sector, defendía la congelación de los salarios, así como la separación de los convenios de carreteras y de viajeros. Además, Ovidio de la Roza también citó entre sus pretensiones, en la comparecencia pública del pasado jueves, que las empresas dejen de pagar a los delegados sindicales.

El modelo de solución al conflicto del transporte de esta semana es justo el contrario del que se utilizó para poner fin a la huelga de 2007. En aquel entonces, los sindicatos firmaron sólo con Asetra, patronal mayoritaria en mercancías, pero con una presencia muy limitada en el ámbito de los viajeros. El convenio estuvo en vigor hasta el pasado 31 de diciembre y la falta de entendimiento para su renovación ha provocado los paros de esta semana.

Las patronales aseguran que las pérdidas por el conflicto han sido cuantiosas. Las compañías de viajeros sostienen que han sufrido daños más de 150 autobuses por la acción de los piquetes y que, sólo en lucro cesante, han dejado de ingresar 1,2 millones de euros. Las empresas de mercancías no han hecho público su balance de daños. En el caso de que el paro de sus vehículos hubiera sido total, las pérdidas serían de tres millones de euros al día. Sin embargo, Asetra mantiene que el seguimiento de la huelga se ha quedado en un 10 o un 15%, frente al 80 o el 90% que calculan los sindicatos.

Antes de la reunión en el SASEC, la patronal Asetra aseguró que la actividad de la jornada de ayer se mantuvo «en el régimen de normalidad de los días precedentes», pese a los cortes de carretera y a la acción de los piquetes que se concentraron, sobre todo, en los polígonos industriales del centro de la región.

Según las organizaciones empresariales, en la rotonda de Meres, en Siero, se registró ayer por la mañana una amplia retención de turismos y de camiones, provocada por los huelguistas. Además, los piquetes también interrumpieron la circulación en la glorieta de Tabaza (Carreño) y en Sevares (Piloña), frente a la fábrica de Nestlé.

Las patronal de mercancías, en un comunicado, lamentó «profundamente» los «retrasos o perjuicios» que el conflicto pueda haber ocasionado a sus clientes, poniendo de manifiesto el «interés» de las empresas del sector por «atender puntualmente, y pese a la hostilidad del entorno, todos los pedidos» en las jornadas de paro. Además, subrayó su «disposición a retomar el diálogo en la mesa negociadora, pese a mantenerse las condiciones de presión que supone una huelga, siempre y cuando las partes estén hablando exactamente de lo mismo: de diálogo y de negociación, conceptos que pasan por dirimir las diferencias del convenio, aparcar las divergencias puntuales que pueda haber y avanzar en ese camino hasta conseguir un acuerdo final asumible por ambas partes».

Por su lado, el concejal de Oviedo Gerardo Antuña lamentó que ayer fuera atacado por los piquetes un autobús urbano que cubría los servicios mínimos en la línea de Colloto. El edil añadió que el Consistorio ha intentando durante los días de paro mantener este servicio, dando prioridad a la seguridad de los viajeros y de los conductores.

Según explicó Antuña, el pasado lunes, primer día de huelga, los servicios mínimos tuvieron que suspenderse debido a unos ataques de los huelguistas a los autocares que produjeron daños diversos a los vehículos, como roturas de lunas. El martes, los autobuses circularon con escolta, pese a lo cual sufrieron sabotajes siete de los diez coches que salieron a las calles. El concejal también reseñó que el miércoles, ante el refuerzo de la protección policial, personas que desvinculó de los sindicatos convocantes del paro, pero que, a su juicio, deberían de estar controladas por las centrales, vertieron aceite y basura en el interior de los vehículos. Como resultado, sufrió heridas leves una mujer que resbaló en el interior de un vehículo a la altura de la Tenderina. Antuña aseguró que el Ayuntamiento de Oviedo ha realizado un esfuerzo en colaboración con la Policía Local para tratar de mantener el transporte público en pese a las dificultades».

Por la mañana, el presidente de la Unión de Consumidores de Asturias, Dacio Alonso, había reclamado la «inmediata desconvocatoria» de la huelga, conminando a la patronal y a los sindicatos a que, sin renunciar a sus «derechos legítimos», se sienten a negociar. Alonso emplazó al Gobierno regional a que asumiera un papel «más protagonista» para contribuir a solucionar un conflicto que calificó de «desproporcionado» por «todo lo que está ocurriendo», en relación a los incidentes.

El acuerdo parcial que permite la desconvocatoria de la huelga del transporte se alcanzó anoche, tras una larga reunión celebrada en la sede ovetense del Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC). Era el tercer encuentro que celebraban las partes en las últimas 24 horas. Los dos anteriores -que tuvieron lugar la tarde y la noche del jueves- fracasaron sin que prácticamente se alcanzaran avances entre dos posturas muy enfrentadas. En la imagen, los asistentes al encuentro de ayer, al inicio de la negociación.

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Menos el PP, todas las fuerzas políticas del concejo de Aller condenan unánimemente la desproporcionada e intolerable carga policial en Caborana…

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El «frente» del pozo Santiago

Tres agentes heridos en choques con los mineros en la explotación allerana, 33 cortes de carretera y 6 de tren, balance del día

El Alcalde y los portavoces del PSOE, IU y Foro en Aller critican a las fuerzas del orden, y Gabino de Lorenzo alaba su «templanza»

Foto: Un niño se tapa la cara mientras observa el paso de los antidisturbios en Caborana.

Oviedo, José A. ORDÓÑEZ, en La Nueva España

El pozo Santiago de Hunosa y la localidad de Caborana, en el concejo de Aller, fueron escenario ayer de durísimos enfrentamientos entre piquetes mineros y fuerzas antidisturbios. La batalla se saldó con tres agentes heridos de carácter leve -dos de ellos por el impacto de sendos voladores- y el tercero tras ser alcanzado por un objeto contundente. Se trata de los incidentes más graves de una nueva jornada de movilizaciones por las huelgas de la minería y del transporte, en la que, además, se produjeron 33 cortes en carreteras y seis en líneas de ferrocarril. La salida de Renfe a la Meseta estuvo cortada cinco horas.

Tras los incidentes de la mañana en Aller, el alcalde del concejo, el socialista David Moreno Bobela, criticó con dureza la actuación de los antidisturbios, que calificó de «intolerable» y «desproporcionada». Los agentes, tras cargar contra los mineros, que tenían cortada la carretera AS-112 de acceso al valle del Aller, persiguieron a los piquetes en dirección a Caborana. «Lanzaron botes de gas lacrimógeno y pelotas de goma contra la población civil afectada por el propio corte, que tuvo que huir, y, además, ocasionaron numerosos daños en vehículos», señaló el regidor.

Por la tarde, los portavoces municipales de PSOE, IU y Foro emitieron un comunicado conjunto en el que también mostraban su «absoluto rechazo y condena» a la «desproporcionada actuación» de los agentes antidisturbios calificándola de «intolerable en democracia».

Frente a estas críticas, el delegado del Gobierno, Gabino de Lorenzo, destacó ayer la «templanza y profesionalidad» de las fuerzas de orden público en el conflicto de la minería. «No ha ocurrido nada desmedido. Los efectivos de la Guardia Civil, igual que los de la Policía Nacional, están demostrando su profesionalidad y entrega, así como su templanza a la hora de tomar las medidas oportunas y proporcionadas a la situación, en defensa de los derechos de todos los ciudadanos», subrayó. Ante las críticas de políticos y sindicatos, el delegado reconoció: «Es evidente que la huelga siempre trae perjuicios, contratiempos y situaciones de tensión», pero, añadió, «todo está solventándose gracias a la profesionalidad de las fuerzas de seguridad».

Los incidentes en Aller se iniciaron a las siete y media de la mañana, cuando unos 50 piquetes cortaron la AS-212 en Valdefarrucos, a un paso del pozo Santiago, escenario de uno de los encierros mineros. Los antidisturbios efectuaron dos cargas para dispersar a los huelguistas y tratar de reabrir la carretera. La primera, en torno a las 8 de la mañana, y la segunda cerca de la una de la tarde. Los agentes, en persecución de los piquetes, llegaron hasta Caborana. Tras los enfrentamientos, la situación se normalizó, pasadas las dos de la tarde.

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El Gobierno pretende suprimir los seis días para asuntos propios de los funcionarios

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El Ministerio de Hacienda y Administraciones planteará a los sindicatos incluir el fin de los «moscosos» y la movilidad funcional en la reforma de la función pública

El objetivo es que el régimen de los empleados públicos se asemeje al de los trabajadores privados, con la excepción del despido.

El Gobierno pretende suprimir de los llamados «moscosos» los seis días libres de asuntos propios de los que disfrutan los funcionarios, aunque es una decisión que quiere debatir antes con los sindicatos, según explicaron ayer fuentes de Hacienda y Administraciones Públicas.


 La iniciativa se incluiría en la reforma de la función pública que el Gobierno quiere aprobar antes del verano para ordenar este sector. La medida se uniría a la ampliación de la jornada laboral de 35 horas a 37,5 horas de este Gobierno y a la rebaja de sueldo del 5% de media que aprobó el de Zapatero. Otras condiciones laborales como la movilidad funcional interna figurarán en esta reforma.


El Ejecutivo, en principio, no tocará el sueldo de los funcionarios y no se descarta la inclusión de incentivos para tener una Administración motivada. El foro en el que se reúne el Gobierno con las fuerzas sindicales de la Administración es la mesa de la función pública, en la que están representados UGT, CCOO y CSIF. La última negociación fue el 28 de marzo, en vísperas de la aprobación de los Presupuestos del Estado de 2012, y en ella el Ministerio de Hacienda y Administraciones explicó medidas que afectaban a los funcionarios, entre ellas el mantenimiento de la congelación salarial.


La intención del Ejecutivo es cerrar cuanto antes la reforma e incluirla en el desarrollo del Estatuto del Empleado Público. Los seis días de asuntos propios deben su existencia y su nombre a Javier Moscoso, ministro de la Presidencia en el primer Gobierno socialista, que los instauró en 1983.


Ante el impacto de la noticia, el Ministerio advirtió ayer de que «todavía no existe ningún texto legal ni articulado ni hay ninguna previsión de suspender» los «moscosos». Fuentes oficiales aseguraron que no tienen ningún proyecto y explicaron que se pretende abordar la reforma básica de la función pública en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y en la Comisión Nacional de Administración Local.

 

Los sindicatos rechazan el incremento de la jornada laboral en la sanidad asturiana

Los sindicatos rechazan el incremento de la jornada laboral en la sanidad asturiana

 

Teniendo en cuenta de que en la sanidad asturiana hay 15.000 profesionales, estarían hablando de 1.000 despidos, algo realmente sangrante e inadmisible».

Instan al nuevo consejero a negociar los posibles cambios y advierten de que se opondrán a los despidos masivos

 

08.06.12 - 00:28 - LAURA FONSECA | GIJÓN.

 

La pretensión del Gobierno regional de incrementar la jornada sanitaria ha caído como un jarro de agua fría entre los sindicatos. Las centrales no han recibido nada bien el anuncio del consejero de Sanidad, Faustino Blanco, de aumentar las horas de trabajo, que supondrían pasar de las actuales 35 horas semanales a 37,5. Las declaraciones de Blanco realizadas el pasado miércoles, afirmando que la ampliación de jornada era una exigencia del Gobierno de la nación que el Principado estaba obligado a aplicar, han disparado los temores entre los trabajadores del Servicio de Salud (Sespa) por los efectos negativos que esta medida podría tener sobre el empleo.

«Cualquier cambio que quieran introducir lo tendrán que negociar y desde ya les advertimos que nos opondremos a los despidos masivos», avanzó ayer el secretario general de la Federación de Sanidad de CC OO, Gonzalo Gayol. Dicho responsable indicó que la modificación de la jornada es una de las medidas anticrisis introducida en la anteproyecto de Ley de los Presupuestos Generales. «No creo que el PSOE cometa la torpeza de aplicarla antes de que sea aprobada por el Gobierno central», indicó. En todo caso, considera que pasar de 35 a 37,5 horas semanales o, lo que es lo mismo, de las actuales 1.519 horas anuales a 1.645 «dejará a mucha gente en la calle. Eso es lo que pretenden si quieren ahorrar 31 millones de euros, que equivale al despido de entre 800 y 1.000 eventuales».

Los cambios tampoco son bien vistos por UGT. El responsable de Salud del sindicato, Juan Vila, cree que aún es pronto para valorar la medida «ya que de momento es sólo un anuncio», pero considera que «tendrá una incidencia negativa sobre el empleo y las condiciones actuales de trabajo». No obstante, Vila esperará a reunirse con el consejero de Sanidad o con algún responsable del Gobierno regional para conocer más detalles del proyecto. «Habrá que ver cómo pretenden aplicar esa ampliación que, en cualquier caso, tendrá que ser negociada con los sindicatos», avisó.

Mil profesionales menos

Desde las centrales profesionales la opinión es similar. El Sindicato Médico (Simpa) confía en que se abra una mesa negociadora y que el nuevo consejero de Sanidad «muestre un talante diferente al que tuvimos que soportar en otras legislaturas marcadas también por los cambios», en alusión a la etapa de Ramón Quirós que fue el que impulsó las unidades de gestión, también el polémico Plan de Recursos Humanos y la obligatoriedad de que los facultativos se jubilaran a los 65 años. El secretario general del Simpa, Antonio Matador, espera que Blanco «escuche todos los puntos de vista antes de tomar ninguna decisión». Un poco más contundente fueron desde del Sindicato de Enfermería (Satse) y desde el de Celadores y Técnicos (Sicepa), que señalaron que «no son momentos de tomar decisiones apuradas» y recordaron que «la sanidad es el motor del empleo en Asturias». Margot Marqués, del Satse, reconoció que las palabras de Faustino Blanco «están creando incertidumbre; muchos compañeros temen por su puesto de trabajo». Por su parte, Francisco Menéndez, del Sicepa, aseguró que «los técnicos calculan que el aumento de jornada provocará un despido por cada 15 trabajadores. Teniendo en cuenta de que en la sanidad asturiana hay 15.000 profesionales, estarían hablando de 1.000 despidos, algo realmente sangrante e inadmisible».

Con el apoyo de los sindicatos y en medio de las críticas de la patronal y de la oposición conservadora… ¡¡cómo tiene que ser!!

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Hollande adelanta la edad de jubilación en vísperas de los comicios franceses

El Gobierno francés adoptó ayer por decreto el adelanto en dos años de la edad de jubilación para aquellos que comenzaron a trabajar más jóvenes, una medida del programa electoral del presidente del país, François Hollande, tomada a cuatro días de la primera vuelta de los comicios legislativos del próximo domingo.

París, (EFE)

El decreto aprobado en Consejo de Ministros revisa la reforma de las pensiones adoptada por el anterior Ejecutivo del conservador Nicolas Sarkozy y permite jubilarse con 60 años a quienes hayan cotizado al menos 41.

"Es una medida de justicia", afirmó la ministra francesa de Asuntos Sociales, Marisol Touraine, que justificó la urgencia con la que se ha adoptado en el hecho de que era uno de los compromisos de Hollande de la pasada campaña para las presidenciales.

Pero lo cierto es que el Ejecutivo informó de un decreto que no entrará en vigor hasta el próximo 1 de noviembre y lo hizo en su última reunión antes de que los franceses tengan que volver a las urnas, esta vez para reformar la Asamblea Nacional.

El Partido Socialista considera vital esa cita, en la que espera tener una mayoría suficiente para que el legislativo pueda aprobar las reformas preconizadas por Hollande.

Por el momento, con el decreto adoptado hoy, el Gobierno cumple una de las promesas del presidente y lo hace con el apoyo de los sindicatos y en medio de las críticas de la patronal y de la oposición conservadora.

La presidenta de la patronal Medef, Laurence Parisot, se quejó de la falta de concertación entre los interlocutores sociales, a lo que los sindicatos respondieron que Sarkozy tampoco buscó el consenso cuando en 2010 retrasó la edad mínima de jubilación de 60 a 62 años.

Los conservadores consideran que este tipo de "regalos electorales" desembocarán en una "subida masiva de impuestos" para financiarlos, dijo el líder de la formación conservadora UMP, Jean-François Copé.

Auguró que los socialistas "apretarán las tuercas" en lo referente a los impuestos de los trabajadores, si se imponen en las legislativas.

El Gobierno considera que la medida no desviará el déficit del Estado y que su financiación se hará con una ligera subida de las cotizaciones para las pensiones, del 0,1 % para los asalariados y de otro tanto para las empresas.

Dos euros más al mes para una pensión de 1.600 euros el año próximo y cinco en 2017, calcula el Ejecutivo, que considera que la medida costará 1.200 millones de euros y afectará a uno de cada cinco trabajadores, entre 110.000 y 120.000 a partir del año próximo.

En los últimos días, el Gobierno ha multiplicado los contactos con los agentes sociales, no para negociar la medida, sino para acordar sus modalidades.

Touraine afirmó que "no era negociable" el adelanto de la edad mínima de jubilación "porque los franceses lo decidieron en las presidenciales".

Hasta ahora, sólo los asalariados que comenzaron a trabajar con 17 años podían jubilarse con 60 años, siempre y cuando hubieran cotizado los trimestres necesarios.

El decreto extiende la medida a aquellos que entraron en el mercado laboral con 18 y 19 años.

Además, a petición de los sindicatos, el Ejecutivo decidió beneficiar especialmente a las madres y los parados, que podrán incluir como cotizados dos trimestres de no actividad o de baja por maternidad.

El decreto aprobado hoy no pone en entredicho el retraso de la edad de jubilación adoptado por Sarkozy en 2010 y que situaba la edad mínima en los 62 años, frente a los 60 anteriores, y a los 67 y no 65 para quienes no hubieran cotizado el periodo mínimo que pasó de ser de 41 años y no de 40.

Aquella reforma costó a Sarkozy una serie de manifestaciones convocadas por los sindicatos.