CONTRAREFORMA NO

Menos salario a cambio del mantenimiento del máximo volumen posible de empleo ¡¡eso dicen!!

RECORTES ANDALUCIA

El Gobierno de izquierdas baja el salario de todos los empleados públicos

El Ejecutivo autonómico aprueba medidas para cumplir con el recorte establecido por el Gobierno

La Junta no aumentará el número de alumnos por aula ni las tasas universitarias

Los consejeros se rebajan un 5% el sueldo, igual que la media de los empleados públicos

Foto: La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo.

Lourdes Lucio / Raúl Limón, Sevilla, en el País.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha presentado hoy el mayor recorte de la historia de la autonomía andaluza para cumplir con el objetivo del déficit del 1,5% del PIB en este ejercicio. La medida más llamativa es la bajada de sueldo de todas las personas que perciben una nómina de la Junta de Andalucía que verán suspendidos la percepción de los complementos que perciben hasta ahora. La decisión es temporal. Esta medida se aplicará de manera inmediata ya que en el mes de junio la paga extra de verano se verá reducida entre un 30% y un 40% de media.

Además, el Gobierno de coalición de PSOE e Izquierda Unida va a subir la presión fiscal y aumentará en un punto la tarifa autonómica del IRPF para las rentas de entre 60.000 y 120.000 euros. La inversión pública se congela y no habrá obra nueva salvo en casos excepcionales, según ha dicho Aguayo en una extensa conferencia de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno.

El Presupuesto de la Junta de Andalucía actual va a ser modificado por un montante de 3.500 millones de euros. Mil millones pertenecen a la partida de ingresos y los 2.500 restantes afectarán a los gastos, 200 menos de los anunciados inicialmente.

La máxima en la que se ha movido el Gobierno andaluz ha sido el de evitar los despidos de los empleados públicos y “preservar el sistema educativo”. En este sentido, la Junta aplicará el aumento de la jornada lectiva a los profesores, porque es norma básica de obligado cumplimiento, pero no aumentará el número de alumnos por aula, ha dicho Aguayo.

La eliminación de los pluses que perciben los funcionarios y personal laboral de la Junta de Andalucía significará una reducción del salario de hasta un 6%, mientras que los que tienen contratos de interinos esta rebaja será casi del doble. En concreto del 15% ya que también reducirán su jornada laboral en el mismo porcentaje. Habrá disminución de las horas extraordinarias.

La reducción de salarios afectará al presidente de la Junta, a los consejeros y viceconsejeros que se bajarán el sueldo en un 5%. Estos altos cargos ya “sufrieron”, en palabras de Aguayo, una bajada salarial del 15% el año pasado y desde hace dos años tienen el sueldo congelado. Los cargos elegidos por el Parlamento también seguirán este senda, pero debe ser la Cámara autonómica la que lo proponga y lo apruebe.

En cuanto a la presión fiscal, además del aumento del tramo autonómico del IRPF, la Junta prevé multiplicar la tarifa actual del impuesto de Patrimonio y por dos el de venta de hidrocarburos, salvo el gasóleo agrícola. Los actos jurídicos documentados pasarán del 1,2%al 1,5%. También aumentará la tasa fiscal sobre las máquinas tragaperras. Las previsiones de ingresos por vía impositiva son: 25 millones por IRPF, 9 millones por patrimonio, 100 millones por actos jurídicos documentados, 120 por carburantes al año y 16 millones por el juego

Respecto a los gastos corrientes, se reducen un 50% la flota de vehículos de altos cargos, se limita el cobro de dietas, se elimina la partida de protocolo para altos cargos y personal directivo de las empresas públicas, salvo la del presidente y los consejeros. La partida en publicidad también bajará un 50%.

La respuesta de los funcionarios no se ha hecho esperar. El comité ejecutivo del sindicato CSIF Andalucía ha convocado concentraciones el 29 de mayo a las 11.30 en todas las delegaciones del Gobierno autonómico para protestar "contra el recorte a los funcionarios andaluces" anunciado por la consejera de Hacienda.

Reacción de los funcionarios y del PP

El comité ejecutivo del sindicato CSIF Andalucía ha convocado concentraciones el 29 de mayo a las 11.30 horas en todas las delegaciones del Gobierno autonómico para protestar "contra el recorte a los funcionarios andaluces anunciado por la consejera de Hacienda".

El Sindicato Andaluz de Funcionarios (Safja) también ha anunciado que iniciará acciones legales y  movilizaciones y manifestaciones si las nuevas medidas "pisotean los derechos de los funcionarios".

El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, ha calificado de "recortazo" las medidas de ajuste de la Junta de Andalucía para reducir el presupuesto en 2.500 millones de euros y las ha considerado la "agenda oculta del bipartito".

VER LA ACTUALIZACION DEL PLAN ECONOMICO FINANCIERO DE ANDALUCIA CON VISTAS AL CPFF DE PASADO MAÑANA…

Recortes en sanidad: restricción de derechos

Carlos Barra Galán | Médico Especialista del Sistema Nacional de Salud

nuevatribuna.es | Actualizado 13 Mayo 2012 - 22:27 h.

Es incuestionable que uno de los mayores logros que la sociedad española ha conseguido en el periodo democrático, ha sido la creación y consolidación de un Sistema Nacional de Salud de carácter público, con cobertura universal, financiado a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y que ha hecho realidad el cumplimiento de un mandato constitucional: el derecho a la protección de la salud, recogido en su artículo 43. La ley General de Sanidad y posteriormente la Ley de Cohesión y Calidad, desarrollaron el espíritu que el citado artículo recoge y garantizan en su articulado el derecho a la protección a la salud de todos los españoles y extranjeros residentes en nuestro territorio, sin establecer ninguna exclusión al respecto.(LEER MÁS)

Mantienen abierta la entrada de cualquier persona o asociación que se comprometa con sus objetivos

53 entidades se unen en una plataforma en defensa de la sanidad

12.05.12 – El Comercio

53 entidades de los más diversos ámbitos se constituyeron en Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública Asturiana. Entre los miembros de este amplísimo colectivo, que ayer se presentó públicamente en Oviedo, hay entidades sindicales, sociales, cívicas, vecinales, sanitarias, educativas y teatrales, además de oenegés y asociaciones de usuarios, consumidores y pacientes. Según indicaron responsables de esta plataforma, que nace con el objetivo de echar abajo la polémica reforma sanitaria, los nuevos copagos farmacéuticos fijados por el Gobierno del PP «perjudicarán a 460.000 asturianos». La cifra proviene del total de personas que tendrán que abonar más por los medicamentos, incluidos los pensionistas que ya no estarán exonerados del copago.

La Plataforma rechaza unos recortes que «quebrarán la sanidad pública»

Oviedo, Efe / P. Á., en La Nueva España
Representantes de la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública de Asturias expresaron ayer su rechazo a los «recortes» propuestos por el Gobierno central, medidas que «provocarán la quiebra del Sistema Nacional de Salud». Así lo manifestó en rueda de prensa José Fernández, representante de Médicos Mundi, una de las más de 50 organizaciones ciudadanas, sindicales, profesionales y políticas que se han adscrito a esta plataforma creada la semana pasada.

Gloria García Nieto, una de las portavoces, puntualizó que esta iniciativa presenta un carácter horizontal, sin rango en la toma de decisiones, y que tiene abierta su entrada de cualquier persona o asociación. García Nieto subrayó la necesidad de llamar la atención de la ciudadanía con el fin de que se «implique» y «pelee» por salvar el actual sistema sanitario.

Esta agrupación de asociaciones aboga por la retirada del Real Decreto elaborado por el Gobierno central, pues a su juicio «rompe con los criterios de equidad y universalidad que caracterizaba hasta ahora al Sistema Nacional de Salud». Fernández subrayó que la universalidad del sistema protege el derecho de todas las personas que viven en España a ser beneficiarios de la sanidad pública.

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Los médicos objetarán contra la reforma sanitaria por «indigna y discriminatoria»

Los facultativos del Simpa anuncian que seguirán atendiendo inmigrantes y el Colegio insta a los usuarios a «declararse insumisos al repago»

El Comercio. 06.05.12 - 03:38 - LAURA FONSECA | GIJÓN.

«A Rajoy no le importa cuántas personas mueran por todo esto»

El Colegio General de la Abogacía cree ilegal la exclusión de los ’sin papeles’

La reforma sanitaria ideada y aprobada por el Gobierno de Rajoy para ahorrar 7.000 millones de euros y aligerar así el déficit sanitario en España ha despertado aires de insumisión en Asturias. Insumisión médica pero también, ciudadana. Los facultativos del Principado han anunciado su disposición a declararse objetores ante muchas de las medidas incluidas en el Real Decreto 16/2012 del 20 de abril, entre las que se incluyen la negativa de acceso a la sanidad pública a los extranjeros no regularizados (sólo se permitirá que sean atendidos en urgencias), pero también a los jóvenes españoles de más de 26 años que no hayan cotizado, así como a los desempleados que hayan agotado el subsidio y no acrediten estar sin recursos.

Los profesionales sanitarios consultados por EL COMERCIO califican esta reforma de «indigna y discriminatoria» y creen que «constituye un atentado a la Ley General de Sanidad». El Sindicato Médico de Asturias (Simpa) ha confirmado que sus asociados, una buena parte de los facultativos que ejercen en la sanidad pública del Principado, seguirán viendo inmigrantes y personas sin recursos «vengan o no por urgencias. Nosotros no vamos a pedir el DNI a nadie. Nuestro código deontológico nos obliga a prestar asistencia sanitaria a todo el que lo necesite, tenga o no papeles», advirtió el secretario general del Simpa, Antonio Matador, que vaticina «un colapso en los servicios de urgencia de los hospitales».

Desde el año 2000, paradójicamente cuando en España gobernaba José María Aznar (PP), los inmigrantes y también los jóvenes de más de 26 años y los desempleados de larga duración podían obtener su tarjeta sanitaria tan sólo con estar empadronados, al margen de su situación legal en el país. Pero a partir del 1 de septiembre próximo se exigirá disponer de los papeles en regla para poder seguir siendo atendido en los centros de salud o para ser derivados a un especialista. Esta decisión dejará fuera del circuito sanitario ordinario a cerca de 500.000 ’sin papeles’ en el conjunto de España. En Asturias los colectivos de inmigrantes consultados desconocen aún la cifra de posibles afectados.

Resistencia activa

Ante este panorama, «que supone dar veinte pasos atrás en la atención sanitaria en España», opina José Fernández, de la ejecutiva asturiana de Médicos del Mundo, son muchos los colectivos médicos partidarios de rebelarse y de objetar. Los primeros en alzar la voz han sido los profesionales del movimiento ’NoGracias’. Desde esta plataforma sanitaria llaman a los médicos a aplicar la objeción de conciencia y piden a la ciudadanía que ejerza una resistencia activa. «Es inmoral negar un derecho básico y generar una sociedad con dos categorías de personas: las que merecen un trato humano y las que no», recoge el primer punto del manifiesto que estos días circula por las redes sociales. El intensivista Carlos Ponte, miembro de este colectivo y responsable también de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (APDSP), considera «injusto discriminar al más discriminado». Duda este facultativo, que trabaja en una de las UVIs del HUCA, que la reforma sanitaria de Rajoy vaya a generar ahorro alguno. «Más bien producirá todo lo contrario, ya que la gente demorará acudir al médico y sólo lo hará cuando el cuadro sea excesivamente grave».

Similar opinión mantienen en Médicos del Mundo, una asociación en permanente en contacto con el mundo de la inmigración. «Es un retroceso que acabará trayendo consecuencias negativas en materia de salud pública», alertó José Fernández, que teme tener que reabrir el consultorio que la oenegé mantuvo hasta que en el año 2000 se garantizó la atención médica a todos los extranjeros.

Devolver competencias

Por su parte, desde el Colegio de Médicos de Asturias, su presidenta argumenta que los profesionales «no estamos para determinar si un paciente es legal o ilegal. Esa es una decisión administrativa. Nosotros estamos para brindar atención sanitaria a todo el que llegue a la consulta». Carmen Rodríguez no se muestra excesivamente beligerante hacia las restricciones que la reforma sanitaria plantea para inmigrantes o españoles sin recursos. «Todos tenemos que aportar para financiar el sistema de salud», opina. Sin embargo, sí carga las tintas contra otros aspectos polémicos del decreto como es la decisión de agudizar y ampliar el copago farmacéutico incluyendo a jubilados y pensionistas, o la obligación de abonar por servicios hasta ahora gratuitos como los traslados no urgentes en ambulancia. «Eso no es copago sino repago», acusa. La presidenta médica insta a los asturianos «a no pagar ni un euro más hasta tanto sean auditadas e inspeccionadas todas las administraciones sanitarias, donde el despilfarro sigue existiendo», se queja. Rodríguez anima «a que todo el mundo se declare insumiso ante el repago», a la vez que se declara partidaria de devolver las competencias sanitarias al Estado.

Hoy inauguramos una necesaria nueva sección en nuestro Blog dedicada, en exclusiva, a la defensa de nuestro Sistema Nacional de Salud, que denominaremos CONTRAREFORMA NO

En la misma incluiremos tanto noticias como artículos de opinión directamente relacionados con los recortes al derecho a la salud en nuestro país y que hoy iniciamos con dos artículos uno de Marciano Sanchez Bayle y otro de Sergio Fernandez Ruiz, ambos de la FADSP, explicativos de aspectos del RD-Ley 16/2012 de 20 de abril…

La salud ¿un derecho de las personas o de los asegurados?

Por Marciano Sánchez Bayle, Portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

nuevatribuna.es

El RD-Ley 16/2012 de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones (RDL) comienza en su capitulo I (De la asistencia sanitaria) con un único artículo y tres apartados cuya principal novedad es que vincula el derecho a la atención sanitaria con el aseguramiento y en ningún caso se señala que este aseguramiento tiene que ser a la Seguridad Social, a la vez se excluye de la atención sanitaria gratuita a quienes no ostenten esta condición, también se señala el control del Instituto Nacional de la Seguridad Social sobre el reconocimiento de las condiciones para el aseguramiento , la responsabilidad de las administraciones sanitarias para expedir la tarjeta sanitaria individual (TSI) y la limitación del derecho de los extranjeros no regularizados a la atención sanitaria en urgencias, en los embarazos y a los menores de 18 años.

Esta vinculación del derecho a la atención sanitaria al aseguramiento, es contradictorio tanto con la universalización del derecho a la atención sanitaria, que deja de ser un derecho ciudadano, vinculado a los derechos humanos básicos tal y como lo señalan la ONU y la OMS, sino que además entra en contradicción con lo aprobado en la reciente Ley General de Salud Publica (2011), en la que precisamente se articulaban los mecanismos para que, por fin se llevara a efecto la universalización del derecho a la atención sanitaria, que es uno de los principios de la Ley General de Sanidad de 1986, si bien se señalaba en ella que se haría “de forma progresiva” (adicional quinta). Tampoco deja de resultar extraño que el RDL no derogue las disposiciones de la Ley General de Salud Pública que atañen a la universalización, aunque ciertamente puede deberse al evidente grado de improvisación con que se ha realizado.

Otro aspecto llamativo es el tema de la cobertura de las personas con mas de 26 años que viven a cargo de sus padres, figura que con la crisis es desgraciadamente cada vez mas frecuente, a los que se obliga a demostrar su ausencia de recursos para seguir cubiertos por el sistema sanitario público. Aun esta por ver el desarrollo que se hace de este aspecto concreto, pero puede dejar sin cobertura a un grupo importante de población.

EL RDL abre una cierta indeterminación sobre la presencia de un aseguramiento distinto al régimen general de la Seguridad Social, lo que supondría no solo un grave retroceso en el modelo sanitario actual (vuelve a la etapa anterior a la Ley General de Sanidad de 1986) sino también la posibilidad de que se abran modelos de seguros diferenciados para grupos distintos de población (en relación a su nivel económico) lo que deterioraría inevitablemente el sistema sanitario público. Conviene no olvidar que el modelo sanitario neoliberal (del PP, CiU, etc) como se ha señalado en múltiples ocasiones tiende a una segmentación de la atención sanitaria, una atención de seguros privados para las personas con mas medios económicos y un sector de beneficencia para las personas sin recursos, pero que en la practica puede ser un modelo de seguros múltiples (como Holanda) o de 3 niveles ( ricos, trabajadores y resto de la población), claro esta que subvencionado con fondos públicos (bien mediante desgravaciones como reivindica CiU o bien simplemente con financiación de una cartera básica convenientemente adelgazada, dejando el resto de la cobertura a la capacidad económica de cada uno). Las formulas son múltiples y no tienen mucho sentido hacer elucubraciones. En todo caso se pretende fomentar el aseguramiento privado, para lo que es condición indispensable el deteriorar el sistema público (ya lo vienen haciendo con mucha dedicación especialmente en CCAA como Madrid o Valencia) y conseguir que la clase media alta abandone la utilización de los servicios sanitarios públicos para acabar de hacer cierta la frase de Olor Palme “un servicio para pobres será siempre un pobre servicio”

En las disposiciones adicional primera y final quinta establecen las condiciones para el pago de la atención sanitaria de los españoles residentes en otros países (en algunos casos) y de los extranjeros miembros de la Unión Europea o de otros estados parte del acuerdo sobre el espacio económico europeo que en lo fundamental refuerza los mecanismos de cobro por la asistencia prestada, pero que en lo esencial ya existían y no se ejercían por dejación de las propias CCAA. El famoso “turismo sanitario”, otra “cortina de humo” para justificar la contrarreforma, aparece así en su escasa relevancia.

Al final la cuestión viene a estar situada en si se admite que el derecho a la atención sanitaria es un derecho de las personas o de los asegurados, porque si aceptamos esta última premisa los resultados acabaran siendo devastadores para toda la población.

Los extranjeros son personas con derechos: la salud es uno de los fundamentales

Por Sergio Fernández Ruiz, de la Junta Directiva de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Publica de Madrid

nuevatribuna.es

El articulo 1 del RD-Ley 16/2012 de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones limita el derecho de la atención sanitaria a las personas aseguradas y excluye a los extranjeros no regularizados de las prestaciones del Sistema Nacional de Salud, reconociéndoles solo el derecho a la atención sanitaria en urgencias, en los embarazos y a los menores de 18 años.

Esta actuación se va a concretar mediante la imposición impone condiciones más rígidas para tener acceso a las TSI, manteniendo hasta el 31/8/2012 las TSI actuales.

Se trata de una medida profundamente regresiva desde el punto de vista humanitario, los extranjeros son personas y como tales tienen derecho a la salud que es uno de los derechos básicos reconocidos por los organismos internacionales. Una cuestión bien distinta es que el gobierno y las CCAA hagan los esfuerzos por cobrar la atención sanitaria a aquellos países que están obligados a hacerlo (especialmente los de la UE).

Aparte de la habitual demagogia xenófoba que suele utilizarse con tanta frecuencia por los “irresponsables” políticos del PP (“se hacen con una tarjeta sanitaria y la utilizan 5 o 6 mas” , lo cual es prácticamente imposible como sabe todo el mundo que recibe asistencia sanitaria en los centros públicos, etc) , la realidad contrastada por todas las encuestas y estudios es que los inmigrantes tienen un gasto sanitario muy inferior al promedio de los españoles (menos consultas al médicos, hospitalizaciones, pruebas diagnosticas y consumo de medicamentos) y ello por un motivo muy simple, la inmensa mayoría de los inmigrantes son personas jóvenes y sanas.

Además conviene recordar que la financiación sanitaria no proviene de la Seguridad Social, aunque el gobierno del PP parezca desconocerlo, sino de los tributos que se pagan, mayoritariamente indirectos (IVA, electricidad, impuestos sobre hidrocarburos, alcohol, tabaco, etc) de manera que resulta prácticamente imposible estar en el territorio español sin contribuir al sostenimiento de la Sanidad ¿Por qué no pueden estar protegidos los que si la financian?.

Otro argumento evidente tiene que ver con la salud pública. Mantener unos niveles de salud adecuados no puede conseguirse si se tiene un número significativo de personas que carecen de derecho a la asistencia y que por lo tanto fácilmente se convertirán en un reservorio y foco de contagio de todo tipo de enfermedades infectocontagiosas, por eso toda la población tenemos un interés directo en que se traten a aquellas personas, que estando en el territorio español tienen alguna enfermedad contagiosa.

Pero incluso hay un interés económico y de funcionamiento del sistema sanitario público. Si estas personas solo van a ser atendidas en procesos urgentes, la presión sobre urgencias de incrementara notablemente en detrimento de su funcionamiento, y por supuesto acudirán cuando las enfermedades, que podían haberse curado en su etapa inicial, sean más graves y más costoso y difícil su tratamiento, por eso el ahorro no existirá o será irrelevante. Conviene también recordar que con la crisis económica este colectivo ha ido disminuyendo y previsiblemente lo hará aún más.

En conclusión nos encontramos con una medida de tinte fundamentalmente xenófobo, que probablemente tenga repercusiones económicas negativas para el sistema sanitario, que saturara aún mas unas urgencias ya saturadas y que supone una desprecio a la condición humana de este colectivo. Habría que preguntarse por qué en el PP se preocupan tanto de los embriones y tan poco de los seres humanos. Estamos ante otra actuación intolerable de los fanáticos neoliberales.