OPINION

La soledad de los funcionarios solidarios ante la crisis

La poda de las retribuciones de los empleados públicos como recurso fácil de las administraciones para ahorrar

 Lne.es » Opinión   JOSÉ R. CHAVES MAGISTRADO

 Leo con admiración que una investigadora donará un premio de 25.000 euros para el pago de los becarios de un Centro de Investigación valenciano. Aplaudo con simpatía el gesto de los profesores de enseñanzas medias de Guadalajara que propusieron renunciar a parte de su sueldo para evitar el despido de sus compañeros interinos.

 

E igualmente hay que reconocer el sacrificio de los funcionarios públicos en general a través del 5% del tijeretazo a sus nóminas (más justo hubiera sido subir los tipos del Impuesto de la Renta a toda la ciudadanía, en vez de recortar de forma lineal a «parte» de los empleados públicos, con independencia de su renta y patrimonio personal). Por si fuera poco, tras el precedente del recorte del complemento de destino al personal médico de algunos hospitales catalanes, resulta fácil pronosticar que, una vez que el «recaudador del frac» ha metido el pie en la puerta de las nóminas públicas, seguirán las Administraciones podando las retribuciones funcionariales (no sólo la pacífica congelación de incrementos, sino la privación de la paga extra que se antoja casi inevitable, el descenso lineal de niveles o específicos, la suspensión del abono de trienios u otro tajo similar).

 

En paralelo, mientras el invierno económico sigue atenazando los presupuestos públicos, las Administraciones rompen la cadena por los eslabones más débiles. No pagar a los proveedores. No acometer proyectos de nuevas obras o servicios. No acabar los ya iniciados. No pagar ayudas de la Ley de Dependencia. Adelgazar programas de subvenciones. No reconocer deudas ni asumir intereses y judicializar su cobro para aplazar lo inevitable. Y la medida tristemente más popular entre ediles, regidores de entes públicos, consejeros y directores generales: no renovar los contratos temporales y amortizar plazas de interinos.

 

En este punto se da una curiosa paradoja. Hasta hace poco el personal interino de la Administración poseía unas condiciones retributivas inferiores al personal fijo con lo que las Administraciones abusaban de esta mano de obra barata y normalmente mas dócil. Desde Europa vino la equiparación retributiva y funcional de interinos con funcionarios de carrera, lo que se ha servido en bandeja el pretexto para extinguirlos, pues al fin y al cabo ahora resultan costosos. Y de ahí a la desviación de poder sólo hay un paso: habrá que amortizar al interino más caro, esto es, al que más antigüedad tiene; o la máxima perversión: habrá que amortizar al interino que no resulta simpático o afín a la ideología de la autoridad que tiene la virtud de decidir su futuro.

 

En cambio, los políticos, que son el personal más interino por naturaleza, se cuidan muy mucho de aferrarse a sus cargos y de buscar refugios hasta que escampe el temporal de la crisis.

 

Me pregunto si no sería bueno, al igual que en el conocido «Cuento de Navidad» de Dickens, que los parlamentarios tuvieren una pesadilla nocturna y tras sobrevolar los tejados de los hogares españoles, pudieran contemplar ciudadanos que no llegan a fin de mes, que sufren el embargo de su vivienda, que ven como se esfuman sus ahorros, que asisten impotentes a la muerte de sus sueños, y ante tan horrible visión, tales gerifaltes tuvieran un ataque de dignidad personal e institucional y dejasen de comportarse como los pasajeros de primera ante los signos de hundimiento del «Titanic» (sabían que había botes salvavidas suficientes para ellos).

 

Bajo esa lucidez democrática y humanitaria impuesta por las graves circunstancias, se adoptase un Pacto de Estado de Solidaridad (aunque eso del «Pacto de Estado», como la canción, parece un término «roto de tanto usarlo») que pasase por aplicar un gran tijeretazo para arrojar lastre del globo público y que remonte el vuelo. No me refiero a recortar los gastos burocráticos ni los gastos sociales, ni el chocolate del loro de gastos institucionales. Tampoco se trata de que los políticos cual partícipes de un banquete tranquilicen su conciencia frente a los hambrientos privándose de los postres, sino sencillamente que limiten drásticamente el número de comensales. O sea, habría que recortar como ejercicio solidario y ejemplar la existencia o gastos de instituciones como las diputaciones, buena parte de los ayuntamientos pequeños, consejos sociales, consejos consultivos, sindicaturas, defensorías de variado plumaje, embajadas locales y autonómicas de alta cuna y baja cama, asesores que no asesoran, juntas que no se juntan, Entes de mucho ruido y pocas nueces, e incluso aprobarse un Reglamento del Senado que respetando la letra de la Constitución permita a sus señorías pisar lo mínimo posible la Cámara para que costase lo mínimo al contribuyente.

 

En definitiva, más valdría que los diputados y otros cargos representativos (así como los partidos políticos que los sostienen) se olvidaran de asegurarse el mayor número de pesebres para los correligionarios. Mejor será tomar las decisiones voluntariamente antes que las impongan esos guerrilleros indisciplinados que se llaman Mercados, EE UU, Estados emergentes, multinacionales o los grupos de presión.

 

Acepto que es un sueño utópico, pero el ejemplo de la investigadora valenciana invita al sueño y la esperanza, aunque posiblemente ese acto de generosidad de la investigadora que dona el premio para sus becarios se volverá contra ella, porque pudiera ser que la Agencia Tributaria asestase una dentellada al oler la sangre fresca de un incremento de patrimonio de la investigadora que deberá ser reflejado en su declaración de renta, o mordisquease la donación a terceros que estaría sujeta al correspondiente tributo a pagar por los becarios. Y ello sin olvidar el tejemaneje administrativo para canalizar esa renuncia del premio hacia la financiación de becarios. No olvidemos que el presupuesto público tiene carácter anual y es vinculante, con lo que no habría derecho jurídicamente exigible para que esa donación vaya a parar efectivamente a los becarios, pues el principio de caja única y de no afectación de los ingresos puede conducir a que su gesto sólo sirva para que su dinero vaya a atender los gastos de protocolo del Presidente del Centro, por ejemplo. Terrible. La generosidad no suele quedar impune.

Premiados por hundir el barco

 

 

Sobre cómo grandes ejecutivos arruinan empresas o cajas y, encima, reciben millonarias indemnizaciones

 

XAVIER DOMÈNECH Si un currante pierde el empleo, lo pasa mal, sobre todo cuando encontrar un nuevo trabajo es harto difícil. El subsidio se agota, los ahorros se funden, llegan las amenazas de embargo. Y todo ello, probablemente, sin que el afectado haya incurrido en ningún fallo profesional.

Si a un pequeño empresario se le hunde el negocio porque los clientes también están hundidos y encima no pagan lo atrasado, lo va a pasar peor, porque de subsidio, nada, y los ahorros los había invertido en su empresa. Se va a tener que comer la maquinaria con patatas.

Pero si un gran ejecutivo de una gran corporación la lleva al borde de la ruina con sus malas decisiones, lo peor que puede pasarle es que lo cesen con una indemnización equivalente al sueldo de treinta años de un empleado medio. Luego, si los nuevos gestores levantan la situación, ejecutará las opciones sobre acciones con que fue recompensado por episodios especulativos que contribuyeron a las posteriores dificultades. Y en su día cobrará el plan de pensiones que la firma dotó generosamente. Hasta entonces, será contratado por los amigos que ayudó a enriquecerse.

Se dirá que las sociedades anónimas son libres a la hora de contratar y remunerar a sus ejecutivos, lo que es cierto. Tan cierto como que los altos ejecutivos manipulan a su antojo las juntas generales de las grandes corporaciones, las que son propiedad formal de decenas de miles de pequeños accionistas que no pintan nada. Si la firma se hunde, ellos pierden su inversión, pero el gran ejecutivo sale forrado.

Las cajas de ahorros no son sociedades anónimas (aunque se estén metamorfoseando en bancos), y por ello cabría esperar de sus máximos directivos que tuvieran la decencia de irse de vacío y pidiendo disculpas en caso de hundimiento por gestión imprudente. En lugar de ello, vemos cómo perciben indemnizaciones de vértigo: 23 millones costó la salida de los tres mayores cargos de Novacaixagalicia, que ha requerido del Estado casi cuatro mil millones, entre la inyección del año pasado y el presente rescate. No menos escalofriantes son las cifras de la CAM. Y lo que se irá sabiendo.

Prometo considerar la posibilidad de dar mi voto a quien esté dispuesto a acabar con tan escandaloso estado de cosas, que no tiene nada que ver con la libertad de empresa. Ésta se basa en el riesgo creativo, en la apuesta por las propias capacidades y en el peligro de perderlo todo a cambio de la esperanza de ganar mucho. Lo de mover los hilos para sacar tajada, así a las duras como a las maduras, es otra cosa. ¿Cómo se llama a quien se enriquece hundiendo un barco?

 

La funcionariofobia del señor Rosell

Consejos para que el líder de la CEOE supere su aversión

IGNACIO ARIAS LETRADO

La fijación del señor Rosell -presidente de la CEOE- con los funcionarios comienza a adquirir tintes patológicos.

 

De proclamar la necesidad de que sean evaluados ha pasado a sugerir que se conviertan de nuevo en los sujetos pasivos de la crisis y que soporten por enésima vez un recorte salarial, dada su condición de privilegiados al tener el puesto fijo.

 

Junto al elenco de fobias clínicas que todos conocemos (claustrofobia, aracnofobia, aerofobia, agorafobia, sociofobia, etcétera) existen otras basadas en actitudes negativas hacia cierta clase de categorías de personas, que se traducen en una hostilidad hacia un colectivo, basada en prejuicios resultado, seguramente, de una experiencia traumática o animadversión social. Entre ellas se encuentra, por ejemplo, la xenofobia.

 

Integran todas ellas el listado de las que se denominan fobias raras, no por infrecuentes, sino, más bien, porque carecen de tratamiento clínico para curarlas.

 

En ese listado hay que incorporar ya y sin demora alguna la que hemos de bautizar como «funcionariofobia», que podemos definir como «sentimiento de rechazo hacia los funcionarios que suelen padecer los empresarios y las organizaciones que los aglutinan».

 

 

Comoquiera que las fobias no suelen desaparecer por sí solas, y al tratarse de fobias no clínicas, no admiten los tratamientos tradicionales ¿qué terapia podemos sugerir a quienes padecen la funcionariofobia para eliminar o paliar sus efectos?

 

Existen tres métodos contrastados que a buen seguro resultarían eficaces aplicados simultánea o separadamente, pues todos ellos convergen en un mismo tratamiento.

 

En primer lugar, la terapia de exposición, consistente en confrontar al paciente con la situación rechazada o temida; en segundo lugar, el tratamiento conocido como desensibilización sistemática, en el cual se apela a la imaginación del paciente para que proyecte en su mente el estímulo temido; en tercer y último lugar, la terapia cognitiva, en base a la cual se da mucha información al paciente sobre la situación odiada o rechazada para que vaya tomando conciencia de que dicha situación no es tan mala como él se imagina.

 

Las tres terapias expuestas admiten en este caso una aplicación unificada de inmersión en la situación odiada o rechazada, que consistiría en que el señor Rosell probara a preparar unas oposiciones a alguno de los cuerpos de funcionarios existentes, y para el hipotético supuesto de que obtuviera plaza, intentara sobrevivir durante un año con el sueldo funcionarial acomodando su nivel de vida y el de su familia a tal retribución.

 

Le garantizamos que la fobia que padece quedaría eliminada definitivamente y a partir de ese momento los funcionarios hasta le caerán simpáticos.

 

Pero como la terapia cognitiva citada también exige proporcionar información al paciente, testimoniamos ante el señor Rosell que la inamovilidad del funcionario público, aparte de ser una necesidad que la historia ha evidenciado como ineludible, constituye una exigencia del Estado de derecho y, por tanto, nunca puede ser calificada como un privilegio.

La necesaria reforma fiscal: alternativas a los recortes innecesarios y contraproducentes

nuevatribuna.es |  Vicenç Navarro |

Una frase que está siendo utilizada machaconamente por los defensores de los recortes de gastos públicos sociales es que éstos son inevitables y necesarios. Argumentan que, consecuencia de la presión de los mercados, hay que equilibrar las cuentas del Estado y ello exige los recortes de gasto público, incluyendo el gasto público social. Esta postura se ha ido reproduciendo en los mayores medios de información, de manera tal que se ha convertido en la sabiduría convencional del país (leer más)

Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario PÚBLICO ayer

Falsedades sobre la reforma

En este artículo se responde críticamente a argumentos utilizados por los proponentes de la reforma constitucional y de la Ley Orgánica complementaria, que quedan reflejadas en declaraciones hechas por prominentes figuras de los dos partidos mayoritarios que han aprobado tales medidas. La brevedad del espacio del artículo no ha permitido identificar a los autores de las citas, las cuales, por otra parte, son muy representativas de la opinión generalizada entre los promotores de tales medidas.

En el debate actual sobre la reforma constitucional y la ley orgánica complementaria se están haciendo afirmaciones que no son sostenibles. A continuación detallo las más representativas:

“El mayor problema que tiene España es el tamaño del déficit y de la deuda pública”.
No es cierto. En 2007, el Estado tenía superávit y la deuda era de las más bajas de la Eurozona y ello no protegió a España de tener una Gran Recesión. Incluso hoy, la deuda pública es menor que el promedio de la Eurozona y el déficit ha descendido, lo cual no ha evitado que los intereses que el Estado español ha tenido que pagar para vender su deuda pública hayan sido los mayores en su historia.

“La ley aprobada por el pacto PSOE-PP no es un ataque al Estado del bienestar”.
Sí que lo es. Si se le exige al sector público que reduzca el déficit público, hay varias maneras de hacerlo. Bajando el gasto público, aumentando los impuestos o incrementando el crecimiento económico para ingresar más fondos al Estado. En España, la mayor reducción del déficit público siempre se ha conseguido con recortes de gasto público, incluyendo el gasto público social. Pasó cuando el Estado español tuvo que reducir el déficit para acomodarnos al criterio de Maastricht, y bajar el déficit al 3% del PIB. Y pasa ahora, cuando quieren reducirlo al 0,4% del PIB. Es más, la fiscalidad del Estado español (tanto central como autonómico) es profundamente regresiva. Si miramos los niveles efectivos (reales) de tributación y no sólo nominales, las grandes familias, las grandes empresas y la banca, pagan niveles muy inferiores (restando al Estado 44.000 millones de euros al año) a lo que paga un trabajador en nómina. El Estado ya ha demostrado todos estos años su incapacidad o falta de valentía política de corregir esta situación. Le es más fácil recortar los servicios domiciliarios a las personas con dependencia (600 millones de euros) o congelar las pensiones (1.200 millones) que revertir la bajada de impuestos (37%), que afectaron a los súper ricos (300.000 euros o más al año) en los últimos quince años (2.500 millones de euros). Las clases populares tienen menos poder sobre el Estado español que las clases dominantes.

“Si no se toman estas medidas, los mercados no se calmarán y terminaremos peor”.
Los mercados no son calmables. El problema no es la especulación de los mercados, sino la falta de protección de los estados frente a los mercados. Lo que un Estado hace frente a las maniobras especulativas es imprimir dinero y comprar su propia deuda pública, forzando la bajada de los intereses de tal deuda. Pero, con la creación del euro, los países del euro no pueden hacer esto. Sólo el Banco Central Europeo puede imprimir dinero. Pero en lugar de hacer lo que los bancos centrales hacen, es decir, comprar deuda pública de los estados de la Eurozona, lo que hace es proveer liquidez a los bancos privados, pero no a los estados. Sólo, recientemente y con grandes reticencias, se ha estado haciendo, pero tarde e insuficientemente. Cuando compró deuda pública de España e Italia, los intereses bajaron. Esto debiera hacerlo pero no excepcionalmente, sino como parte de su función. Es más, los estados de la Eurozona debieran tener bancos públicos para garantizar el crédito. En España se está yendo en sentido contrario. La privatización de las cajas dificultará todavía más la garantía del crédito.

“Todos los estados de la Eurozona debieran tener una legislación igual, prohibiendo que tengan déficits públicos”.
Como ha indicado el Center for Economic and Policy Research, uno de los centros de investigación más prestigiosos de EEUU, tal política “sería un desastre”. Sería equivalente a que Estados Unidos, cuyos estados tienen que tener un déficit cero para los gastos ordinarios (pero no en inversiones), no tuvieran un Estado Federal con un Gobierno que tiene déficits del 8,2% del PIB (y una deuda del 160% del PIB) y con un Banco Central (The Federal Reserve Board) que ayuda a los estados (California tiene unas cuentas públicas en tan mala forma como Grecia) y compra deuda pública (algo que no está permitido al Banco Central Europeo).

“Estas políticas de austeridad nos evitarán llegar a la situación griega”.
Todo lo contrario, están acelerando a alcanzar la situación griega. Tales medidas, congelación de pensiones y recortes sociales, que están empobreciendo todavía más el subfinanciado Estado del bienestar español (el gasto público social por habitante es el más bajo de la Eurozona) está dificultando enormemente la recuperación económica al reducir la demanda de bienes y servicios, que es el mayor problema de la economía española. Estas políticas de austeridad están empobreciendo tal demanda. Hoy está creciendo la percepción, incluso en centros financieros, de que el mayor problema de España es el escaso crecimiento económico. La explosión de la burbuja inmobiliaria creó un agujero equivalente a un 7% del PIB que tendría que rellenarse con gasto público para permitir una estimulación de la economía. Tras cuatro años de austeridad, la economía española continúa estancada.

“El estímulo económico se aplicó en España y no ayudó mucho”.
No es cierto. Ayudó poco porque consistió sobre todo en recortes fiscales que beneficiaron sobre todo a las rentas superiores que son las que proporcionalmente consumen menos y tienen, por lo tanto, escaso impacto estimulante de la demanda. Muy pocos de los estímulos fueron encaminados explícitamente a crear empleo. De la misma manera que las derechas están utilizando la crisis para obtener lo que siempre han querido, es decir, disminuir los salarios, la protección social y privatizar el Estado del bienestar, las izquierdas debieran utilizar la crisis para conseguir sus objetivos, es decir, hacer un reforma fiscal profunda que, a base de corregir el enorme déficit fiscal de las clases pudientes –grandes familias, grandes empresas y banca– se resolviera el déficit social, creando empleo, y a la vez se estimulara la economía. Así se salió de la Gran Depresión y así se debería salir ahora.

Entrevista realizada por Elena Solera para Cinco Días a Ignacio Ramonet

“La austeridad conduce a una asfixia total de la economía”

Como director de una de las revistas de análisis de política internacional más prestigiosas del mundo, Ignacio Ramonet critica que los Gobiernos europeos hayan hecho de la defensa del euro su única prioridad.

¿Mandan en la Unión Europea los mercados? ¿Caminamos hacia una Europa basada en los intereses?

Es casi una banalidad decirlo. La Europa que se está construyendo está orientada a una prioridad: que el euro siga siendo una moneda fuerte. Todo lo demás tiene que sacrificarse por eso. Estas medidas se presentan como una salida de la crisis, pero no lo son. El BCE adoptó una política laxa tras la caída de Lehman Brothers, después del 15 de septiembre de 2008, con la idea de que no se podía dejar al sistema sin liquidez. Hoy esa política se sanciona.

¿Cuáles son los peligros de esta política de austeridad?

En Estados Unidos se está llevando a cabo una política de amplia liquidez, lo contrario del proceso de austeridad y ajuste que se ha aplicado aquí. Evidentemente, como dice Paul Krugman, en un país en el que se acaba de padecer una de las peores crisis económicas de su historia lo peor que se puede hacer es aplicar austeridad, porque va a conducir a una asfixia general del sistema económico. No vamos a ir a una crisis que va a durar dos o tres años. No sabemos dónde va a parar.

Las últimas decisiones en materia de política económica han sacado a la gente a la calle. ¿Cuál es el sentido del movimiento del 15-M?

Lo que están diciendo es: “No queremos ser una generación perdida”. Los Gobiernos sacrifican una generación, en una Europa de 500 millones de habitantes, para defender al euro, y esos jóvenes piden que se sacrifique otra cosa. Pero también es una generación que va a acabar por creer que la política no sirve para nada. Mi sentimiento es que tienen la ilusión de que pueden renovar la política. La idea es que hay que reinventarla, y para ello hay que partir de cero. Ellos piensan que la Constitución tiene muchas carencias, y no es falso.

¿Qué opina de la reforma constitucional pactada por PP y PSOE?

Es como si el Gobierno, el PSOE y PP quisieran otorgarle la razón a los indignados cuando estos afirman que no les representan. Este Gobierno ha hablado mucho de “democracia participativa” pero cuando llega el momento de tomar una decisión capital le niega la participación a los ciudadanos. Es un caso típico de confiscación de la democracia.

Se critica que esta reforma introduce un principio económico neoliberal en la Constitución.

La introducción de la regla de oro sobre el límite al déficit público significa la inscripción en nuestra Carta Magna de un dogma neoliberal fundamental. Desde ahora la propia Constitución será el piloto automático que conducirá al país por la vía neoliberal sin que nada se pueda oponer legalmente a ello. Pero legalmente no quiere decir legítimamente. Y la ciudadanía tiene derecho a oponerse, de modo no violento pero radical.

“Los mercados no han sido elegidos”

Las decisiones tomadas por el Gobierno español y tendentes a implementar un plan de austeridad “han pillado al país por sorpresa”, afirma Ramonet. En este sentido, se muestra partidario de que el actual Ejecutivo, que había ganado las elecciones con un programa basado en la defensa de los humildes, debería haber dimitido en el momento en que dio un giro radical a su política económica. “¿Cómo un dirigente socialista, que ha ganado las elecciones sobre un programa concreto, puede seguir adelante si tiene que cambiarlo con medidas muy duras para los más desfavorecidos?”, se pregunta.

Ramonet explica que los ciudadanos se están dando cuenta de que son los mercados los que hacen la política europea, que define como una “política de los intereses”. “Los mercados no han sido elegidos, ¿qué legitimidad tienen?”.

“Estamos votando entre opciones bastante restringidas. Si dentro de todo esto tienes a los inversores, que te imponen un diferencial de tipo de interés, y se convierte en algo mucho más determinante que tu programa, tu palabra y tus ciudadanos, ¿para qué se necesita un programa y unas elecciones?”, indica.

Reflexiona que se acepta la existencia de varias familias políticas, pero solo una política económica. “Si ven solo una alternativa, tal vez deberían hacer un solo partido”, añade.

Seguro que al “neofundamentalista económico” y candidato del PSOE, Sr. Rubalcaba, no le gusta este artículo

Ideología y déficit público

Por Josep Borrell

En nuevatribuna.es  

Con los acuerdos del Consejo Europeo del 21 de julio sobre un segundo préstamo a Grecia la calma volvió a los mercados financieros. Pero duró poco. Degradación del rating de la Deuda americana, agitación social en el Reino Unido, oleada especulativa contra los Bancos europeos, Bolsas en caída libre y primas de riesgo españolas e italiana por encima de los 400 puntos. Prohibición, aunque parcial, temporal y no en todos los países, de las operaciones especulativas “a corto”. Salimos del bache cuando el BCE se decidió a intervenir comprando Deuda española e italiana. Y traca final con la reforma constitucional express para limitar los déficits públicos, contentar a Merkel y calmar a los mercados.

Y el susto no se ha terminado todavía. Finlandia negocia un acuerdo bilateral con Grecia para obtener garantías adicionales al dinero que le va a prestar, otros pequeños países dicen que ellos también, Alemania rechaza esos pactos y todo vuelve a pender de un hilo. Eso sin contar la sentencia del Tribunal Constitucional alemán que el próximo día 6 debe pronunciarse sobre la constitucionalidad de los préstamos a Grecia.

Pero lo más relevante desde una perspectiva española es la enmienda constitucional pactado por el PP y el PSOE para limitar los déficits públicos, complementada con el compromiso de tramitar una Ley Orgánica que fije cuantías a esa limitación.

Está claro que las enmiendas constitucionales para obligar a todos los gobiernos a mantener equilibrados sus Presupuestos están de moda tanto en Europa como en EEUU. En Europa bajo la intensa presión de Alemania y en EEUU impulsadas por el Tea Party.

A esta prohibición constitucional de los déficits públicos se le ha dado en llamar la “regla de oro”, que se está presentando como la panacea que permitirá evitar las crisis de la Deuda en el futuro y resolver las del presente. En mis tiempos de Secretario de Estado de Hacienda la “regla de oro” consistía en que el Presupuesto tuviese un superávit corriente de manera que solo se tuviese déficit para financiar parcialmente la inversión. Y así es como la entiende el Gobierno conservador inglés que solo permite tener déficit si éste es menor que la inversión. Ahora en cambio se trata de prohibir todo déficit con el argumento, avalado por la sabiduría popular, de que no se puede gastar más de lo que se ingresa.

Así lo han hecho los alemanes que en el 2009, en pleno Gobierno de la grosen coalitionen, inscribieron en su Constitución una norma que establece que a partir del 2016 el déficit no podrá superar el 0,35% del PIB. Y así han pedido Merkel y Sarkozy, que lo hagan todo los países del euro. Aunque Sarkozy no lo podrá hacer porque los socialistas franceses están en contra y sin ellos no tiene votos suficientes.

En mi opinión, la idea de un presupuesto siempre equilibrado, o casi, no es una buena idea y además responde a un mal diagnóstico de la crisis de la Eurozona. Con la excepción de Grecia, los países actualmente en dificultad entraron en crisis por razones que poco o nada tienen que ver con los déficits públicos. La causa del problema ha sido el insostenible endeudamiento privado. España tuvo una disminución muy importante de su Deuda pública antes de la crisis pero eso no le sirvió para evitarla.

Además, la severa limitación del déficit, al estilo alemán, significa renunciar a un instrumento que permite a la política económica actuar de forma contra cíclica. Se trata de una medida de un marcado carácter ideológico y un corsé muy limitativo que reduce casi por completo la posibilidad de hacer política fiscal. Lo cual es todavía más grave para países que ya han renunciado a la política monetaria y no pueden fijar ni su tipo de interés ni su tipo de cambio. Y con el riesgo de que si todos prescinden de la política fiscal y no existe un Presupuesto europeo como el federal en EEUU, Europa puede sufrir un periodo de bajo crecimiento que agravará la crisis de la Deuda.

Por eso me manifesté en contra del pacto de socialistas y populares para prohibir constitucionalmente el déficit público. Afortunadamente la negociación dirigida por Rubalcaba ha dado por resultado un texto constitucional que no fija ningún límite cuantitativo, habla del déficit estructural y no del nominal, lo que al menos permitirá tener en cuenta el ciclo económico, y se limita a asegurar que España cumplirá lo que la UE establezca al respecto.

Pero el compromiso político de que una inmediata Ley Orgánica fije un limite para el déficit más bajo que el exigido por las normas europeas, aunque sea el estructural y aunque lo fíe para muy largo, sigue sin parecerme adecuado ni siquiera para el objetivo proclamado de calmar a los mercados, que en estos momentos están mucho más preocupados por la falta de crecimiento no solo en España sino en el conjunto de la Eurozona, Alemania incluida.

No creo que esta clase de medidas simbólicas sirvan para mucho. Hasta el Finantial Times reconoce que hoy los problemas de España tienen que ver con su baja competitividad, su débil crecimiento y la capitalización de su sistema financiero más que con el déficit público.

Hasta el Finantial Times dice que es muy dudoso que una Eurozona armada hasta los dientes con enmiendas a sus Constituciones para garantizar la estabilidad fiscal sea más capaz de resolver su crisis de la Deuda y de su sector bancario que sin unas reglas que tienen un valor simbólico y poco operativo. Y en Europa se ha consumido ya un mucho capital político en medidas simbólicas.

Se podrá decir que la limitación del déficit no es tan severa porque se refiere al déficit estructural, es decir, depurado de los efectos de la coyuntura, y no al déficit nominal. Pero el problema es que esta regla es muy difícil de aplicar y por eso no genera especial confianza. La ciencia económica hoy no permite determinar con un mínimo de precisión cual es la componente estructural y la coyuntural de un déficit. Y como vamos de crisis en crisis los efectos de inestabilidad hacen todavía más difícil saber cuál es cuál. Vaya usted a Portugal y calcule cuál es su déficit estructural y cuál es el efecto de la coyuntura….

Pero aparte de esas consideraciones técnicas, ¿tiene algo que ver la renuncia al déficit con posiciones de derecha o izquierda? Hay que ver con qué furor de conversos se han lanzado algunos que se reclaman de la izquierda a proclamar que la medida no tiene carácter ideológico o, peor aun, que la izquierda debe hacer suya la supresión del déficit porque nada hay peor que endeudarse, el equilibrio es bueno per se, etc.

En mi opinión las limitaciones constitucionales tan severas a la posibilidad de endeudamiento público tienen desde luego que ver con la concepción del rol y la dimensión de la acción pública. Si no se pueden financiar inversiones con Deuda el gasto de inversión entrara en conflicto con el gasto corriente, es decir, redistribución y servicios públicos, y éste tenderá a reducirse.

Algunos desde la izquierda ven en esa restricción la oportunidad de un rearme fiscal. La alternativa sería subir la recaudación fiscal, y desde luego que habrá que hacerlo porque los gobiernos se han acostumbrado a pedir prestado el capital a los que lo tienen en vez de exigirles un mayor esfuerzo tributario. Pero ese dudoso rearme fiscal seguiría sin darle al Presupuesto su capacidad de actuar de forma compensatoria en las fases bajas del ciclo, combatiendo y previniendo las recesiones. El déficit es instrumento que debe usarse con inteligencia y mesura pero al que no se debería renunciar constitucionalmente.

El debate ha propiciado posturas retóricas como la pregunta que se hacia Rubalcaba: “¿quién ha dicho que endeudarse es de izquierdas?”. Que yo sepa nadie. Eso de “endeudarse”, así de genérico no se sabe qué color ideológico tiene. Depende de cómo, cuándo y para qué. Y diabolizar indiscriminadamente todo endeudamiento público es tradicionalmente una expresión del fundamentalismo económico que cree que todo lo que hacen los gobiernos es malo y lo que hacen los mercados es bueno.

Como otra expresión que será recordada, ésa de que “bajar los impuestos es de izquierdas”. Una vez más, depende. Depende de cuándo, cuánto, a quién y para qué. Precisar esas cuestiones es la forma de clarificar las posiciones ideológicas y evitar debates inútiles.

DIGNO DE SER LEIDO

Desde aquí queremos colaborar en la divulgación de esta “lección” de economía, hoy muy oportuna…

Acuerdo PSOE-PP sobre la deuda: un pacto que perjudica a España

Por Juan Torres López / Alberto Garzón Espinosa – Consejo Científico de ATTAC.

La reforma que proponen los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, consistente en limitar desde la constitución el déficit y la deuda pública es una medida que impedirá salir de la crisis y que España elimine el déficit social que tiene respecto a los países de su entorno y, además, constituye un ataque frontal a los principios más elementales de la democracia que demuestra que el capitalismo neoliberal es cada vez más incompatible con esta última. No sólo por la forma sugerida para aprobar la reforma de la constitución, sin que medie referéndum y pronunciamiento directo del pueblo, sino también porque su contenido mismo restringe el margen de maniobra que tienen los Estados para gestionar su economía. Por esa razón hemos decidido escribir este artículo, de ánimo divulgativo, en el que revelamos los enormes problemas económicos de una medida profundamente antidemocrática.

Los ingresos y gastos de un Estado

Un Estado, como cualquier otro agente económico, tiene una partida de ingresos y una partida de gastos.

Los ingresos pueden provenir de muchas fuentes, pero en la actualidad y como consecuencia de decisiones erróneas de política económica la gran mayoría se obtienen únicamente de los impuestos. En otro tiempo el Estado también obtenía cuantiosos ingresos de los beneficios de las empresas públicas, pero en las últimas décadas y debido a la avalancha de privatizaciones (más de 110 empresas en España) esta fuente de ingresos se ha agotado. Por otra parte, actualmente de todos los impuestos los más importantes son el de la renta (IRPF), el de sociedades (IS) y el impuesto sobre el valor añadido (IVA). Hasta 2007 también existía el impuesto del patrimonio (IP), que afectaba únicamente a las personas con más riqueza, pero fue eliminado por el gobierno actual.

Los gastos también pueden ser de diferente naturaleza. Desde el mantenimiento de los servicios públicos del Estado del Bienestar (como la sanidad pública, la educación pública o el transporte) y el pago de todo el personal asociado (médicos, profesores, bomberos…), hasta el simple despilfarro y la corrupción política.

Por lo tanto tenemos que los ingresos de un Estado dependen fundamentalmente de los impuestos, pero estos a su vez dependen de la actividad económica. El Estado recaudará más cuantos mayores salarios tengan los trabajadores (impuesto sobre renta), cuanto mayor sea el nivel de beneficios empresarial (impuesto sobre sociedades) y cuanto más consumo haya en la economía (impuesto sobre el valor añadido). Así que en momentos de bonanza económica los ingresos del Estado serán elevados. Y con ingresos elevados se permitirá gastar más, o incluso ahorrar.

Lo que ha ocurrido en España en los últimos años es que la economía ha estado creciendo a ritmos muy altos debido a una burbuja inmobiliaria, que tarde o temprano tenía que estallar. Pero mientras la burbuja duraba los ingresos del Estado han sido cuantiosos porque había muchos trabajadores cobrando sueldos, las empresas ganaban mucho dinero y el consumo era muy importante (ayudado por el crédito bancario, eso sí). Sin embargo, en lugar de modificar el patrón de crecimiento y promover un modelo productivo distinto que permitiera que el país no dependiera de la existencia de una burbuja, los partidos políticos en el gobierno prefirieron (PP y PSOE) dejar pasar el tiempo y aprovechar las ventajas de un ciclo económico positivo pero ilusorio.

Además, estos gobiernos aprovecharon las circunstancias de bonanza para beneficiar principalmente a los propietarios de capital y sobre todo a los del inmobiliario rebajándoles los impuestos. Redujeron los tramos del impuesto sobre la renta y rebajaron los tipos impositivos (el porcentaje de impuestos) tanto del impuesto sobre la renta como de el de sociedades. Y al mismo tiempo iniciaron un proceso de desgravaciones fiscales (también principalmente beneficiosas para los más ricos) que suponían que el Estado ingresara menos. Aún así, y debido a que el gasto público no crecía suficiente para acercarse a los estándares del resto de países europeos, existía capacidad para ahorrar. Por eso la economía española ha tenido superávits en las cuentas públicas, es decir, ha gastado menos de lo que ingresaba. A pesar, como hemos dicho, de que la capacidad recaudatoria había disminuido.

Pero cuando llegó la crisis, primero por la vía del contagio financiero internacional y luego como consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria, las cosas se pusieron feas. Los bancos dejaron de prestar dinero a empresas y hogares, y se dejó de invertir y de consumir. Cayeron entonces los beneficios y el consumo, lo que llevó a la baja la recaudación por impuestos y, por lo tanto, los ingresos públicos. Pero por el contrario los gastos se incrementaron. Y se incrementaron porque el Estado tuvo que salir a ayudar a la banca, pero sobre todo porque para intentar frenar la crisis tuvo que comenzar proyectos de estímulo económico que suponían un importante gasto. Además, el Estado tiene medidas llamadas anticíclicas, como las prestaciones por desempleo, que hicieron aumentar el gasto. En definitiva, como consecuencia de la crisis el Estado vio cómo sus gastos se disparaban y sus ingresos se reducían. El Estado entraba, por lo tanto, en déficit.

Cómo pagar el déficit

Cuando el Estado tiene que gastar más de lo que ingresa necesita obtener el dinero de algún lado. Existen diferentes herramientas económicas para conseguir ese dinero, pero algunas han sido delegadas a instituciones independientes y de la Unión Europea (como la potestad de imprimir dinero, ahora dominio del Banco Central Europeo). Por lo tanto lo común es que el Estado se endeude en el mercado de deuda pública, donde pide prestado a los inversores financieros. Y estos inversores financieros son aquellos que tienen dinero de “sobra”, como los bancos y las grandes fortunas que hacen anualmente millones de beneficios y que cada vez pagan menos impuestos. Así, al final la paradoja emergió cuando los propios bancos culpables de la crisis y las grandes fortunas beneficiadas de las rebajas de impuestos en todo el mundo eran las que finalmente prestaban dinero al Estado para que éste enjugara los déficits que habían surgido por su culpa.

En cualquier caso, es obvio que la deuda contraída deberá ser pagada de alguna forma, y en una situación en la que los gastos superan a los ingresos eso parece difícil. Por esa razón los economistas neoliberales –que son los que dominan las instituciones europeas y los que han asesorado a los distintos gobiernos españoles- proponen lo que se llaman “planes de ajuste”. Estos planes tienen como objetivo prioritario reducir el gasto público hasta el punto en el que se equilibran de nuevo los ingresos y gastos o incluso, si es posible, hasta que los ingresos vuelven a ser superiores a los gastos. Por eso se llaman “políticas de austeridad”.

Las políticas de austeridad no funcionan

El problema es que lo que parece muy intuitivo a nivel doméstico (por ejemplo de una familia) no lo es tanto para la economía en su conjunto. Es lo que en economía se llama “falacia de la composición” y que significa que aunque haya medidas que individualmente sean buenas en realidad si se aplican colectivamente pueden ser catastróficas. Por eso rebajar los gastos en un momento en el que los gastos superan a los ingresos puede ser fatal para la economía.

La razón es que el gasto público es un estimulante del crecimiento económico, como a continuación explicaremos. Eso significa que si se rebaja el gasto público se reduce la capacidad de crecimiento económico de una economía, y eso conlleva que habrá menos beneficios empresariales y menos consumo. Dado que como hemos visto antes los ingresos dependen de esas variables (beneficios y consumo) al final tenemos que los ingresos también caen. Así, aunque bajemos el gasto público lo que conseguiremos será deprimir la economía (que entrará en recesión) y por lo tanto también los ingresos públicos, lo que significa que la relación ingresos-gastos se mantendrá igual. O, lo que es lo mismo, tendremos los mismos problemas de deuda que antes de comenzar a rebajar el gasto pero, además de ello a una población que en conjunto será más pobre (porque verá cómo los servicios públicos se deterioran y se pierden puestos de trabajo y caen los salarios).

Se necesita más gasto público, pero más eficiente

En realidad, y aunque sea contraintuitivo, lo que se requiere es precisamente más gasto público. Porque lo que se necesita es recuperar los ingresos, no rebajar los gastos, y eso puede hacerse bien subiendo los impuestos (medida recomendable y necesaria, como recordaremos) bien incrementando la recaudación vía beneficios y consumo. O, dicho de otra forma, lo que necesitamos es crecimiento económico. Aunque no de cualquier tipo.

Durante la crisis los economistas neoliberales proponen medidas aparentemente orientadas a facilitar que las empresas creen empleo. Para eso reducen los tipos de interés y facilitan préstamos baratos a los bancos, siempre con el objetivo de promover que las empresas se endeuden para que inviertan (contratando trabajadores y mejorando la capacidad productiva). Pero sucede que en un contexto de crisis todas esas medidas no funcionan debido a lo que se llama “trampa de liquidez”, y que se explica porque las empresas no quieren invertir porque saben que nadie va a comprar sus productos. Y como no pueden vender, lo que hacen es despedir trabajadores, y dado que esos trabajadores son también los consumidores de los productos de otras empresas, al final la economía profundiza su crisis. Es decir, por más facilidades monetarias que se les de a bancos y empresas no se saldrá de la crisis en ningún momento.

Lo que se requiere, entonces, es que el Estado empuje la economía a través del gasto público y de lo que se llama el “multiplicador keynesiano”. Cuando el Estado gasta dinero en, por ejemplo, construir una carretera, lo que está haciendo es pagar sueldos a trabajadores que antes estaban en paro y pagar a empresas del sector que antes estaban desocupadas. Eso pondrá dinero en la economía, ya que esos trabajadores gastarán ese dinero en otras empresas, y esas otras empresas contrataran más trabajadores que a su vez gastarán también el dinero en más consumo, y sucesivamente. Si el impulso inicial del gasto público está bien planificado y es suficientemente poderoso, puede salirse de la crisis. Y además eso permitirá que el Estado recaude mucho más y por lo tanto que sus ingresos crezcan. Ese crecimiento de los ingresos reducirá la brecha con los gastos e incluso podrá conseguir que sean superiores.

Lo que importa es, por supuesto, que el gasto público tenga sentido y esté programado. El llamado “Plan E” tuvo un efecto muy temporal porque la economía estaba atrapada en los restos de la burbuja inmobiliaria y el plan lo único que hizo fue intentar resucitar esos restos. Lo que se requiere, por el contrario, es planificar un programa de gasto público potente encaminado a cambiar el modelo productivo y promover sectores como las energías renovables y las nuevas tecnologías, teniendo presente también el reciclaje del sector de la construcción.

Es importante remarcar que no cualquier gasto público es bueno, y por eso es necesario incrementar la eficiencia de dicho gasto. Eso quiere decir que hay que iniciar programas destinados a mejorar la eficiencia en la administración pública, a racionalizar mejor el dinero público y también a perseguir todos los casos de corrupción y de privilegios desorbitados de la clase política (amén del gasto militar).

La recaudación de los ingresos

Si bien los gastos, como hemos dicho ya, deben ser eficientes y bien planificados (y no basados en el derroche), a su vez los ingresos deben ser suficientes y estar igualmente bien planificados.

Los impuestos no son todos iguales ni afectan a todos los sectores y personas por igual, de modo que cualquier modificación impositiva tendrá consecuencias variadas. Por eso conviene planificar un sistema de incentivos adecuado que organice qué tipo de impuestos y qué nivel para los mismos tienen que existir.

En unos momentos como los actuales, en los que la desigualdad se ha incrementado extraordinariamente y la financiación del Estado del Bienestar depende de facto de los ingresos de las clases medias (porque las grandes fortunas evaden impuestos en paraísos fiscales) se requieren medidas de shock.

Hay que incrementar los impuestos a las rentas altas, lo que significa incrementar los tipos impositivos y también crear nuevos tramos. Simultáneamente hay que incrementar los impuestos a las rentas del capital y a las empresas, amén de recuperar el impuesto de patrimonio. Pero todo eso será insuficiente si no se combate con firmeza el sistema financiero especulativo que permite la existencia de paraísos fiscales. En definitiva y sin ánimo de profundizar en un programa detallado, hay que incrementar los impuestos a las rentas altas (que consumen menos pero especulan más) sin modificar mucho la presión fiscal de las rentas populares. Eso permitirá incrementar los ingresos del Estado sin que el consumo privado se vea mermado.

Limitar por ley el gasto y la deuda es una aberración económica

Por todo lo expuesto debe quedar claro que limitar por ley el gasto es una verdadera barbaridad, que no sólo afecta al carácter democrático del sistema político (al restringir el margen de maniobra) sino también al propio funcionamiento del sistema económico.

Los déficits son necesarios y una herramienta “extra” en el ámbito económico. Es cierto que no pueden sostenerse indefinidamente, pero precisamente para combatir la crisis y los déficits crónicos es necesario que en determinadas fases del ciclo económico se incurra en déficits importantes. Y sin esa herramienta es más que evidente que no se podrá salir de la crisis.

Y en economía como la española que tiene un gran déficit social respecto a los países de nuestro entorno, los déficits presupuestarios serán imprescindibles incluso en etapas de bonanza. Las infraestructuras públicas, los servicios educativos y sanitarios (hospitales, colegios, universidades, centros de investigación…) y en general la inversión a largo plazo necesaria no solo para el bienestar de los grupos de población de menos renta que no se podrían pagar los proporcionados por el mercado sino también para las empresas obtengan beneficios no se pueden pagar al contado. Sin endeudamiento es muy probable que no se puedan crear y al no crearse se perderá empleo y riqueza en el futuro.

¿Por qué se proponen entonces este tipo de medidas que van a ser tan negativas para el conjunto de la población?

Sencillamente porque favorecen al capital privado. Por un lado, menos posibilidades de financiar servicios públicos abrirá la puerta al negocio privado en salud, educación, servicios de dependencia… Y, por otro lado, todos ellos, serán financiados por los bancos privados.

Porque lo que pone de relieve el cinismo de la propuesta que hacen PP y PSOE es que limitar el endeudamiento del Estado para financiar la provisión de los bienes y servicios púbicos que se requieren para que haya suficiente y buena actividad económica y empleo, no va a evitar que haya más deuda. No la habrá pública pero sí privada como consecuencia de la financiación de los mercados, mucho menos eficiente además, y del mayor endeudamiento familiar como consecuencia de la pérdida de nivel de vida.

Obstáculos importantes

Para terminar debemos reconocer que España tiene dificultades añadidas porque está especialmente endeudada a nivel privado y porque tiene una camisa de fuerzas muy incómoda en la Unión Europea. Para superar estas dificultades España necesita que la Unión Europea cambie su política de actuación y comience a desarrollar un programa similar al aquí apuntado pero en el marco de la Unión Europea. Además, ninguna de estas medidas será efectiva si no se regula masiva y estrictamente el sistema financiero internacional que sirve para que las grandes fortunas y las grandes empresas especulen sin fin a costa de las arcas públicas de todos los Estados y, por lo tanto, del bienestar de todos los ciudadanos. Eso supone establecer prohibiciones de prácticas como las operaciones a corto, operaciones al descubierto, el uso de instrumentos financieros altamente especulativos (como los hedge funds y los Credit Default Swap) y el establecimiento de controles de capitales en toda la Unión Europea.

En lo que a nivel privado se refiere, el endeudamiento privado puede resolverse promoviendo mayores ingresos (en este caso salarios). Por eso es necesario promover un pacto capital-trabajo basado en la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores, el refortalecimiento del poder de negociación de los trabajadores y en la regulación de los beneficios empresariales (para que se destinen a la creación de empleo). Entramos así de lleno en el mundo de la política y las relaciones de fuerza, lo que requerirá el uso de herramientas económicas como las nacionalizaciones para imponer las condiciones a los empresarios reticentes. Con un pacto capital-trabajo y con una estrategia de coordinación salarial a nivel europeo España puede superar su alto nivel de endeudamiento privado y acabar con los desequilibrios comerciales que arrastra desde hace tanto tiempo, y sin salir del euro.

Por el contrario, aplicando el recetario neoliberal del Partido Popular y del gobierno de Rodríguez Zapatero es completamente seguro de que nuestra economía se resentirá. Se crearán más oportunidades de beneficio para el capital privado y las clases más ricas pagarán menos impuestos aún, pudiendo adquirir sus servicios de bienestar en el mercado, pero las clases populares perderán cada vez más calidad de vida.

Bibliografía complementaria:

En Octubre la editorial Aguilar publicará un libro titulado “¡Hay Alternativas!” en el que Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón explican de forma pedagógica las causas últimas de la crisis y las medidas necesarias para salir de una forma justa y social.

Debe tenerse en cuenta que la medida en este artículo analizada fue una recomendación incluida en el llamado Pacto por el Euro, que dio lugar a las movilizaciones del 19 de junio promovidas por la plataforma Democracia Real Ya y los sindicatos. Por eso es recomendable leer el artículo de Juan Torres y Alberto Garzón (19-J. Contra el Pacto del Euro. ¡Democracia real en Europa ya!) en el que criticaban con detalle los argumentos esgrimidos por los economistas neoliberales. De una forma más genérica merece la pena leer los artículos de Juan Torres titulados ¿Por qué el 3% de déficit público y no el 2 o el 7? Mentiras y verdades sobre el déficit y la deuda, de 2010, y Pacto de Estabilidad y Estado del Bienestar: una nota sobre su dudosa credibilidad, de 2005.

En lo que se refiere al comportamiento de los mercados financieros es interesante leer la descripción que hace Alberto Garzón en ¿Qué son los mercados financieros y la especulación financiera? y las propuestas que existen para solucionar el problema de deuda pública y desactivar el chantaje de los mercados financieros en ¿Por qué debemos reestructurar la deuda pública y cómo hacerlo?. De forma paralela el papel de la desigualdad en el crecimiento económico queda explicado en “La importancia económica de la desigualdad” que se suma al estudio de la “Evolución de los Salarios en España (1978-2011)“, donde se puede comprobar que la desigualdad es la causa principal de la crisis que padecemos. De forma más general la página personal del profesor Vicenç Navarro (http://www.vnavarro.org) contiene gran cantidad de artículos que analizan la situación actual y en particular la importancia clave de la desigualdad.

Dado que este debate no está solo limitado a España, y ni siquiera a Europa, conviene leer también los documentos académicos escritos sobre la situación de Estados Unidos. Por eso recomendamos leer el artículo de Robert Pollin “U.S. Government Deficits and Debt Amid the Great Recession: What the Evidence Shows“, el de James Crotty “The Great Austerity War: What Caused the Deficit Crisis and Who Should Pay to Fix It?“ y otro de Robert Pollin “Fighting Austerity and Reclaiming a Future for State and Local Governments“.