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OPINION

Frente a la manipulación mediática viene bien un poco de “…llamar a las cosas por su nombre…”

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Lo llaman democracia y es una dictadura

Por Juan Torres López – Consejo Científico de ATTAC

Los medios de comunicación afirman que el anuncio de que el gobierno griego podría convocar un referéndum para decidir si Grecia aprueba el segundo plan de “ayuda” ha hecho caer las bolsas y que constituye una amenaza para la estabilidad de la economía europea. Lo primero que sorprende es que se le tenga miedo a que el pueblo decida si quiere o no una “ayuda” cuando se encuentra en una situación tan difícil.

¿No será que los medios saben perfectamente que en realidad no se trata de ayudar sino de dar una vuelta más a la soga que los poderes financieros han puesto en el cuello del pueblo para salvar, un poco más y de nuevo, a los bancos acreedores de Grecia a costa del sacrificio de la población? ¿Acaso iba a tener problemas el pueblo griego para recibir ayudas si de verdad lo fueran? ¿Y por que temen que se produzca esta expresión de democracia si sabemos perfectamente que las economías van mejor cuanta más democracia haya? ¿No dicen que lo que buscan es mejorarlas?

La verdad es que esta reacción de los medios muestra una vez más el miedo atroz a la voluntad popular que tienen los llamados mercados, los grandes financieros, los bancos, las grandes corporaciones y la clase política corrupta que ha renunciado a su poder representativo para ayudarles a mantener sus privilegios. Tienen miedo a la decisión del pueblo porque son incompatibles con la democracia incluso por muy débil y tamizada que ésta sea. No quieren dejar que el pueblo se pronuncie porque tienen la seguridad de que lo que hacen es lo contrario de lo que quiere la gente.

En España, por ejemplo, las encuestas muestran que la inmensa mayoría de la sociedad no quiere que se siga dando dinero público a los bancos y, sin embargo, los líderes políticos -lo ha dicho recientemente Rajoy- afirman continuamente que eso es imprescindible. Su vergonzosa servidumbre a los poderes financieros les lleva a presentar como ineludible lo que solo es necesario para los bancos y las grandes empresas que destruyen empleo, a otras medianas y pequeñas empresas y riqueza productiva. El rechazo continuado a que la ciudadanía exprese claramente sus preferencias y la imposibilidad de que ésta decida lo que se hace o no con la economía significan nada más y nada menos que vivimos en una dictadura. Así de simple y así de sencillo.

¿Dónde está la democracia si no podemos hacer que los asuntos económicos, que al fin y al cabo son los que nos proporcionan bienestar y satisfacción personal, se resuelvan según la voluntad de la mayoría? ¿Cómo se puede decir que hay democracia si los gobiernos no gobiernan para el pueblo sino que son gobernados por las finanzas contra el pueblo, como estamos viendo día a día?

La continua imposición de políticas por parte de “los mercados”, el hecho evidente de que los gobiernos representativos se pliegan a sus preferencias y dictados, la continua aceptación de la voluntad de los financieros y banqueros gracias al poder político, económico y mediático que han acumulado al margen de las instituciones democráticas muestra inequívocamente que vivimos bajo una auténtica dictadura. Hay que decirlo claramente.

Una democracia que se desvanece cuando se trata de gobernar el dinero y la economía no es una democracia de verdad. Lo llaman democracia pero es una dictadura. Y no tenemos por qué aceptar pasivamente todo esto que está pasando. Cuando un pueblo está sometido a un poder dictatorial tiene todo el derecho a rebelarse y a tratar de destruirlo. Es más, yo creo que lo indigno es no intentar acabar con él.

RECOMENDAMOS LEER TAMBIEN ESTE OTRO ARTICULO DE ESTE MISMO AUTOR: “No saben, no contestan”

Artículo publicado en Le monde diplomatique por Ignacio Ramonet – Consejo Científico de ATTAC.

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El nuevo “sistema-mundo”

Cuando se acaban de cumplir diez años desde los atentados del 11 de septiembre y tres años desde la quiebra del banco Lehman Brothers ¿cuáles son las características del nuevo “sistema-mundo”? La norma actual son los seísmos. Seísmos climáticos, seísmos financieros y bursátiles, seísmos energéticos y alimentarios, seísmos comunicacionales y tecnológicos, seísmos sociales, seísmos geopolíticos como los que causan las insurrecciones de la “Primavera árabe”…Hay una falta de visibilidad general. Acontecimientos imprevistos irrumpen con fuerza sin que nadie, o casi nadie, los vea venir. Si gobernar es prever, vivimos una evidente crisis de gobernanza. Los dirigentes actuales no consiguen prever nada. La política se revela impotente. El Estado que protegía a los ciudadanos ha dejado de existir. Hay una crisis de la democracia representativa: “No nos representan”, dicen con razón los “indignados”. La gente constata el derrumbe de la autoridad política y reclama que ésta vuelva a asumir su rol conductor de la sociedad por ser la única que dispone de la legitimidad democrática. Se insiste en la necesidad de que el poder político le ponga coto al poder económico y financiero. Otra constatación: una carencia de liderazgo político a escala internacional. Los líderes actuales no están a la altura de los desafíos.Los países ricos (América del Norte, Europa y Japón) padecen el mayor terremoto económico-financiero desde la crisis de 1929. Por primera vez, la Unión Europea ve amenazada su cohesión y su existencia. Y el riesgo de una gran recesión económica debilita el liderazgo internacional de Norteamérica, amenazado además por el surgimiento de nuevos polos de poderío (China, la India, Brasil) a escala internacional. En un discurso reciente, el Presidente de Estados Unidos anunció que daba por terminadas “las guerras del 11 de septiembre”, o sea las de Irak, de Afganistán y contra el “terrorismo internacional” que marcaron militarmente esta década. Barack Obama recordó que “cinco millones de Americanos han vestido el uniforme en el curso de los últimos diez años”. A pesar de lo cual no resulta evidente que Washington haya salido vencedor de esos conflictos. Las “guerras del 11 de septiembre” le costaron al presupuesto estadounidense entre 1 billón (un millón de millones) y 2,5 billones de dólares. Carga financiera astronómica que ha tenido repercusiones en el endeudamiento de Estados Unidos y, en consecuencia, en la degradación de su situación económica. Esas guerras han resultado pírricas. En cierta medida, finalmente, Al Qaeda se ha comportado con Washington de igual modo que Reagan lo hizo con respecto a Moscú cuando, en los años 1980, le impuso a la URSS una extenuante carrera armamentística que acabó agotando al imperio soviético y provocando su implosión. El “desclasamiento estratégico” de Estados Unidos ha empezado. En la diplomacia internacional, la década ha confirmado la emergencia de nuevos actores y de nuevos polos de poder sobre todo en Asia y en América Latina. El mundo se “desoccidentaliza” y es cada vez más multipolar. Destaca el rol de China que aparece, en principio, como la gran potencia en ciernes del siglo XXI. Aunque la estabilidad del Imperio del Medio no está garantizada pues coexisten en su seno el capitalismo más salvaje y el comunismo más autoritario. La tensión entre esas dos fuerzas causará, tarde o temprano, una fractura. Pero, por el momento, mientras declina el poderío de Estados Unidos, el ascenso de China se confirma. Ya es la segunda potencia económica del mundo (por delante de Japón y Alemania). Además, por la parte importante de la deuda estadounidense que posee, Pekín tiene en sus manos el destino del dólar…El grupo de Estados gigantes reunidos en el BRICS (Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica) ya no obedece automáticamente a las consignas de las grandes potencias tradicionales occidentales (Estados Unidos, Reino Unido, Francia) aunque éstas se sigan autodesignando como “comunidad internacional”. Los BRICS lo han demostrado recientemente en las crisis de Libia y de Siria oponiéndose a las decisiones de las potencias de la OTAN y en el seno de la ONU. Decimos que hay crisis cuando, en cualquier sector, algún mecanismo deja de pronto de funcionar, empieza a ceder y acaba por romperse. Esa ruptura impide que el conjunto de la maquinaria siga funcionando. Es lo que está ocurriendo en la economía desde que estalló la crisis de las sub-primes en 2007. Las repercusiones sociales del cataclismo económico son de una brutalidad inédita: 23 millones de parados en la Unión Europea y más de 80 millones de pobres… Los jóvenes aparecen como las víctimas principales. Por eso, de Madrid a Tel Aviv, pasando por Santiago de Chile, Atenas y Londres, una ola de indignación levanta a la juventud del mundo. Pero las clases medias también están asustadas porque el modelo neoliberal de crecimiento las abandona al borde del camino. En Israel, una parte de ellas se unió a los jóvenes para rechazar el integrismo ultraliberal del Gobierno de Benjamín Netanyahu. El poder financiero (los “mercados”) se ha impuesto al poder político, y eso desconcierta a los ciudadanos. La democracia no funciona. Nadie entiende la inercia de los gobiernos frente a la crisis económica. La gente exige que la política asuma su función e intervenga para enderezar los entuertos. No resulta fácil; la velocidad de la economía es hoy la del relámpago, mientras que la velocidad de la política es la del caracol. Resulta cada vez más difícil conciliar tiempo económico y tiempo político. Y también crisis globales y gobiernos nacionales. Los mercados financieros sobrerreaccionan ante cualquier información, mientras que los organismos financieros globales (FMI, OMC, Banco Mundial, etc.) son incapaces de determinar lo que va a ocurrir. Todo esto provoca, en los ciudadanos, frustración y angustia. La crisis global produce perdedores y ganadores. Los ganadores se encuentran, esencialmente, en Asia y en los países emergentes, que no tienen una visión tan pesimista de la situación como la de los europeos. También hay muchos ganadores en el interior mismo de los países occidentales cuyas sociedades se hallan fracturadas por las desigualdades entre ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres. En realidad, no estamos soportando una crisis, sino un haz de crisis, una suma de crisis mezcladas tan íntimamente unas con otras que no conseguimos distinguir entre causas y efectos. Porque los efectos de unas son las causas de otras, y así hasta formar un verdadero sistema. O sea, nos enfrentamos a una crisis sistémica del mundo occidental que afecta a la tecnología, la economía, el comercio, la política, la democracia, la guerra, la geopolítica, el clima, el medio ambiente, la cultura, los valores, la familia, la educación, la juventud, etc. Vivimos un tiempo de “rupturas estratégicas” cuyo significado no comprendemos. Hoy, Internet es el vector de la mayoría de los cambios. Casi todas las crisis recientes tienen alguna relación con las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información. Los mercados financieros, por ejemplo, no serían tan poderosos si las órdenes de compra y venta no circulasen a la velocidad de la luz por las autopistas de la comunicación que Internet ha puesto a su disposición. Más que una tecnología, Internet es pues un actor de las crisis. Basta con recordar el rol de WikiLeaks, Facebook, Twitter en las recientes revoluciones democráticas en el mundo árabe. Desde el punto de vista antropológico, estas crisis se están traduciendo por un aumento del miedo y del resentimiento. La gente vive en estado de ansiedad y de incertidumbre. Vuelven los grandes pánicos ante amenazas indeterminadas como pueden ser la pérdida del empleo, los choques tecnológicos, las biotecnologías, las catástrofes naturales, la inseguridad generalizada… Todo ello constituye un desafío para las democracias. Porque ese terror se transforma a veces en odio y en repudio. En varios países europeos, ese odio se dirige hoy contra el extranjero, el inmigrante, el diferente. Está subiendo el rechazo hacia todos los “otros” (musulmanes, gitanos, subsaharianos, “sin papeles”, etc.) y crecen los partidos xenófobos. Otra grave preocupación planetaria: la crisis climática. La conciencia del peligro que representa el calentamiento general se ha extendido. Los problemas ligados al medio ambiente se están volviendo altamente estratégicos. La próxima Cumbre mundial del clima, que tendrá lugar en Río de Janeiro en 2012, constatará que el número de grandes catástrofes naturales ha aumentado así como su carácter espectacular. El reciente accidente nuclear de Fukushima ha aterrorizado al mundo. Varios gobiernos ya han dado marcha atrás en materia de energía nuclear y apuestan ahora –en un contexto marcado por el fin próximo del petróleo– por las energías renovables. El curso de la globalización parece como suspendido. Se habla cada vez más de desglobalización, de descrecimiento… El péndulo había ido demasiado lejos en la dirección neoliberal y ahora podría ir en la dirección contraria. Ya no es tabú hablar de proteccionismo para limitar los excesos del libre comercio, y poner fin a las deslocalizaciones y a la desindustrialización de los Estados desarrollados. Ha llegado la hora de reinventar la política y de reencantar el mundo.

Más prudencia al hablar del cáncer de mama

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Lne.es » Opinión  

Argumentos en contra de las mamografías preventivas a partir de los 40 años que reclama la cirujana y alcaldesa Moriyón

 Más prudencia al hablar del cáncer de mama 

JULIO BRUNO BÁRCENA MÉDICO

El cáncer de mama es un problema de salud que preocupa a una gran parte de las mujeres. Esta enfermedad aún causa la pérdida de muchos años de vida en mujeres relativamente jóvenes. Cuando se plantea su posible prevención, más allá de las recomendaciones existentes, enseguida surgen apoyos a iniciativas posibles, aún cuando éstas no se hayan contrastado con los hechos y muchas veces incluso en contra de las pruebas científicas que tengan tales procedimientos preventivos. Por eso es fundamental que organismos independientes estudien las pruebas científicas y avalen las pautas que deban seguirse.

 

«Las evidencias disponibles sobre la eficacia del cribado de cáncer de mama mediante mamografía periódica en mujeres de 50 o más años de edad es firme y consistente, y se basa fundamentalmente en los resultados de los ensayos aleatorios realizados en Canadá, Estados Unidos de América y Europa. La reducción de la mortalidad por cáncer de mama obtenida en los grupos de estudio en este grupo de edad se aproxima a un 30%. Esta reducción se va obteniendo de forma progresiva en los primeros 7 a 10 años de seguimiento. Estos mismos ensayos no han detectado una reducción significativa de la mortalidad por cáncer de mama en las mujeres que inician el cribado mediante mamografía periódica con 40-49 años, después de un período de seguimiento de 7 a 12 años».

 

Así se pronuncia la Agencia Española de Tecnologías Sanitarias dependiente del Instituto de Salud Carlos III, sobre el cribado poblacional de cáncer de mama. En muchos casos estos programas necesitan de mejoras que eliminen el exceso de «falsos positivos»: mujeres que se ven sometidas a pruebas invasivas (quirúrgicas) sin estar enfermas. Este es precisamente el talón de Aquiles de los programas de cribado poblacional. Por tanto las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias, incluyendo la USPTF, recomiendan limitar el cribado poblacional a las mujeres mayores de 50 años y hacerlo cada dos años.

 

Sin embargo, la alcaldesa de Gijón se ha manifestado promoviendo públicamente una iniciativa de ampliación de la mamografía a las mujeres a partir de 40 años. La doctora Moriyón considera «irresponsable» retrasar la revisión a los 50, tal y como está establecido hoy el examen, «porque es perder años de vida». Lo hace sin referencia alguna a los organismos internacionales ni tampoco a la política sanitaria que propugna el propio Gobierno de Asturias, de su mismo partido. La doctora no ha dicho en qué tipo de pruebas científicas basa su opinión. Por ejemplo, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), en base a la revisión de la evidencia publicada, recomienda la realización de cribado poblacional dirigido a mujeres de 50-69 años mediante mamografía con carácter bienal. Esta indicación está en consonancia con la Recomendación del Consejo Europeo sobre cribado de cáncer de 2 de diciembre de 2003.

 

De esta recomendación citamos textualmente: un programa de cribado de cáncer de mama es una tarea multidisciplinar compleja. El objetivo del cribado de cáncer de mama es reducir la mortalidad por la enfermedad sin que ello afecte negativamente el estado de salud de las participantes en el cribado. La efectividad del cribado es función de la calidad de cada uno de sus componentes. El éxito del programa será valorado no sólo por sus resultados y su impacto en la salud pública, sino también por la organización, puesta en marcha, ejecución y aceptabilidad del mismo. Por ello, la epidemiología es la disciplina fundamental que guía y unifica el conjunto del proceso de un programa de cribado, desde los aspectos de organización y administrativos hasta su evaluación y valoración de su impacto.

 

Por tanto, la razón última del cribado significa realizar pruebas a personas para detectar la presencia de enfermedades de las que aún no se presentan síntomas. Junto a los efectos beneficiosos con respecto a la mortalidad específica de la enfermedad, el cribado puede tener también efectos secundarios adversos para la población sometida a las pruebas, que no debemos olvidar que es una población sana a la que se incluye en procedimientos médicos. Una población sana que podemos convertir en enferma.

 

Como se señaló, éste es precisamente el motivo por el que no se recomiendan los programas de cribado a los 40 años: aplicados éstos a una población se ha visto que los riesgos no compensan los beneficios de la prueba. Las actuales recomendaciones en Asturias establecen un programa poblacional para mayores de 50 y hacen otro tipo de recomendaciones para las mujeres menores de 50. Los responsables sanitarios deben ser muy conscientes de los beneficios y los riesgos potenciales del cribado de una determinada localización del cáncer antes de embarcarse en nuevos programas de cribado del cáncer de base poblacional. Por otro lado, para el público informado de hoy en día, dichos beneficios y riesgos deben presentarse de una manera que permita a cada ciudadano decidir por sí mismo si participa o no.

 

En definitiva, lo dicho por la Alcaldesa no ofrece pruebas de beneficio para la salud pública. Su cuestionamiento de la periodicidad anual o bienal tampoco es entendible, pues genera la idea de que esta decisión es aleatoria. Dicho como lo ha dicho, sin que exista ninguna organización al respecto, sin previsión de funcionamiento de unos servicios públicos que funcionan con otro criterio, hay que interpretar que sus afirmaciones estimularán una actividad de medicalización de la salud cuyo resultado esperado no está contrastado y cuya organización no existe. Nos recuerda otras terapias recientemente aplicadas a las mujeres con el mismo carácter anárquico y basado en supuestos beneficios sin evidencia: largos tratamientos de terapia hormonal promovidos desde el ámbito privado y que finalmente han tenido que ser controlados por las autoridades de salud debido al notable incremento del cáncer que producen. Y esta similitud nos anima a pedir mayor claridad tanto de la Alcaldesa como de las autoridades sanitarias.

 

 

Nos interesa recordar aquí la aplicación de principios éticos básicos en medicina: el primero es la «no maleficencia» o no producir daño innecesario, sobreactuando o actuando inadecuadamente. Al respecto, una de las cuestiones más contrastadas en cáncer de mama es la producción de sobrediagnósticos y tratamientos innecesarios, un efecto adverso que debiera estudiarse claramente antes de poner en marcha esta actuación sanitaria. Además el principio de «beneficencia» nos exige a favor de las ciudadanas una evaluación sistemática de la efectividad de tal actuación, cosa que sepamos no se ha producido en cuanto al adelantamiento de la edad de cribado.

 

Un mínimo principio de prudencia podría evitar que las mujeres asturianas con 40 años realicen mamografías innecesarias «a demanda» en los servicios de salud. Si se da esta circunstancia, alguna mujer podrá beneficiarse ocasionalmente, pero se habrá creado un problema de salud para otras muchas, sin que el cribado redunde en menor mortalidad. El 28 de enero del 2010, los responsables de Asturias del programa de cribado de cáncer de mama corregían la opinión expresada ya entonces por la cirujana Moriyón, en un artículo de «Cartas al director» de LNE que merece la pena recordar: «La prevención de enfermedades. No siempre es mejor prevenir que curar». Ahora, con un nuevo Gobierno sería deseable, en bien de la salud de las asturianas, que la Consejería de Sanidad aclarase su posición al respecto. Las ciudadanas alentadas por la opinión de la Alcaldesa comienzan a pedir una prestación para la que ni el sistema sanitario está organizado, ni existen bases científicas que avalen la actuación de los profesionales. Hay que aclararles a los profesionales y a ellas lo que deban hacer.

Los recortes en la sanidad catalana (válidos para cualquier otro ámbito territorial) desde un óptica jurídica…

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El ataque a la Salud, en los umbrales del delito

Por Carlos Jiménez Villarejo – Consejo Científico de ATTAC y exfiscal anticorrupción

La durísima política contra la sanidad pública del Gobierno de CiU está vaciando el contenido, que creíamos intangible, del Estado social, lesionando derechos fundamentales de la persona, el de la asistencia sanitaria, y tratando a los pacientes y a los profesionales sanitarios como si de una mercancía se tratara en una economía de mercado a la que se subordinan los derechos de las personas. El Gobierno de CiU ataca frontalmente el desiderátum del preámbulo constitucional cuando propugna “asegurar a todos una digna calidad de vida” y vulnera de forma reiterada los derechos a la salud proclamados en los artículos 43 de la Constitución y 23 del Estatuto. Ni la crisis ni el déficit pueden justificar la destrucción de este derecho sin el cual no es posible garantizar el respeto a la “dignidad humana” y el “libre desarrollo de la personalidad”. Por tanto, estamos ante una crisis de la política fundada sobre derechos para sustituirla por otra al servicio de los beneficios económicos, sustitución que conduce inevitablemente a acentuar la desigualdad social y favorecer toda clase de exclusiones, marginaciones y, en definitiva, la pobreza. ¿Dónde queda la ciudadanía democrática? Porque es evidente que los derechos sociales, entre ellos el de la salud, son la condición de una democracia basada en el pleno reconocimiento de la ciudadanía, ciudadanía que debe ser una barrera ante políticas antisociales.
La crisis acentúa la desigualdad social y favorece toda clase de exclusiones, marginaciones y, en definitiva, la pobreza.
Así lo proclamó la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (ONU) celebrada en Viena en 1993: “Todos los derechos son universales, individuales e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso”.
Naturalmente, desde esta perspectiva se derivan automáticamente para todas las Administraciones unas estrictas obligaciones de respeto, de protección y de satisfacción, que se traducen en el deber de disponer de recursos suficientes y garantizar la prestación de los servicios correspondientes.
Si la Constitución establece que debe garantizarse que la libertad e igualdad sean “reales y efectivas” (art. 9.2), puede afirmarse que los poderes públicos no solo no pueden empeorar los niveles de satisfacción de los derechos sociales, sino que deben actuar avanzando hacia cotas más altas de prestaciones. Es lo que se llama principio de no regresividad o, mejor, de progresividad.
Es decir, los derechos sociales pueden entenderse como irreversibles y, en tal medida, cualquier actuación, por acción u omisión, de los poderes públicos que limite gravemente su satisfacción está afectando al derecho básico a la dignidad humana.
Consecuentemente, el incumplimiento de los poderes públicos de su deber de prestación en la sanidad puede entenderse como una forma de discriminación, conducta constitucionalmente prohibida. Exigencias manifiestamente incumplidas por el Gobierno de Cataluña.
La violación por los poderes públicos de este derecho, en la medida en que constituye, como derecho propio de la ciudadanía, un derecho cívico, obliga a plantearse la posibilidad de que las decisiones políticas de gravísimas restricciones sanitarias no solo sean un abuso de poder, sino que presenten una auténtica relevancia penal. Si así fuere, deberían perseguirse ante los tribunales por los perjudicados y la fiscalía, de oficio. En efecto, el art. 542 del Código Penal castiga a las autoridades y funcionarios públicos que “impidan” a los ciudadanos “el ejercicio de derechos cívicos”, en un precepto que contempla de forma genérica la violación de derechos innominados que, por su trascendencia personal y social, merecen una protección más intensa como es la penal. Entendemos que a tenor de una lectura constitucional acorde con la actual significación y alcance de los derechos sociales, el derecho a la salud merece y necesita una más eficaz protección si queremos construir una sociedad más justa e igualitaria. Por ello, está justificado advertir que una política sanitaria como la actual de CiU puede merecer un reproche penal. Y en su caso, quienes la denunciaran estarían defendiendo sus derechos y, además, protegiendo preventivamente el derecho a la salud de todos los ciudadanos.
Articulo publicado en El País el 17.10.2011.

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La subida de impuestos de los ricos y súper ricos para nada puede ser calificada de valor testimonial o poco práctico…

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La banca, el fraude fiscal y el New York Times

Por Vicenç Navarro


nuevatribuna.es
El New York Times ha ido publicando una serie de artículos sobre Emilio Botín, presentado por tal rotativo como el banquero más influyente de España, y Presidente del Banco de Santander, que tienen inversiones financieras de gran peso en Brasil, en Gran Bretaña y en Estados Unidos, además de en España. En EEUU el Banco de Santander es propietario de Sovereign Bank.
Lo que le interesa al rotativo estadounidense no es, sin embargo, el comportamiento bancario del Santander, sino el de su Presidente y el de su familia, así como su enorme influencia política y mediática en España. Un indicador de esto último es que ninguno de los cinco rotativos más importantes del país ha citado o hecho comentarios sobre esta serie de artículos en el diario más influyente de EEUU y uno de los más influyentes del mundo. Es de suponer que si se escribieran artículos semejantes, por ejemplo, sobre el Presidente Zapatero, tales reportajes serían noticia. No así en el caso Emilio Botín.
Una discusión importante de tales artículos es el ocultamiento por parte de Emilio Botín y de su familia de unas cuentas secretas establecidas desde la Guerra Civil en la banca suiza HSBC. Por lo visto, en las cuentas de tal banco había 2.000 millones de euros que nunca se habían declarado a las autoridades tributarias del Estado español. Pero, un empleado de tal banco suizo, despechado por el maltrato recibido por tal banco, decidió publicar los nombres de las personas que depositaban su dinero en dicha banca suiza, sin nunca declararlo en sus propios países. Entre ellos había nada menos que 569 españoles, incluyendo a Emilio Botín y su familia, con grandes nombres de la vida política y empresarial (entre ellos, por cierto, el padre del President de la Generalitat, el Sr. Artur Mas).
Según el New York Times, esta práctica es muy común entre las grandes familias, las grandes empresas y la gran banca. El fraude fiscal en estos sectores es enorme. Según la propia Agencia Tributaria española, el 74% del fraude fiscal se centra en estos grupos, con un total de 44.000 millones de euros que el Estado español (incluido el central y los autonómicos) no ingresa. Esta cantidad, por cierto, casi alcanza la cifra del déficit de gasto público social de España respecto la media de la UE-15 (66.000 millones de euros), es decir, el gasto que España debería gastarse en su Estado del Bienestar (sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios a personas con dependencia, y otros) por el nivel de desarrollo económico que tiene y que no se gasta porque el Estado no recoge tales fondos. Y una de las causas de que no se recojan es precisamente el fraude fiscal realizado por estos colectivos citados en el New York Times. El resultado de su influencia es que el Estado no se atreve a recogerlos. En realidad, la gran mayoría de investigaciones de fraude fiscal de la Agencia Tributaria se centra en los autónomos y profesionales liberales, cuyo fraude fiscal representa –según los técnicos de la Agencia Tributaria del Estado español- sólo el 8% del fraude fiscal total.
Es también conocida la intervención de autoridades públicas para proteger al Sr. Emilio Botín de las pesquisas de la propia Agencia Tributaria. El caso más conocido es la gestión realizada por la ex Vicepresidenta del Gobierno español, la Sra. De la Vega, para interrumpir una de tales investigaciones. Pero el Sr. Botín no es el único. Como señala el New York Times, hace dos años, César Alierta, presidente de Telefónica, que estaba siendo investigado, dejó de estarlo. Como escribe el New York Times con cierta ironía, “el Tribunal desistió de continuar estudiando el caso porque, según el juez, ya había pasado demasiado tiempo entre el momento de los hechos y su presentación al tribunal”. Una medida que juega a favor de los fraudulentos es la ineficacia del Estado así como su temor a realizar la investigación. Fue nada menos que el Presidente del Gobierno español, el Sr. José Mª Aznar, que en un momento de franqueza admitió que “los ricos no pagan impuestos en España”.
Tal tolerancia por parte del Estado con el fraude fiscal de los súper ricos se justifica con el argumento de que, aún cuando no pagan impuestos, las consecuencias de ello son limitadas porque son pocos. El Presidente de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Artur Mas, ha indicado que la subida de impuestos de los ricos y súper ricos tiene más un valor testimonial que práctico, pues su número es escaso. La solidez de tal argumento, sin embargo, es nula. En realidad, alcanza niveles de frivolidad. Ignora la enorme concentración de las rentas y de la propiedad existente en España (y en Catalunya), uno de los países donde las desigualdades sociales son mayores y el impacto redistributivo del Estado es menor. Los 44.000 millones de euros al año que no se recaudan de los súper ricos por parte del Estado hubieran evitado los enormes recortes de gasto público social que el Estado español está hoy realizando.
Pero otra observación que hace el New York Times sobre el fraude fiscal y la banca es el silencio que existe en los medios de información sobre tal fraude fiscal. Tal rotativo cita a Salvador Arancibia, un periodista de temas financieros en Madrid, que trabajó para el Banco Santander, que señala como causas de este silencio el hecho de que el Banco Santander gasta mucho dinero en anuncios comerciales, siendo la banca uno de los sectores más importantes en la financiación de los medios, no sólo comprando espacio de anuncios comerciales, sino también proveyendo créditos –aclara el Sr. Salvador Arancibia- “….medidas de enorme importancia en un momento como el actual, donde los medios están en una situación financiera muy delicada”. De ahí que tenga que agradecer al diario que se atreva a publicarlo, porque hoy, artículos como los que publica el New York Times y el mío propio, no tienen fácil publicación en nuestro país. Es lo que llaman “libertad de prensa”.

La peligrosa levedad del 15-M

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 La necesidad de respuestas inteligentes a las preguntas de los «indignados»

Lne.es » Opinión  DANIEL CAPÓ

Hace unos días miles de personas se volvieron a congregar en las ciudades de medio mundo reclamando soluciones o, quizás simplemente, algo de esperanza. Para ser sinceros, los «indignados» tienen razón en muchas cosas. Tienen razón cuando protestan -como en España- por una tasa de paro juvenil que se acerca al cincuenta por ciento. Tienen razón cuando denuncian la pervivencia de un statu quo que ha desbaratado la movilidad social generando frustración y resentimiento en la cada vez más empobrecida clase media. Tienen razón cuando acusan a los políticos por la desfachatez de una gestión mediocre y corrupta de la res publica. Sin duda, habría sido mucho mejor que todo eso lo hubieran dicho antes, cuando España, y en general todo Occidente, vivían inmersos en una gran fiesta y nada resultaba suficiente. Pero entonces, quizás todos, nos sentíamos bien en la abundancia y las sombrías profecías de Casandra sonaban a señales de mal augurio que convenía acallar. En realidad, el mundo ha cambiado poco desde el tiempo de los griegos y, hoy como ayer, al exceso le sigue la resaca y a la desmesura la humillación y el castigo. Sería como un empacho, con el agravante de que las sociedades carentes de inteligencia moral tienden a degradarse con más rapidez.

 

Hablo de inteligencia moral, que es el epítome de la democracia. Y que contrasta con la emotividad banal y la sobredosis sentimental, características del adanismo de muchas corrientes políticas. El sociólogo polaco Zygmunt Bauman reflexionaba estos días sobre la peligrosa levedad del movimiento 15-M y se preguntaba si un movimiento sin base intelectual puede llegar a alguna parte. En este sentido, es descorazonador comprobar cómo la articulación viral de los «indignados» ha quedado reducida a una serie de propuestas maximalistas, de escaso realismo y menor sentido práctico. ¿Malas prácticas de los bancos? Sí, pero de qué modo las regulamos y con qué poder. ¿Mejores salarios? De acuerdo, pero, si nuestra industria no es competitiva, a partir de qué productividad podemos incrementar los salarios. ¿Mayor inversión pública en educación, sanidad y servicios sociales? Obviamente, pero de dónde sacamos el dinero.

 

Son preguntas sin respuesta cuando, en realidad, lo que necesitamos son respuestas inteligentes a este tipo de preguntas. O dicho de otro modo: ¿qué estamos haciendo mal para no tener un paro juvenil como el de los suizos o una educación similar a la finlandesa? Creo que el problema reside en la escasez de una inteligencia moral que nos cohesione como sociedad. Culpables podríamos encontrar muchos, empezando por una tradición iletrada -la nuestra- y siguiendo con una historia trufada de intolerancia y fanatismo; pero eso importa menos ahora que las soluciones reales que el país necesita. La esperanza de los «indignados» exige una batería de reformas que permitan recapitalizar la banca, mejorar el sistema educativo, incrementar la productividad de la industria y garantizar la solidez futura del Estado del bienestar. La alternativa es caer en el bucle de la sentimentalidad y ceder a una especie de fatalismo ancestral que nos condena al paulatino empobrecimiento. No es el destino que se merecen los «indignados». Ni ninguno de nosotros.

Inventario de perplejidades

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Liquidar la sanidad pública

Defensa de un único Instituto Nacional de la Salud para toda España

Lne.es » Opinión   JOSÉ MANUEL PONTE

 Cuando yo fui a parar al Insalud por la privatización del organismo público donde trabajaba, se abrió el traspaso a las comunidades no históricas de lo que quedaba de ese Instituto. Que era bastante porque afectaba a todo el territorio nacional con la excepción de Cataluña, Galicia, el País Vasco y Andalucía. El elegante edificio de la calle de Alcalá , que albergaba los servicios centrales, se vació de funcionarios y de contenido, y el Insalud quedó reducido, ironías de la historia, a Ceuta y Melilla. (Posiblemente, los únicos que, a la larga, se salven de la oleada privatizadora que amenaza a la sanidad española por cuestiones de estrategia militar).

 

Como yo venía de un proceso desamortizador largo, duro y muy conflictivo, advertí a algunos médicos amigos que el traspaso a las autonomías era una maniobra sibilina para cargarse la sanidad pública so pretexto de mejor defenderla, que es lo que los políticos dicen siempre en estos casos. No me hicieron puñetero caso. Es más, alguno dijo incluso que el traspaso acercaría la gestión a los administrados. Insistí en hacerles ver que una vez instaurados 17 sistemas de salud con gobiernos de distintas tendencias, cada cual intentaría introducir las modificaciones pertinentes, y aquello acabaría en un sistema tan injusto como ingobernable. Desgraciadamente, el tiempo parece haberme dado la razón. Hay 17 sistemas de salud, 17 leyes de ordenación de los servicios sanitarios, 17 calendarios de vacunaciones, 17 tarjetas sanitarias, 17 formas distintas de administrar la financiación que llega del Estado, 17 procedimientos distintos de recluta de personal (aunque el sistema MIR se respeta de momento) y un largo etcétera de despropósitos.

 

La inmensa mayoría de los presidentes autonómicos aceptó entusiasmada el regalo de un servicio que, en muchos casos, igualaba o superaba el presupuesto de la entidad receptora, y el disparate se consumó. Trocear un sistema sanitario como el español, tan eficiente y de tanta calidad, es uno de los mayores pecados políticos de la democracia y sus consecuencias serán nefastas. Pero el intento privatizador persevera en diversos frentes. Estos días, ha trascendido que el Gobierno catalán de CiU (derecha nacionalista) tiene un plan para trocear más la sanidad pública, abriéndola al capital privado. Los argumentos, de un cinismo insuperable, son los habituales (poca flexibilidad en la gestión, rigidez en las contrataciones, modelo agotado, exceso de burocracia, etcétera). Es decir, las conocidas pamemas del ultraliberalismo político-financiero, que ha provocado la crisis. Hasta llegar a la conclusión: «El Instituto Catalán de la Salud es ingobernable». A los que conocimos el Instituto Nacional de la Salud perfectamente gobernable, sostenible y eficiente nos sorprende que alguien quiera vendernos esta mercancía ideológica averiada de la ingobernabilidad sin ruborizarse. Por cierto, aquel Instituto Nacional de la Salud también atendía los servicios sanitarios de la población catalana sin tantos agobios. La propuesta de CiU se produce en un momento político delicado. A un mes de las elecciones generales, en las que se da por seguro ganador a un partido sin programa a la vista, y ante la amenaza de una huelga del personal sanitario en Cataluña. Tiempos difíciles.

Valentí Pich Presidente del Consejo General de Economistas de España.....«Esta crisis se estudiará en los libros de historia»

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«El nuevo Gobierno que salga del 20-N subirá de forma inmediata el IVA y los impuestos sobre las gasolinas y el alcohol
Valentí Pich Rosell (Barcelona, 1953), economista y auditor de cuentas, es el presidente del Consejo General de Economistas de España. Especializado en asesoría legal, tributaria y auditoría, Pich participó esta semana en Gijón en el VIII congreso anual de Abante Auditores.
-¿La crisis económica es tan grave como se dice?
-Hay mucha información que nos asegura que la situación económica y social española, europea e internacional es muy grave. Lo que parece seguro es que esta crisis se estudiará en los libros de historia en el futuro.