Si los que deciden la legalidad son el Estado – Administración General – y el Principado – Consejería de Sanidad -, no es necesario esperar mucho entonces el poder legislativo – Junta General – ¿de qué sirve?

Debate en torno al futuro del Hospital de Arriondas
Salud descarta aplicar la ley de integración hasta despejar las dudas sobre su legalidad

La Consejería cree posible que la norma sea devuelta a la Junta General si Estado y Principado estiman que el texto es inconstitucional y exigen cambios.

Arriondas, Ramón DÍAZ, para La Nueva España
La Consejería de Salud y Servicios Sanitarios descarta aplicar la ley de integración del Hospital del Oriente hasta que sean definitivamente despejadas las dudas sobre si infringe o no la Constitución española. El departamento que encabeza Ramón Quirós no descarta que la ley de integración, aprobada el pasado mes de febrero en la Junta General, sea finalmente devuelta al Parlamento regional si el Estado y el Principado estiman que el texto es inconstitucional y reclaman cambios en su articulado.

José María González Gancedo, secretario general técnico de la Consejería de Salud y patrono de la Fundación pública Grande Covián, que gestiona el hospital, expresó ayer su convencimiento de que el Principado no debe aplicar una ley sobre cuya legalidad existen «dudas razonables», tal como ha señalado el Defensor del Pueblo haciéndose eco de las quejas de un grupo de trabajadores sanitarios asturianos. González Gancedo defendió que la decisión del Ministerio de Política Territorial de crear una comisión bilateral con el Principado para examinar el texto de la ley y comprobar su posible inconstitucionalidad es «el camino correcto», un «proceso regulado» que persigue «resolver las dudas» y, si es posible, «evitar un recurso ante el Tribunal Constitucional».

González Gancedo recordó que la Consejería había advertido desde el primer momento de los riesgos, «sobre todo para los trabajadores», de una ley «no ortodoxa», que propone convertir la plantilla del hospital en «personal propio» del Sespa. El patrono del Grande Covián no descartó que la ley sea devuelta a la Junta General para su modificación, si las administraciones central y regional observan indicios de inconstitucionalidad.

Aseguró que «nadie», y menos aún la Consejería, ha puesto «en entredicho la capacidad y la profesionalidad de los trabajadores del Hospital», pero sí el camino elegido por PP e IU, impulsores de la ley de integración, para que adquieran la condición de personal público. Según González Gancedo, la actual situación, con la ley de integración en el aire, «no debería afectar al funcionamiento del Hospital», cuyo clima laboral «ha mejorado» en los últimos meses. Llamó a los trabajadores a centrarse en «ejercer su trabajo, que lo hacen y muy bien», y envió un «mensaje de tranquilidad» a los usuarios del Grande Covián. «Queremos que ese hospital funcione, que se atienda adecuadamente al paciente y que haya un buen clima laboral», señaló.

González Gancedo expresó su opinión sobre la ley de integración: «Dependiendo de cómo se aplique, puede ser anticonstitucional». Abogó por «buscar un arreglo» y por alejarse de las «posiciones dogmáticas», en velada referencia al convencimiento de PP e IU de que la ley de integración es el único camino adecuado para el Hospital, cuando, a su juicio, surgió «para resolver un conflicto laboral».