El recorte de los empleados públicos que propondrá el gobierno autonómico a la Junta “afectará a todos los conceptos retributivos de las nóminas” y su aprobación exige una ley que modifique los vigentes presupuestos del Principado

La pelota, en cuanto a nuestro recorte en los complementos, en el tejado del PP e IU.

Asturias subirá el tramo autonómico del IRPF para rentas de más de 100.000 euros

RTPA, 02-06-2010

El Gobierno asturiano aplicará una subida del tramo autonómico del IRPF para las rentas superiores a 100.000 euros y no descarta la posibilidad de aplicar "retoques" a otros tributos que también recauda la administración autonómica como los de sucesiones o transmisiones

Esta medida forma parte del plan de ajuste en el que trabajan las consejerías de Economía y de Administraciones Públicas del Gobierno regional, que prevé recortar el gasto público del Principado en 210 millones de euros a lo largo de este ejercicio, 60 más de los previstos inicialmente.

Este anuncio lo ha realizado hoy la portavoz del Ejecutivo autonómico, Ana Rosa Migoya, al término de la reunión del Consejo de Gobierno en la que se han abordado además los criterios para aplicar en el Principado el recorte salarial decretado por la administración central para todos los empleados públicos.

Dicho recorte, que obligará a la aprobación de una ley que modifique los vigentes presupuestos del Principado, se aplicará "de forma equitativa y escalonada" de forma que se vean menos afectados los trabajadores con salarios inferiores, pero garantizando el cumplimiento del decreto del Gobierno central que obliga a reducir en un 5 por ciento el coste total de las retribuciones de los empleados públicos.

Según Migoya, la decisión de que el plan de ajuste no se limite a actuar sobre los gastos del Principado, sino también sobre su política tributaria, ha sido trasladada hoy al Gobierno por su presidente, Vicente Álvarez Areces, y ha subrayado la "justicia" de que "todo el mundo contribuya" a superar las consecuencias de la actual crisis económica.

No obstante, la titular de Administraciones Públicas ha considerado que es demasiado prematuro todavía disponer de una estimación sobre los ingresos que generará para el Principado el incremento tributario en el tramo autonómico del IRPF.

El Gobierno regional irá cerrando además a lo largo del mes de junio la determinación de las partidas que se verán afectadas por la reducción del gasto al disponer de "un margen más holgado" que en el caso del recorte salarial a los empleados públicos, que debe empezar a aplicarse a partir de la nómina del mes de junio.

El recorte afectará a todos los conceptos retributivos de las nóminas, al margen de las retribuciones básicas y la antigüedad donde el descenso se aplicará directamente según los criterios del Gobierno central, y así se reflejará en el proyecto de ley que el Ejecutivo remitirá al Parlamento en las próximas semanas.

El criterio de aplicar una bajada salarial "equitativa y escalonada" se utilizará también a la hora de determinar el recorte que sufrirá el personal laboral de la administración autonómica y se intentará pactar con los sindicatos a pesar de que inicialmente el Gobierno central había planteado una bajada lineal del 5 por ciento para este colectivo en todos los conceptos tributarios.

Respecto a las críticas de IU al recorte aprobado por la administración central para reducir el déficit público, la portavoz del Gobierno regional ha advertido de que "discutir si gusta más o menos no lleva a ningún sitio" dado que el decreto que lo regula "es legislación básica y hay que aplicarlo".

Migoya ha pedido además "no anticipar acontecimientos" en cuanto a la posibilidad de que los cuatro diputados de IU-BA-LV, que gobierna en coalición con el PSOE, sumaran sus votos a los del PP para impedir la aprobación del proyecto de ley en la Cámara.

En el caso de los altos cargos de la administración autonómica, el recorte salarial será del 9 por ciento para el presidente y los consejeros, y del 8 por ciento para los directores generales dado que sus ingresos están equiparados a los de subsecretarios y directores generales de la administración central, respectivamente, pero sin el complemento de productividad estatal.