Primera reunión de la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo

El diálogo político para la reforma de las pensiones arranca sin ningún acuerdo

El PSOE anunció un acercamiento para ampliar a 20 años el cálculo del retiro y luego tuvo que desdecirse

Madrid / Oviedo, Agencias / M. M., en La Nueva España
La primera reunión de la Comisión parlamentaria Pacto de Toledo no sólo terminó sin consenso, sino que se saldó con bronca entre los partidos políticos y con pocos visos de que pueda haber acuerdo en breve plazo de tiempo. La portavoz del PSOE en esa comisión, Isabel López i Chamosa, aseguró antes de la reunión que existía una generalizada opinión favorable a la opción de ampliar el cómputo para el cálculo de las pensiones de 15 a 20 años. Eso fue por la mañana. Por la tarde, y ante los reproches de la oposición, se desdijo y admitió que por ahora no existe acuerdo ni en eso ni en ningún otro aspecto, y que no se prevé que lo haya pronto.

El PP acudió a la convocatoria para escuchar las propuestas del Ejecutivo, según explicó su representante, Tomás Burgos. Pero también para hacer una advertencia: la congelación de las pensiones en 2011 supondrá un «escollo importante» para la reedición del Pacto de Toledo porque implica un incumplimiento del acuerdo vigente. Aunque el principal partido de la oposición mostró su disposición a negociar, también incidió en sus reticencias a retrasar la edad de jubilación de 65 a 67 años.

El portavoz de IU, el asturiano Gaspar Llamazares, que se opone a la ampliación del cómputo, advirtió de que este asunto ni siquiera se puso sobre la mesa y que las presiones y las prisas a las que está sometido el Gobierno perjudicarán el debate y la negociación. La reunión de ayer se centró en la separación de fuentes y la revalorización de las pensiones, recomendaciones pendientes desde el documento del Pacto de Toledo de 2003.

La cita acabó sin acuerdo, pero con múltiples reacciones. El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, ya había advertido por la mañana de que un desacuerdo sobre las pensiones «sería como tirar piedras contra nuestro propio tejado», porque deterioraría la economía «de forma incomprensible». El Gobierno previene así, como ya han hecho los expertos, que frenar esta reforma generaría nuevos episodios de desconfianza en los mercados financieros.

El ex director de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno y ahora presidente de la patronal de las grandes constructoras (Seopan), David Taguas, también se refirió al Pacto de Toledo para defender que no se negocie la reforma de las pensiones con los sindicatos. Y criticó a quienes se oponen a reformar el actual sistema, porque intentan trasladar el problema al futuro para hacerlo recaer en las próximas generaciones, afirmó.

Un modelo con cambios en cada década

El PP advierte de que la congelación de las prestaciones para 2011 será un «escollo importante» en la negociación

Oviedo, M. M., en La Nueva España
La ampliación de los años para el cómputo de las pensiones no es una medida nueva. Ya se hizo en otras dos ocasiones. La primera, en 1985, cuando pasó de 2 a 8 años, y la segunda, en 1997, cuando se elevó hasta los 15 actuales. También se incrementó el período mínimo de cotización para acceder a una pensión contributiva, que era de 10 años y se elevó hasta los 15 aún vigentes.

El actual debate sobre la reforma de las pensiones contributivas se sostiene fundamentalmente en la evolución de la pirámide demográfica, que hace temer que dentro de un par de décadas haya más pensionistas que trabajadores que coticen para sostener el sistema.

A principios de esta década se calculaba que un 16% de la población eran pensionistas, mientras que un 70% eran trabajadores. Las estimaciones de los expertos apuntan a que en 2030 los pensionistas representarán un 36% del conjunto de la población, pero apenas habrá un 52% de personas que trabajen y coticen.

Otros expertos, contrarios a ampliar el período de cotización y el retraso de la jubilación, aseguran que todas las proyecciones anteriores han sido erróneas.

Más años de vida laboral y prestaciones menos generosas

La reforma camina hacia el retraso de la edad de jubilación y el endurecimiento del cálculo económico

Oviedo, M. M., en La Nueva España
La complejidad de la reforma del sistema de pensiones parte ya de los diferentes criterios que se plantean para actuar. Mientras los expertos y la mayor parte de partidos políticos se inclinan por incidir sobre el gasto que suponen para las arcas de la Seguridad Social, otros agentes, como los sindicatos, defienden que se actúe sobre la vía correspondiente a los ingresos. UGT y CC OO han anunciado que habrá nuevas movilizaciones.

Los gastos.

Los expertos parten de la base de que la baja demografía conllevará a medio plazo que cada vez haya menos cotizantes a la Seguridad Social y más pensionistas que cobren de ella, con lo que el coste de estas prestaciones se duplicará en un plazo de aproximadamente 15 años, hasta situarse en el entorno del 15% del producto interior bruto (PIB). Para actuar sobre el gasto, hay varias fórmulas posibles: retrasar la edad de jubilación de manera obligatoria (el Gobierno plantea que pase de 65 a 67 años la edad mínima legal) o voluntaria (mediante incentivos), limitar las jubilaciones anticipadas, ampliar el período de cómputo (ahora de 15 años), endurecer el acceso a la pensión íntegra (ahora se exigen 35 años de cotización) o reconsiderar la revalorización automática de las pensiones con arreglo a la inflación. En suma, medidas que rebajan la generosidad del sistema.

Los ingresos.

Los sindicatos se oponen a actuar sólo por la vía del gasto porque entienden que en la práctica esto se traduce en un claro recorte y exigen que se intervenga también en los ingresos a la caja de la Seguridad Social. ¿Cómo? Para empezar, aumentando las cotizaciones, algo que rechazan la patronal y la mayoría de los partidos porque implica aumentar los costes laborales. Un amplio sector de expertos desaconseja esa vía por el impacto negativo que puede tener en el empleo, más en una situación de crisis. Los sindicatos demandan también que los complementos para llegar a la pensión mínima se carguen al Presupuesto del Estado y no a la caja de la Seguridad Social. Algunos especialistas sugieren financiar las pensiones vía impuestos en lugar de las cotizaciones que aportan empresas y trabajadores.