Quien hace la trampa, hace la ley . para burlar sentencias firmes

Hemos elegido este antetítulo para esta noticia por la “similitud” de fondo que tiene con este artículo del blog de Sevach que recomendamos leer … VER DICHO ARTICULO

PSOE e IU tumban las enmiendas a la totalidad de PP y BA a la reforma de la función pública

La oposición señala que el proyecto es inconstitucional y afirman que el Gobierno pretende eludir sentencias

Foto: La Consejera y el Director Regional de Función Pública artífices de la norma…

OVIEDO, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) ha rechazado con los votos de PSOE e IU-Verdes sendas enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Grupo Mixto (Bloque por Asturies) al proyecto de ley del Principado de Astruias de octava modificación de la Ley del Principado de Asturias de Ordenación de la Función Pública de la Administración del Principado de Asturias.

El diputado del PP, Ramón García Cañal, ha defendido su enmienda de totalidad señalando que el proyecto carece de legitimidad, es arbitrario y contrario a los principios del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). "Pretende continuar con la política de desprofesionalización de los empleados públicos seguida en estos años y reiteradamente rechazada por los tribunales", ha comentado.

Además, ha añadido que no cuenta con el apoyo de los representantes de los trabajadores y que demuestra la "incapacidad" del Gobierno para acometer la regulación general que necesita la función pública en el Principado de Asturias. García Cañal ha advertido que el proyecto establece una enumeración de puestos que serán de libre designación, "condicionando a futuros gobiernos la organización de la estructura de su administración".

Ha considerado además que es "inconstitucional" porque "cercena los principios de mérito y capacidad que deben presidir no sólo el primer acceso a la Administración Pública, sino las actuaciones a lo largo de la carrera profesional de todos los empleados públicos". Por último, considera que el proyecto se ha presentado "a la trágala" y sin el apoyo de ningún sindicato representante de los trabajadores.

El diputado de Bloque por Asturies (BA) ha pedido el rechazo ante la modificación al entender que sólo persigue "legalizar por la vía rápida el sistema dedocrático y clientelista de nombramientos anulado por cuatro sentencias consecutivas del Tribunal Superior de Justicia de Asturias".

Sería incomprensible que el Parlamento asturiano permitiese esta reforma, que sólo persigue dar luz verde a un sistema de nombramientos en el que "la fidelidad política" se antepone a la capacidad y que se caracteriza por el "nepotismo" y la "corrupción". Bloque por Asturies considera que el proyecto es "inconstitucional" y que su única finalidad es eludir las sentencias citadas. "El Principado está creando inseguridad jurídica, generando una situación de caos en la función pública asturiano", ha comentado.

ESTABILIDAD

Sin embargo, la consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya, ha rechazado los argumentos de la oposición y ha defendido la necesidad de la modificación parcial porque permitirá adaptarse a los nuevos criterios fijados por el Estatuto Básico del Empleado Público, además de dotar de una mayor "estabilidad" y "seguridad jurídica" a los procesos de provisión de puestos de trabajo que, desde 1985 y al igual que todas las administraciones públicas españolas, ha utilizado la Administración del Principado de Asturias.

Migoya ha explicado que la modificación se traduce en "una regulación más precisa de los estos sistemas de provisión de puestos de trabajo a ocupar por funcionarios de carrera al servicio del Principado de Asturias". Se regulan así los dos procedimientos de provisión de puestos de trabajo destinados a esos funcionarios, fijando dos sistemas: "concurso" y "libre designación". Según Migoya, este procedimiento "se restringe a determinados puestos de trabajo donde concurran situaciones de especial responsabilidad y sobre la base de criterios de eficacia y eficiencia"

De hecho, ha comentado que la inmensa mayoría de las comunidades autónomas han regulado este aspecto con los mismos criterios que en Asturias, en referencia a Galicia, Aragón, Baleares, Andalucía, Castilla-León, Murcia, Cataluña, País Vasco, Extremadura y Valencia.

La diputada del PSOE, Servanda García, ha rechazado la intención de la oposición de presentar enmiendas a la totalidad. Así, ha animado a los grupos de PP y BA a que en las enmiendas parciales contribuyan a "mejorar" en lo posible. "Pero lo que no entiendo es que no quieran permitir que el Gobierno haga uso de su derecho de modificar una ley de 1985", ha apuntado.

Mientras, la diputada de IU-Verdes, Diana Camafeita ha defendido la modificación, explicando que es "razonable" y "sensato" regular el sistema de libre designación. Ha acusado al PP y a BA de utilizar argumentos "peligrosos" y ha negado que se vaya a regular el "dedazo por ley". Así, ha señalado que las críticas de la oposición son "groseras" y "antiproducentes".