La dependencia, una ley 'low-cost'

Sólo 15.047 de los más de 40.000 asturianos que solicitaron ayuda desde 2007 la reciben. La mayoría son pagas al cuidador familiar

El Comercio. 22.04.11 - CHELO TUYA | GIJÓN.

Foto: Dos mujeres, una de ellas ayudada por un bastón, pasean juntas por los soportales de una calle avilesina. :: MARIETA

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BALANCE OFICIAL

44.617 Cifra de asturianos que solicitaron ayudas a la dependencia desde el 23 de abril de 2007.

20.880 Cifra de asturianos que, a 1 de abril, tenían derecho a recibir una ayuda a la dependencia.

5.803 Cifra de asturianos que, a 1 de abril, tenían derecho a una ayuda, pero no la recibían.

11.813 Beneficiarios de más de 65 años. Hasta 64 años, 2.898. Menores sólo hay 40.

7.701 Cifra de beneficiarios que optaron por pagar a un familiar para que les cuide en casa.

Cumple cuatro años, pero es una ley geriátrica. Nació para promocionar la autonomía

personal, pero se ha centrado en la dependencia. Se gestó como el motor de los servicios especializados, pero se ha convertido en un mero reparto de pagas a cuidadores familiares. Se la suponía dotada de millones de euros, pero ha resultado ’low-cost’. Es la Ley para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas con Dependencia. Es la Ley de la Dependencia y este sábado, día 23, celebra su cuarto aniversario.

Ese día, pero de 2007, Asturias era la primera comunidad autónoma en poner en marcha real una ley que, de forma oficial, había entrado en vigor el 1 de enero. Las expectativas de los colectivos de discapacidad eran enormes, ya que la norma se presentó como la clave para convertir en derecho de obligado cumplimiento una atención que, hasta ese momento, era fruto del esfuerzo de las familias y la voluntad de las instituciones.

Decía (y dice) la ley que las personas con dependencia, en cualquiera de sus tres grados, accederían de forma escalonada al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), un sistema equiparado al sanitario y al educativo. Es decir, que los servicios serían universales, la autonomía sería la prioridad y los beneficiarios no pagarían más de un tercio del coste de la atención.

Por no hablar de que multiplicaría los puestos de trabajo dentro de la atención especializada: ayuda a domicilio, centros de día y residencias. Sin olvidar al asistente personal. De hecho, en la norma se dice claramente que la paga para que un familiar cuide del dependiente será algo «excepcional».

Con esa tarjeta de presentación, 44.617 asturianos, 4 de cada 100 habitantes del Principado, solicitaron ser valorados. Sin embargo, la mosca tras la oreja que tenían muchos de los aspirantes -la ley se ponía en marcha con cuatro meses de retraso- pronto se confirmó.

Las previsiones hablaban de que en Asturias había 6.000 grandes dependientes. En cuatro años son 10.525 los que ya tienen ese certificado, a los que se suman otros 7.241 con dependencia severa. Es decir, los que entrarían en el SAAD.

Cuatro años después, los servicios son, realmente, lo «excepcional». En Asturias hay 7.701 familiares que cobran por atender, en su casa, a un pariente con dependencia. De acuerdo a los datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), la media recibe entre 477 y 287 euros al mes, una cantidad muy lejana de los 733 que, de media, debe pagar el Principado a los que optan por un servicio.

Falta de financiación

Porque si el colapso en la atención fue la primera señala de alarma, la falta de financiación de la ley fue rápidamente protagonista. Desde el Principado, como otras comunidades, se acusó al Estado de no aportar lo que debe, ya que es Asturias la que soporta 8 de cada 10 euros que supone la atención a las personas dependientes. En estos cuatro años, la inversión regional superó los 1.200 millones. La estatal no llegó a 130.

Mientras las administraciones se pelean, los beneficiarios son llamados a pagar. A ellos se les recuerda que la ley decía (y dice) que deben aportar la tercera parte de los servicios y, aunque el Principado reconoce que de los 2.000 euros que cuesta una plaza residencial para un gran dependiente, el Estado sólo aporta 260, al usuario le reclama el 84% de sus ingresos. Por ese motivo, desde la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales -el ’pepito grillo’ de la ley, el ente que la evalúa cada semestre- se califica a la norma de «low-cost», porque las comunidades, entre ellas Asturias, «han apostado por las pagas a familiares, que son mucho más económicas y, cuando dan servicios, no nos dicen con qué intensidad lo hacen». Es decir, que salvo a los usuarios de residencias, casi 3.400, de los demás no se sabe «cuántas horas de ayuda a domicilio reciben, pero sabemos que la media es de dos al día, algo absolutamente insuficiente», asegura el presidente de la entidad, José Manuel Ramírez.

«Una ley que no se cumple»

El resumen de estos cuatro años es que estamos ante una ley «que no se cumple». El Principado mantiene a «5.803 asturianos en el limbo», en referencia a los que ya tienen derecho a una prestación, pero aún no la reciben. Tampoco se respetan los plazos, fijados en seis meses, pero hoy aún se tarda más de un año en obtener respuesta y, sobre todo, «está cundiendo la desesperanza entre los beneficiarios», lamenta Ramírez quien destaca que, incluso, «el Principado es de las comunidades que mejor se están portando». El 23 de abril, la Ley de la Dependencia cumple años en Asturias. Pero no habrá celebración.