Expertos sanitarios proponen reducir servicios en lugar de implantar el copago

Plantean quitar prestaciones vinculadas a dolencias menores y adaptar el gasto del sistema de salud a la situación económica

Foto: Una mujer jubilada adquiere medicamentos en una farmacia. :: EFE

El Comercio. 21.05.11 -GIJÓN.

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 En vez de extender el copago sanitario y cobrar, por ejemplo, por ir a urgencias o al médico especialista, es mejor quitar servicios. Sobre todo, «en prestaciones vinculadas a patologías menores o cuestiones de confortabilidad y de hostelería» sanitaria... Es lo que plantean un centenar de expertos sanitarios para garantizar la supervivencia financiera de la sanidad pública española. Se trata de una apuesta novedosa pero también algo polémica ya que habla de retirar servicios en uso, una alternativa que hasta el momento muy pocos han llegado a plantear abiertamente.

La única comunidad que ha dado un paso en este sentido y que ha anunciado y aplicado recortes sanitarios de calado es Cataluña, donde la contestación social no se ha hecho esperar. Diversos colectivos ciudadanos y sindicatos ya han sacado la protesta a la calle, con acampada incluida.

La propuesta de reducir prestaciones y adaptar el gasto sanitario a la situación económica del país proviene de un nutrido grupo de especialistas convocados por la Fundación Bamberg con motivo de celebrarse el 25 aniversario de la Ley General de Sanidad. Entre los participantes en el estudio -que contó con la colaboración de más de un centenar de profesionales- hay varios exministros del PSOE y del PP. Están, por ejemplo, Bernat Soria y Julián García Vargas, que ocuparon la cartera sanitaria en gobiernos socialistas. También Ana Pastor, que ejerció de ministra con José María Aznar como presidente.

La representación de Asturias pasa por el actual gerente del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), Mario González, y por quien fue consejero de Salud del Principado entre 1999 y 2003, Francisco Sevilla, actualmente consejero de Salud de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea.

La conclusión de los expertos es clara: el copago no permitiría solucionar los problemas financieros de la sanidad pública. Lo rechazan de forma rotunda, incluso «como elemento disuasorio». Creen que «el Estado tiene que determinar cuál es el alcance de las prestaciones que asegura a los ciudadanos». Por ello, consideran que la mejor apuesta es «optar por la reducción selectiva de la cartera de servicios antes que por la implantación de copago». Lo que sí ven con buenos ojos es una propuesta de la que lleva años hablando el consejero asturiano de Salud, Ramón Quirós, y es que los jubilados de pensiones altas comiencen a pagar por los medicamentos que consumen.

El 90% se paga con impuestos

Los especialistas en gestión sanitaria parten de un hecho: «El gasto sanitario no puede seguir subiendo como lo hizo en estos años». Y no lo puede hacer porque los ingresos económicos sobre los que se sustenta el sistema de salud, la recaudación vía impuestos, «ha caído». El 90% de la factura sanitaria se costea con tasas públicas, recuerdan. De seguir a este ritmo, «dentro de 10 años el gasto sanitario se podría duplicar». En Asturias, nos podríamos situar en un gasto sanitario de 2.800 millones de euros al año, una auténtica barbaridad. Además, de continuar por el mismo camino existe el riesgo de que se comience a resentir la calidad y la equidad del sistema nacional de salud, sus sustentos básicos.

De ahí que hablen de adaptar la sanidad a la situación financiera del país. Plantean, incluso, una fórmula empleada en otros países de la UE, entre ellos, Holanda, que revisa de forma anual su cartera básica de servicios sanitarios. «Hay que ajustar las prestaciones a las disponibilidades financieras, identificando cuáles son las realmente necesarias y cuáles no», dicen.

El grupo convocado por la Fundación Bamberg no desvela qué quitar, pero da pistas al referirse a «las prestaciones no imprescindibles para la salud, las que se refieran a patologías menores y otras como confortabilidad, hostelería especial, etcétera, que no estén cubiertas por el Estado».

Asimismo, plantean crear «un seguro complementario» que sería pagado por los propios ciudadanos. «La financiación de las prestaciones no aseguradas podrán contratarse mediante un seguro complementario al seguro cubierto por el Estado por las personas que lo deseen», abundan.