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SERVICIOS

400 grandes dependientes renunciaron desde agosto a la ayuda a domicilio al no poder pagarla

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Los afectados por la reclamación del copago con carácter retroactivo no pagarán hasta que Bienestar no resuelva las quejas presentadas 

 Gema Mariño ayuda a trasladar a su padre, enfermo de alzhéimer. Han renunciado a la ayuda a domicilio tras reclamarles el Principado 5.000 euros en concepto de copago. :: MARIETA

 El Comercio. 02.04.14 - 02:43 - CHELO TUYA | GIJÓN.

Más de 400 grandes dependientes asturianos han renunciado, desde agosto, al servicio de ayuda a domicilio que, como beneficiarios de la Ley de la Dependencia, habían elegido. La mayoría lo ha hecho por no poder pagar ni las nuevas tarifas impuestas por el Gobierno central -que pese a la bonificación del Principado suponen una subida del 200%- ni, sobre todo, por no poder afrontar la deuda que les reclama el Ejecutivo asturiano.

Tal y como adelantó EL COMERCIO, desde febrero la Consejería de Bienestar Social y Vivienda está remitiendo una carta a los más de 1.800 usuarios del servicio, el que ayuda en su casa a personas muy dependientes que necesitan apoyo para las tareas más básicas de la vida diaria. Es decir, para levantarse, asearse, alimentarse o utilizar aseo.

En esas misivas, el departamento que dirige Esther Díaz les recuerda que deben abonar el servicio desde julio pasado -cuando Bienestar suspendió unilateralmente el cobro, hasta decidir qué copago aplicaba-, pero no al precio que tenían fijado hace ocho meses, sino a una nueva tarifa, que en algunos casos triplica a la anterior.

La «cascada de renuncias» al servicio por este hecho de la que alertó la directora de la antigua Escuela de Trabajo Social de Gijón, María José Capellín, encuentra respaldo en las cifras que maneja el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). Si el 31 de agosto del año pasado eran 2.246 los asturianos que habían optado al servicio de ayuda a domicilio con cargo a la Ley de la Dependencia, a finales de febrero eran 1.814.

Hasta 5.000 euros de deuda

Son 432 expedientes menos que se traducen en otros tantos usuarios que han desistido a la ayuda a que tienen derecho con cargo a la Ley de la Dependencia. Así lo explicaron a este periódico afectadas como Mercedes Vieites, usuaria de silla de ruedas, con dictamen de dependencia severa, quien preguntaba: «¿Dónde está mi ayuda de la Ley de la Dependencia? No tengo ninguna».

Ella fue la primera en desvelar que el Bienestar Social le reclamaba casi 3.000 euros en concepto de atrasos y copago, una cifra que la llevó «a anular inmediatamente el servicio». Esa decisión se traduce en que, desde el 4 de marzo, ella se arrastra de la cama a la silla de ruedas, se cuelga en la grúa que la ayuda a asearse y depende, para todo, de su madre nonagenaria.

También renunció al servicio Gema Mariño, hija de un enfermo de alzhéimer en fase avanzada que recibió la misma carta, pero con una deuda «de 5.000 euros. Mis padres no tienen dinero para pagar esa cantidad, por lo que desde el 1 de abril han renunciado a la ayuda de la Ley de la Dependencia».

Ambas han presentado recurso contra la reclamación del Principado y han optado por «no pagar mientras no se resuelva». De hecho, Mariño acudió a los servicios jurídicos de la Asociación Asturiana de Alzhéimer, donde le aconsejaron «que ingrese en una cuenta el dinero que debería haber pagado en estos meses que no nos cobraron, de acuerdo a la tarifa de julio. De lo demás, que me olvide».

Comparecencia en la Junta

La posición de ambas es respaldada por el Colegio Profesional de Trabajo Social, cuyos representantes tendrán hoy una reunión con la consejera de Bienestar Social y Vivienda. Ella ha reconocido que el retraso en el cobro del copago «es imputable» al propio Principado, ya que tardó cuatro meses en hacer un decreto propio de copago -tras ser rechazado el que presentó en junio- y otros cuatro en enviar las cartas a los usuarios en los que les reclama el pago. Sin embargo, insiste en que la deuda debe ser abonada, aunque precisa que ofrecerá hasta 24 meses para hacerlo.

Su postura es rechazada por los grupos de la oposición en la Junta General, que han reclamado la comparecencia de la consejera en la sesión plenaria de mañana.

Los enfermos de alzhéimer, sin ayuda hasta julio de 2015

El Comercio. 02.04.14 - 02:41 -

«La situación es cada vez más dramática. A los enfermos de alzhéimer les están diciendo ahora que no tendrán ayuda hasta julio de 2015». Concha Mena, presidenta de la Asociación Asturiana de Familias de Alzheimer (Adafa) asegura que «no sabemos los motivos, pero están llegando las valoraciones de la dependencia a enfermos de alzhéimer y a todos les dicen que su grado es leve, el I, con lo que les explican que no tienen derecho a ayuda hasta julio del año que viene». Según explica, se trata de casos «muy graves, de personas que necesitan ayuda para todo. Las familias se sienten engañadas».

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El pago del salario social a casi 12.000 asturianos ya cuesta 7 millones al mes

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IU calcula que la partida anual de la prestación pasará de 90 millones

Lne. 31.03.2014 | 01:46 Oviedo, J. A. ARDURA 

La factura del salario social sobrepasa por primera vez el listón de los siete millones de euros mensuales para las arcas del Principado. El pago de esta prestación, el último recurso frente a la exclusión social para las familias que hayan agotado las ayudas relacionadas con el desempleo, ha supuesto un desembolso de 7.020.339 euros, un dinero que ha permitido dar cobertura a casi 12.000 asturianos en el pasado mes de febrero, según los datos oficiales de la consejería de Bienestar Social.  El número de titulares de esta prestación, a fecha del pasado 28 de febrero, era de 11.735 aunque el número de beneficiarios es mayor, ya que son numerosas las familias de varios miembros que tienen reconocido el derecho a esta prestación. La extrapolación del último balance cerrado, de febrero pasado, a todo el año sitúa la previsión de coste para todo el ejercicio en, al menos, 80 millones de euros, una cifra que se quedará corta, con casi toda probabilidad, dado que aún hay más de 4.300 solicitudes a la espera de una respuesta por parte de los equipos de valoración de la consejería de Bienestar Social.

El portavoz de IU en la Junta General, Ángel González, cifró entre 90 y 100 millones de euros las necesidades de la partida presupuestaria para el salario social a lo largo de este ejercicio, una cantidad equivalente al 2,5 del presupuesto autonómico, aproximadamente. González fue viceconsejero de Bienestar Social entre 2008 y 2011 con IU, coalición que tuvo un papel determinante, primero en la aprobación de la ley del salario social en Asturias y después en la consideración de crédito ampliable de esa partida, de tal forma que tenga garantizada la disponibilidad de recursos aunque quede corta la asignación económica prevista a principios de año.

El coste del salario social para las arcas regionales ha aumentado de manera progresiva desde su primer año de vigencia, en 2006 pero se disparó desde el inicio de la crisis, en 2008. Si en el primer ejercicio, el presupuesto definitivo quedó en 10,5 millones, en 2010 esa cantidad ya se había triplicado para llegar a los 32,5 millones de euros y el pasado ejercicio el volumen total ya había que multiplicarlo casi por seis al alcanzar los 59 millones de euros.

Pese a estos incrementos, el coste del salario social todavía no ha tocado techo debido a la voluminosa lista de espera: más de cuatro mil ciudadanos a los que una vez les sea reconocida la prestación habrá que pagar los atrasos desde la fecha en que presentaron la solicitud. Las continuas revisiones al alza de la nómina mensual son una prueba clara: en diciembre pasado el importe fue de 6,1 millones, en enero de casi 6,4 millones y en febrero ya superó los 7 millones. El Principado cifra el tiempo de espera para la tramitación del salario social en 10 meses, ya que según sus datos el pasado 28 de febrero se resolvieron solicitudes presentadas el 28 de abril del pasado año. En lo que va de año, Bienestar ha tramitado casi un millar de nuevas altas (981), de las que más de la mitad se contabilizaron en el último mes cerrado, febrero, mientras que también registró 284 bajas.

El salario social, en cifras

-Nómina abonada hasta febrero: 13,3 millones de euros.

-Entrada de solicitudes nuevas en febrero pasado: 443.

-Titulares en nómina: 11.735.

-Solicitudes pendientes: 4.303.

-Nómina mensual: 7.020.339 euros.

El Principado reclama hasta 2.700 euros a grandes dependientes con ayuda a domicilio

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Trabajo Social desvela quejas y renuncias de los usuarios tras aplicarles Bienestar ahora una subida con carácter retroactivo a julio 

 Mercedes Vieites es usuaria de silla de ruedas desde 1989, tras un tumor de médula. :: JOAQUÍN PAÑEDA

 El Comercio. 30.03.14 - 03:01 - CHELO TUYA ctuya@elcomercio.es | GIJÓN

Facturas de hasta 2.700 euros en concepto de atrasos. Precio por hora incrementado un 200%. Servicio recortado un 25%. Esas son las cifras que, en el último mes, marcan a los asturianos con dependencia que utilizan la ayuda a domicilio. Unos números que han hecho que muchos de los 1.814 usuarios actuales hayan decidido renunciar. En sólo un mes, 44, número que los trabajadores sociales dan por seguro se multiplicará en breve. «Ahora mismo, las reclamaciones de los usuarios de ayuda a domicilio están desbordando a los trabajadores», explica la directora de la que fuera Escuela de Trabajo Social, María José Capellín.

Desisten los usuarios del servicio, todos con certificado de dependencia y gran falta de autonomía personal, a seguir contando con ayuda a domicilio porque les están llegando cartas en las que la Consejería de Bienestar Social y Vivienda les informa de que entra en vigor el copago aprobado por el Gobierno central en julio pasado, así como la revisión de su situación.

Un copago que significa, de mano, que el precio por hora será, en el tramo más alto, de 11,25 euros, tarifa muy por encima de los 8 euros que muchos pagaban ahora. Y, sobre todo, muy por encima del que pagaban. Porque la mayoría sólo aportaba una media de 3,5 euros, al disfrutar de exenciones con cargo a la Ley de la Dependencia. Ahora la tarifa será un 200% más alta.

La situación se agrava aún más porque en las misivas que el Principado está haciendo llegar a los usuarios les informa de que ese copago se aplica «con carácter retroactivo». Es decir, que les cobra la diferencia entre lo que pagaban y el nuevo precio «desde el pasado mes de julio». Para muchos, se trata de facturas «de casi 3.000 euros, porque por problemas de gestión, la Consejería de Bienestar Social y Vivienda no les cobra desde julio del año pasado».

Así lo aseguró Capellín, quien habla de «avalancha de recursos. Ya digo que, ahora mismo, lo único que hacen los trabajadores sociales de este área es registrar reclamaciones de los usuarios. Unas reclamaciones que van a colapsar, aún más, la gestión ya saturada de Bienestar».

En su opinión, «no es de recibo que, por su propia incapacidad, la consejería cargue a los usuarios con facturas inasumibles. Si no pudo cobrarles en los últimos meses, es problema de la Administración, no del usuario. Y, sobre todo, lo que es inaceptable es que les diga ahora que les sube el precio desde julio».

Doce meses para pagar

Es decir, «a mitad del partido, el Principado cambia las reglas. Si los usuarios hubieran sabido en julio que el precio subía, quizá ya hubieran renunciado. O no, pero tenían el derecho a decidir. Ahora, de repente les quieren cobrar el doble de lo que ellos pensaban», asegura la profesora de Trabajo Social. Tanto que considera no sólo que «es vergonzoso lo que está haciendo el Principado», sino que plantea que «la consejera debe dimitir».

Desde el departamento que dirige la aludida se insiste en que el Principado sólo está «aplicando la ley», a la que ha incorporado «medidas para reducir el copago fijado por la reformas del Estado». De hecho, explicó que la mayoría de los usuarios «pagarán ahora menos que antes» y que las tarifas más altas «afectan a quienes tienen mayores ingresos económicos», unos ingresos que incluyen, también, el patrimonio de los dependientes.

En ese sentido, los cálculos de la Consejería de Bienestar Social es que la tarifa más alta sea pagada por menos del 10% de los usuarios, mientras que el 24% de los beneficiarios de la Ley de la Dependencia que han optado por el servicio de ayuda a domicilio «no tendrá que pagar».

En cuanto a los retrasos, acumulados desde julio pasado, Bienestar asegura que «habrá doce meses para pagar» y que «se está estudiando cada caso. Atenderemos todas las reclamaciones que se presenten».

«¿Dónde está mi ayuda de la Ley de la Dependencia? No tengo ninguna»

Mercedes Vieites, usuaria de silla de ruedas, que vive con su madre nonagenaria, renuncia a la ayuda a domicilio «al no poder pagarla» 

El Comercio. 30.03.14 - 01:58 - CH. TUYA | GIJÓN.

«Yo sólo hago una pregunta: ¿Dónde está mi ayuda de la Ley de la Dependencia? No tengo ninguna». Mercedes Vieites se confiesa «asombrada» por la deriva que lleva una norma que conoce ya desde antes de su puesta en marcha, en abril de 2007. Porque ella, usuaria de silla de ruedas desde 1989, es directiva de Amdas La Fonte, la Asociación de Mujeres con Discapacidad de Asturias. Una de las que participó en los debates previos.

Siete años después, Mercedes Vieites, Merche, reflexiona: «No sé qué está ocurriendo. Nadie parece saberlo. Ni la trabajadora social con la que hablo. Lo único cierto es que, desde el 4 de marzo, no tengo ayuda a la dependencia». No es que antes tuviera mucha. Su máximo grado de falta de autonomía, el III, sólo le ha servido parar recibir «ayuda para levantarme de la cama, ir al baño, asearme, vestirme... Las actividades básicas de la vida diaria».

Con dos horas al día, de lunes a viernes, de atención de una profesional, Merche ha seguido viviendo en su casa, con la única compañía de su madre, nonagenaria, «aunque los fines de semana hacemos de canguro de mis nietos, Adrián y Estela». La ayuda a domicilio le sirvió para seguir en su casa y «ponerme en marcha cada mañana».

Sin embargo, desde el pasado 4 de marzo, Merche se ’pone en marcha’ sola. Lo que significa arrastrarse de la cama a la silla, colgarse de la grúa para ducharse y utilizar el baño, «hasta usar un espejo para limpiarme». El 29 de febrero recibió una carta. «Me decían que, de pagar 3,5 euros a la hora, pasan a cobrarme 11,25 euros. Sin descuento. Antes, los 3,5 euros que pagaba era porque me aplicaban un copago del 43,86%, sobre el coste real: 8 euros».

Lo que peor lleva es que, en la carta, se explica que la subida se aplica «con carácter retroactivo al mes de julio pasado». Eso significa que tendrá que pagar al Principado «2.700 euros o más», pues el Principado dejó de cobrar la ayuda desde julio pasado. Merce considera «inasumible» la deuda. No sólo para pagar de una vez, sino, explica, «porque no puedo pagar atrasos y mensualidad. Para mí, más de 200 euros al mes es un desembolso imposible». Por eso, aunque se confiesa agotada. «Me lo tengo que hacer yo todo sola y nadie sabe lo que es». Ha renunciado a la ayuda «al no poder pagarla».

El Sanatorio Adaro – nuestro centro complementario en el área VIII- verá ligeramente incrementado su presupuesto para asumir pacientes de la especialidad de oftalmología…

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El Servicio de Salud vuelve a congelar el presupuesto de los centros concertados

El Sespa pide a esta red «el mismo esfuerzo que a la pública» e insta a sus hospitales a que operen más con el mismo dinero

Foto.- El gerente del Sespa, en el centro, en la firma de los convenios con los hospitales concertados.

22.03.2014 - LAURA FONSECA, OVIEDO, en El Comercio.

Hacer más operaciones, más consultas médicas y más pruebas diagnósticas, pero con el mismo dinero. Los centros hospita

 

... (... continúa)

La receta electrónica ya está en el área VII, luego nos tocará a nosotros…

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Sanidad implanta la receta electrónica en la comarca para agilizar las consultas

El nuevo sistema permitirá que los enfermos crónicos sólo tengan que ir a los centros de salud cada seis meses

Foto.- El médico José Manuel Fernández entrega una receta electrónica a José Antonio Monasterio.

Mieres del Camino, David MONTAÑÉS, en La Nueva España.

La receta electrónica ya ha llegado a la comarca del Caudal. El centro de salud Mieres-Sur comenzó

 

... (... continúa)

Los programas de Servicios Sociales llegan ya a un cuarto de la población de Avilés

La concejala del área destaca que la crisis provoca «la llegada de nuevos perfiles, de familias jóvenes con hijos a su cargo»

19.03.14 - 00:20 -

  Los programas de Servicios Sociales llegan ya a un cuarto de la población de Avilés
El servicio de comida a domicilio de los mayores tiene cada vez más demanda. :: LVA

Con un presupuesto de 5.794.832,66 euros, de los que el 36,49% son aportación municipal y el 63,51% es financiado por el Principado de Asturias, los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Avilés llegaron durante 2013 a algo más del 25% de la población avilesina, según manifestó la concejala del área, Yolanda Alonso, en la presentación de la memoria del servicio. Desde su creación, los Servicios Sociales del Ayuntamiento han ido incrementando su oferta hasta el abanico que gestiona en la actualidad y que explica que casi un cuarto de la población local se relacione con ellos.

Algunos casos pueden resultar evidentes, como son los diferentes mecanismos de ayuda a la dependencia y a los mayores o la atención a las personas que sufren los efectos de la crisis económica. Pero los Servicios Sociales municipales también gestionan las tarjetas de aparcamiento para personas con movilidad reducida, la Escuela de Padres y programas de intervención con la infancia y adolescencia, lo que explica este porcentaje, según explicó Yolanda Alonso. De esa manera, sumando su amplio abanico de programas se alcanza un cuarto de la población avilesina.

Con todo, la ayuda a las personas en dificultades es la cara más visible e identificable de los Servicios Sociales y que, con la crisis económica, ha sufrido un cambio, apuntó Alonso. Así, de un colectivo de usuarios «muy vinculado a situaciones de vulnerabilidad, se ha pasado a otro perfil, con familias jóvenes, que han agotado las prestaciones por desempleo y no disponen de colchón familiar; también atendemos cada vez a más mujeres jóvenes con hijos», comentó la concejala.

Unos nuevos usuarios para los que le resulta «muy difícil» acudir a los Servicios Sociales, pero donde encuentran diferentes ayudas. En total, a lo largo del pasado año, 10.918 personas fueron atendidas por técnicos en las diferentes Unidades de Trabajo Social, concediéndose 5.468 nuevas prestaciones.

Lo más habitual fue información (3.088 casos), aunque la situación de crisis ha provocado un importante aumento de las ayudas económicas. En total, se concedieron 5.468 ayudas por un valor total de 716.160 euros. En este sentido, Yolanda Alonso recordó que, en 2008, esta partida contaba con 80.000 euros, ascendiendo a 258.236 en 2012. «Una evolución que demuestra el esfuerzo municipal para ayudar a las familias que más sufren la crisis», destacó la edil.

Pero no son las únicas líneas de trabajo de los Servicios Sociales, dentro de esa malla tejida para asegurar la cohesión social. «Nos preocupa especialmente la situación de la infancia en riesgo», reconoció Yolanda Alonso a la hora de comentar el trabajo con las familias, un campo donde también se ha producido un crecimiento constante. Así, de las 859 familias con menores atendidas en 2005 se pasó a 1.486 en 2013. El pasado año, 268 familias recibieron algún tipo de ayuda por primera vez. En total, en 2013, 559 menores avilesinos recibieron algún tipo de atención.

En el 41,03% de los casos el trabajo surgió por la negligencia o la sospecha de negligencia en los cuidadores. Pero también hubo un 38,46% de casos donde la intervención surge de la incapacidad de controlar la conducta de los hijos. «Es algo cada vez más frecuente, especialmente entre los adolescentes», aseguró Alonso. En el 7,69% de los casos, los Servicios Sociales llegan al menor por la situación de necesidad de la familia y, en un porcentaje similar, por la existencia de un maltrato emocional. Tan sólo se registraron un 2,56% de intervenciones por maltrato físico y un porcentaje idéntico por el abandono del menor.

Pero el trabajo con la infancia va mucho más allá e incluye, por ejemplo, los 50 talleres desarrollados en los centros educativos de la ciudad para fomentar la participación de los jóvenes y el mantenimiento del Consejo de Infancia y Adolescencia. Servicios Sociales también gestiona el plan local contra el absentismo, con un seguimiento específico de 17 menores en Primaria y 39 en Secundaria.

Punto de encuentro

A ello se une la actividad de proyectos como el refuerzo a 25 alumnos de Primaria en dos centros de la ciudad, las subvenciones a la Escuela de Padres o el programa de apoyo a las familias a la crianza. Yolanda Alonso subrayó como se impulsan nuevas iniciativas como el proyecto para familias monoparentales en Versalles, El Arbolón y el centro de la ciudad.

El apoyo a la infancia incluye otros proyectos como el Punto de Encuentro Familiar que, el pasado año, benefició a 72 familias y 90 menores. Se trata de un espacio atendido por profesionales que busca facilitar el derecho a la visita en las familias separadas garantizando el bienestar del menor y reduciendo los conflictos. Además, también existen diferentes iniciativas para menores en riesgos de exclusión social y que, a lo largo del pasado año, beneficiaron a 76 menores.

Otro gran campo de trabajo es el desarrollo de la Ley de Dependencia que, desde su entrada en vigor en enero de 2007, generó 5.399 solicitud. A lo largo del pasado año, los Servicios Sociales Municipales atendieron 349 nuevas solicitudes, además de realizar 218 revisiones.

Yolanda Alonso destacó la importancia del Servicio de Ayuda a Domicilio, cuyo contrato se ha renovado recientemente. En total, en la ciudad se atienden a 1.159 domicilios. En total, durante 2013 se realizaron 192.839 horas de servicio de asistencia a domicilio, de las que 9.616 se realizaron en días festivos.

«Además de la importancia de mantener a las personas en su medio habitual, este es un campo importante por su influencia en el empleo, especialmente femenino. En el nuevo contrato, se asegura el empleo para 140 personas», destacó Yolanda Alonso.

En este campo se incluyen otros programas como la teleasistencia a domicilio o la Comida a Domicilio que, desde 2011, se ha ido asentado. En la actualidad, llega a 40 personas, con 9 altas el pasado año. De igual manera, otra iniciativa novedosa es el apoyo a los mayores de 85 años que viven solos, con visitas a domicilio para conocer su situación.

Los programas de mayores incluyen otros aspectos, como las ayudas al transporte público, de las que se concedieron 315 durante 2013; además de tramitar plazas para centros de día o residencias de mayores. Así, en 2013 se gestionaron 24 plazas para centros de día, 82 ingresos permanentes en diferentes residencias para mayores y 14 plazas de carácter temporal.

La atención a las personas con discapacidad es otro de los campos de trabajo de Servicios Sociales. Incluye actividades tan diferentes como la revisión de la accesibilidad a los edificios municipales, el convenio para mantener dos taxis accesibles en el municipio o las tarjetas de aparcamiento para personas con movilidad reducida. Actualmente, existen en el concejo 939. El pasado año se concedieron 143 y se renovaron 89. En este campo, la edil destacó sendos convenios con DIFAC y la Federación de Personas Sordas que permiten, por ejemplo, la existencia de un programa de Intérpretes de Lengua de Signos para las personas que así lo soliciten.

No es el único ejemplo de colaboración con asociaciones privadas. Alonso incidió en el esfuerzo municipal para impulsar el «trabajo en red», buscando la colaboración de diferentes asociaciones de la ciudad. Así, el Ayuntamiento concedió el pasado año un total de 23.998 euros a 13 asociaciones diferentes que permitieron impulsar 17 proyectos que incluyen desde aspectos lúdicos a intervenciones sociales propiamente dichas.

Los geriátricos plantean a Sanidad absorber pacientes para descongestionar hospitales

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 El Comercio. 18.03.14 - 00:24 - CHELO TUYA | GIJÓN.

«Sólo la coordinación sociosanitaria salvará al sector», alerta la patronal del gremio, que cifra en 500 euros al día por persona el ahorro para el servicio sanitario 

Foto: :Paulo González, ante la sede de Geriátricos del Principado :: J. PAÑEDA «Si no cambian las cosas, en pocos años la red privada estará en manos de dos o tres grandes empresas multinacionales. Los pequeños centros, cerrarán». Paulo González tiene claro que el sector geriátrico asturiano no pasa por su mejor momento. Al menos, el modelo más habitual en Asturias: de menos de 25 plazas y sin especializar.

Por ello, el presidente de la Asociación de Centros Geriátricos de Asturias (Ascege), la patronal que aglutina a los 25 centros de mayor tamaño de la región, que acumulan la casi totalidad de las 1.869 plazas concertadas con el Principado, respalda las palabras de Jesús Kocina. Tal y como adelantó EL COMERCIO, el médico gijonés asegura que «el 80% de los geriátricos asturianos están en venta», después de cerrar la venta de la mayoría de sus residencias -englobadas en Geriátricos del Principado- al fondo de inversión Magnum. Kocina, que sólo se ha quedado con los centros matrices del emporio, Palacio de Caldones y La Serena, ambos en Gijón, asegura que «cualquier empresario geriátrico asturiano aceptaría una oferta por su centro».

Una aseveración que González comparte: «En venta, están todos. La situación es difícil». Tanto que la entidad sólo ve una solución de futuro para las más de 9.000 plazas privadas, del total de 15.000 abiertas en Asturias, «la coordinación sociosanitaria. Sólo ella salvará al sector, puesto que el modelo actual, el residencial, el de pequeños centros, se ha acabado. No sólo en Asturias, en toda España».

Plan para Faustino Blanco

Por ese motivo, Ascege ha elaborado una propuesta que presentará al consejero de Sanidad, Faustino Blanco, «para poner en marcha la coordinación sociosanitaria en Asturias». Se trata de la extrapolación a la región de las tesis recogidas en el Libro Blanco de la Coordinación Sociosanitaria en España elaborado en 2011 por el entonces Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.

En el documento, que pone sobre la mesa una idea defendida en los últimos diez años por todas las administraciones, plantea Ascege absorber pacientes ingresados en hospitales «que no se encuentren en la fase aguda de la enfermedad». Es decir, trasladar a los geriátricos asturianos «a los pacientes para pasar la convalecencia», con lo que se lograría, asegura Paulo González «tres objetivos: descongestionar los hospitales, mejorar la calidad de la asistencia y ahorrar gastos». Porque, de acuerdo a sus cálculos, la derivación a los centros geriátricos de los enfermos hospitalarios «supone un ahorro importante: pasar de la media de 600 euros al día por persona que supone una cama de hospital a los 100 euros que, esa misma persona, gasta en un geriátrico».

De la construcción a la geriatría

Junto al ahorro, los propietarios de los grandes geriátricos ponen sobre la mesa «la importancia de la atención especializada. En un hospital, nadie da de comer al enfermo; en una residencia, sí. El trato es más personalizado y el enfermo tiene menos desorientación».

De hecho, ese nuevo modelo, el de centros alternativos al hospital, es sólo una parte del plan que presentarán al consejero de Sanidad, «puesto que creemos que las residencias deben abrirse al entorno. Muchas personas que viven solas están mal nutridas o mal medicadas. Si convertimos la residencia en el centro de día, donde pueden ir a comer, a pasar la tarde, a controlar la tensión, no sólo mejoraremos su calidad de vida, sino que aliviaremos la congestión de Primaria».

Además, asegura que el sector «se convertirá en la fuente de empleo para la que está llamado». Incluso ahora, «que no es un buen momento», la geriatría «está dando empleo a un perfil que apenas tiene salida en el mercado: extrabajadores de la construcción».

Mientras esperan la cita con Blanco, Ascege apunta que no apoyará la petición del resto del sector, aglutinado en Unade. Tal y como adelantó este periódico, el resto de geriátricos pide a Bienestar «que suavice la acreditación de centros», para evitar cierres. González cree que «no hay que suavizar, sino incrementar la calidad del servicio».

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El 80% de los geriátricos asturianos, en venta

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 «Con 15.000 plazas estamos como los hoteles», advierte Jesús Kocina. La patronal prevé cierres «si Bienestar no suaviza la norma»

 La entrada de Magnum en Asturias, al comprar tres residencias, desvela la precaria situación del sector

El Comercio. 17.03.14 - 01:42 - CHELO TUYA | GIJÓN

 El geriátrico de Carancos -en plena nacional 634, a su paso por Infiesto- ha pasado a manos del fondo de inversiones Magnum. :: NEL ACEBAL

 LAS CLAVES

 Geriátricos Principado. Creada en 2007 por el médico gijonés Jesús Kocina, ha vendido al fondo de inversión Magnum nueve geriátricos. Dos, en Asturias: Carancos (Infiesto) y Villanueva (Oviedo). Ha reinvertido los beneficios en Visama, empresa de restauración sociosanitaria. Se ha quedado con Caldones y La Serena.

«Estamos como los hoteles: el 80% de los geriátricos de Asturias están en venta. Y, si no lo están de forma directa, sí aceptarían una oferta de compra. De hecho, yo mismo estoy recibiendo ahora propuestas de empresarios que quieren que les compre su establecimiento». La radiografía del sector geriátrico asturiano la hace Jesús Kocina. El médico gijonés sabe de lo que habla, porque acaba de vender la casi totalidad de su empresa, Geriátricos del Principado, al fondo de inversión Magnum Capital Partners. De los once centros que conformaban su empresa, creada en 2007, sólo se ha quedado con dos: Palacio de Caldones y La Serena. Ambos en Gijón. Y, ambos, «por motivos sentimentales: son centros de mi propiedad, a los que tengo mucho cariño y los quiero mantener».

El resto, ubicados tanto en Asturias como en Madrid, Cantabria, Navarra y La Rioja, forman parte ahora de la cartera de Magnum, que tiene en la región ya tres centros. Dos de la red de Geriátricos de Principado -Carancos, en Infiesto, y Villanueva, en Oviedo- y un tercero de Casta Salud, que gestiona una residencia en Langreo con 120 plazas y un centro de día de 30.

Tras la compra de la mayor parte de Geriátricos del Principado, en toda España Magnum es ya propietario de 28 residencias que suman un total de 4.000 camas. Porque, antes de hacerse con las empresas de Kocina y de Casta Salud, se hizo con una importante red de residencias gallegas. De esas 4.000 plazas gestionadas por el fondo de capital riesgo, 300 son asturianas.

Para Kocina, la llegada de Magnum supone «que el sector geriátrico tiene el futuro que todos le augurábamos. Para los 80 trabajadores asturianos que ahora dependen de Magnum, es una garantía de futuro». Un optimismo que no significa «que los propietarios de centros asturianos lo estén pasando bien. Todo lo contrario. Hay muchos que están sufriendo, ya que las familias tienen menos disponibilidad y cuesta mucho llenar las plazas».

3.000 vacías

Porque en Asturias hablar de plazas supone hablar de 15.000 camas geriátricas, de las que 3.238 son públicas. Una oferta «sobredimensionada», cree Kocina, pese a que el Principado lidera las tasas de envejecimiento y discapacidad del país. «Pero la crisis lo ha cambiado todo».

Por eso Kocina repite: «Estamos como los hoteles. Muchas residencias fueron abiertas en el ’boom’ de la construcción y, ahora, es muy difícil amortizarlas. Tras vender a Magnum, muchos del sector han venido a proponerme que compre sus establecimientos, algunos casi a estrenar, pero yo estoy centrado en Visama», explicó, en referencia a la empresa de restauración sanitaria que da servicio, entre otras, a las residencias públicas.

Las palabras de Kocina, que forma parte de la Asociación de Centros Geriátricos de Asturias (Ascege), encuentran eco en la otra patronal del sector, la Unión Asturiana de la Dependencia, que aglutina a 7.683 del total de la red geriátrica privada de la región. Unade es fruto de la unión AARTE (Asociación Asturiana de Residencias de la Tercera Edad) y Asacesema (Asociación Asturiana de Centros y Servicios de Mayores. Es la presidenta de esta última y portavoz de Unade, Ana Gil, quien confirma «la grave situación en que se encuentra el sector».

Con unas 3.000 plazas vacías «debido a que muchas personas han decidido quedarse en casa, al necesitar la pensión de su familiar para vivir», el panorama es «especialmente duro para las pequeñas residencias, que son las que más abundan en Asturias». Se trata de centros de menos de 25 plazas que, «tal y como está ahora la legislación asturiana, con la acreditación impuesta por Bienestar, tienen difícil supervivencia». Se refiere Gil a que ese sello, obligatorio para contar con residentes beneficiarios de la Ley de la Dependencia, «obliga a tener un 70% de personal indefinido y muchas categorías. En un centro pequeño, eso significa la ruina».

«El futuro pasa por centros especializados. La mezcla que hay ahora no funciona»

El Comercio. 17.03.14 - 01:41 - CH. TUYA | GIJÓN.

Las soluciones a la actual situación del panorama geriátrico asturiano, plagado de plazas libres por el descenso de usuarios y residencias en venta o en peligro de cierre, no sólo pasan por la mejora de la situación económica. Para Jesús Kocina, será importante «que las familias recuperen capacidad adquisitiva», pero, también «hay que replantear la oferta». En su opinión, «el futuro pasa por centros especializados: o bien en personas con dependencia, que será la mayor demanda, o en personas con autonomía, pero que quieran vivir en un hotel de mayores».

No obstante, para Asturias ve difícil «la oferta del hotel de mayores, que ya está triunfando en el Mediterráneo y en el Sur, adonde llegan clientes de toda Europa, con buenas pensiones y ganas de disfrutar del buen tiempo». Pero lo que tiene claro es que «la mezcla que hay ahora, con residencias en las que conviven personas muy dependientes con otras autónomas, no funciona».

«Menos de 1.400, imposible»

Como tampoco funcionarán, cree el propietario de Visama, «los centros muy pequeños. Una residencia de menos de 25 plazas es inviable. Al menos, si quiere cumplir con la legalidad. Tendría que cobrar 3.000 euros la plaza, y eso, actualmente, no lo paga nadie».

Es ese aspecto, el de los precios, el que más conflicto genera en el sector. Desde Ascege, que aglutina al mayor número de residencias con plazas concertadas, se ha defendido la necesidad de incrementar el precio que establece el Gobierno regional. «Ahora mismo está en 1.400 euros, una cantidad que sirve para cubrir, muy justo, muy justo, los costes. Y eso si tienes una residencia grande. En una pequeña, ni así».

En su opinión, para que un geriátrico tenga solvencia, el precio de la plaza «no debería bajar de los 1.600 o 1.800 euros», por lo que se muestra rotundo a la hora de asegurar que, «por menos de 1.400 euros, es imposible que el servicio que se ajuste a la legalidad vigente».