Los funcionarios asturianos cobrarán hasta un 15% menos en la paga extra de verano

Los sindicatos regionales temen que el Gobierno amplíe los recortes en los sueldos tomando como ejemplo el tijeretazo en otros países

 Lne.es » Asturias       Oviedo, José Luis SALINAS

 Los funcionarios asturianos, unos 38.000, sufrirán un recorte en su paga extra que en algunos casos podría llegar hasta el 15 por ciento en comparación con los emolumentos que percibieron el año pasado por estas mismas fechas. Además, los sindicatos regionales temen que en los próximos meses pueda haber nuevos recortes, adicionales al 5 por ciento que ya se está aplicando sobre las pagas mensuales, sobre todo después de los nuevos tijeretazos que están aplicando otros países como Portugal, Grecia, Italia o Reino Unido en los sueldos de sus empleados públicos.

 

Tirando de datos, Juan Gavira, portavoz de CSIF, asegura que un funcionario de los del denominado «grupo A» cobró en junio del año pasado (en concepto de sueldo, excluyendo cualquier tipo de mejoras) 1.109 euros, mientras que ahora recibirán 684, lo que supone un recorte del 38 por ciento. Este porcentaje se relajará por los complementos que perciba cada empleado y como máximo llegará al 15 por ciento. En el caso de los del grupo B, su extra pasará de un sueldo de 958 euros a 699. «Ahora», señala Gavira, «tenemos miedo de que el Gobierno tenga la tentación de dar otra vuelta de tuerca a nuestros sueldos. Es un Ejecutivo que no tiene ideas y que va a lo fácil». Y resalta: «Esperamos que los recortes se queden en lo que ya han aplicado».

 

Esta rebaja de las retribuciones responde a los planes del Gobierno nacional de aplicar un recorte de un 5% de media de masa salarial de los funcionarios españoles. Marco García, portavoz de CSI, asegura que entre los empleados hay muchos rumores sobre la posibilidad de que el Ejecutivo socialista aplique una nueva bajada de salarios. «Somos conscientes de que vendrán nuevos recortes, es posible que estén esperando a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para discutirlo y el año que viene intenten un nuevo recorte». García también critica la parálisis en la que asegura está sumergida la Administración regional.

 

Las centrales temen que el Gobierno quiera tomar ejemplo de las medidas que vienen aplicando otros ejecutivos europeos para recortar su gasto público y así cumplir con los objetivos de déficit que ha marcado la Unión Europea (UE). Juan Gavira (CSIF) defiende que hay enormes diferencias entre el funcionariado español y el de países como el caso griego. «En Grecia el hijo de un funcionario tiene derecho a una pensión vitalicia si queda huérfano; aquí, sólo hasta los 22 años», dice.

 

Ante el aumento de los rumores sobre los posibles nuevos recortes, el Ministerio de Economía asegura que «ni ha considerado, ni está considerando, no hay previsión de llevar a cabo un recorte salarial para el personal al servicio de la Administración». A estas declaraciones se aferra Luis Ángel Ardura, portavoz de UGT. El sindicalista asegura que «el compromiso es que las pagas no se van a tocar y que no está en la agenda del Gobierno hacerlo». En la rebaja que ha aprobado el Gobierno no se ha visto afectado el llamado complemento específico (aquel que perciben por el puesto que cada uno viene desempeñando) ni el denominado complemento de destino (por el nivel que ocupa), que no sufren ninguna modificación entre las doce pagas mensuales y las doce extraordinarias.

 

Manuel Nieto, portavoz de la federación de servicios y administraciones públicas de CC OO, aseguró que en diciembre ya hubo un importante recorte en la paga extra que reciben los trabajadores de la Administración y señala que la que se aplicará en junio será idéntica. Aunque reconoce que no hay nada en firme, también señala que la sensación que hay es que pueda haber nuevos recortes salariales. Europa viene aplicando fuertes recortes a su sector público. Así, Portugal acaba de anunciar rebajas en las pagas extraordinarias de sus empleados públicos que llegará hasta el 50%. Gran Bretaña vivió esta semana una fuerte movilización en rechazo a la ampliación de la edad de jubilación de los funcionarios más allá de los 60 años.