Ajustes territoriales: urgencias y frivolidades

EL comercio. 21.08.11

LEOPOLDO TOLIVAR ALAS CATEDRÁTICO DE DERECHO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Quién iba a decir que una propuesta del Gobierno Berlusconi, tan denostado, fuera a mover ríos de tinta en nuestra península e islas adyacentes.

Y tanto cruce de declaraciones entre políticos, sustentado en la reducción municipal y la posible supresión de las diputaciones provinciales, para reducir el dispendio público ante la infatigable crisis financiera. Pero ya que guardo estrecha relación académica y personal con Italia, donde he estado recientemente, me permito realizar alguna aclaración a los datos de prensa que han llegado a nuestro país, por si pudieran ser de utilidad, cotejando las medidas gestadas en Roma con la realidad española.

Italia, que este año ha celebrado el 150 aniversario de su unificación, tiene una vertebración administrativa relativamente similar a la que, a trompicones históricos, nos hemos dado en nuestro país, donde la división provincial, cumpliendo un demorado mandato de la Constitución de 1812, alcanzará en noviembre los 178 otoños. Realizando una comparativa por escalones de poder territorial, el Estado trasalpino cuenta con 20 regiones, lo que es casi lo mismo que nuestras 17 comunidades autónomas más Ceuta y Melilla. Más parecido aún, por no decir idéntico, es el número de municipios, 8.094 frente a nuestros 8.116, pese a la menor superficie del territorio italiano. Y en cuanto a las provincias, sí se aprecia disparidad numérica ya que duplican con creces nuestras 50. Allí existen, al día de hoy y mientras el Parlamento no diga lo contrario, 110.

La propuesta gubernamental aboga por suprimir, o mejor fusionar, aquellas provincias con menos de 300.000 habitantes, salvo que cuenten con una extensión igual o superior a 3.000 kilómetros cuadrados. Ello supondría eliminar realmente 29 demarcaciones y sus consejos provinciales, porque a las 37 entidades con menos de 300.000 pobladores habría que restar las 8 provincias cuyo territorio rebasa los 3.000 kilómetros cuadrados.

El avance de lo que quiere hacerse con los municipios, indica que se busca una nueva división donde desaparezcan todos aquellos que no lleguen a las mil almas. Lo que recuerda el mandato del artículo 310 de la Constitución de Cádiz, a la hora de implantar necesariamente Ayuntamientos en los lugares que contaran con ese número de pobladores. Silvio Berlusconi pretende llevarse por delante unos 1.970.

En España, la realidad municipal, con el mayor respeto al mundo rural que siempre he defendido, es organizativa y financieramente insostenible. De esos más de 8.000 municipios, más de siete mil tienen menos de siete mil habitantes; cifra que algunos entendemos mínima para satisfacer los servicios prestacionales obligatorios que, correlativamente, son derechos subjetivos de los vecinos.

Desglosando un poco más, en España sólo hay 62 ayuntamientos que gobiernen a más de cien mil habitantes. En el lado inverso, hay 1.041 municipios con menos de cien habitantes, administrados asambleariamente en concejo abierto; 1.062 entre 101 y 1.000 vecinos y 1.937 que pasando del millar de pobladores no alcanzan los 5.000. Huelga decir que a estos pequeños consistorios, el Plan provincial de obras y servicios, que anualmente aprueban las diputaciones, el algo así como el maná, por lo que hablar, sin más de que suprimir estos escalones intermedios ahorra un millón de euros no parece muy riguroso y no es éste momento para las frivolidades. Porque, realmente, tras el 20-N, ¿nos vamos a atrever aquí a hacer algo similar a lo previsto en Italia? No han faltado ya opiniones de todo signo, comenzando por los representantes de los pequeños municipios, absolutamente legitimados para ello, junto a opiniones técnicas más o menos sensatas y algunas exóticas de gentes o agentes sociales que nada pintan en estas cuestiones y a las que no sé por qué los medios de comunicación requieren su opinión, que vale lo mismo para el caso que la del arzobispo de Madrid, por poner un ejemplo.

Recordemos que la Constitución de 1978, dejó la espinosa cuestión de las fusiones y segregaciones municipales en manos de las comunidades autónomas, algo que pretendió escamotear, en unas declaraciones desde Asturias, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que se remitió a una ley del Estado que afrontara el marrón de laminar localismos. Justamente, lo máximo que podría hacer una norma estatal es armonizar, en sentido lato, un umbral mínimo de población, territorio o recursos para todo el ámbito nacional. Pero al día de hoy, de las autonomías depende el seguir engrosando el mapa municipal, como hizo Cataluña en 2010, segregando, en Tarragona, el nuevo término de La Canonja.

En cuanto a las provincias, cuyos límites originariamente fijados por un Decreto, hoy son esclavos de ley orgánica, es evidente que se requieren reflexiones serias y no apresuradas ante los terrores impuestos por los mercados. Pero es evidente que ese ’nivel intermedio’ no debe crecer; justamente lo contrario de lo que, aunque ahora en la nevera, se viene pretendiendo con el número de vegueries, en la citada comunidad catalana. En cualquier caso, suprimir las diputaciones como instituciones representativas, eliminar las provincias o quitarles, simplemente, uno de sus tres elementos definidores (demarcación estatal, agrupación de municipios y entidad con autonomía y fines propios), requiere de una modificación constitucional. Y de un pacto de Estado, que no se logró, pese a la sensata y limitada propuesta del anterior Gobierno de Zapatero, por la negativa del primer partido de oposición.

Las prisas por reducir el déficit, acucian. Pero es evidente que hay que poner todos los datos encima de la mesa y, con la opinión de verdaderos expertos y no palmeros del político de turno, analizar si, como parece, existen múltiples escalones y, sobre todo, su disfuncionalidad, solapamientos, duplicidades y conflictos. Y todo hay que decirlo: las ’liberaciones’ de los políticos, a las que veladamente aludía en su propuesta cuantificada el señor Pérez Rubalcaba. Llevo algún tiempo interesándome por el número de ediles, diputados provinciales y cargos comarcales -lo de las comarcas es otra- que solo viven de la política y las cifras, por desmesuradas, marean. Como marea la velocidad cuando se pisa el acelerador a causa de una urgencia. El tema es muy serio y una estructura de dos siglos no se puede despachar de un frívolo plumazo. Máxime si, sobre el tapete, no ponemos todas las demás cartas del sector público: administración central, comunidades autónomas, universidades y tantos organismos y empresas públicas o mediopensionistas. Los pequeños municipios serán insostenibles, sí; pero son víctimas y no verdugos.