Crece el «limbo» de la dependencia

Ya mueren más personas de las que acceden a una ayuda

Asturias, una de las tres autonomías en las que disminuyen los beneficiarios, pese a los 6.000 que esperan

Lne.es » Sociedad   Oviedo, P. RUBIERA

Asturias es una de las tres autonomías españolas en las que, por primera vez, disminuye el número de dependientes con respecto a diciembre de 2010 (861 personas menos). Las otras dos son Aragón (3.697 menos) y Navarra (619 menos). Y ello pese a tener un «limbo» de algo más de 6.000 personas con derecho a una prestación a la espera. Por primera vez en la historia de la ley mueren más dependientes que los nuevos que acceden al sistema y los datos de noviembre de 2011 demuestran que ese mes se redujo el gasto con respecto a octubre.

 

La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales hizo público ayer su informe de la situación de la ley de Dependencia en España desde el pasado mes de junio, previo al más amplio que presentará el Observatorio de la Dependencia la próxima semana. Su presidente, José Manuel Ramírez Navarro, considera «preocupantes» los datos, en lo que respecta a Asturias especialmente. «El Principado ha vuelto en los últimos meses a cifras que sólo encontramos un año y medio antes», explica.

 

«Con el anterior Gobierno se veía que el anclaje inicial estaba empezando a fallar, pero con el actual se ve clarísima la situación de retroceso. Ni siquiera se cubren las bajas de los fallecidos, y eso pese a tener un "limbo" tan alto», declaró ayer Ramírez a LA NUEVA ESPAÑA.

 

El responsable de la asociación atribuye «este desastre» a «una impericia clarísima de los gobernantes actuales. Ya no pueden escudarse en que acaban de llegar, ya llevan casi seis meses y está clarísimo que lo que están haciendo es un recorte, haciendo subir el "limbo" y no reponiendo a los que fallecen».

 

Ramírez no duda en calificar de «una verdadera vergüenza» que, teniendo gente en lista de espera, la Consejería de Bienestar Social «tenga menos atendidos que hace un año». Y añade: «La responsable debería plantearse que está haciendo algo muy grave, está desmontando un derecho».

 

En España hay 741.713 beneficiarios de la ley (en Asturias, 13.890, según el estudio). Los últimos datos muestran 742 personas atendidas menos que el mes anterior (en Asturias, 171), repartidas en once comunidades. Los que mueren son los grandes dependientes, que reciben las atenciones más costosas, y eso produce una rebaja en el gasto, porque no se incorporan al mismo ritmo las personas que tienen reconocido el derecho.

 

El estudio cita aspectos preocupantes que ya son crónicos en el funcionamiento de la ley: la ya citada cronificación del «limbo» de la dependencia, las dificultades derivadas del modelo de financiación y el sobredimensionamiento de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y cuidadores no profesionales (47 por ciento en Asturias).

 

En España hay 312.244 personas que tienen reconocido un grado y un nivel de dependencia (algo más de 6.000 en Asturias), pero aún no se les ha aprobado el plan individual de atención (PIA) que les permite recibir la prestación. Es una de cada tres personas con derecho.

 

El promedio mensual de nuevas personas atendidas, que venía siendo en los años anteriores de entre 17.000 y 28.000, ha caído en 2011 hasta 6.600.

 

El informe vuelve a incidir -ya lo hacia en los dos anteriores- en el impacto negativo que tiene en la creación de empleo la prevalencia de las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar (45% del total) y en el perjuicio que ocasiona a las mujeres, que cumplen mayoritariamente ese papel de cuidadoras.

 

«Hay que conseguir que el desarrollo de la ley se considere por los gobernantes no como un gasto, sino como una inversión social que ha estabilizado más de 150.000 puestos de trabajo y puede generar otros 150.000, además de que produce unos retornos económicos del 40%, ahorro en prestaciones por desempleo y que una buena cobertura de la atención supondría ahorro en gasto sanitario y farmacéutico», dice el texto.

 

El estudio propone centrar la acción de los gobiernos en cuatro direcciones: eliminar el «limbo» y exigir el cumplimiento de los seis meses en el procedimiento de la ley (la consejera asturiana, Paloma Menéndez, se comprometió a reducirlo a tres meses); modificar el modelo de financiación, de forma que se determine en función del coste efectivo de los servicios y prestaciones económicas que se proporcionan; incentivar los recursos profesionales y evitar el sobredimensionamiento de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar.

 

Sólo dos autonomías presentan buenos resultados: Castilla y León y el País Vasco.