El Principado prevé congelar el sueldo a los funcionarios y no contratar más personal

El proyecto de Presupuesto para 2012 incluye una nueva modificación de la ley de Función Pública para limitar las contrataciones «a dedo»

 Lne.es » Asturias   Oviedo, Pablo GALLEGO

 El Gobierno del Principado, de Foro Asturias, quiere congelar el sueldo de los casi 36.000 funcionarios asturianos. Los salarios para 2012 de quienes tienen una plaza en la Administración, en los organismos, entes y empresas públicas, o en la Universidad de Oviedo «no experimentarán ningún incremento con respecto a las de 2011», según se indica en el capítulo III del proyecto de Presupuestos regionales para el próximo año, al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA.

 

En el mismo capítulo también se indica que «no se procederá a la contratación de personal temporal» o de funcionarios interinos, salvo para cubrir necesidades «urgentes e inaplazables». Las nuevas cuentas regionales irán acompañadas además de una nueva modificación en la ley de Ordenación de la Función Pública. Cambios que, entre otros asuntos, limitan la provisión de puestos por libre designación, las llamadas contrataciones «a dedo», a casos de «carácter excepcional».

 

La congelación salarial prevista por el Ejecutivo de Francisco Álvarez-Cascos, de Foro Asturias, afectará a los empleados públicos de toda la Administración regional, incluidas la sanidad y la educación. En el caso del personal funcionario de Justicia, el documento indica que sus complementos y mejoras retributivas «no experimentarán incremento alguno». El proyecto mantiene también el actual recorte sobre las pagas extra de los funcionarios, y deja muy poco margen, prácticamente ninguno, a la posibilidad de que el Principado promueva ofertas de empleo público.

 

En el borrador del Presupuesto se indica que, de haberla, la oferta no podrá superar los límites que establezca el Estado. Pero a escala nacional el nuevo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya indicó en el Congreso su intención de no aumentar el personal público, manteniendo en cero la tasa de reposición, con dos excepciones: las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y los servicios públicos básicos. En el proyecto de Presupuestos se afirma que la convocatoria sólo se plantearía en sectores «absolutamente prioritarios».

 

La propuesta económica para los funcionarios del Principado, y las modificaciones en la ley de Función Pública, que se remonta a 1985 y cuya renovación parece estar en la agenda del Gobierno, se discutirán esta tarde en una reunión de la Mesa General de Negociación. El encuentro llega poco más de 24 horas después de la reunión mantenida ayer entre el consejero de Hacienda, Ramón del Riego; el viceconsejero de Sector Público, Juan Luis de la Vallina, y los representantes de los funcionarios.

 

La remodelación de la ley de Función Pública tendrá en cuenta, según indicaron ayer el presidente de la Junta de personal, Miguel Ángel González, y responsables de los sindicatos USIPA y CSIF, buena parte de los 22 puntos del documento para la mejora de la Administración asturiana elaborado por los funcionarios. En él se incluye la propuesta de limitar la provisión de puestos por libre designación, para devolverla «a su estado original». explica González, reservándola para casos excepcionales. Tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Superior de Justicia de Asturias cuestionaron ya en sus sentencias este procedimiento, elegido por la anterior Administración para la provisión de numerosos puestos. Esta propuesta, junto a la de que los concursos tengan en cuenta «únicamente los méritos exigidos» en su convocatoria, aparecen ya en la modificación de la ley que acompañará al proyecto de Presupuestos.

 

La congelación del sueldo de los funcionarios se enmarcaría en el paquete de medidas previsto por el Gobierno asturiano para reducir el déficit autonómico. Ayer, el Ejecutivo afirmó que el aumento de la deuda en el tercer trimestre de 2011 no se podía achacar a su gestión, sino al «endeudamiento contraído a finales de 2010 y primer semestre de 2011», estimado por el Banco de España en 534 millones, por el Gobierno anterior, del PSOE.