El freno al salario mínimo agrava las cuentas de la Seguridad Social
La medida supone congelar más de dos millones de cotizaciones
El sistema deja de ingresar 50 millones por cada punto que no sube la renta mínima
El País. Lucia Abellan. 9/01/2012
El alivio de los empresarios ante la congelación del salario mínimo es casi idéntico al perjuicio que la medida causa a las arcas de la Seguridad Social. La primera medida laboral del Gobierno del Partido Popular exime a las empresas de elevar los sueldos este año a unas 134.000 personas, los perceptores directos del salario mínimo, según el Ministerio de Empleo. Pero, al mismo tiempo, empeora la ya adversa evolución de los ingresos del sistema, pues más de dos millones de trabajadores tienen las cotizaciones ligadas al salario mínimo. Las estimaciones más bajas de la anterior Administración calculan que la Seguridad Social deja de ingresar unos 50 millones (21 directamente de quienes cobran el salario mínimo) por cada punto que no sube esta renta.
Las pensiones crecen más que las cotizaciones y los sueldos desde 2000
En España la renta de jubilación pesa el 81% sobre el último salario percibido
Pero las consecuencias sobre las arcas del sistema son mayores. Aunque la congelación afecta a muy pocos trabajadores directamente, la suerte del salario mínimo provoca una especie de efecto mariposa. Muchos conceptos retributivos de los convenios están ligados a esta renta, al igual que todas las bases mínimas de cotización a la Seguridad Social.
El colectivo que más se beneficia de la congelación son los autónomos. El 84% de ellos cotiza por la base mínima, según un reciente informe de Empleo, lo que eleva a 1,6 millones los miembros de este colectivo que aportarán al sistema lo mismo que en 2011. Si se suman las casi 300.000 empleadas de hogar registradas, cuyos empleadores suelen cotizar por el mínimo, y los perceptores del salario mínimo (o de otras retribuciones que también se rigen por la base menor) se obtiene que más de dos millones de personas ven congelada su cuota.
Más allá de esos suelos, está por ver qué ocurrirá con el resto de bases de cotización en 2012. El año pasado subieron un 1% y, al prorrogarse los Presupuestos, permanecen intactas. Si el Gobierno decidiera mantenerlas así cuando presente las nuevas cuentas del Estado, en marzo, los apuros económicos de la Seguridad Social aumentarían.
Los números rojos, los primeros desde 1999, que alcanzó el sistema en 2011 (668 millones de euros, según el avance del Gobierno), ponen de manifiesto unos desequilibrios acumulados durante los años de auge económico, al margen del problema coyuntural que provoca la destrucción de empleo que arrancó en 2008. La pensión media ha crecido en los últimos 12 años por encima de lo que lo han hecho el salario y la cotización media (véase cuadro). Y esa disociación resulta, a la larga, insostenible. No obstante, el déficit actual del sistema no implica un riesgo de impago de las prestaciones. Existen recursos más que suficientes (tesorería, excedentes de las mutuas y, en última instancia, el Fondo de Reserva) para hacer frente a las pensiones.
2012 amenaza con ahondar la brecha. El año ha arrancado con una revalorización (modesta, pero revalorización) de las pensiones. Esa pequeña mejora, del 1%, unida a que las prestaciones son cada vez más numerosas y elevadas, provocará una importante subida del gasto en pensiones (en diciembre fue del 4,7% anual, a pesar de la congelación impuesta en 2011). Y si la inflación se desvía de ese 1% inicial, el Ejecutivo restituirá el poder adquisitivo perdido, garantizado por ley.
Por el otro lado, el de los ingresos, la balanza estará descompensada. Más allá del salario mínimo, las remuneraciones de convenio tienen muchas posibilidades de crecer menos que los precios, según el pacto salarial que negocian patronal y sindicatos para los próximos años y en el que la CEOE pide congelación. Así es que la única baza que le quedaría a la Seguridad Social para remontar sería una reactivación del empleo, algo que de momento no contempla casi nadie; tanto la OCDE, que agrupa a las 30 economías más ricas, como el Fondo Monetario Internacional, contemplan para España un mayor deterioro del empleo en 2012.
Una de las consecuencias de esa mayor generosidad de las pensiones respecto de los salarios se traduce en la escasa diferencia que existe de media entre unos y otros para una misma persona, según datos de la OCDE. La cuantía que representa la pensión bruta de un trabajador con ingresos medios sobre su último sueldo percibido alcanza en España el 81%, el séptimo valor más elevado de los países que componen esta organización. El porcentaje, sin duda, irá bajando a medida que se aplique la reforma de las pensiones, que aumenta progresivamente los años que se tienen en cuenta para calcular la prestación.
Salarios y pensiones no pueden separarse
OCTAVIO GRANADO 09/01/2012
El Pacto de Toledo en sus formulaciones (1995, 2003, 2011) siempre ha asociado el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones a la garantía de que las cuotas garantizaran la cobertura de las prestaciones, a que su reducción fuera compensada (bonificaciones) y a que bases de cotización coincidieran con salarios. La revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC las vinculaba al indicador utilizado en la revalorización de los salarios, y se señalaba expresamente que la revalorización exigía "medidas que garanticen el equilibrio financiero del sistema en el futuro". La Seguridad Social española es pues adelantada en el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, dotándose de reservas que compensan con sus rendimientos los déficits del sistema.
A medio plazo crecen las personas que ganan más como pensionistas que como trabajadores activos
Esto aconseja que las bases de cotización y las pensiones tengan crecimientos en paralelo. El sistema puede reformarse para hacer frente al reto demográfico, o puede vadear crisis coyunturales como la presente. Pero si los ingresos y los gastos tienen una evolución dispar durante un lapso prolongado de tiempo, ninguna proyección o previsión es capaz de trazar un escenario de sostenibilidad.
El salario mínimo, por ejemplo, si afecta a 500.000 personas tendrá un coste para los empleadores de 45 millones de euros, pero los costes para la Seguridad Social, directos o indirectos, de su no revalorización pueden ser mayores, al estar millones de bases de cotización asociadas a su evolución.
Los efectos del decrecimiento real y prolongado de los salarios serán muy negativos para el sistema de pensiones. A corto plazo, hemos conseguido hasta el año pasado (incremento del número de jubilados en 125.000 sobre los 135.000 previstos) que los trabajadores españoles no usaran, como sucedió en la crisis de los setenta y ochenta y de los noventa del siglo pasado, la jubilación como refugio frente al paro y la precariedad laboral. Pero con una expectativa de mejor evolución de las pensiones respecto de los salarios, esta tendencia se invertirá.
A medio plazo, se amplía significativamente el número de trabajadores que pueden ganar más como pensionistas que como trabajadores activos. Los pensionistas no cotizan a la Seguridad Social (los trabajadores aportan el 6,25% promedio de sus emolumentos) y si disfrutan de garantías muy superiores a las de los activos en el mantenimiento de sus rentas, no encuentran incentivos para continuar trabajando. En las Administraciones públicas, esto sucede ya con una buena parte de los empleados de los grupos C y D, y en estas condiciones, las apelaciones a la prolongación de la vida laboral del discurso de investidura no dejan de ser retórica desmentida por la acción de Gobierno.
A largo plazo, uno de los problemas históricos del sistema español de pensiones, el mantenimiento de altas tasas de reemplazo (relación entre el último salario y la primera pensión), que debía resolverse con mayores esfuerzos contributivos a lo largo de una mayor parte de la vida laboral, aumenta. El incentivo a contribuir más tiempo o dinero desaparece, incrementándose en la práctica la generosidad del sistema y sus problemas de sostenibilidad.
En suma, esta política puede ser rentable electoralmente, pero a medio plazo pone en riesgo la estabilidad del sistema de pensiones, precisamente después de la reforma del año pasado, y de haber conseguido incrementar significativamente ingresos y reservas los últimos años. Y la solución no está en deprimir el crecimiento de las pensiones, que siguen siendo muy bajas en promedio y en las mínimas, sino garantizar un crecimiento acompasado de ingresos y gastos, de bases de cotización y prestaciones, de salarios y pensiones en suma.
Octavio Granado ha sido secretario de Estado de la Seguridad Social de 2004 a 2011.
El sistema deja de ingresar 50 millones por cada punto que no sube la renta mínima
El País. Lucia Abellan. 9/01/2012
El alivio de los empresarios ante la congelación del salario mínimo es casi idéntico al perjuicio que la medida causa a las arcas de la Seguridad Social. La primera medida laboral del Gobierno del Partido Popular exime a las empresas de elevar los sueldos este año a unas 134.000 personas, los perceptores directos del salario mínimo, según el Ministerio de Empleo. Pero, al mismo tiempo, empeora la ya adversa evolución de los ingresos del sistema, pues más de dos millones de trabajadores tienen las cotizaciones ligadas al salario mínimo. Las estimaciones más bajas de la anterior Administración calculan que la Seguridad Social deja de ingresar unos 50 millones (21 directamente de quienes cobran el salario mínimo) por cada punto que no sube esta renta.
Las pensiones crecen más que las cotizaciones y los sueldos desde 2000
En España la renta de jubilación pesa el 81% sobre el último salario percibido
Pero las consecuencias sobre las arcas del sistema son mayores. Aunque la congelación afecta a muy pocos trabajadores directamente, la suerte del salario mínimo provoca una especie de efecto mariposa. Muchos conceptos retributivos de los convenios están ligados a esta renta, al igual que todas las bases mínimas de cotización a la Seguridad Social.
El colectivo que más se beneficia de la congelación son los autónomos. El 84% de ellos cotiza por la base mínima, según un reciente informe de Empleo, lo que eleva a 1,6 millones los miembros de este colectivo que aportarán al sistema lo mismo que en 2011. Si se suman las casi 300.000 empleadas de hogar registradas, cuyos empleadores suelen cotizar por el mínimo, y los perceptores del salario mínimo (o de otras retribuciones que también se rigen por la base menor) se obtiene que más de dos millones de personas ven congelada su cuota.
Más allá de esos suelos, está por ver qué ocurrirá con el resto de bases de cotización en 2012. El año pasado subieron un 1% y, al prorrogarse los Presupuestos, permanecen intactas. Si el Gobierno decidiera mantenerlas así cuando presente las nuevas cuentas del Estado, en marzo, los apuros económicos de la Seguridad Social aumentarían.
Los números rojos, los primeros desde 1999, que alcanzó el sistema en 2011 (668 millones de euros, según el avance del Gobierno), ponen de manifiesto unos desequilibrios acumulados durante los años de auge económico, al margen del problema coyuntural que provoca la destrucción de empleo que arrancó en 2008. La pensión media ha crecido en los últimos 12 años por encima de lo que lo han hecho el salario y la cotización media (véase cuadro). Y esa disociación resulta, a la larga, insostenible. No obstante, el déficit actual del sistema no implica un riesgo de impago de las prestaciones. Existen recursos más que suficientes (tesorería, excedentes de las mutuas y, en última instancia, el Fondo de Reserva) para hacer frente a las pensiones.
2012 amenaza con ahondar la brecha. El año ha arrancado con una revalorización (modesta, pero revalorización) de las pensiones. Esa pequeña mejora, del 1%, unida a que las prestaciones son cada vez más numerosas y elevadas, provocará una importante subida del gasto en pensiones (en diciembre fue del 4,7% anual, a pesar de la congelación impuesta en 2011). Y si la inflación se desvía de ese 1% inicial, el Ejecutivo restituirá el poder adquisitivo perdido, garantizado por ley.
Por el otro lado, el de los ingresos, la balanza estará descompensada. Más allá del salario mínimo, las remuneraciones de convenio tienen muchas posibilidades de crecer menos que los precios, según el pacto salarial que negocian patronal y sindicatos para los próximos años y en el que la CEOE pide congelación. Así es que la única baza que le quedaría a la Seguridad Social para remontar sería una reactivación del empleo, algo que de momento no contempla casi nadie; tanto la OCDE, que agrupa a las 30 economías más ricas, como el Fondo Monetario Internacional, contemplan para España un mayor deterioro del empleo en 2012.
Una de las consecuencias de esa mayor generosidad de las pensiones respecto de los salarios se traduce en la escasa diferencia que existe de media entre unos y otros para una misma persona, según datos de la OCDE. La cuantía que representa la pensión bruta de un trabajador con ingresos medios sobre su último sueldo percibido alcanza en España el 81%, el séptimo valor más elevado de los países que componen esta organización. El porcentaje, sin duda, irá bajando a medida que se aplique la reforma de las pensiones, que aumenta progresivamente los años que se tienen en cuenta para calcular la prestación.
Salarios y pensiones no pueden separarse
OCTAVIO GRANADO 09/01/2012
El Pacto de Toledo en sus formulaciones (1995, 2003, 2011) siempre ha asociado el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones a la garantía de que las cuotas garantizaran la cobertura de las prestaciones, a que su reducción fuera compensada (bonificaciones) y a que bases de cotización coincidieran con salarios. La revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC las vinculaba al indicador utilizado en la revalorización de los salarios, y se señalaba expresamente que la revalorización exigía "medidas que garanticen el equilibrio financiero del sistema en el futuro". La Seguridad Social española es pues adelantada en el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, dotándose de reservas que compensan con sus rendimientos los déficits del sistema.
A medio plazo crecen las personas que ganan más como pensionistas que como trabajadores activos
Esto aconseja que las bases de cotización y las pensiones tengan crecimientos en paralelo. El sistema puede reformarse para hacer frente al reto demográfico, o puede vadear crisis coyunturales como la presente. Pero si los ingresos y los gastos tienen una evolución dispar durante un lapso prolongado de tiempo, ninguna proyección o previsión es capaz de trazar un escenario de sostenibilidad.
El salario mínimo, por ejemplo, si afecta a 500.000 personas tendrá un coste para los empleadores de 45 millones de euros, pero los costes para la Seguridad Social, directos o indirectos, de su no revalorización pueden ser mayores, al estar millones de bases de cotización asociadas a su evolución.
Los efectos del decrecimiento real y prolongado de los salarios serán muy negativos para el sistema de pensiones. A corto plazo, hemos conseguido hasta el año pasado (incremento del número de jubilados en 125.000 sobre los 135.000 previstos) que los trabajadores españoles no usaran, como sucedió en la crisis de los setenta y ochenta y de los noventa del siglo pasado, la jubilación como refugio frente al paro y la precariedad laboral. Pero con una expectativa de mejor evolución de las pensiones respecto de los salarios, esta tendencia se invertirá.
A medio plazo, se amplía significativamente el número de trabajadores que pueden ganar más como pensionistas que como trabajadores activos. Los pensionistas no cotizan a la Seguridad Social (los trabajadores aportan el 6,25% promedio de sus emolumentos) y si disfrutan de garantías muy superiores a las de los activos en el mantenimiento de sus rentas, no encuentran incentivos para continuar trabajando. En las Administraciones públicas, esto sucede ya con una buena parte de los empleados de los grupos C y D, y en estas condiciones, las apelaciones a la prolongación de la vida laboral del discurso de investidura no dejan de ser retórica desmentida por la acción de Gobierno.
A largo plazo, uno de los problemas históricos del sistema español de pensiones, el mantenimiento de altas tasas de reemplazo (relación entre el último salario y la primera pensión), que debía resolverse con mayores esfuerzos contributivos a lo largo de una mayor parte de la vida laboral, aumenta. El incentivo a contribuir más tiempo o dinero desaparece, incrementándose en la práctica la generosidad del sistema y sus problemas de sostenibilidad.
En suma, esta política puede ser rentable electoralmente, pero a medio plazo pone en riesgo la estabilidad del sistema de pensiones, precisamente después de la reforma del año pasado, y de haber conseguido incrementar significativamente ingresos y reservas los últimos años. Y la solución no está en deprimir el crecimiento de las pensiones, que siguen siendo muy bajas en promedio y en las mínimas, sino garantizar un crecimiento acompasado de ingresos y gastos, de bases de cotización y prestaciones, de salarios y pensiones en suma.
Octavio Granado ha sido secretario de Estado de la Seguridad Social de 2004 a 2011.
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