La inminente reforma laboral divide el Gobierno en dos frentes

 

 

Montoro y Báñez tratan de evitar una ruptura total con los sindicatos

La reforma laboral de nunca acabar

Rajoy vaticina una huelga general

Carlos E. Cué Madrid

Lo ha retrasado todo lo que ha podido, porque sabe que puede ser la clave de su primer año de Gobierno, pero llegó la hora. Este viernes, Mariano Rajoy lleva al Consejo de Ministros su reforma laboral. Y, como es habitual cada vez que el presidente tiene que tomar una decisión, no se rematará hasta última hora. Ni siquiera está aún decidido si será un decreto ley (que entraría en vigor inmediatamente, sin negociación) o un anteproyecto de ley, que tardaría en ser aplicado. Todo se discute con enorme secreto. El Consejo de Ministros no ha analizado ni siquiera un informe sobre el asunto, al contrario de lo que se había anunciado.

 

Rajoy tiene la última palabra para dirimir una disputa entre los dos frentes habituales del Gobierno, según diversas fuentes gubernamentales. Por un lado, la ministra de Empleo, Fátima Báñez —que hoy comparece en el Congreso— y el de Hacienda, Cristóbal Montoro, muy vinculados a Javier Arenas, candidato en Andalucía, exministro de Trabajo y contacto habitual del PP con los sindicatos, plantean una reforma amplia, pero que no implique una ruptura total con los sindicatos y por tanto una huelga general. Por otro, Luis De Guindos (Economía) con su habitual aliado José Manuel Soria (Industria), preocupados por la forma en que los mercados y sobre todo Europa, y en especial Alemania, acojan esta reforma, apuestan por ir más allá. Es habitual, en todos los Gobiernos, que Economía quiera ir más lejos que Trabajo, el interlocutor natural de los sindicatos.

 

La reforma, clave para el presidente, será más amplia de lo previsto

A esos dos frentes, Rajoy suma la presión de múltiples sectores. Por un lado, la patronal —el presidente mantiene una estrecha relación con su líder, Juan Rosell, que plantea contratos de crisis, minijobs (contratos muy precarios) y demás cuestiones tabú para los sindicatos—. Por otro, está CiU, su socio natural, que también exige un cambio muy profundo. Y por último, y más importante, sus socios europeos.

 

Rajoy ya ha llegado a la conclusión, como dijo Artur Mas, líder de CiU y presidente de la Generalitat, después de reunirse con él, de que es no solo imposible, sino muy contraproducente, intentar cumplir este año el objetivo del 4,4% del déficit. Y todos sus esfuerzos están puestos en conseguir que Europa, y en especial Angela Merkel, sea más flexible. Pero tiene que ofrecer contrapartidas.

 

Los sindicatos son conscientes de la situación y por eso firmaron el pacto de rentas con la patronal, que desvincula por primera vez los salarios de la inflación. Se hizo precisamente antes del viaje de Rajoy a Berlín, para que el presidente pudiera exhibirlo ante Merkel. La canciller lo aplaudió en público, en la rueda de prensa conjunta, pero no basta. Los alemanes quieren más, mucho más.

 

Rajoy no se trajo para España ni siquiera una mínima oferta de flexibilidad en los compromisos del déficit. En Moncloa están convencidos de que lo lograrán, pero antes tienen que presentar una reforma laboral que convenza a Europa, sobre todo a Alemania, y unos Presupuestos duros como gesto para reclamar clemencia.

 

Rajoy necesita un gesto para que Merkel sea flexible con el déficit

Los grupos de Montoro y Guindos, que en broma se definen como socialdemócratas frente a liberales —en realidad son todos los segundo—, no están enfrentados por cuestiones personales. Simplemente, representan objetivos diferentes. Montoro, más político, piensa en clave de elecciones andaluzas y de paz social. Guindos se preocupa más por los mercados y por convencer a Wolfgang Schauble, poderoso ministro de Economía alemán, a quien ve casi cada semana en Bruselas.

 

Los sindicatos no tienen especial voluntad de enfrentamiento. Pese a que Rajoy le dijo a su colega finlandés, Jyri Katainen, que teme una huelga general, la mayoría de las fuentes sindicales y gubernamentales creen que finalmente se impondrá una vía intermedia. Rajoy, dicen quienes apoyan esta tesis, sabe que no puede destrozar todo el mercado laboral, porque una reforma no traerá menos paro y se le puede volver en contra.

 

Sin embargo, sí parece claro que la reforma será mucho más amplia de lo previsto. La gran novedad será la negociación colectiva, con un cambio radical con un objetivo clave: bajar los sueldos y dar más poder al empresario para que pueda cambiar las condiciones de trabajo con más facilidad en caso de crisis, con el objetivo de que no despida más. Pero a partir de ahí todo está abierto. Hay muchas fórmulas encima de la mesa, Trabajo ha pedido papeles con muchas opciones y la decisión final se está rematando. El contrato único, y esa es una batalla que ya ganaron Montoro y Báñez en el programa electoral, no es una opción. Se tratará de promover más el de 33 días —ya lo hacía la última reforma del PSOE—, simplificar los tipos y dejar menos margen a los jueces.

 

También está encima de mesa profundizar en el uso de contratos a tiempo parcial mucho más flexibles, que en la práctica pueden funcionar casi como minijobs. Y las medidas contra el absentismo serán seguramente polémicas. También se intentará compensar con algún plan de choque con medidas para favorecer la contratación. Lo que sí está claro es que Rajoy tiene miedo de tocar el seguro de desempleo, aunque hay planes encima de la mesa para reducir el fraude que sí podrían modificarlo.

 

En cualquier caso, el presidente, que tiene que decidir, sabe que esta es su gran reforma, y se juega mucho. La solución, el viernes, aunque hoy Báñez dará las líneas generales.