El decretazo amenaza las mancomunidades
La reforma facilita el despido de los más de 3.000 Trabajadores laborales de estas agrupaciones
Foto: Antonio Pino y Justo Rodríguez Braga, ayer, en el encierro simbólico en el Servicio Público de Empleo (antiguo Inem) de Oviedo.
17/02/2012, Luis Fernández, Oviedo, en La Voz de Asturias
El decretazo del Gobierno abre la puerta al despido del personal laboral de la Administración pública y las 18 mancomunidades que existen en el Principado son las que podrían verse más afectadas. Estas asociaciones de concejos, que emplean a más de 3.000 trabajadores de este tipo, presentan grandes problemas de financiación debido a su dependencia económica del Principado, por lo que la nueva normativa laboral las pone en el punto de mira por las facilidades que da para aligerar plantillas de las administraciones públicas.
La reforma recoge que los entes, organismos y entidades públicos puedan presentar un ERE si “justifican 9 meses de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente”, una condición sencilla de alegar si se tiene en cuenta la difícil situación económica que atraviesan la mayoría de las entidades locales de la región. Antonio de Luis Solar, presidente de la Federación Asturiana de Concejos, asegura que “la normativa no afectará tanto a los ayuntamientos como a las mancomunidades”.
El gran problema al que se enfrentan, según De Luis Solar, es la dependencia de “la financiación que les llega del Principado”, una situación que se agrava por “la prórroga presupuestaria, las elecciones y la incertidumbre que todo ellos genera”. Todo esto “condiciona las decisiones que se toman”, y añade que “cuando se aclare el escenario actual, veremos si el Principado se decide por impulsar estas agrupaciones”.
Hasta el momento, la mancomunidad que ya ha intentado reconducir su situación económica mediante un ERE temporal es la de la Sidra, aunque todavía con la legislación anterior. Ana López Montes, presidenta de la agrupación, explica que por el momento sus intenciones no han cambiado pese a que la nueva legislación ya esté en vigor.
El miércoles de la semana pasada presentaron el expediente y están a la espera de una resolución, sin que hasta el momento se planteen cambiar de estrategia para acogerse a la nueva normativa. Su intención es que 5 trabajadores de la Fundación de Turismo de la comarca se acojan a un ERE durante 3 meses, “hasta que se aclare la situación financiera de la que vamos a disponer para los próximos meses”.
López asegura que, “a día de hoy, no tenemos constancia de que el ERE vaya a afectar a más servicios de la mancomunidad, por lo que seguimos trabajando igual”. La plantilla de la agrupación está formada por 3 funcionarios y por 64 personas que trabajaban como personal laboral.
El caso de la comarca de la sidra es el primero que se conoce, aunque previsiblemente la situación se va a repetir en los próximos meses. La diferencia es que la normativa elimina la posibilidad de que los ERE sean temporales o de reducción de jornada, por lo que los que se acojan a esta medida deberán aprobar EREs de extinción, con la merma en la calidad en los servicios que esta decisión puede suponer.
De Luis Solar, que también es alcalde de Pravia, reconoce que el único caso que se conoce es el de la comarca de la sidra, pero que son muchas las mancomunidades que pueden seguir su ejemplo, “entre ellas la nuestra, la de las cinco villas”. El principal motivo es que son agrupaciones que “se encuentran en una situación difícil”, sin saber de que recursos disponen “debido a la falta de concreción por parte del Principado”.
Los sindicatos ocupan el Inem
UGT y CC OO se manifiestan en las oficinas de empleo asturianas en protesta contra la reforma laboral
Las centrales vascas llaman ya a la huelga, y la CEOE estrena la norma con catorce despidos en Ciudad Real
Oviedo, Agencias, en La Nueva España.
Los sindicatos UGT y CC OO llevaron a cabo ayer un encierro temporal en varias oficinas del Servicio Público de Empleo de Asturias en protesta contra las medidas incluidas dentro de la reforma laboral que acaba de aprobar el Gobierno. Los secretarios generales de ambas centrales, Justo Rodríguez Braga (UGT) y Antonio Pino (CC OO), permanecieron durante media hora encerrados en la oficina de la calle General Zuvillaga, en Oviedo.
Pino señaló, antes de entrar en la citada oficina, que el objetivo de la protesta era informar a los desempleados de las consecuencias que puede tener una reforma que «no es útil ni para la reactivación económica ni para la creación de empleo». En el mismo sentido, Justo Rodríguez Braga aseguró que espera «una gran respuesta» en la manifestación convocada para este domingo, a las doce de la mañana, en Gijón contra la reforma. «Es una medida que lesiona claramente los intereses mayoritarios del conjunto de trabajadores y no favorece la contratación; por eso necesitamos a todos los asturianos», señaló.
En el País Vasco y Navarra, los sindicatos nacionalistas (ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE e Hiru) ya han convocado una huelga general para el próximo 29 de marzo contra esta reforma laboral. Se trata de la primera convocatoria de huelga general convocada a nivel nacional desde que se aprobara la ley y la duodécima de la democracia.
La propia patronal ha sido la primera en aprovechar la reforma para reducir los costes de despido y los salarios, tal y como se recoge en la nueva reforma del mercado laboral. Así, el presidente de CEOE-CEPYME de Ciudad Real, presentó ayer una regulación de empleo que supone el despido de 14 de los 38 empleados con los que cuenta la organización. Además, la asamblea de la agrupación empresarial aprobó reducir el salario a los 24 trabajadores restantes, la rebaja se aplicará de forma gradual en función de las retribuciones. La patronal castellana tiene una deuda de seis millones de euros y un agujero patrimonial de dos millones y medio más. «Se han logrado salvar 24 puestos de trabajo y eso es lo más positivo que se puede destacar», señaló el presidente de la patronal, Antonio Sánchez-Migallón.
Las centrales protestan en las oficinas del Inem contra la reforma laboral
También en las Cuencas…
Los sindicatos protestaron ayer contra la reforma laboral en las sedes de los servicios públicos de empleo en Langreo y Mieres. José Manuel Camporro (UGT) y José Manuel Zapico (CC OO) indicaron en Langreo que la reforma propuesta por el PP «introduce el despido libre, privatiza las funciones del servicio público de empleo y genera parados de primera y de segunda, primando la contratación de los que tienen subsidio». Además, los parados «pasan a tener un estatus parecido al de los presos, con trabajos sin remuneración».
El Gobierno ve el miedo al despido como un incentivo
El Gobierno explica en la Memoria Económica de la reforma laboral sus motivos para abaratar y facilitar el despido
Pretende que las ETT ayuden a descubrir a los parados que no quieren trabajar
17/02/2012, Amparo Estrada, Madrid, en La Voz de Asturias
El Gobierno ha remitido al Congreso de los Diputados la Memoria para el análisis del impacto de la reforma laboral, donde explica las razones que le han llevado a facilitar y abaratar el despido y a permitir que el empresario, de forma unilateral, reduzca los salarios dejando al trabajador la única opción de darse por despedido si no acepta.
En el documento oficial, el Ejecutivo sostiene que la estabilidad en el empleo tiene un lado negativo cuando “al ser el riesgo de despido muy reducido, se desincentiva el esfuerzo y se genera una excesiva resistencia a la adaptación a nuevas necesidades”. El Ministerio de Empleo explica que esa estabilidad se produce porque el despido en España es “relativamente más caro y limitado que en otros países”.
La Memoria señala que la anterior normativa llevaba a ajustes laborales “claramente injustos” que no tenían en cuenta la productividad y otras coyunturas económicas. De hecho, recalca que los trabajadores indefinidos “perciben incentivos para oponerse a ajustes tales como la reducción de salarios”.
La solución que ha encontrado el Gobierno ya la conocemos: se introduce más inseguridad para todos los trabajadores lo que, en su personal interpretación, incentivará el esfuerzo y la productividad. Desde luego, no todos piensan igual. El diputado y portavoz de ICV en el Congreso Joan Coscubiela considera que con esta reforma laboral “se pretende presionar a la baja los salarios y desproteger al trabajador”.
Con la supresión de la autorización administrativa en los ERE se pretende “ganar en celeridad”, dice el texto de la Memoria, y “corregir la tendencia a llegar a un acuerdo consistente en el pago de elevadas indemnizaciones” para evitar que la autoridad laboral entre a examinar los despidos. El fin último es “normalizar” el uso del despido colectivo “a un coste más razonable”. Por eso, “el objetivo esencial de la reforma es reconducir la mayor parte de los despidos hacia los despidos objetivos y colectivos procedentes”.
La Memoria también expone otras motivaciones. Por ejemplo, tras la decisión de incorporar a las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) como agencias de colocación está la ambición de que sirvan para inundar de ofertas a los parados y descubrir a los que no quieren trabajar o que están en la economía sumergida.
La incorporación de las ETT “permitirá que los desempleados sean contactados más frecuentemente para acudir a entrevistas de trabajo o ser contratados. De esta manera, si están trabajando de forma fraudulenta, o no están verdaderamente interesados en trabajar, serán expuestos y perderán la prestación”. La ley establece que rechazar una oferta de trabajo “adecuada” conllevará la pérdida de la prestación por desempleo durante tres meses, rechazar una segunda oferta implica perder el seguro de paro durante seis meses y si se hace por tercera vez se pierde completamente el derecho a la prestación.
En la Memoria, queda claro cuál es el camino en el que confía la ministra Fátima Báñez para reducir la costosa carga presupuestaria de las prestaciones por desempleo, cuyo gasto mensual asciende a más de 2.580 millones de euros. Si a través de las ETT se logra llenar de ofertas de trabajo a los parados y muchos las rechazan quedará suspendido temporal o permanentemente para ellos el cobro del paro. En esto, la clave será cómo se juzgue si una oferta de trabajo es adecuada o no.
Además, el Ejecutivo considera que, en el modelo anterior, los tribunales gozaban “de una amplia capacidad interpretativa sobre si se dan o no las causas del despido, lo que genera incertidumbre y limita la seguridad jurídica”. El Ministerio puntualiza que “los tribunales suelen interpretar de forma laxa cuándo un despido es procedente”. Y, tal vez para que no haya margen a una interpretación laxa, con la reforma se introduce una nueva causa para poder hacer despidos objetivos con 20 días de indemnización: la de reducción de ingresos o ventas durante tres trimestres seguidos, que se une a la de la previsión de pérdidas que introdujo Zapatero en 2010.
Despidos en el sector público El Gobierno también reconoce que uno de sus objetivos es “el redimensionamiento de las estructuras administrativas que crecieron desmesuradamente durante la fase de fuerte crecimiento económico”. En este sentido, se permite que los organismos del sector público cuando tengan una situación de insuficiencia presupuestaria persistente puedan acudir a los despidos colectivos sin autorización administrativa. Esta medida se completa “con la prohibición de que lleven a cabo suspensiones de contratos o reducciones temporales de jornada”.
La reforma laboral costará al menos 236 millones de euros en el primer año. La mayor partida, 122 millones de euros, corresponde a la reposición de prestaciones por desempleo a los trabajadores afectados por ERE temporal o reducción de jornada que sean despedidos.
Por otro lado, la reforma establece que la reducción de jornada por guarda legal se hará en la jornada diaria y no en la semanal o anual por lo que no se podrá acumular en un día completo. Y que los directivos del sector público estatal que sean funcionarios o empleados públicos no recibirán indemnización alguna cuando dejen el puesto.
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