Como diríamos en mi pueblo: “ o aquí pagamos todos o no paga ni dios”

La Iglesia Católica recibe del Estado directamente o por la vía de las exenciones de impuestos, más de diez mil millones de €, al año.

El PSOE plantea por primera vez en el Congreso la revisión de los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede

Se trata de un texto presentado como enmienda a una iniciativa del BNG en el que los socialistas reclaman que se establezca un tratamiento fiscal de las distintas confesiones religiosas, igual que el del resto de instituciones que asegure el pago de impuestos en igualdad de condiciones.

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El PSOE ha presentado en el Congreso, por primera vez de forma expresa, una iniciativa pidiendo la revisión de los acuerdos de 1979 entre el Estado y la Santa Sede, que justifica concretamente en "el objetivo de asegurar y defender la laicidad del Estado español".

Se trata de un texto presentado como enmienda a una iniciativa del BNG en el que los socialistas reclaman dicha revisión como "elemento consustancial" a la idea de libertad e igualdad y como condición 'sine qua non' para una convivencia armónica en España, teniendo como objetivo la revisión de los diferentes elementos que lo articulan: legales, educativos, económicos y sobre presencia religiosa en las fuerzas armadas.

LIBERTAD DE CONCIENCIA

Además, el PSOE quiere que el Gobierno impulse una Ley de libertad de conciencia y religiosa que evite privilegios y discriminaciones por razón de convicciones y creencias, y que garantice a su vez la neutralidad religiosa en los espacios públicos y actos públicos, para que no exista confusión entre lo público y lo religioso, superando el marco definido por la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980.

A su vez, solicita una reforma de la Ley Hipotecaria de 1946, reformada en 1998, sin llevar el debate al Congreso de los Diputados, que permite a la Iglesia Católica el registro de inmuebles y terrenos equiparándola a las administraciones territoriales y corporaciones de derecho público, al mismo tiempo que emitiendo sus propios certificados de dominio en ausencia de título escrito de dominio.

El PSOE cree en este sentido que hay que acabar con este privilegio "carente de justificación", al mismo tiempo que estudiar las vías para la devolución de los inmuebles y terrenos reclamados por municipios y otros potenciales titulares.

UNA RESOLUCIÓN DEL 38 CONGRESO DEL PSOE

Con esta enmienda, el PSOE traslada al Parlamento el contenido de una resolución que aprobó en su reciente 38 Congreso Federal, incluso la concreta, puesto que el texto aprobado en el cónclave sólo hace una mención al señalar que "los acuerdos de cooperación con las distintas confesiones" deben adecuarse a la no discriminación y a la neutralidad religiosa, "incluida la revisión de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979".

La petición de que se revisen los acuerdos con la Santa Sede es una enmienda 'clásica' en los Congresos del PSOE, pero nunca había salido adelante, hasta ahora. El texto se aprobó después de que el recién elegido secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, lo propusiese en su discurso de candidato frente a Carme Chacón.

Rubalcaba había planteado el asunto en condicional, advirtiendo de que el PSOE estudiaría "seriamente" pedir la revisión de los acuerdos si el Gobierno insistía en "retroceder 30 años" en derechos ciudadanos, especialmente con la reforma de la ley del aborto. Él mismo explicó después en rueda de prensa que los socialistas querían ver en qué se traducía la reforma antes de tomar iniciativas concretas.

La Iglesia Católica española vive en un paraíso fiscal

“Ilegítimo e ilegal”, denuncia Europa Laica que acusa a la Conferencia Episcopal de "mentir" por "mezclar Cáritas de forma torticera para desviar la atención de la ciudadanía".

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Europa Laica, presidida por elexdiputado Francisco Delgado, viene denunciando, desde hace años, los privilegios fiscales, entre otros muchos (simbólicos, económicos jurídicos, políticos…), de los que disfruta la Iglesia Católica, "al recibir un trato privilegiado que el Estado le concede, consecuencia, por un lado, de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979, pero también por un trato de favor político, que va mucho más allá, vulnerando principios constitucionales básicos".

La IC en España, es propietaria, a través de sus más de 40.000 instituciones (…diócesis, parroquias, órdenes y congregaciones religiosas, asociaciones, fundaciones, etc.) de un enorme patrimonio, consistente en bienes inmobiliarios rústicos y urbanos (de uso para el culto o para otros muchos menesteres), entre ellos un incalculable número de pisos alquilados a terceros, todo este patrimonio, en todos los ámbitos, está exento del impuesto de bienes inmuebles (IBI) y de otros, como obras, sociedades, etc, explican.

Europa Laica tenía calculado, en su informe anual sobre financiación de la IC que se hizo público en abril de 2011 (en estos días en revisión, de cara a la próxima Campaña sobre el IRPF) que, de los datos conocidos, los Ayuntamientos españoles dejaban de ingresar algo más de mil millones de euros, al año. Pero hay otros datos que están conociéndose estos días, que se cifran entre los 700 y los casi 3.000 millones de euros, hecho lógico dada la opacidad de la Iglesia Católica.

Por ello, "reiteramos, una vez más, nuestra exigencia de que el Estado haga un censo de inmuebles rústicos y urbanos propiedad de la Iglesia católica en España", subrayan.

También Europa Laica propone revisar qué entidades, fundaciones, etc. están exentas de este impuesto en cada ayuntamiento, no ya sólo por las exenciones que prevé la actual Ley de haciendas locales, sino -también- a través de la compleja maraña de normas y disposiciones que se han ido produciendo en estos últimos años y que restan ingresos por valor de miles de euros, a los Ayuntamientos, en estos momentos de profunda crisis y que puede estar vulnerando el principio de igualdad que exige la Constitución española.

Europa Laica denuncia que el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan Antonio Martínez Camino, "miente y demuestra su analfabetismo social y normativo, al mezclar Cáritas, de forma torticera, para desviar la atención de la ciudadanía".

La Iglesia Católica percibe (puntual y religiosamente) para la financiación del culto, el clero, la publicidad y el proselitismo religioso, casi 250 millones/año y para asociaciones religiosas de interés social más de 100 millones de €, procedentes del IRPF de todos los contribuyentes. Europa Laica está preparando la Campaña del IRPF de 2011, para exigir que desaparezca la casilla del impreso de la renta y la asignación a la IC por esta vía. La IC recibe del Estado directamente o por la vía de las exenciones de impuestos, más de diez mil millones de €, al año.

Una iglesia sin vergüenza

Por Mercè Rivas Torres, Periodista y escritora

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La iglesia católica española no siente ninguna vergüenza de no aportar nada a la actual situación económica. Sólo piensan en ellos, a pesar del mensaje del Evangelio. Pero la culpa no es sólo suya sino de que los diferentes partidos políticos, que han gobernado España, se lo han consentido.

Tanto la UCD, como el PSOE o el PP han cedido siempre a las presiones- chantajes de la Iglesia católica. Desde la firma del primer Concordato en 1753 por Fernando VI hasta nuestros días, los supuestos representantes de Cristo en la tierra han presionado todo lo que han podido para mantener sus privilegios tanto en el mundo de la religión como de la enseñanza y de la sanidad.

A pesar que la Constitución proclama la libertad religiosa, la realidad es que las demás religiones no han recibido un trato igualitario. La religión debería ser algo que se ejerciese y se financiase desde la intimidad de las personas. Se trata de una creencia personal que no debería tener flecos en el mundo de la economía ni en el de la política, pero eso no es así.

Por eso recibimos con alivio que alguien tan poco sospechoso como el Presidente italiano Monti, por su catolicidad, haya decidido que la Iglesia en ese país pague el IBI, el impuesto de bienes inmuebles. Eso que pagamos anualmente todos los ciudadanos afortunados de poseer una vivienda.

La ley aprobada en Italia es muy moderada y sólo obliga al Vaticano a pagar el impuesto de aquellos edificios que no se dediquen al culto religioso, por lo tanto se refiere a colegios, universidades, asociaciones, conventos transformados en hoteles o pisos alquilados a empresas que nada tienen que ver con la religión y que hasta ahora han estado exentos de impuestos.

La decisión se queda corta pues debería obligar también a los centros de oración, pero por algo se empieza. Pero tampoco va a ser una tarea fácil ponerla en práctica, ya que no existe un catálogo de propiedades. El único trabajo realizado al respecto, pertenece al Partido Radical italiano, que cifra el número de inmuebles en 50 mil.

Con esta medida la Hacienda italiana espera ingresar dos mil millones de euros.

Pero en nuestro país eso es casi impensable. Cada año, el Estado financia con más de 7.000 millones de euros las actividades educativas, sociales, sanitarias y de culto de la Iglesia católica. Sólo en centros escolares, se ceden más de 3.500 millones, más otros 600 destinados a pagar a los profesores de Religión u otros docentes en centros concertados. Hay estudios que hablan de 10 mil millones.

A ello hay que añadirle los casi 250 millones que la Conferencia Episcopal obtuvo de la última declaración de la Renta, los que van a parar a las ONG católicas a través de la otra casilla del IRPF, y las exenciones que, pese a lo que dice la ley, aún mantiene la institución.

Y a pesar de estas cifras que hacen temblar a cualquier ciudadano, dicen que no son unos privilegiados. Un colegio privado laico paga IRPF sobre beneficios y la parte salarial de sus empleados, IVA sobre sus compras e IBI en caso de propiedad. Uno de la Iglesia, no.

El IBI no pagado asciende a 4´86 millones de euros. De momento Izquierda Unida ha propuesto al Congreso un recorte del 20% en subvenciones a la Iglesia de la misma forma que ha hecho con patronal, sindicatos y partidos políticos.

Pero la dirección de la Iglesia católica no debería necesitar propuestas de nadie sino hacerlo por propia voluntad. Pero ni lo hace ni lo hará por muy mal que vayan las cosas. No tienen la menor vergüenza en seguir actuando como una agencia de calificación al estilo Moody ´s o Standard and Poors que juzgan a los demás pero ellos campan a sus anchas, sin que nadie les controle.