El Gobierno complica el acceso a la sanidad de los desocupados mayores de 26 años

Tendrán que acreditar que no ganan lo suficiente para «ostentar la condición de asegurado y acceder» a los servicios

Foto: La ministra Ana Mato, durante la sesión de control al Gobierno en el Senado. :: JUANJO MARTIN / EFE

El Comercio. 25.04.12 - 00:22 - DANIEL ROLDÁN | MADRID.

Los funcionarios jubilados pagarán más que el resto

Pdf: El decreto ley, al completo 

La reforma sanitaria apareció en el BOE ayer con sorpresa. Una novedad extraña y que se centra en el acceso sanitario en España. No es sobre los extranjeros, que eso ya se esperaba, se contempla y se regula, sino sobre los propios españoles. El Ministerio de Sanidad quiso aclarar quién puede acceder a los servicios y lo que hizo fue generar más dudas. El real decreto modifica la condición de asegurado que recogía la Ley 16/2003. En esta última, se resumía en tres palabras quién tiene acceso a la sanidad pública: todos los españoles. Ahora, eso cambia.

La condición de asegurado la tienen todos los trabajadores por cuenta ajena o propia, pensionistas, perceptores de una prestación periódica o parados. También tendrán esta categoría los cónyuges o «persona con análoga relación de afectividad», excónyuges a cargo del asegurado y los hijos que sean «menores de 26 años o que tengan una discapacidad en grado o igual al 65%».

Pero, ¿qué pasa con los mayores de 26 que ni trabajan ni estudian? El Gobierno solo aclara que «podrán ostentar la condición de asegurado siempre que acrediten que no superan el límite de ingresos reglamentariamente», al igual que muchos extranjeros de la UE, Noruega o Suiza. Es decir, que una persona que no trabaja ni estudia, o que es un opositor deberá demostrar ante Sanidad con una declaración de la renta o un documento similar que no gana el suficiente dinero para tener tarjeta sanitaria propia. Pero no dice nada más, aunque el ministerio solo se limitó a aclarar, a posteriori, que la cobertura total sanitaria para todos los españoles está asegurada.

Por otra parte, los extranjeros que estén en España ’sin papeles’ mantendrán sus actuales condiciones de atención sanitaria hasta el 31 de agosto. Así lo recoge el real decreto que aprobó el Consejo de Ministros para ahorrarse 7.000 millones de gasto sanitario. Entre las medidas adoptadas está la de la regulación del llamado turismo sanitario. Por una parte, se incorpora el artículo 7 de la directiva del Parlamento Europeo que regula la atención de comunitarios fuera de sus países, y que ha costado 917 millones anuales; y por otra parte, el cambio de la Ley de Extranjería para evitar que los ’sin papeles’ tengan los mismos derechos sanitarios que los ciudadanos españoles.

Pago por prótesis

El real decreto indica que los extranjeros no registrados ni autorizados en España recibirán asistencia solo en dos casos: de urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, hasta la situación de alta médica y de asistencia al embarazo, parto y postparto. Como en la actualidad, los foráneos menores de edad recibirán asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles.

Por otra parte, se establece el copago farmacéutico, del que quedan excluidos los parados de larga duración, los perceptores de pensiones no contributivas, los afectados de síndrome tóxico, personas con discapacidad, ciudadanos que sigan un tratamiento por un accidente de trabajo o una enfermedad profesional y los perceptores de las rentas de integración social.

La población activa pagará la mitad del medicamento, y eso subirá al 60% en el caso de los que ganen más de 100.000 euros. En cuanto a los pensionistas, el ministerio decidió dejar el límite en 18.000 euros como renta: los que ganen hasta esta cantidad, abonarán hasta un límite de 8 euros al mes y los que la superen, 18 euros al mes. Estas recetas, hasta la popularización de la tarjeta sanitaria electrónica, se realizarán mediante un código impreso.

También se abonarán parte de las prótesis, los productos dietéticos y el transporte sanitario no urgente, ya que se consideran «servicios accesorios». El Ejecutivo asegura que no se deberán abonar pero no especifica cuánto. El mismo día de su publicación, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, negó que la reforma sanitaria del Gobierno sea insolidaria, al aseverar que «lo absolutamente injusto» es que el anterior Ejecutivo del PSOE «haya llevado a la sanidad española a esta situación insostenible financieramente».

Rubalcaba: «Es xenófoba»

Alfredo Rubalcaba, en un discurso duro pronunciado ayer en el Congreso en respuesta a la defensa que el Gobierno hizo de los ajustes, señaló que la herencia socialista no es más que la excusa del Gobierno para hacer los recortes ideológicos «que quiere», obsesionado por la reducción del déficit. Entiende que con el empeño de «ser más alemanes que los alemanes», en referencia a la política ultraliberal de Merkel, el PP apuesta por un ajuste duro que «solo va a conseguir una quiebra social» y el aumento de las protestas populares.

Rubalcaba prometió que su partido nunca cobrará a los pensionistas por los medicamentos y aseguró que dejar a los inmigrantes irregulares sin sanidad es «xenófobo», al tiempo que defendió que sí hay otra política económica posible sin tomar estas medidas.

Las reacciones se desencadenaron a lo largo de todo el día. Entre otros, de la oenegé Médicos del Mundo que calificó la reforma sanitaria de «injusta» y «contraproducente» e instó a los profesionales de la salud a que pidan al Gobierno que la retire. En un comunicado, Médicos del Mundo rechaza las medidas porque recogen que los inmigrantes en situación irregular dejarán de percibir asistencia sanitaria gratuita, salvo en algunos casos de urgencia.

A juicio de la oenegé, la reforma significará «el fin del principio de universalidad» y aseguró que las personas inmigrantes no vienen a España para servirse de los sistemas de cobertura socio-sanitaria.