Las ONG critican un «retroceso» que apenas generará ahorro

Asturias Acoge reclama al ciudadano que exprese su rechazo en la calle

Foto: Las ONG critican un «retroceso» que apenas generará ahorro  marcos león

Lne.es » Sociedad y Cultura Oviedo, M. J. IGLESIAS

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) asturianas rechazaron ayer la supresión de la atención sanitaria a los inmigrantes ilegales a partir del 31 de agosto, como establece el real decreto publicado ayer en el BOE, una norma que tildaron de «retroceso en las conquistas sociales» y de «despropósito».

 

Los cambios en la ley de Extranjería, que no afectan a las mujeres embarazadas ni a niños, ni tampoco a los casos de urgencias, se unirán al resto de los recortes en sanidad para ahorrar 7.000 millones de euros. Carmen Prado y Amelia González, de SOS Racismo-Asturias, indicaron que la medida apenas supondrá ahorro en la región, donde hay un total de 50.000 inmigrantes censados, y en cambio «será un enorme perjuicio para la gente que no tiene nada; es la diferencia entre la salud y la enfermedad», indicaron. Amelia González, médica y ex directora general de Salud Pública, recalcó que ideológicamente la medida implica un retroceso sobre los derechos conseguidos por los españoles.

 

 

 

«Parece que son los «sin papeles» los que hunden la sanidad española y no hablan de los turistas alemanes e ingleses, que vienen a operarse y que son el verdadero problema. Pero como esos tienen las fronteras abiertas y casas en Marbella y en Mallorca, seguirán viniendo», sentenció. Como contrapartida González propone «medidas de racionalización del gasto» sin necesidad de «atentar contra el derecho a la salud de las personas», señaló. También vaticinó un caos en los servicios de urgencias. «Al final, lo que se va a conseguir es desorganizar las cosas. Si excluyes a un sector deterioras al conjunto de la sociedad. Y de unos niveles de atención muy aceptables vamos a pasar a algo que será un follón».

 

 

Para Pilar Quintana, coordinadora de Asturias Acoge, los argumentos del Gobierno son «un gran engaño». En su opinión, hay una gran diferencia entre restringir la atención a los turistas que vienen de vacaciones, con un poder adquisitivo elevado, a negársela a las personas que llegan para buscarse la vida «y que por un derecho constitucional deben seguir teniendo acceso a la sanidad pública universal: lo contrario es retroceder doce años».

 

 

Quintana, que llegó de Colombia hace once años, no pasaba ayer por alto la actividad de la organización Médicos del Mundo, cuando tenían que pasar consulta en la sede de Asturias Acoge. «Vamos hacia atrás; la situación puede reconducirse si la gente sale a la calle a protestar por este retroceso», aseguró. Pilar Quintana considera especialmente importante que los españoles se den cuenta de que están perdiendo los derechos que consiguieron sus abuelos. «Por eso hay que defenderlos», apostilló. Tampoco comparte el argumento del Gobierno sobre la escasez de recursos. «No hay dinero porque se lo dan todo a los bancos», sentenció.

 

 

Adolfo Rivas, director de Cáritas en la región, anunció que la organización de la Iglesia católica, la que mayor número de inmigrantes atiende en el Principado (54.211 personas en 2011), abordará mañana el nuevo panorama que se abre con la restricción de la atención sanitaria a los inmigrantes. «Estamos muy preocupados porque no sabemos las consecuencias sociales que puede acarrear», comentó. Cáritas pretende dar una respuesta sólida tras analizar con calma la cuestión.

 

 

Fuentes de Cruz Roja explicaron que les resulta complicado valorar el impacto del cambio normativo porque no tienen programas sanitarios específicos para inmigrantes y atienden a todo el mundo. El hospital que la entidad tiene en Gijón forma parte de la red pública a través de un concierto.

 

«Se puede racionalizar el gasto sin atentar contra el derecho a la salud» Amelia González

 

Miembro de SOS Racismo

 

«Estamos muy preocupados por las consecuencias sociales»

 

 

Director de Cáritas