Desde el día 30 las medidas están presentadas y aquí nadie sabe nada

El PSOE e IU instan al Gobierno en funciones de Cascos a explicar el nuevo plan de ajuste

Los dos grupos parlamentarios exigen conocer las nuevas medidas de recorte propuestas por el Principado ante el Ministerio de Hacienda

Foto: Reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera dónde están representadas todas las CC.AA.

Oviedo, J. A. ARDURA, en La Nueva España

El PSOE e IU quieren poner fin al «mutis por el foro» del Gobierno en funciones de Francisco Álvarez-Cascos sobre el nuevo plan de ajuste entregado por el Principado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El Ejecutivo asturiano tenía de plazo hasta el pasado lunes, 30 de abril, para entregar un plan de viabilidad económica a diez años vista, período en el que deberá devolver los 259 millones de euros que la Administración pretende financiar a través del mecanismo extraordinario para saldar la deuda con los proveedores.

El Gobierno en funciones de Foro no ha informado del contenido de ese nuevo plan de ajuste, que podría ascender a varios cientos de millones de euros, al resto de fuerzas políticas con representación en la Junta General del Principado, ni en el seno del Parlamento regional ni en otro tipo de reuniones. Otras autonomías como Valencia y Baleares ya han hecho públicos recortes de 2.260 millones de euros y de 770 millones, respectivamente.

La incertidumbre en el escenario político regional, con un gobierno en funciones y un pleito en el Tribunal Constitucional que debe resolver la adjudicación de un escaño que podría resultar decisivo para el futuro ejecutivo regional de Asturias, alcanza también al plan de ajuste hasta tal punto que tanto el PSOE como Izquierda Unida van a solicitar, o ya lo han hecho, explicaciones al Gobierno de Álvarez-Cascos. El portavoz del Grupo parlamentario Socialista, Fernando Lastra, presentó ayer un escrito en el registro del Parlamento asturiano, dirigido al nuevo presidente de la Junta, Pedro Sanjurjo, en el que requiere al Consejo de Gobierno documentación sobre el plan de ajuste presentado por el Gobierno en funciones ante el Ministerio de Hacienda para poder obtener financiación con la que pagar a los proveedores. El Grupo parlamentario Socialista invoca el artículo 14 del reglamento de la Junta General para solicitar dicha información. Sanjurjo dispondrá ahora de un máximo de tres días para trasladar esa petición al Consejo de Gobierno que, a su vez, tendrá 15 días de plazo o como máximo tres semanas para facilitar a la presidencia del Parlamento el citado plan de ajuste.

«El Gobierno no ha hecho público ese plan y no ha tenido la deferencia de informarnos sobre las medidas contenidas en ese documento, por eso hemos realizado una solicitud de información mediante el correspondiente procedimiento parlamentario», confirmó Lastra.

El diputado socialista considera «conveniente» que el Gobierno asturiano se adhiera al mecanismo extraordinario de financiación para los pagos pendientes «para beneficiar a los proveedores y puedan ser atendidos en un momento tan delicado». Al mismo tiempo, Lastra hizo hincapié en la necesidad de conocer con detalle las medidas contenidas en el plan de ajuste elaborado por el Principado. «La responsabilidad es de quien gobierna pero este plan trasciende el mandato de un gobierno que está en funciones. Estamos de acuerdo con que el Principado se haya sumado a ese mecanismo extraordinario de financiación pero queremos conocer las medidas incluidas en ese plan para pronunciarnos sobre su idoneidad y oportunidad», planteó el portavoz del PSOE en la Junta General del Principado. «No sería muy serio pronunciarnos sin conocer los detalles sobre una cuestión que interesa a todos los asturianos», valoró Lastra.

Izquierda Unida también tiene previsto presentar en los próximos días, vía registro de la Junta General, una petición de información al Gobierno regional ante su silencio sobre el citado plan de ajuste, según confirmaron a este periódico fuentes de la coalición. IU emplaza al presidente del Principado en funciones, Francisco Álvarez-Cascos, a que solicite una comparecencia para informar sobre las medidas incluidas en el nuevo plan de ajuste presentado el pasado lunes ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. De momento, el resto de grupos parlamentarios, PP y UPyD, no tiene previsto «mover ficha» sobre esta cuestión, según aseguraron a este periódico fuentes parlamentarias.

El Gobierno central impuso una serie de condiciones a las autonomías interesadas en optar al mecanismo de financiación habilitado para pagar a los proveedores. El Ministerio de Hacienda impuso a las comunidades que participen de este fondo la limitación de salarios a los altos cargos del sector público regional y la reducción de los consejos de administración adscritos o dependientes de la Administración autonómica. El sector público asturiano cuenta con más de sesenta empresas públicas, fundaciones, organismos, entes y entidades que mueven alrededor de 450 millones anuales y dan empleo a dos mil personas, de las que unas setenta son altos cargos o directivos. Cascos se marcó como objetivo, ya en el primer programa electoral de Foro y al igual que otros partidos como, por ejemplo, el PP, reducir el sector público regional, pero su decisión de convocar elecciones anticipadas abrió un paréntesis en la intención de «suprimir o enajenar» organismos, entidades y empresas públicas.

El plan para pagar a los proveedores

Medidas para financiar 259 millones

-El Gobierno asturiano ha presentado ante el Ministerio de Hacienda más de 85.000 facturas, pendientes de pago a sus respectivos proveedores, por un importe superior a los 259 millones de euros. Todas esas facturas eran anteriores al 31 de diciembre de 2011. La mayoría, según el Principado, correspondían a gasto sanitario.

-El Gobierno central ha habilitado un nuevo mecanismo de financiación para que las administraciones autonómicas puedan abonar esas facturas, cuyo impago ahoga especialmente a las pequeñas y medianas empresas.

-El Ejecutivo central ha impuesto una serie de condiciones a las autonomías para optar al plan.

-Algunas comunidades han declinado adherirse a este nuevo mecanismo de financiación, como es el caso de Galicia y el País Vasco.

-El resto de autonomías que han aceptado participar de esta financiación tenían que presentar un plan de ajuste a 10 años vista ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas antes del 30 de abril.

-Entre las medidas de ajuste exigidas por la Administración central se incluían la limitación de salarios a los altos cargos del sector público regional y la reducción de los consejos de administración que dependen de las comunidades autónomas.