«Siempre lo pagamos nosotros», afirman los funcionarios afectados por la nueva rebaja
La reducción salarial para los empleados del régimen especial de baja afecta a 10.800 personas en Asturias, incluyendo a las fuerzas del orden
LNE. Oviedo, Félix VALLINA
Los trabajadores asturianos adscritos al régimen especial de la Seguridad Social de los funcionarios públicos -10.801, según las últimas estadísticas oficiales- están que trinan tras los últimos movimientos del Gobierno de Mariano Rajoy. No en vano, el Ejecutivo central está estudiando aprobar un plan contra el absentismo laboral en el que se incluiría que éstos dejasen de percibir su salario íntegro durante los primeros noventa días de baja por incapacidad temporal, algo a lo que hasta ahora tienen derecho y que se aplica a los funcionarios de la Administración Civil del Estado, pero no a los de las autonomías y ayuntamientos, que se rigen por el régimen general de la Seguridad Social. «Era lo que nos faltaba, si se nos aplica a nosotros, ya sería una tomadura de pelo», señaló Ramón Rodríguez, secretario general de la Unión de Guardias Civiles (UGC) en Asturias, uno de los colectivos afectados
Ramón Rodríguez se mostró claro en sus declaraciones: «Si se nos aplican más rebajas, nos van a acabar condenando a la mendicidad. Aunque el mayor problema es que los recortes se están llevando a cabo en todos los sectores y lo que van a conseguir es poner en marcha una revolución social», señaló Rodríguez, que fue más allá: «Deberían tener muy en cuenta lo que hacen, porque las cosas se están poniendo feas, y lo más seguro es que nos necesiten más que nunca».
Miguel Ángel Campo, secretario regional de la Confederación Española de Policía (CEP), otro de los cuerpos dependientes del Ejecutivo central, no fue tan alarmista, y prefirió esperar acontecimientos antes de hacer valoraciones acerca de las intenciones del Gobierno. No obstante, aprovechó para dejar claro que a la plantilla de la Policía Nacional en Asturias ya le rebajan el salario cuando se dan casos de baja que no se produzcan en acto de servicio. «A partir del cuarto día ya perdemos dinero, hay compañeros que, según el destino que tengan, pueden llegar a perder hasta 120 euros al mes», aseguró Campo, que añadió: «A lo mejor lo que quieren es ponerles al resto de trabajadores las mismas condiciones que tenemos nosotros, que ya llevamos tiempo sufriendo la carga de tener menos derechos que los demás».
Otro de los que no se mordió la lengua fue Juan Gavira, portavoz de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). «Ya está bien de criminalizar a los empleados públicos y de enfrentarnos con el resto de ciudadanos, esto sólo lo hacen de cara a la galería. Parece que siempre tenemos que pagarlo todo nosotros, cuando no somos ningunos privilegiados, aunque a veces se quiera dar esa imagen a la sociedad», señaló. Gavira se pregunta: «¿Por qué no se reduce el número de políticos? o ¿por qué no se impide que se alimente a los bancos con fondos públicos?», y asegura que «el absentismo no se puede permitir, pero existen otras maneras de atajarlo, y ellos lo saben».
El presidente del colectivo Conceyu por Otra Función Pública en Asturias, Javier Villa, también considera que la medida que plantea el Gobierno es «claramente demagógica y de corte populista». Villa asegura que «con ella se pretende hacer pasar, de forma injusta, a los funcionarios ante el resto de la sociedad como un colectivo privilegiado e insolidario». Además, afirma que «es una medida política retrógada y socialmente regresiva, pues con ella se persigue una especie de igualdad por abajo, es decir, en recorte de derechos sociales, en lugar de extender las mejoras en coberturas sociales y de protección al conjunto de los trabajadores». Javier Villa lo tiene claro: «Si existe fraude en las situaciones de baja, lo que debe hacerse es reforzar las inspecciones. El absentismo no se combate con reducción de las prestaciones, porque, con carácter general, los funcionarios, como el resto de los trabajadores, no se ponen enfermos por propia voluntad. La verdadera incentivación de los empleados públicos pasa por medidas menos demagógicas», subrayó.
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