Publicado el IX dictamen de Junio de 2012

VER EL INFORME INTEGRO DEL OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA

Asturias suspende en la aplicación de la Ley de Dependencia

RTPA

Castilla y León es la mejor comunidad autónoma en el desarrollo del Sistema de Atención a la Dependencia, seguida de País Vasco y Andalucía, mientras que a la cola se sitúan Valencia, Canarias y Baleares, según el último dictamen del Observatorio de la Dependencia, en él Asturias suspende.

El observatorio, que analiza cada seis meses la aplicación de esta ley, destaca que en la mayoría de las Comunidades Autónomas baja la puntuación con respecto a dictámenes anteriores, sobre todo Aragón, Cantabria y Castilla-La Mancha.

Asturias, Murcia, Madrid, Galicia, Navarra y Cantabria suspenden en la evaluación que realizan profesionales de los centros de asuntos sociales, pero se sitúan por delante de Comunidad Valenciana y Canarias, que obtienen la peor nota.

A nivel general, continúa registrándose un empeoramiento en la implantación de la Ley, pasando de una puntuación media de 5 puntos (diciembre 2011) a 4,9 (junio 2012).

El presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, ha denunciado que "el Sistema de Atención a la Dependencia está paralizado" y ha lamentado que algunas CCAA no estén manteniendo la tasa de reposición, es decir, ni el número de dependientes atendidos ni los servicios prestados en el último año.

El observatorio destaca la existencia de "una insoportable disparidad de esfuerzos y de ejercicio efectivo de derechos en función de la Comunidad Autónoma en la que se resida" y recuerda que 270.000 dependientes se encuentran en lista de espera.

Además, según Ramírez, "han desaparecido 170.000 grandes dependientes de las estadísticas y algunas comunidades están revisando a la baja el grado de dependencia, para pagar menos".

Los responsables de los servicios sociales pronostican que la reducción de 283 millones en los presupuestos generales del Estado de 2012 impedirá que "las CCAA puedan cumplir las obligaciones contraídas con las personas dependientes y con sus familias".

En este sentido, Ramírez ha explicado que "la administración central ha pasado de pagar el 39 por ciento de la factura en 2009 al 25 por ciento en 2012".

Valencia, Canarias y Baleares suspenden ruidosamente en dependencia

Castilla y León, País Vasco y Andalucía aguantan el vendaval que está paralizando la implantación del sistema

Carmen Morán, JUN 2012, en El País.

Tres comunidades, la valenciana, Canarias y Baleares tienen la dependencia “a nivel del bono basura”. Su nota no llega ni al tres sobre 10, según las calificaciones que otorga cada semestre el Observatorio de la Dependencia de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. En el otro extremo de la tabla, Castilla y León, País Vasco y Andalucía, con notables y sobresalientes, están conteniendo el desastre que se cierne sobre esta ley, ahora prácticamente paralizada, si nadie pone remedio.

“Nos preocupa el bajón de Cantabria, que ahora tiene un suspenso; el de Aragón, que ha pasado de notable a un 5,4; o Castilla-La Mancha, que también baja a 6,3 desde un notable. Algunos cambios de Gobierno regional no han venido bien a la dependencia”, ha dicho el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez. “Obviamente están siguiendo la línea del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, que los únicos cambios que ha hecho sobre la ley han sido para recortar derechos, porque han aplazado la protección de los dependientes leves, y para recortar dinero: se han perdido casi 300 millones en los presupuestos”, ha añadido Ramírez.

El Observatorio, que viene calificando la marcha de la protección a los dependientes en cada comunidad autónoma desde 2008, ha sustituido en esta ocasión dos criterios por otros dos nuevos, de los 12 que se utilizan para elaborar las notas. Este semestre se ha tenido en cuenta el incremento o decremento de dependientes graves atendidos del 1 de julio de 2011 al 1 de junio de 2012 y el incremento del total de personas atendidas en ese mismo periodo, “dada la deriva que está tomando la ley. Hemos pensado que las notas no serían justas si no recogieran de alguna manera lo que está ocurriendo”, ha declarado Ramírez.

Esto impide comparar con las notas obtenidas en el anterior dictamen, por eso en el Observatorio han hecho un ejercicio de simulación para ver qué nota hubieran obtenido en la pasada convocatoria si los criterios hubieran sido idénticos.

Por lo demás, se sigue teniendo en cuenta a la hora de calificar la lista de espera que soporta cada comunidad, es decir, la gente con el derecho reconocido que no percibe su ayuda; Los beneficiarios, las solicitudes y los dictámenes efectuados sobre el total de la población; el equilibrio entre las ayudas económicas y los servicios concedidos. Todos estos datos son oficiales, es decir, los remite cada comunidad al Gobierno y se publican mensualmente. Pero la asociación también valora la integración del sistema de dependencia en la red local de servicios sociales, la aportación de cada comunidad a esta ley por habitante y año, la información que reciben los ciudadanos sobre sus expedientes en curso, así como las buenas prácticas que se dan en las distintas regiones.

“Algunas comunidades entienden la ley como un gasto que tienden a recortar y eso les ha bajado la nota, puesto que tienen menos personas atendidas, más lista de espera, no sustituyen a los dependientes que causan baja; mientras que otras la consideran una inversión y promueven que el sistema se consolide, atendiendo a miles de ciudadanos y generando riqueza por los retornos económicos y por la creación de empleo”, señala Ramírez. “Esta ley, debe quedar claro, es sostenible, pero no lo es la ineptitud y la mediocridad de los responsables del Ministerio que la gestionan”, ha criticado Ramírez.

En este nuevo dictamen del Observatorio Cantabria, Castilla y León, La Rioja y Andalucía destacan, por ejemplo, en el número de beneficiarios atendidos y las tres primeras están, además, entre las que menos lista de espera tienen. Por el contrario, la Comunidad Valenciana, Canarias y Baleares aparecen en la cola con cualquier criterio que se tome.

Murcia, Cataluña, Baleares, Castilla-La Mancha y Navarra son las que más desequilibrio muestran en cuanto a la naturaleza de las ayudas prestadas. En estas regiones las ayudas económicas están disparadas respecto a la prestación de servicios, algo que la ley no contempla más que de forma excepcional, pero que en estos territorios parece haberse convertido en norma. El 68% de las ayudas son económicas en el caso de Navarra, una cifra que alcanza el 82% en Murcia.