El Ministerio de Sanidad decide retirar la financiación de 456 fármacos muy comunes

 

Euskadi se niega a aplicar el copago, y Andalucía lo lleva al TC l Hoy se reúnen el Gobierno y las autonomías

El recorte sanitario va adquiriendo perfiles más definidos. El Gobierno central ha decidido excluir de la financiación pública 456 medicamentos con el objetivo de obtener un ahorro superior a los 440 millones de euros. Éste es el dato que figura en la propuesta que el Ministerio de Sanidad presentará hoy a las comunidades autónomas en el marco del Consejo Interterritorial de Salud. El documento fue difundido ayer por la Cadena Ser.

Son 18 tipos de dolencias, todas ellas consideradas menores, las afectadas por esta nueva restricción. El ajuste incluye antigripales, jarabes para la tos, mucolíticos y tratamientos para varices, hemorroides y psoriaris. También cremas para los virus que afectan a la piel, como el aciclovir para el herpes; cremas antiinflamatorias tipo Voltarem, las destinadas para la dermatitis del pañal; lagrimas artificiales, laxantes, antidiarreicos, antiácidos, fármacos para la ansiedad leve y para prevenir el deterioro cognitivo asociado a la edad. Según el documento, Sanidad excluirá de esta medida a los enfermos graves.

La confrontación y la oposición expresada por varias comunidades autónomas marcará hoy, previsiblemente, la reunión del Consejo Interterritorial, que deberá limar los detalles de la entrada en vigor -el próximo domingo, 1 de julio- del copago de medicamentos. En vísperas de la reunión, Andalucía anunció ayer que recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) el decreto de medidas de ahorro sanitario por considerar que invade sus competencias. Por su parte, el Gobierno vasco ha aprobado un decreto para evitar su aplicación en Euskadi. El recurso andaluz se suma, además, al ya presentado por la Generalitat de Cataluña, que apeló al Constitucional por considerar también que el decreto del Gobierno central vulnera sus competencias.

En Cataluña entró en vigor el pasado sábado el pago de un euro por receta, arbitrado por el Gobierno autonómico. El portavoz del Ejecutivo catalán, Francesc Homs, aseguró ayer que la Generalitat cumplirá la norma impulsada por el Gobierno de Rajoy, pero busca fórmulas para evitar que los pensionistas o las personas con menos recursos tengan que adelantar dinero tras haber alcanzado su tope legal de copago.

Horas antes, en una entrevista radiofónica, el consejero de Salud catalán, Boi Ruiz, dio por hecho que Cataluña no aplicará este próximo domingo el copago, porque el sistema aún no está preparado. Ruiz abogó por implantarlo en el mes de agosto. El Gobierno de Asturias también ha advertido que ve muy improbable que el modelo pueda entrar en funcionamiento el 1 de julio por razones técnicas. Bajo la premisa de que acata la normativa estatal, el Ejecutivo de Javier Fernández ha precisado que implementará el modelo cuando resulte «técnicamente posible». Por otra parte, los farmacéuticos asturianos temen que la aplicación del sistema genere un caos en las boticas.

El Gobierno vasco ha acelerado los trámites para aprobar el decreto que evite la aplicación del sistema en Euskadi. Aunque el Ministerio de Sanidad considera que la legislación estatal es de obligado cumplimiento, el decreto vasco justifica su postura basándose en las competencias que le otorga el Estatuto de Autonomía y en que el País Vasco cuenta con «suficiencia financiera» para hacer frente al gasto suplementario que supondrán estas medidas respecto al conjunto de España. El decreto establece que en Euskadi los pensionistas no tendrán que pagar el 10 por ciento del coste de los medicamentos en función de sus ingresos como en el resto de España.

Entre tanto, la Junta de Andalucía, aunque ha recurrido la norma ante el Constitucional, aplicará este decreto, pero modificará aspectos del sistema, como el cobro del 10 por ciento del coste de las medicinas a los jubilados, a quienes sólo cobrará el tope mensual de 8 o 18 euros fijado según su renta. Con este procedimiento, los pensionistas andaluces no abonarán el resto del copago superior a este tope, que será adelantado por la sanidad pública. La Junta ha adelantado también que atenderá a los inmigrantes sin las restricciones que impone el decreto estatal