El recorte estatal en la Dependencia le costará a Asturias casi 3 millones más

La reducción de los pagos de las cuidadoras y la eliminación de la retroactividad no equilibrarán el ajuste del Gobierno de Mariano Rajoy

Lne. Oviedo, P. R.

Los últimos recortes del Gobierno de Mariano Rajoy a la ley de Dependencia hacen el sistema insostenible y deja a las comunidades autónomas sin margen de maniobra. Esta es una de las conclusiones que se extraen de un informe económico elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, en el que se dice que la reducción «dramática» de la inversión estatal convierte a la ley en un «derecho efímero». Para Asturias este nuevo ajuste significará una pérdida de casi 3 millones de euros en la financiación.


El ajuste del Ministerio de Asuntos Sociales de Ana Mato es el siguiente: 283 millones del llamado nivel acordado y 87,7 millones por el nivel mínimo (dependiente a dependiente). El Ministerio ha sumado estas dos cantidades y ha restado el posible ahorro autonómico por la reducción de las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar en un 15 por ciento -112 millones- y la eliminación del derecho a percibir retroactivamente los importes de dichas prestaciones económicas en los casos en que se hubieran devengado (193 millones). Conclusión: las autonomías pierden por 65,2 millones.


La aplicación de la ley de Dependencia costó en Asturias, el pasado año, 128 millones de euros, según informó la consejera de Bienestar Social en su comparecencia en la Junta el pasado mes de julio. De ellos, 74 fueron aportados por el Principado, 22,8 por los usuarios y 31 por la Administración del Estado. La ley de la Dependencia obliga a una aportación al 50 por ciento entre Administración estatal y la autonómica.


Estas medidas económicas tienen otros efectos perversos y territorialmente injustos. Los impactos de las restricciones presupuestarias serán muy desiguales entre las autonomías, favoreciendo a las que peor estaban desarrollando esta política social y hundiendo a las que lo hacían razonablemente bien. Asturias, que venía suspendiendo en los informes semestrales que efectúa esta asociación, será una de las perjudicadas, no tanto por su agilidad en la tramitación -el plazo puede llegar a los 24 meses- sino porque da más servicios: residencias, centros de día, cuidadores profesionales y familiares. La que más pierde es la que mejor gestiona, Castilla y León, que cumple el plazo de los seis meses en la tramitación y da servicios.


«Las medidas tomadas por el Gobierno son de inaudita crueldad y cinismo y no nos cansamos de decir que todas ellas hacen perder al sistema 800 millones de euros solo en 2012 que, bien invertidos en los servicios necesarios para los dependientes habrían supuesto la creación de 20.000 puestos de trabajo y retornos a las arcas públicas directos e inducidos de 520 millones», afirma el presidente de la citada asociación, José Manuel Ramírez.


La asociación realiza cada seis meses el observatorio de la Dependencia, un seguimiento de la aplicación de la norma en las distintas comunidades autónomas.