PSOE e IU rechazan que Sanidad obligue a los inmigrantes a pagar

La Red contra la Pobreza ve «imposible» que abonen 710 euros al año y el Simpa dice que «el médico no negará la atención»

 

08.08.12 - 02:39 - M. MENÉNDEZ / CH. TUYA | GIJÓN.

 

La sanidad pública española dejará de ser universal. Y lo será con la oposición de PSOE e IU a nivel a nivel nacional. Ambas formaciones políticas han mostrado su rechazo frontal a la propuesta que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha puesto sobre la mesa: que los inmigrantes que no hayan regularizado su residencia no recibirán asistencia médica. Salvo que se trate de un caso urgente, que sean menores de 18 años o mujeres embarazadas. Para el resto de los casos, si quieren que el médico del centro de salud les atienda, deberán pagar una cuota de 710 euros anuales o 59,20 euros al mes. Una cantidad que se dispara si el afectado tiene más de 65 años. A él le exigirán 155,40 euros al mes.

Desde el ministerio se explicó a la agencia Efe que se trata de convenios que no están pensados específicamente para los inmigrantes irregulares, sino para españoles «rentistas» que nunca han trabajado, para europeos que quieran ser atendidos por el sistema sanitario español y para otros extranjeros que durante su estancia en España quieran esa cobertura total por el sistema público. Justifica la medida en un ahorro anual de cerca de mil millones de euros.

Pese a las palabras del ministerio, desde el PP el portavoz adjunto del grupo parlamentario, Rafael Hernando, invitó a los inmigrantes ilegales «a entrar legalmente en España», país que, dijo, «es el paraíso de la inmigración ilegal».

Las cuotas fijadas por el ministerio son superiores a las que cobran la mayoría de seguros privados. Según los diferentes convenios y ofertas, las grandes compañías aseguradoras ofrecen total cobertura por menos de 40 euros al mes, casi 20 euros por debajo de lo que Sanidad exigirá a los 'sin papeles'.

El Principado «cumplirá la ley»

Mientras la Consejería de Sanidad del Principado aseguraba ayer que «estamos obligados a cumplir la ley», el presidente del Sindicato de Médicos de Asturias (Simpa), Antonio Matador, puso voz a la objeción que miles de compañeros suyos están planteando en todo el país: «No será el médico el que niegue la atención a un paciente».

Como él opinan 900 médicos de todo el país, que han entrado a formar parte de una red de 'objetores de conciencia' creada en julio por la Sociedad Española de Médicos de Familia y Comunitaria, integrada por 19.500 profesionales.

De idéntico modo se manifestaron representantes de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, en la que está integrada Asturias, que creen que la propuesta provocará, a medio plazo, epidemias en el país, ya que los afectados «es imposible que puedan pagar esos precios».