Los sindicatos piden «insumisión» al Ejecutivo regional ante los ajustes en la función pública

Quieren que se siga el mismo ejemplo que en otras comunidades, cuyos gobiernos se han declarado en rebeldía ante las medidas impuestas por Rajoy

 

20.08.12 - 02:39 - JOSÉ ÁNGEL GARCÍA | OVIEDO.

 

Los sindicatos de la función pública acuden esta semana a los primeros contactos con el Principado para analizar cómo y cuándo se van a realizar los recortes impuestos desde el Gobierno central a los trabajadores de la función pública. Recortes que ya se están aplicando en la región desde la entrada en vigor de la ley, el 2 de julio. Las directrices de las centrales que trasladarán al Principado son claras: seguir el ejemplo de otras comunidades y declararse en rebeldía ante los ajustes.

Según fuentes consultadas en la Administración autonómica, la opción de declarar «insumisión» no es ni tan siquiera valorada por el Ejecutivo que, no obstante, se comprometen a estudiar las propuestas que les trasladen los sindicatos e intentar, dentro de las posibilidades de Asturias, «minimizar» el impacto de los recortes.

Ese puede ser un punto de partida para una negociación que, finalmente, se hará de forma sectorial. Al contrario de lo que estaba previsto, no habrá un diálogo para abordar la problemática de la función pública y se analizará de forma específica el ámbito de la sanidad, la educación y la administración general.

Ese era un deseo del Gobierno regional que ha sido bien acogido por parte de los propios sindicatos, que entienden las particularidades que existen en cada caso. De hecho, desde las federaciones de educación y sanidad reconocen que siempre hubo interés por volver a esta forma de operar en las negociaciones. Así, la reunión inicial de hoy servirá para que se constituyan las mesas sectoriales y a lo largo de esta semana se definirá el calendario de reuniones.

En estos encuentros, los sindicatos volverán a pedir al Ejecutivo socialista, que preside Javier Fernández, que presente un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el incremento en las horas de trabajo de los empleados públicos, que pasaron desde principios de julio de trabajar 35 a 37,5 horas a la semana. Consideran en las centrales que hay motivos para iniciar ese procedimiento ante los tribunales y ponen como ejemplo lo ocurrido con los ajustes en materia de sanidad y educación que el Principado, cabe recordar, sí recurrió al considerar que su aplicación suponía la invasión de las competencias que tiene asignadas la comunidad autónoma.

Ahora, los sindicatos le piden que no haga diferencias con el resto de funcionarios, aunque temen que el Principado utilice como pretexto los ajustes del Gobierno central para poner en marcha una remodelación de la función pública en Asturias, justificándola en la mera aplicación de la normativa.

La ley, donde se reflejó el incremento de horas para los empleados públicos, fue publicada en el Boletín Oficial el pasado 2 de julio. Desde entonces, el Principado ha acatado el nuevo marco normativo aunque, según advierten las centrales, mostrando cierta «flexibilidad» en la aplicación del nuevo horario. El control que se ha realizado, señalan, no ha sido exhaustivo. A pesar de esa manga ancha, la mayoría de los funcionarios dependientes de la Administración regional optaron por cumplir con el aumento de las horas, aunque no por ello han dejado de mostrar su rechazo a lo que consideran un ataque a los servicios públicos.

Cabe recordar que los trabajadores públicos han visto como se les ha retirado la paga de Navidad, se les han quitado tres de los seis días que les corresponden por asuntos particulares sin justificar, han perdido un día de vacaciones (tienen 22 días laborales en lugar de 23), así como los días extra (en algunos casos, como los que llevan 30 años trabajando en la Administración, hasta tres) que acumulaban los empleados más veteranos.

Ahora queda por resolver cómo se adecuarán los horarios para encajar las dos horas y media más que tienen que trabajar los funcionarios públicos. El Principado, en una primera propuesta de trabajo, planteó a los sindicatos que el aumento se produjera a través de un incremento de media hora cada día. Es decir, alargar la jornada hasta las 14.30 en lugar de las 14 horas, como ocurría en la mayoría de los casos. La iniciativa del Gobierno regional ha sido rechazada por los representantes sindicales y así se lo trasladarán en las reuniones de esta semana. Los sindicatos, por el contrario, quieren que en el caso de que se tenga que mantener la aplicación del aumento de la jornada sean los propios empleados los que decidan cuándo quieren hacer las horas.

En la actualidad, los empleados públicos trabajan diariamente de 9 a 14 horas, lo que suma 25 horas semanales de lunes a viernes. Para llegar a las 37,5 horas que les corresponden tienen la posibilidad de ampliar la jornada de 7,30 a 9 horas, de 14 a 15 horas y de 16 a 19 horas.

Esta misma semana se podrá aclarar la situación, una vez que los sindicatos consideran que los representantes del Ejecutivo regional han tenido margen de tiempo para analizar cada uno de los ámbitos y ofrecer alternativas a los recortes del Gobierno central.