Si Rajoy cree que con 481 euros por cabeza ya es suficiente ¿por qué no predica con el ejemplo?
No lo cobrarán los que estén a cargo de sus padres, con ingresos de más de 481 euros por persona. Se limita a los de larga duración o con cargas familiares
Empleo exigirá buscar trabajo durante 30 días antes de pedir los 400 euros
Fernando Garea, Madrid, en El País.
El Consejo de Ministros aprobó este viernes la prórroga del llamado Plan Prepara, que regula la ayuda de 400 euros para los parados que hayan agotado ya sus prestaciones, pero con nuevas condiciones más restrictivas. El nuevo plan establece condiciones más duras para que los desempleados puedan percibir esa ayuda, al tiempo que la eleva de 400 a 450 euros para personas con dos hijos a su cargo y sin que el cónyuge tenga ingresos. El Gobierno exigirá que los parados que cobren la ayuda 400 euros hayan buscado trabajo durante un mínimo de 30 días después de dejar de percibir la prestación o subsidio por desempleo y presenten un certificado de su comunidad o Ayuntamiento que detalle si tienen concedido otro tipo de asistencia.
Esas condiciones no se aplican con carácter retroactivo, pero sí impedirán la incorporación de parados que antes sí podían percibirlo. De esa forma, habrá menos beneficiarios para costear el aumento de 50 euros para algunos casos. Esta ayuda solo puede cobrarse durante seis meses.
El endurecimiento de las condiciones se establece por tres vías. La primera al incluir a los padres en el cómputo de los ingresos de la unidad familiar que, en ningún caso podrán superar los 481 euros por persona, es decir, el 75% del salario mínimo. Ahora ya existe ese límite, pero la diferencia es que no se tenían en cuenta los ingresos de los padres. Desde ahora sí se computarán, de tal forma que al dividirlos entre el número de miembros de la unidad familiar no deben pasar de 481 euros mensuales.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, tras el Consejo de Ministros, utilizó un ejemplo extremo de una familia en la que los padres ganen 8.000 euros mensuales y que hasta ahora sí podían cobrar la prestación. En todo caso, para una familia con tres miembros, bastarán unos ingresos de 1.445 euros para dejar de percibir la ayuda, según el decreto aprobado este viernes. Los más penalizados, por tanto, son los jóvenes que vivan con sus padres.
El Gobierno explicó que esta ayuda es casi de última instancia y ahora se pretende con nuevas condiciones hacerla “más equitativa y justa”, incluyendo la referencia a lo que denomina el “colchón familiar”. Es decir, que para un joven desempleado ya existe la protección familiar si sus padres están activos y tienen ingresos superiores al límite establecido.
El Gobierno habla de “la falta de vinculación en algunos supuestos de los beneficiarios del programa con las situaciones de mayor necesidad” para justificar el cambio legal. Para establecer esta condición, el Gobierno cruzará los datos de dónde están empadronados los parados.
Esta condición ya estaba en el llamado Prodi, el plan que estuvo en vigor hasta 2011. En esa fecha, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lo sustituyó por el Plan Prepara y eliminó la referencia a la renta de los padres para contabilizar el límite de ingresos para percibirlo.
La otra vía para endurecer los requisitos en el nuevo decreto es la de aplicarlo solo a parados de larga duración. Hasta ahora lo podían cobrar todos los parados que hayan agotado todas las prestaciones, sin establecer límites en función del tiempo que se lleve en el paro. Aunque los 400 euros están destinados a los parados que hayan agotado la prestación, no siempre coincide con los de larga duración. Con el decreto aprobado este viernes, solo será para parados de larga duración, es decir, los que lleven 12 meses en el paro de los últimos 18 meses y que no tengan cargas familiares. Para esa consideración de carga familiar basta con que tenga un hijo a su cargo. Por esta vía, se eliminan también potenciales beneficiarios de la ayuda.
La última condición tiene que ver con la denominada empleabilidad, es decir, la obligación de acceder a ofertas de empleo o de realizar cursos. En este momento, la norma también habla de cursos de orientación que, como explicó Báñez, se refieren a charlas sobre cómo hacer currículos o similares, pero no orientados a encontrar empleo. Ahora, el decreto hablará de cursos de formación que tendrán que realizar obligatoriamente los parados que reciban la ayuda.
Según la referencia del Gobierno “se exige que el solicitante acredite haber buscado activamente trabajo o haber realizado actuaciones para incrementar su empleabilidad durante el mes que transcurre desde la pérdida de otras prestaciones hasta la solicitud, con el objetivo de reforzar el seguimiento del compromiso de actividad. Esta obligación se mantiene durante todo el programa y determinará la permanencia del beneficiario en el mismo”. Según Báñez, solo el 7,23% de los beneficiarios atendió a actividades formativas.
La idea del Gobierno es que la de mantener los 1.120 millones de euros de presupuesto global. Por más que se le insistió en la rueda de prensa, la ministra rechazó hacer estimaciones sobre los parados que verán incrementada en 50 euros la ayuda o los que quedarán fuera con las nuevas condiciones. Dijo, no obstante, que si es preciso se pedirá una ampliación del crédito para pagar la prestación.
Báñez aseguró que los resultados del plan son “decepcionantes”, porque no han servido para que sus beneficiarios vuelvan al mercado laboral. Omitió el contexto de destrucción general de puestos de trabajo.
Según sus datos, las dos terceras partes de los beneficiarios que han concluido el Programa (307.029) no consiguieron ninguna colocación en el mercado laboral. Solo el 18% obtuvo una colocación mayor a dos meses. En total, la media de ocupación durante los 180 días de duración de la prestación fue de 25,12 días por beneficiario. Menos del 1% de los receptores obtuvo un contrato indefinido.
Se realizaron una media de 3,22 acciones por beneficiario y únicamente un 1,93% de los beneficiarios disfrutó de acciones de impulso del emprendimiento. El decreto lleva incorporada la evaluación periódica con los agentes sociales de la marcha del programa y el acuerdo con las comunidades para mejorar su gestión.
El líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, reaccionó a través de Twitter al decreto, asegurando que “seguiremos presionando para que los 400 euros los reciban todos los que lo necesiten y el programa se mantenga mientras dure la crisis”.
Los sindicatos vuelven a la calle contra las "agresiones" del Gobierno
Han exigido al Gobierno que no solo mantenga sino que "incremente y estabilice" la prestación económica a los parados sin ayudas
PÚBLICO / AGENCIAS, Madrid, 24/08/2012
Por cuarta vez en este mes de agosto los sindicatos CCOO y UGT han vuelto a salir a la calle para protestar contra los las medidas del Gobierno de Mariano Rajoy. Su objetivo es "mantener viva" la movilización contra las políticas de austeridad y los recortes y calentar motores para la marcha del 15 de septiembre convocada por la Cumbre Social, que se espera multitudinaria.
En Madrid han vuelto han concentrase frente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para manifestar su rechazo a las "agresiones" del ejecutivo conservador, como llevan haciendo cada viernes del mes de agosto. Allí se han escuchado lemas como "Manos arriba, esto es un atraco", "No hay pan para tanto chorizo" o "A por ellos" por parte de los asistentes, que han cortado la calle de Alcalá. Durante la concentración, el secretario de Política Institucional de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, ha exigido al Gobierno que deje de "agredir" a los más débiles y , en el Consejo de Ministros de hoy, no solo mantenga sino que "incremente y estabilice" la prestación económica a los parados sin ayudas, informa CCOO en una nota de prensa
Cedrún ha dirigido también sus críticas asimismo al Gobierno de la Comunidad de Madrid, que sigue "desatendiendo lo público" y despilfarrando dinero, como el millón de euros pagado para que consultoras privadas digan cómo hay que privatizar el Metro o Telemadrid para que estas empresas públicas queden "en las manos adecuadas". Finalmente la concentración ha finalizado con un emplazamiento a volver al mismo lugar el próximo viernes, 31 de agosto.
Mientras, las subdelegaciones del Gobierno han sido el lugar donde los sindicatos han acudido a protestar en Oviedo, Santander, Logroño, Zaragoza, Murcia, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Coruña, Ourense, Lugo, Pontevedra, Ferrol y Santiago.
En Santander, cerca de medio millar de personas, de la Plataforma Social Cántabra, sindicatos y funcionarios del Ayuntamiento se han manifestado por "otro viernes negro más", en alusión a las medidas a adoptar por el Consejo de Ministros. Los integrantes de la plataforma y representantes sindicales se han concentrado ante la Delegación del Gobierno, donde han ocupado la calzada y se han desplazado hasta el Consistorio, para sumarse a los funcionarios de la Administración local, según informa Europa Press.
Mientras, en Canarias casi un centenar de representantes sindicales, según fuentes de la Policía Nacional recogidas por Europa Pres, se han concentrado frente a las puertas de la Delegación del Gobierno. El secretario de UGT en Gran Canaria, David Mosquera, se refirió a los jóvenes, y cómo se pueden ver afectados, recordando que especialmente en Canarias la tasa de paro de la juventud alcanza casi el 60 %, por ello consideró que "se les esté castigando y de alguna manera diciendo que son unos privilegiados por el hecho de estar cobrando 400 euros".
Si no lo hace el Gobierno, los sindicatos harán el referéndum
CCOO y UGT han anunciado esta mañana en Madrid que si el ejecutivo que dirige Mariano Rajoy no convoca un referéndum sobre su política económica, serán los sindicatos quienes someterán las decisiones a consulta pública. "Si no lo hace el Gobierno lo haremos nosotros, es decir, toda la sociedad española organizada convocará un referéndum", ha afirmado el secretario de política institucional de CCOO, Jaime Cedrún, durante la protestafrente al Ministerio de Hacienda por cuarto viernes consecutivo, según ha informado la agencia EFE.
Por su parte, la portavoz de UGT de Madrid, Isabel Navarro, ha agregado que aunque el referéndum no tenga "validez legal", por lo menos tendrá "validez moral". Además, ha subrayado que no consentirán que se sigan llevando a cabo medidas "antisociales", por lo que continuarán con las movilizaciones "hasta que haga falta y el Gobierno recapacite".
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