Los sindicatos acusan al Principado de «meter más tijera» que las autonomías del PP

 Cuatro centrales amenazan con llevar al juez la reducción de vacaciones y del permiso de enfermedad por rebasar las medidas que exige Rajoy

Lne.es » Asturias Oviedo, J. A. ARDURA

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«El Principado mete más tijera que otros gobiernos autonómicos del PP». Es el mensaje en el que coinciden los sindicatos CC OO, USIPA, CSIF y CSI tras valorar las medidas del Gobierno regional para adaptar el real decreto del Gobierno de Mariano Rajoy a la Administración del Principado y a los convenios colectivos de los que depende el personal laboral. El Gobierno regional y los sindicatos negociarán la próxima semana los recortes de derechos sociales y sindicales en las mesas sectoriales, pero los representantes de los trabajadores ya anuncian que recurrirán ante los tribunales algunas medidas que, a su juicio, exceden de las pautas marcadas por el Gobierno central en su real decreto.

 

 

«La dirección de Función Pública va mucho más allá que el decreto del Gobierno de Rajoy», sostienen al unísono José Antonio Fernández Morán, responsable de la Federación de Servicios Públicos de CC OO; José Luis González, responsable de USIPA; Sergio Peña, presidente de CSIF en Asturias, y Miguel Ángel González, presidente de la Junta de Personal Funcionario del Principado, órgano en el que representa a la Corriente Sindical de Izquierdas.

 

 

Los representantes sindicales sostienen que el Gobierno asturiano es más restrictivo que el Gobierno central en los ajustes que afectan a los permisos por enfermedad y estudios y a los días de vacaciones del personal. CC OO, USIPA y CSIF están dispuestos a recurrir ante los tribunales algunas de las medidas que pretende aplicar el Principado y que pasan por la eliminación directa de algunas cláusulas vigentes en convenios de personal laboral de la Administración regional. «Tenemos el precedente de que el Principado ya perdió una sentencia por suprimir de manera unilateral las ayudas sociales al personal laboral», planteó José Luis González, de USIPA.

 

 

El secretario general de la federación de servicios a la ciudadanía de CC OO, José Antonio Fernández Morán, detalló alguno de los recortes de derechos laborales «en los que el Gobierno socialista de Asturias va más allá de lo que marca el real decreto de Rajoy». La eliminación de los tres días adicionales al personal que se ve obligado a disfrutar sus vacaciones en un mes determinado, la supresión del permiso de 7 días por enfermedad terminal de un familiar cercano o la anulación de un máximo de 5 días al año para la preparación de exámenes son algunos de los «tijeretazos» que pretende aplicar el Gobierno regional a partir del próximo 1 de octubre y que no vienen contemplados en el real decreto 20/2012 aprobado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. «Tenemos muchas dudas de que algunos de estos permisos se puedan cancelar sin más porque son fruto de un convenio que no vulnera la ley estatal», esgrime Fernández Morán, quien todavía confía en que el Principado dé marcha atrás o reconsidere su postura inicial en alguna de esas medidas en la negociación prevista para la próxima semana en las distintas mesas sectoriales. «Hay gobiernos autonómicos del PP que están llegando a acuerdos parciales menos lesivos para los trabajadores públicos. Por eso esperamos que el Gobierno socialista demuestre una sensibilidad mayor en la negociación de la próxima semana, de lo contrario se pondrá en primera línea de los recortes», apostilló el representante de Comisiones Obreras en la mesa autonómica de la Función Pública.

 

 

El presidente de la Junta de Personal Funcionario del Principado, Miguel Ángel González, acusó al Gobierno regional de mantener un «doble discurso» a costa del real decreto del Ejecutivo central del PP. «El Principado se queja con la boca pequeña de lo malo que es el Gobierno de Rajoy, que les obliga a aplicar recortes, y luego aprueba medidas para meter tijera mucho más allá de lo que dice ese real decreto o el Estatuto Básico del Empleado Público», sostiene el representante de la Corriente Sindical de Izquierdas, una formación muy crítica con la figura del liberado sindical.

 

 

La federación de servicios públicos de UGT cuestionó ayer la convocatoria de la mesa de la Función Pública para discutir el proyecto de ley de medidas urgentes y el acuerdo sobre derechos y garantías sindicales. «La ley dice que esa cuestión debe ser tratada en la Mesa General de la comunidad porque afecta a laborales, estatutarios y docentes», afirmó Luis Ángel Ardura, secretario de acción sindical de la federación de servicios públicos de UGT. «No estamos en contra de que se hable en las mesas sectoriales, pero nos reservamos el derecho de acciones legales porque creemos que el Gobierno regional ha vulnerado la ley con sus convocatorias», afirmó Ardura, quien advirtió de que la Mesa General de las Administraciones Públicas, que se reunirá en Madrid, «influirá en todas las comunidades autónomas».