"Así no podemos seguir"

 

 

 

El grupo de trabajadoras de ayudacast.

El nuevo ajuste presupuestario pone en riesgo la atención a los dependientes al acumularse impagos a los trabajadores de los que dependende este servicio público

Raul Rejón - Madrid

29/09/2012 - 10:13h

“El trabajo se sigue haciendo pero no sabemos cuánto se podrá aguantar así sin que nos dé de lleno”. Es la reflexión de una trabajadora del sector de la dependencia a cuya empresa (que no quiere citar) le deben, dice, “15 meses pagos” en la Comunidad de Madrid. Los recientemente expuestos Presupuestos del Estado para 2013 auguran más incertidumbre para la asistencia a dependientes porque las empresas que prestan el servicio dependen de los fondos públicos que del Estado pasan a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. La puesta en marcha de la Ley de Dependencia en 2008 creó, según los datos de filiación de la Seguridad Social, unos 100.000 puestos de trabajo y el sector emplea hoy casi al triple.

Según la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), ya se les adeudan unos 800 millones de euros. Ese dinero es el que mantiene gran parte de la red de asistencia que dispone la ley  (residencias, centros de día o ayuda a domicilio)y que se presta mediante empresas privadas. Las cuentas para el año que viene no parece que vengan a aliviar esta situación.

La falta de fondos afecta a todos. De grandes urbes a pequeños municipios, la escasez de dinero termina por socavar el servicio a los dependientes. Sin ir más lejos, Josefa, de la empresa Ayudacast, contaba el viernes a eldiario.es cómo sobrevivían a los impagos que sufren en Castillejar (Granada): “Llevamos más de tres meses sin cobrar y así no se puede”. Esta cooperativa de 21 trabajadoras lleva la ayuda a domicilio y ya, dicen, no saben a quién reclamar. Estuvieron toda la semana de huelga hasta conseguir “que nos pagaran algo”, relata Josefa. Así han vuelto al trabajo pero si no les llega la mayoría de la deuda que acumulan con el Ayuntamiento (de 100.000 euros), “el 15 de octubre tendremos que cerrar”, asegura. "Así no podemos seguir", resume.

Cualquier empresa es reacia a proclamar sus angustias económicas de manera singularizada hasta que la situación se hace insostenible. Pero si se habla con alguno de sus trabajadores, sí cuentan las estrecheces: “Vas a la casa que te toca, haces tu trabajo, porque el dependiente no tiene la culpa y te vas”, relata Ana, una asistente madrileña. Ella aún cobra.
 
Las empresas que peor lo están pasando, y por tanto sus trabajadores, son las de ayuda a domicilio, cuentan desde el sector. ¿Por qué? Pues porque este servicio más cercano se presta desde los ayuntamientos, el eslabón más débil en la falta de dinero público. Porque al final, todo depende  del efectivo que pasa del Estado a las Comunidades y de ahí a los consistorios. El pasado agosto, se hizo necesaria una huelga de este servicio para que las trabajadoras obtuvieran sus nóminas atrasadas en Cartagena.

Elisa, trabajadora con grandes discapacitados, está pendiente de que lleguen transferencias públicas para cubrir los gastos del servicio en Madrid capital. “No dejamos de estar con una gran incertidumbre”. Si no llega la financiación, peligra el trabajo. Peligra la asistencia.

El goteo de casos de trabajadores apurados y sin cobrar ha ido extendiéndose por regiones. Por ejemplo, Ana Lopo, portavoz de las trabajadoras de ayuda a domicilio en Sada (Coruña) asegura que no cobran desde enero. La empresa encargada, Xentes, ya ha presentado un ERE.

José Alberto Echevarría es el presidente de la FED y se atreve a poner fechas: “hay empresas que no han cobrado un euro de 2012 y sus trabajadores no cobran sus nóminas”. La esperanza estaba puesta en los Presupuestos de 2013, aventuraba. La partida de Dependencia no va encaminada a solventar el hueco económico que se hha ido acumulando.

Pero hay más. En Puertollano (Ciudad Real), 200 trabajadores de la Fundación Agria no han recibido las últimas cinco nóminas, según la empresa, por los impagos de la Junta. En Cádiz, unos 400 trabajadores de centros de mayores también tienen retrasos en el cobro. En la Comunidad Valenciana, la mitad de los centros de mayores gestionados de manera indirecta (es decir, mediante un concierto con una empresa) han debido dejar de pagar a sus trabajadores por, aseguran, una deuda de 100 millones de la Generalitat. El nuevo ajuste en Dependencia deja en el alero un sector que, un reciente estudio de la Fundación Ideas asegura que podría crear 600.000 puestos de trabajo.