El paro salta el mostrador de las oficinas de empleo

Los afectados se han reunido ya con Foro, PP, IU y UPyD, que «comprenden la situación, pero no se pronuncian»

Si un acuerdo no lo remedia, 54 orientadores laborales cesarán a fin de año

El Estado destinará en 2013 unos 50 millones a las políticas de empleo en el Principado

ElComercio. 25.11.12 - 01:40 -AIDA COLLADO | GIJÓN.

Los ajustes y el paro no se han limitado a engrosar las colas del Inem. No han esperado respetuosamente a la puerta. Se han colado, hasta el fondo, en las oficinas asturianas del Servicio Público de Empleo y se han cebado también con sus trabajadores. Si un acuerdo de última hora no lo remedia, 54 orientadores laborales cesarán el 31 de diciembre, debido a los recortes presupuestarios del Gobierno central, en primer lugar, y a la negativa de la Administración regional a hacerse cargo del problema, en segundo.

Su particular vía crucis laboral comenzó en Madrid, cuando se decidió la eliminación del Plan Extraordinario de Medidas de Orientación Profesional que, desde 2008 y ya en vistas de que el desempleo aumentaría en España durante los próximos años, financiaba el Estado desde su puesta en marcha. Cuando el plan comenzó a funcionar, hace cuatro años, y estos profesionales se incorporaron a su trabajo en oficinas de toda la nación -también en las del Principado-, había 50.000 parados en Asturias. 54 orientadores llegaron a la región para atenderles. «Ahora, superamos los 100.000 desempleados. Por eso creemos que somos más necesarios que nunca», explica uno de los afectados, Pablo Cuervo-Arango. Sin embargo, el Ejecutivo central decidió poner punto y final al programa. Y desde el Principado, según los afectados, lanzan un solo mensaje: «Nos dicen una y otra vez que no hay dinero para que sea la región la que se ocupe de mantener este servicio».

El caso, y por lo que no acaban de entender muy bien los argumentos del Gobierno, es que este año y según los presupuestos generales para 2013 «el Estado destinará 50 millones de euros para el desarrollo de políticas de empleo en Asturias y es el propio Principado quien decide cómo gestionarlos». Los 54 orientadores laborales cuyos empleos previsiblemente morirán con el año ’cuestan’ a las arcas públicas 1.790.000 euros. «Por esa razón, creemos que el Gobierno regional solo tendría que redistribuir las partidas destinadas a políticas de empleo» para conservar los puestos y, en consecuencia, el servicio que ofrecen. No es que la idea sea original. De hecho, en otras comunidades -«gobernadas incluso por el propio PP»- la han puesto ya en práctica. «En Valencia pidieron al Ministerio de Economía que redistribuyera estas partidas para formación y así poder mantener a los orientadores laborales. De este modo y a pesar de la eliminación del plan nacional, a la comunidad no le costó un duro», explica Cuervo-Arango.

En su opinión, existe una evidente contradicción en tomar, por un lado, la decisión de prescindir de estos trabajadores y, por otro, «salir en la prensa diciendo que las oficinas de empleo, que atienden a más de 350.000 personas al mes, van a ofertar un itinerario personalizado e individualizado» a cada uno de ellos. Porque «o externalizan el servicio que nosotros damos, lo que aumentaría y casi duplicaría los costes o no es posible cumplir esta promesa».

De momento se han reunido con tres de los grupos parlamentarios: Foro, PP, IU, UPyD. «Todos nos trasladan su comprensión y apuestan por la atención personalizada, pero no se pronuncian de manera abierta sobre nuestro problema», reconoce Cuervo-Arango. Pero su jefe, el director del Servicio Público de Empleo, les está haciendo esperar: «Hemos pedido un encuentro en varias ocasiones, pero seguimos sin respuesta».