«Claro que los controles son mejorables, la cuestión es hasta qué punto y a qué coste»

Los exconsejeros se rebelan contra «la generalización de las sospechas» y retan a la comisión a «mejorar el sistema sin afectar a la agilidad»

El comercio. 27.02.13 - 00:47 - RAMÓN MUÑIZ | OVIEDO.

La comisión ha terminado investigada. Un puñado de diputados se reúnen cada semana y, con el 'caso Renedo' por excusa, discuten qué nuevas leyes podrían actuar sobre en el Principado como vacuna contra la corrupción. Para avanzar en la misión, sus señorías convocaron ayer a tres exconsejeros y una consejera. La idea era someterlos a interrogatorio, desnudarles los errores que requieren enmienda. Los comparecientes se las arreglaron al final para poner a los comisionados frente a un espejo: reconocieron que sí, que el sistema «es mejorable», y que resulta noble buscar «una mejor ecuación entre controles y agilidad», pero advirtieron de que el empeño es grande y no bastará solo con el acta de diputado para estar a la altura.El desafío lo inició ayer el exconsejero de Salud y Servicios Sanitarios, José Ramón Quirós: «Me gustaría llamar la atención sobre un anónimo del que me enteré por la prensa, por declaraciones suyas, señor presidente, no me gusta que se generen sospechas sobre los altos cargos». Apuntaba así a Ignacio Prendes, el presidente de la comisión, que a mediados de diciembre anunció cómo había recibido un primer anónimo con documentación «fiable» que, según desveló, afectaban «a empresas del entorno de Igrafo y a implicados en otras áreas del caso Renedo y que afectan a la Consejería de Salud, al Servicio de Consumo».

«Los altos cargos, además de figuras de 'pim pam pum', tenemos padres, hermanos, hijos. Cuando usted dijo eso, la mirada de mis vecinos era distinta. A mis hijos, cuando van a la carnicería, les señalan como 'el hijo de', hay que tener mucho cuidado», afeó un Quirós que no paró ahí. «Quiero censurar públicamente su actitud (...) esa sombra de sospecha daña y es censurable que parta de usted, que se generalice desde una institución democrática».

El exconsejero, hoy funcionario del Servicio de Evaluación de la Salud y Programas, reconoció haberse hecho con el susodicho anónimo «no a través de esta comisión, por desgracia, ni de mi empresa». Parte de su exposición se centró en demostrar que la denuncia «es falsa». Así, reconoció que el área de Consumo tuvo contratos con una empresa gijonesa pero que «nadie más» se presentaba a esos concursos «y recuerdo cómo el director se lamentaba de ello». El contrato «tenía una opción de prórroga que no la ejecutó porque no estaba contento con el trabajo de la empresa; si hubiera conchabeo, lo fácil habría sido prorrogarlo».

La denuncia asegura, además, que al Ayuntamiento de Avilés se le dio una subvención de 90.000 euros para que pusiera en marcha un centro que no hizo. «Ese dinero se recuperó, y con intereses», opuso Quirós. «No sé si vió usted la película 'Fuego en el cuerpo'; no descarte que el anónimo le haya utilizado para una venganza personal, porque sabía de su pasión por las cámaras», remachó, señalando al de UPyD.

Despachado el duelo personal, el debate regresó a la gestión diaria en cada consejería. Quirós desveló tres momentos de sofoco. El primero, entre 1999 y 2003, siendo director general, «me ofrecieron dos veces dar unas charlas de vacunas en Estocolmo y Florencia; me indignó tanto que jamás volvieron a intentarlo». El segundo, en verano de 2007, «fue uno de los momentos más vergonzosos de mi vida». Quería fichar a Elena Arias como gerente del Servicio Público de Salud (Sespa), «y le tuve que decir que, para venir, lo primero que tenía que hacer es perder 40.000 euros anuales, que es lo que iba a dejar de ganar». Meses después, en Navidad, «recibí el único jamón que me llegó, y que, por cierto, me indignó. Y lo mandaba esta Junta General».

¿Sabía que 30 empleados del Sespa recibían habitualmente regalos de APSA? «No». ¿Qué habría hecho de saberlo? «Le habría dicho a la gerente que los cesara, que investigara en qué terminos se daba esa relación».

El debate con el exconsejero Francisco González Buendía y la actual sucesora de su cartera, Belén Fernández, trató de explotar la misma veta. Para ello, los comisionados echaron mano de una información publicada por EL COMERCIO el pasado domingo, de la que leyeron extractos íntegros. La noticia explica cómo a una jefa de servicio de Medio Ambiente le fue abierto un expediente sancionador tras comprobar que había participado en procesos de adjudicación a favor de la empresa de la que es propietario su marido. Ella aduce que «no sabía» que debía apartarse de los procedimientos, que su gestión era de mero trámite, y que «era de dominio público» en el departamento la relación con la empresa, sin que nadie la advirtiera de nada.

«Los consejeros lo que hacemos es luchar por el presupuesto con Hacienda, conseguir el máximo para atender luego las peticiones de los ayuntamientos y otros ámbitos», expuso González Buendía. «No creo que tengamos que estar viendo las relaciones de la gente», agregó. Sobre el caso, aseguró que en cuanto tuvo información de él, pidió una inspección extraordinaria y dado que ésta concluyó que la funcionaria tenía que haberse abstenido, abrió un expediente sancionador.

Dos expedientes

En la misma etapa la consejería abrió un segundo expediente. La protagonista era una jefa de servicio de Carreteras a quien la fiscalía abrió unas diligencias de investigación tras recibir una denuncia alertando de que su marido prestaba servicios de consultoría a contratistas del departamento. El Ministerio Fiscal «dictaminó el archivo de la causa», informó Belén Fernández.

La actual consejera dio explicaciones de una tercera jefa de servicio, cesada hace unas semanas, tras constatarse que participó en el pago de una obra en 2007 no ejecutada con arreglo al pliego. La funcionaria «tiene reconocimiento profesional dentro de la casa, pero se dedujeron algunas cuestiones que pudieron no ajustarse a la ley y por eso entendía que no convenía contar con ella como jefa de servicio».

Fernández explicó que el 'caso Renedo' es el encuentro entre «personas que han pretendido deliberadamente que el sistema fallase y un sistema que no es perfecto». Por ese agujero es mucho el dinero que se puede distraer. Sólo a Marta Renedo se le atribuye la habilidad de haber adjudicado contratos a su empresa por casi 800.000 euros en año y medio. «Usted cumplió la semana pasada 48 años» -dijo Quirós al presidente de la comisión- «Imagine que cada latido que ha dado su corazón desde el dia que nació es un euro; pues bien, hoy tendría usted 1.600 millones de latidos, 1.600 millones de euros. Ese es el presupuesto que tenía mi consejería y un contrato menor serían los latidos de cuatro horas».

«Claro que los controles son mejorables, la cuestión es hasta qué punto y a qué coste», asentó el ex de Salud, quien advirtió que «añadir más procedimientos ralentiza el procedimiento y el coste, cuando como gestores se nos exige que seamos ágiles en grado sumo». El dilema no es fácil. El Principado eliminó ya la fiscalización previa de los contratos menores porque los 69 interventores no bastan para que, a sus cometidos actuales, incluyan la revisión de 70.000 expedientes al año más. «Una de las misiones de esta comisión será esto» -zanjó Buendía- «buscar una ecuación que conjugue mejor las garantías del procedimiento sin afectar a la eficacia de la gestión».

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