16.473 asturianos con ayuda a la dependencia
07.03.13 - 00:25 - CHELO TUYA | GIJÓN.
16.473 asturianos tienen un servicio o una prestación con cargo a la Ley de la Dependencia. Es la cifra más alta registrada en el Principado desde la entrada en vigor de la norma, en abril de 2007. Sin embargo, no es la cifra definitiva. El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) sigue discrepando con la Consejería de Bienestar Social y Vivienda. Rebaja el listado a 15.287. Es decir, no ha incluido en sus listados 1.186 expedientes.
Aunque, tal y como explicó el director general del Imserso, César Antón, en una entrevista concedida a EL COMERCIO, la diferencia en las cifras «no se debe a mala intención», sino que se centra «en el incremento de los controles que hemos empezado a aplicar», lo cierto es que mientras los expedientes de la discordia no entren en el Sistema para la Autonomía y Ayuda a la Dependencia (Sisaad), la Principado no recibirá el aporte económico que debe sufragar el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Reciente está, todavía, la queja oficial presentada por la directora general de Atención a la Dependencia, Clara Costales, después de ser obligada a certificar a mano más de 400 expedientes. Antón reconoció que esa fórmula «fue un error», y explicó que «rectificamos en un mes. Ojalá hubiésemos rectificado tan rápido los errores detectados durante los cinco años que lleva la ley».
La diferencia en los datos del Imserso y Principado tampoco permite al Observatorio de la Dependencia evaluar la gestión que de la Ley de la Dependencia está realizando Asturias. Sobre todo, en uno de los elementos más criticados por este ente, creado por la Asociación Estatal de Gerentes y Directores de Servicios Sociales, el de personas que, con derecho a una ayuda, aún no la perciben.
El limbo más bajo
Ese colectivo, que el Observatorio de la Dependencia denomina ’limbo’, lo forman ahora 3.923 personas, según los datos del Imserso. Pese a la discrepancias de cifras, se trata de la más baja nunca registrada, ya que el colapso en la gestión llegó a superar los 6.000 expedientes.
De hecho, el Imserso reconoce el «esfuerzo» realizado en los últimos seis meses por el Principado, con un incremento del número de beneficiarios, aunque critica el abuso de las pagas al cuidador familiar. Lo dice porque esta prestación, que la ley considera excepcional, llega en Asturias a 8.471 personas.
Así lo indica la estadística oficial, actualizada por el Imserso con fecha a 28 de febrero, que también desvela que más de 9.000 beneficiarios firmaron en su Plan Individual de Actuación (PIA) el uso de un servicio. Lo que no ha variado es la poca aceptación de la oferta geriátrica. Sólo 2.950 de los beneficiarios antes aludidos han optado por alojarse en una residencia, pública o privada, del Principado. La mayoría de los beneficiarios de la ley quiere recibir una atención profesional para poder seguir viviendo en su casa, y no en una residencia.
272 euros de salario mensual medio para el cuidador familiar
272 euros al mes. Ése es el salario medio que reciben en Asturias las personas que cobran por cuidar de un familiar con dependencia. Cifra que se ha recortado en un 15% sobre la registrada sólo un año antes, ya que ése ha sido el porcentaje de reducción aplicado a estos salarios desde la entrada en vigor de la reforma de la ley, el 1 de septiembre pasado.
Aunque el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) y Principado mantienen discrepancias sobre el número de personas que reciben esa paga -8.471, dice el Imserso; 8.014, apunta el Principado-, ambos coinciden en el perfil. Mayoritariamente, en Asturias el cuidador familiar es una mujer, de más de 50 años, que tiene a su cargo a un progenitor, a su marido o, también, a un hijo.
Esos 272 euros de salario medio es una cifra muy inferior al máximo que paga el Imserso -388 euros, para dependientes de grado III-, y sólo supera en cuatro euros a la cantidad fijada para los dependientes de grado II. La dependencia leve tiene asignado un salario para el cuidador familiar de 153 euros.
No incluye el salario el alta en la Seguridad Social, ya que la reforma llevada a cabo por el Gobierno central el pasado verano eliminó ese derecho. Desde septiembre, el cuidador familiar que quiera estar dado de alta debe financiarse su propia Seguridad Social.
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